Actividad de las Comisiones de Trabajo

La Comisión de Provincias de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional mantuvo una nueva reunión de trabajo, bajo la Presidencia de la doctora Rocío Alcalá y la Coordinación de los doctores Mariel Borruto y Federico Martín, con la participación de representantes de distintas seccionales del país.

El encuentro permitió dar continuidad a una agenda institucional amplia, orientada a fortalecer la presencia federal de la Asociación, canalizar las problemáticas propias de las jurisdicciones del interior y promover espacios de articulación entre magistrados, funcionarios y comisiones de trabajo.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue la organización del próximo encuentro presencial de la Comisión en la ciudad de Ushuaia, previsto para los días 12 y 13 de noviembre de 2026. La actividad proyectada reafirma el carácter federal de la Comisión de Provincias, no sólo como ámbito de deliberación interna, sino también como espacio de acompañamiento institucional a las distintas jurisdicciones del país.

En ese marco, se avanzó en la planificación logística del encuentro, incluyendo hotelería, traslados, actividades institucionales y propuestas complementarias para los asistentes. La organización viene siendo impulsada por las doctoras Mariel Borruto y Gabriela Altuna, con especial atención a las particularidades propias de la ciudad de Ushuaia, su conectividad, su demanda turística y la necesidad de asegurar condiciones adecuadas para la participación de los integrantes de la Comisión.

Asimismo, se prevé que durante el encuentro se realice una jornada vinculada con inteligencia artificial y Poder Judicial, con modalidad presencial y transmisión virtual para las distintas seccionales. La actividad procura ofrecer un enfoque práctico y accesible sobre herramientas tecnológicas aplicadas a la labor judicial.

La Comisión puso de relieve la importancia de que la incorporación de nuevas tecnologías al servicio de justicia se realice de manera responsable, segura y adecuada a las necesidades reales de magistrados, funcionarios y empleados. En particular, se destacó la conveniencia de avanzar hacia soluciones propias del Poder Judicial, con entornos controlados, información oficial, revisión humana y protocolos que resguarden los datos personales y la información sensible.

Otro punto relevante fue el impulso a la creación de una Comisión de Gestión, Innovación y Bienestar Laboral dentro de la Asociación, ello en conjunto con la iniciativa de la Comisión de Seguridad Social encabezada por la Dra. Alicia Braghini. La propuesta fue acompañada por los presentes como una iniciativa necesaria para abordar, de manera específica y transversal, cuestiones vinculadas con organización judicial, mejora de procesos, innovación institucional, tecnología, evaluación de desempeño, seguridad informática, bienestar laboral y uso responsable de herramientas digitales.

Durante el intercambio se remarcó que la Asociación debe constituirse en una voz institucional activa frente a los desafíos de la gestión judicial contemporánea. Los problemas vinculados con el sistema Lex, la firma digital, los mandamientos y notificaciones, la interoperabilidad de plataformas, las transferencias judiciales y la comunicación con otros organismos requieren una respuesta articulada, federal y técnicamente informada. En ese sentido, la Comisión de Provincias manifestó su posición favorable a la creación de este nuevo espacio de trabajo, entendiendo que permitirá canalizar de manera ordenada las necesidades comunes de las distintas jurisdicciones.

La reunión también permitió abordar problemáticas prestacionales planteadas por distintas seccionales, en particular las referidas al cobro de adicionales o diferenciales en prestaciones médicas. A partir de los planteos realizados, se acordó ampliar el relevamiento de situaciones similares en otras jurisdicciones y promover gestiones institucionales ante los organismos competentes, procurando obtener respuestas claras y uniformes para los asociados.

En esa misma línea, se consideró conveniente invitar a una próxima reunión virtual al director de la obra social, a fin de generar un ámbito de diálogo directo, escuchar las inquietudes de las seccionales y canalizar posibles soluciones. La Comisión reafirmó así su rol como espacio de recepción, ordenamiento y elevación de las problemáticas que afectan cotidianamente a los asociados en las provincias.

También se informó sobre la segunda etapa del curso de la Organización Internacional del Trabajo, prevista para el 20 de octubre en la ciudad de Salta, vinculada con pueblos indígenas y minería. La actividad se integra a una agenda de capacitación federal que procura fortalecer la formación de magistrados y funcionarios en temas actuales y de impacto regional.

Finalmente, se planteó la conveniencia de articular institucionalmente el trabajo de la Comisión de Provincias con la Comisión de Presidentes de Cámaras Federales, en atención a la existencia de temas comunes vinculados con la implementación del sistema acusatorio, la organización de las jurisdicciones, la gestión de recursos humanos y las reformas judiciales en curso. Asimismo, se propuso generar un espacio específico de intercambio entre jurisdicciones que ya tienen implementado el Código Procesal Penal Federal y aquellas que se encuentran próximas a hacerlo, con el objeto de compartir experiencias, dificultades prácticas y soluciones posibles.

La reunión dejó en evidencia la importancia de la Comisión de Provincias como ámbito federal de trabajo, escucha y articulación institucional. Su agenda combina gestión, capacitación, innovación tecnológica, bienestar, organización judicial y acompañamiento territorial, consolidándose como un espacio estratégico para visibilizar las realidades de las distintas jurisdicciones y transformarlas en propuestas concretas para el fortalecimiento de la Asociación y del servicio de justicia.

El 23 de junio se realizó en la sala del Honorable Consejo Directivo de la Asociación una mesa redonda organizada conjuntamente por las Comisiones de Derechos Humanos y de Relaciones Institucionales, a cargo de las Dras. Ana D’Alessio y Zunilda Niremperger, en la que se abordó la aplicación en el país del instituto de la «Jurisdicción Universal» en la investigación de casos de violaciones graves de derechos humanos ocurridos en el marco de la comunidad internacional.

En esa oportunidad se presentó el libro «La Jurisdicción Universal. Orígenes. Fundamentos. Desafíos y Oportunidades. La Experiencia Argentina en la Investigación de Crímenes Internacionales», editado por Ad-Hoc. La obra fue presentada en primer término por el Dr. José Antonio Michilini, titular del TOF Nº 1; la dirigen Maia Czarny y el Mgter. Hernán Kleiman, Auxiliar Fiscal de la Fiscalía Federal Nº 3, quien también expuso, junto con los autores Dra. Irina Zilbermann y Mgter. Gonzalo Guerrero.

El encuentro fue coordinado por la Dra. María Cecilia Perzan, secretaria del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 3, y la Dra. María Noel Fernández Rivera, secretaria del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, y versó sobre la importancia de esta novel temática y los desafíos que conlleva.

El abordaje combinó una mirada jurídico-normativa y práctica: se destacaron las variadas denuncias formuladas en el país, la activa actuación de la justicia federal argentina en su tratamiento y la trayectoria de nuestro país en el abordaje de delitos graves. También se analizó el aspecto probatorio, en especial con miras a la implementación del Código Procesal Penal Federal y al rol del Ministerio Público Fiscal.

Con el objetivo de tomar contacto con los asociados del interior, la Comisión de Adherentes de la AMFJN, presidida por la Dra. Nora Cabrera de Monella y coordinada por la Dra. Cecilia Pombo, realizó su reunión mensual del 20 de mayo en la ciudad de Salta, con numerosos asistentes en forma presencial y a través de la plataforma Zoom.

Las autoridades de la Seccional, encabezadas por el Dr. Federico Mezzena, y el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Dr. Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, expresaron su beneplácito por la visita. Los referentes de los grupos de trabajo —Obra Social, ANSES, Cultura, Turismo, Proyectos y Publicaciones— informaron novedades sobre el cronograma de haberes, la transición de socio activo a pasivo y consejos prácticos de tecnología. Se incorporó por Zoom el presidente de la Obra Social, Dr. Mariano Althabe, y el Dr. Hugo Cataldi se refirió a las garantías constitucionales que emanan del artículo 110 de la Constitución Nacional.

Al día siguiente, el 21 de mayo, la Comisión se reunió en la sala del Tribunal Oral Federal de San Salvador de Jujuy, donde fue recibida por los asociados residentes encabezados por la Dra. Alejandra Cataldi.

En ambos encuentros se destacó la propuesta de reforma del Estatuto para que los adherentes tengan voto en el Consejo Directivo y puedan integrar los órganos de gobierno de la Asociación, adecuándolo a la normativa constitucional. Se recogieron además las inquietudes de los asociados de la región, con el compromiso de repetir estas visitas, y las jornadas concluyeron con almuerzos de camaradería.

El 21 de agosto de 2026, la ciudad de Corrientes fue sede de la III Jornada de Capacitación Internacional para el Poder Judicial y los Ministerios Públicos, iniciativa organizada por la Comisión del MERCOSUR de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, en coordinación con el Rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste.

La actividad se desarrolló en el histórico edificio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE, con la colaboración de la editorial Contexto–Formarte, a cargo de la transmisión en vivo, que permitió ampliar significativamente el alcance de la propuesta a todo el país: cerca de trescientos cincuenta participantes siguieron virtualmente las distintas exposiciones a lo largo de una jornada desarrollada entre las 9:30 y las 16:00 horas.

El acto de apertura contó con la distinguida participación del Dr. Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; el Dr. Gerardo Larroza, rector de la UNNE; la Dra. Mónica Anís, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, y el Dr. Ricardo Mianovich, juez federal del Juzgado Federal N.º 2 de Resistencia.

La elección de Corrientes como sede adquirió, en este contexto, un significado que trasciende lo meramente institucional. La federalización de los espacios de capacitación y discusión jurídica permite poner en diálogo las experiencias de distintas jurisdicciones y advertir que los problemas que hoy enfrenta la administración de justicia no se presentan de manera uniforme, sino que asumen particularidades propias según los territorios, los recursos y las realidades en que deben ser abordados.

La jornada fue impulsada por el Dr. Ricardo Alcides Mianovich, presidente de la Comisión del MERCOSUR, junto con la Dra. Marisa Arganon, la Dra. Belén López Mace, el Dr. Hugo Burgos, la Dra. Jesica Larregain, el Dr. Juan Carlos Silverstein y el Dr. Ezequiel Recio, entre otros integrantes. La coordinación general estuvo a cargo de la Dra. Eugenia Haedo y la Dra. Rosella Pacce, con la colaboración de la Dra. Antonella Pacce, la Dra. Cintia Jarolin y Cristian Yurkevich.

La estructura de la jornada permitió recorrer algunos de los principales interrogantes que hoy atraviesan al sistema de justicia, organizados en cinco paneles temáticos.

El primero estuvo dedicado a la integración regional del MERCOSUR, sus instrumentos de cooperación y su proyección internacional. El Dr. Juan José Cerdeira abordó la incorporación de la Decisión CMC N.º 48/10 y el Acuerdo sobre la Orden MERCOSUR de Detención, así como los procedimientos de entrega entre los Estados Partes y los Estados Asociados.

En ese sentido, al referirse a la Decisión CMC 48/10, el Dr. Cerdeira manifestó: «Una de las cuestiones centrales es la necesidad de difusión de estos instrumentos ante los operadores de justicia en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada. Este acuerdo fue firmado por los cuatro Estados Partes y por Perú, y ratificado por Brasil y Uruguay».

Por su parte, la Dra. María Victoria Pavicich, actual directora nacional de Política Comercial Externa de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Nación, analizó en forma virtual el Acuerdo MERCOSUR–Unión Europea, sus oportunidades y sus desafíos.

El segundo panel se concentró en la dimensión jurisdiccional del MERCOSUR y en el diálogo judicial como herramienta de integración regional. El Dr. Alejandro D. Perotti expuso sobre la cooperación entre los jueces nacionales y el Tribunal Permanente de Revisión a través de las opiniones consultivas.

Desde París, también en forma virtual, el Dr. Jorge Fernández Reyes se refirió a los acuerdos MERCOSUR–Unión Europea de enero de 2026. Realizó un recorrido por este instrumento y resaltó no solo el compromiso, sino también el desafío que supone para el MERCOSUR adecuar su institucionalidad orgánica y normativa a las indicaciones, esencialmente programáticas, del acuerdo, cuyo cumplimiento hace a las obligaciones asumidas por los Estados Partes.

Entre esos instrumentos mencionó los de transparencia —publicidad e información— y el establecimiento de tribunales judiciales, arbitrales o administrativos no discriminatorios, imparciales e independientes que logren la rápida decisión de los recursos. Asimismo, se refirió al proceso de adhesión al MERCOSUR que transita actualmente el Estado Plurinacional de Bolivia.

Esta dimensión adquiere especial relevancia para la práctica judicial cotidiana. Como señaló el Dr. Perotti, la cooperación entre los jueces nacionales y el Tribunal Permanente de Revisión permite que magistrados de distintas instancias planteen dudas vinculadas con la interpretación de las normas del bloque regional mediante el mecanismo de opiniones consultivas.

La integración regional deja así de ser una cuestión circunscripta al ámbito de las relaciones internacionales para convertirse en una herramienta de incidencia concreta en el ejercicio cotidiano de la función jurisdiccional.

Uno de los ejes que confirió mayor actualidad a la jornada fue el dedicado a la transformación digital de la Justicia, la inteligencia artificial, los derechos humanos y la ciberdelincuencia.

El Dr. Alberto Lugones abordó el uso de la inteligencia artificial generativa en tribunales y fiscalías, mientras que la Dra. Mercedes Lugones analizó los desafíos vinculados con la ciberdelincuencia y la evidencia digital, en particular en materia de investigación, obtención y preservación de la prueba.

La incorporación de herramientas de inteligencia artificial al ámbito judicial plantea interrogantes que ya no pertenecen al terreno de la especulación tecnológica. La inteligencia artificial se ha integrado a las actividades cotidianas y, con ello, surgen nuevas preguntas respecto de los límites de su utilización, su confiabilidad y, fundamentalmente, la responsabilidad humana detrás de las decisiones que se adopten con apoyo tecnológico.

En este sentido, la Dra. Mercedes Lugones destacó que aquello que años atrás podía parecer una cuestión lejana atraviesa hoy, de manera transversal, la vida cotidiana. Las estafas informáticas, la generación de imágenes mediante herramientas digitales y los nuevos fenómenos asociados a la tecnología obligan a repensar las respuestas jurídicas disponibles.

Uno de los interrogantes centrales planteados durante la jornada fue hasta dónde puede extenderse la utilización de estas herramientas en relación con las funciones constitucionalmente asignadas a jueces y operadores jurídicos. La cuestión, entonces, no parece reducirse a determinar si la inteligencia artificial puede ser utilizada en los tribunales, sino a establecer cómo debe utilizarse, bajo qué controles y quién conserva la responsabilidad última sobre la decisión final.

El desafío consiste en incorporar la tecnología sin desplazar la dimensión humana de la función judicial. La inteligencia artificial puede constituir una herramienta auxiliar de enorme utilidad, pero exige supervisión, criterio jurídico y responsabilidad.

Especial relevancia adquiere, en este punto, el riesgo de las denominadas «alucinaciones» de los sistemas de inteligencia artificial: respuestas aparentemente plausibles, pero incorrectas, que, de no ser debidamente verificadas, podrían trasladarse al ámbito de la actividad jurisdiccional.

La capacitación se presenta, así, como condición indispensable para una incorporación responsable de estas tecnologías. No se trata de negar el cambio, sino de comprenderlo y gobernarlo.

El cuarto panel abordó otro de los grandes desafíos contemporáneos: la investigación penal frente a fenómenos de especial complejidad y la necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos.

El Dr. Juan Carlos Vallejos, juez federal de Corrientes, expuso sobre la Alerta Sofía y la investigación penal del delito de trata de personas. La Dra. Karina Yabor, secretaria del Tribunal Oral Federal N.º 1 de La Plata, desarrolló la perspectiva de género y diversidad a partir de la jurisprudencia de los tribunales internacionales.

La incorporación de estas perspectivas demuestra que la capacitación judicial contemporánea no puede limitarse al conocimiento estrictamente normativo. La investigación y el juzgamiento de determinadas formas de criminalidad requieren herramientas interdisciplinarias y una mirada capaz de identificar las particularidades de los fenómenos que llegan al sistema de justicia.

El quinto panel estuvo dedicado a la criminalidad compleja y la seguridad institucional, con exposiciones sobre los facilitadores profesionales, el narcotráfico, el financiamiento del terrorismo y la seguridad de los magistrados como garantía de independencia judicial. Participaron el Dr. Sebastián Casanello, el Dr. Enrique Bosch, el Dr. Walter Venditti y la Dra. Zunilda Niremperger.

La exposición del Dr. Casanello puso el foco en una característica central del crimen organizado contemporáneo: su capacidad de operar de manera racional, coordinada y en red. La corrupción, la trata de personas, los delitos económicos sofisticados y otras manifestaciones de criminalidad organizada presentan estructuras que exceden las fronteras jurisdiccionales y exigen respuestas igualmente coordinadas.

Si la criminalidad coopera, la respuesta estatal debe hacerlo también.

La investigación, la prevención y el juzgamiento de estos fenómenos requieren planificación, cooperación institucional e intercambio de experiencias. Precisamente en ello radica el valor de jornadas como la realizada en Corrientes: no solo como espacios académicos, sino como ámbitos de construcción colectiva de herramientas para enfrentar problemas concretos.

Por su parte, la Dra. Niremperger disertó sobre las distintas problemáticas que enfrentan magistrados y funcionarios en el desarrollo de las tareas propias de su función, en las que, a veces, las amenazas o la puesta en peligro alcanzan también a sus familias y su entorno, y dejó al público una reflexión final: «La independencia judicial se protege garantizando a quienes deban decidir».

El Dr. Walter Venditti abordó el financiamiento del terrorismo y los mecanismos destinados a su detección, y destacó la necesidad de comprender una problemática de dimensiones marcadamente internacionales. La experiencia histórica argentina y los cambios producidos en el escenario internacional evidencian la necesidad de fortalecer mecanismos capaces de detectar tempranamente situaciones que puedan derivar en hechos de extrema gravedad.

La transformación tecnológica ha modificado también los mecanismos de captación y radicalización. Las estructuras tradicionales conviven hoy con fenómenos de individuos o pequeños grupos que acceden a espacios virtuales, establecen contactos y adhieren a determinadas convocatorias o ideologías. Frente a ello, la prevención adquiere una dimensión fundamental.

Pero la prevención no puede desarrollarse al margen del Estado de derecho. Como se destacó durante la exposición, las herramientas investigativas deben compatibilizarse con el pleno respeto de las garantías individuales de las personas investigadas. El desafío consiste, precisamente, en hallar un equilibrio entre la necesidad de prevenir hechos de extrema gravedad y la obligación estatal de actuar dentro de los límites constitucionales.

Uno de los aspectos más valiosos de la jornada fue el intercambio entre magistrados, funcionarios, académicos y representantes vinculados con distintos ámbitos de la Justicia. El Dr. Alberto Lugones sintetizó esta idea al señalar que todos aprenden tanto al exponer como al escuchar. El intercambio permite conocer problemáticas que no necesariamente se presentan con igual intensidad en todas las jurisdicciones.

En la misma línea, el Dr. Alejandro Perotti destacó la importancia de trasladar estos espacios de capacitación al interior del país. La federalización del conocimiento permite visibilizar realidades diferentes y comprender que, a medida que cambian los contextos, deben modificarse también las herramientas de quienes tienen a su cargo la función judicial.

Esta perspectiva resulta particularmente significativa en un sistema federal como el argentino. La capacitación no debería concentrarse exclusivamente en los grandes centros urbanos: llevar estos debates a distintas jurisdicciones permite enriquecerlos con experiencias locales y fortalecer una Justicia capaz de responder de manera más adecuada a las particularidades de cada región.

Durante el acto de apertura, el Dr. Andrés Basso destacó la importancia de abordar cuestiones vinculadas con la cooperación internacional, la integración regional, la irrupción de la inteligencia artificial y la legislación aplicable para su utilización apropiada.

La modernización de la Justicia, sin embargo, no depende exclusivamente de la voluntad de sus operadores. El cambio de paradigmas requiere también condiciones institucionales adecuadas. En el ámbito civil, ello implica avanzar hacia mayores niveles de oralidad. En materia penal, la transformación del sistema mixto hacia el sistema acusatorio demanda, además de modificaciones normativas y culturales, adecuaciones edilicias, recursos humanos y tecnología.

La transformación judicial debe ser comprendida, por lo tanto, como un proceso integral. No basta con modificar las reglas si no existen las condiciones materiales para aplicarlas. Tampoco basta con incorporar tecnología si quienes deben utilizarla carecen de la capacitación necesaria. La verdadera modernización exige articular normas, recursos, infraestructura, tecnología, capacitación y cultura institucional.

El Dr. Ricardo Mianovich destacó, al referirse a la jornada, que los conocimientos jurídicos se afianzan mediante la articulación entre la práctica judicial y la formación académica. Esa afirmación permite comprender el sentido más profundo de la propuesta: la capacitación jurídica adquiere verdadero valor cuando se traduce en mejores herramientas para resolver los problemas que enfrenta diariamente el sistema de Justicia.

En este sentido, la jornada no constituyó únicamente un espacio de exposición de conocimientos, sino también una instancia de diálogo entre distintas jurisdicciones, generaciones, experiencias profesionales y ámbitos institucionales. La presencia de magistrados y funcionarios provenientes de diferentes puntos del país, junto con expositores vinculados al ámbito académico, al MERCOSUR, a los Ministerios Públicos y a las fuerzas federales, permitió construir una mirada plural sobre los desafíos actuales.

Los distintos paneles de la III Jornada de Capacitación Internacional convergieron, desde perspectivas diversas, en una misma preocupación: cómo preparar al sistema de Justicia para responder a fenómenos que evolucionan con mayor velocidad que las estructuras institucionales tradicionales.

La integración regional modifica los escenarios de cooperación jurisdiccional. La inteligencia artificial transforma las herramientas disponibles para los operadores jurídicos. La ciberdelincuencia genera nuevas formas de criminalidad y nuevos desafíos probatorios. El crimen organizado desarrolla estructuras cada vez más complejas y transnacionales. La investigación penal exige incorporar nuevas herramientas sin abandonar las garantías constitucionales.

Ante este escenario, la capacitación deja de ser una actividad complementaria para convertirse en una verdadera herramienta institucional. Una Justicia preparada para los desafíos contemporáneos necesita profesionales capaces de comprender los cambios tecnológicos, interpretar los procesos de integración regional, cooperar con otras jurisdicciones y responder frente a formas de criminalidad que ya no reconocen las fronteras tradicionales.

Pero también necesita conservar aquello que ninguna tecnología puede reemplazar: la responsabilidad humana, el razonamiento jurídico, la independencia judicial y la protección de los derechos fundamentales.

La jornada celebrada en Corrientes dejó, en definitiva, una premisa que atraviesa todos sus ejes: la Justicia debe transformarse para acompañar los cambios de su tiempo, pero esa transformación no puede significar el abandono de los principios que justifican su existencia. La tecnología, la cooperación internacional y las nuevas herramientas de investigación pueden fortalecer el sistema. Sin embargo, detrás de cada decisión debe permanecer la persona responsable de utilizar esas herramientas con criterio jurídico, prudencia y compromiso democrático.

Porque el verdadero desafío no consiste solamente en construir una Justicia más tecnológica, más integrada o más eficiente, sino en construir una Justicia capaz de comprender su tiempo sin perder de vista su razón de ser: garantizar derechos y ofrecer respuestas legítimas a la sociedad.