«Sistema acusatorio: desafíos y nuevas perspectivas»

En el prólogo destaca que este es el primer libro de la Comisión del MPF. ¿Qué significado tuvo impulsar esa producción colectiva desde la representación del estamento dentro de la AMFJN?

Franco Picardi: Tuvo un significado especial porque permitió dar forma a uno de los objetivos que nos propusimos desde la representación del estamento: construir espacios de encuentro y de producción colectiva entre quienes integramos el Ministerio Público Fiscal. En la Comisión participan colegas de distintas partes del país, con experiencias y responsabilidades diversas, que comparten inquietudes sobre cómo mejorar nuestra labor.

El libro expresa ese intercambio y permite que llegue a más personas. Su valor está en los trabajos publicados y también en el proceso que los hizo posibles: acercarnos, discutir ideas y reconocer que muchos de los desafíos que enfrentamos son comunes. Que sea la primera publicación de la Comisión es una satisfacción y, al mismo tiempo, una invitación a sostener ese espacio y darle continuidad con nuevas iniciativas.

También hay una dimensión federal que me parece importante destacar. La implementación tiene recorridos distintos en cada jurisdicción, y generar un espacio donde esas experiencias puedan encontrarse permite reconocer necesidades compartidas y aprender de las particularidades de cada lugar. La Comisión puede cumplir esa función de acercar a los equipos y dar circulación al conocimiento que producen en su trabajo cotidiano.

Por otro lado, plantea la necesidad de revisar prácticas arraigadas en la lógica del expediente. ¿Qué papel pueden cumplir la Asociación y espacios como este libro para acompañar ese cambio en la cultura de trabajo?

Picardi: La implementación del sistema acusatorio exige revisar cómo investigamos, cómo organizamos las oficinas y cómo nos vinculamos con las víctimas y con las personas imputadas. Las nuevas reglas necesitan equipos que puedan definir estrategias, establecer prioridades y evaluar los resultados de su trabajo. Esa transformación requiere formación, intercambio y una disposición concreta a revisar prácticas arraigadas.

La Asociación puede contribuir generando ámbitos donde esas experiencias se compartan y se discutan con confianza y rigor. El libro cumple parte de esa función: reúne perspectivas de colegas que conocen los problemas desde su trabajo diario y las pone a disposición de los demás. También permite vincular las discusiones procesales con una pregunta más amplia: cómo mejorar la capacidad del Ministerio Público Fiscal para investigar fenómenos criminales complejos y ofrecer respuestas respetuosas de los derechos de las personas.

Ese cambio también requiere preguntarnos qué entendemos por una buena respuesta del sistema de justicia. La capacidad de esclarecer los hechos, abordar las estructuras y los beneficios económicos del delito y atender las necesidades de las víctimas debe formar parte de esa evaluación. La reflexión académica puede ayudarnos a discutir esos objetivos y a traducirlos en criterios que orienten nuestras prácticas.

¿Cómo surgió la idea de «Sistema acusatorio: desafíos y nuevas perspectivas» y qué necesidad identificaron para impulsar esta obra colectiva desde la AMFJN?

Carlos Casas Nóblega: Desde hace tiempo, en las distintas reuniones de la Comisión del MPF de la AMFJN, han surgido diferentes interrogantes, novedades e inquietudes respecto de la aplicación del CPPF. Pero, concretamente, durante la gestión en la que fui presidente de la Comisión, junto con Agustín Chit, Anselmo Castelli y Franco Picardi —como vicepresidente de la AMFJN—, surgieron diferentes temas debatibles, que permitían enriquecedoras discusiones dentro de las reuniones y, a su vez, presentaban grandes desafíos para el correcto ejercicio del MPF. En razón de ello, con el consenso de todos los integrantes de la Comisión, se decidió llevar a cabo una obra conjunta en la que participara la mayor cantidad posible de miembros del MPF de todo el país —es decir, una bibliografía federal—, para dotar a todos los operadores jurídicos de una obra que permita su consulta y, consecuentemente, la respuesta a temáticas sumamente novedosas.

A tal efecto, junto a Agustín Chit y Anselmo Castelli dirigimos la obra y designamos un Comité Académico, integrado por Lucía Orsetti, Ignacio Mendizábal, Carina Jaime y Daniel Asis, quienes oficiaron de nexo con los autores y autoras y, conjuntamente, supervisaron los trabajos. A su vez, se contó con la imprescindible participación y colaboración de la Comisión de Revista y Biblioteca de la AMFJN, concretamente de Melina de Bairos Moura, presidenta de la Comisión, y de Alejandro Sebastián Ale como coordinador.

La finalidad no era sólo dar respuestas, sino también generar múltiples disparadores que permitan debates y nutritivas discusiones jurídicas. La necesidad era, fundamentalmente, crear un material doctrinario y jurisprudencial de avanzada, que recopile los principales interrogantes y novedades que presenta la aplicación del CPPF. No sólo resulta provechoso para las jurisdicciones en las que ya se aplica, sino que facilita a las jurisdicciones en vías de implementación un material que les permita adentrarse de manera anticipada en estas discusiones. Así se desarrolló y se culminó la primera obra que surgió del seno del MPF.

¿Qué aporta el libro a quienes deben llevar las reglas del sistema acusatorio a la práctica cotidiana de las oficinas judiciales y fiscales?

Casas Nóblega: El libro es verdaderamente un material excepcional, que recopila una diversidad de temas e incluye doctrina y jurisprudencia actualizada. A los fines de ser lo más didáctico e ilustrativo posible, menciono algunos de los ejes temáticos sobre los cuales se cimentó: 1) criterios de persecución penal bajo los lineamientos del CPPF; 2) derechos y garantías de las víctimas del proceso penal; 3) convenciones probatorias; 4) criterios de oportunidad: conciliación y reparación integral, inclusive su eventual aplicación en delitos cuyos bienes jurídicos son supraindividuales; 5) trata de personas, en especial el derecho a la indemnización de las víctimas y la importancia de cautelar bienes; 6) narcocriminalidad y técnicas especiales de investigación, entre muchos más.

Como se podrá advertir, nos encontramos frente a una nutritiva obra, que desarrolla una multiplicidad de temas, lo cual la convierte realmente en una obra de vanguardia.

Participó de la gestación del libro como coordinador de la Comisión del MPF y hoy la preside. ¿Qué representa esta publicación en ese recorrido y qué proyectos le gustaría impulsar para dar continuidad al intercambio entre colegas?

Agustín Chit: Este libro tiene un valor que excede su contenido: es un proyecto transversal. No fue concebido como la obra de una gestión en particular. En sus páginas escriben colegas con trayectorias, miradas y pertenencias diversas, que coincidieron en algo más básico y más duradero que cualquier alineamiento coyuntural: el interés por pensar, con rigor, los problemas concretos de nuestra tarea.

Esa transversalidad no es un dato menor. Las asociaciones profesionales, y esta en particular, son espacios de debate entre visiones distintas sobre cómo ejercemos la magistratura y brindamos un servicio de justicia eficiente que garantice y proteja al justiciable. Pero precisamente por eso necesitan también ámbitos de encuentro donde lo que se discute no es quién conduce, sino cómo se aplica el derecho, qué problemas plantea la práctica y qué respuestas puede ofrecer la reflexión técnica. La producción académica es uno de esos ámbitos, y quizás el más fértil.

Este primer libro fue posible porque una gestión lo impulsó y porque quienes la sucedieron decidieron continuarlo. Ese gesto de continuidad es, en sí mismo, el modelo que vale la pena consolidar.

En su capítulo aborda el recupero de bienes y activos ilícitos. ¿Por qué es importante incorporar la dimensión patrimonial a las investigaciones y qué oportunidades ofrece el sistema acusatorio para hacerlo?

Chit: Porque la criminalidad que más daño hace (el narcotráfico, la trata, la corrupción, el contrabando, el lavado) es, ante todo, una actividad económica. Se organiza para generar ganancias y se sostiene gracias a ellas. Si la respuesta penal se limita a condenar a las personas y deja intacto el patrimonio, la organización se recompone: cambian los nombres, pero la estructura sigue financiada. Investigar el dinero es, en ese sentido, investigar el corazón del delito.

La dimensión patrimonial cumple además otras funciones. Permite reconstruir la estructura de la organización siguiendo el rastro de los bienes, que muchas veces es más útil que la prueba testimonial; pero, sobre todo, exige actuar temprano: un bien que no se identifica y se asegura al comienzo de la investigación difícilmente esté disponible al momento de la sentencia.

El sistema acusatorio ofrece oportunidades concretas. La primera es que pone la dirección de la investigación en manos del Ministerio Público Fiscal, lo que permite planificarla estratégicamente desde el primer día e incorporar una línea de investigación patrimonial paralela a la del hecho, con el apoyo de áreas especializadas. La segunda es la oralidad: las medidas cautelares sobre bienes se litigan en audiencia, con un juez de garantías que decide rápido y con fundamentos discutidos entre las partes.

La clave es institucional: capacitación, equipos interdisciplinarios y una cultura fiscal que entienda que preguntarse dónde está el dinero no es un anexo de la investigación, sino una parte central de ella.

La obra reúne contribuciones de colegas de distintas jurisdicciones. ¿Qué valor tuvo esa diversidad de experiencias para construir una mirada sobre la implementación del sistema acusatorio?

Anselmo Castelli: El valor es notorio. La iniciativa tuvo justamente que ver con eso. Se trata de un código procesal federal. Somos un país organizado federalmente. Es primordial que las opiniones lleguen desde todas las partes del país y especialmente desde las provincias donde ya se está aplicando la normativa.

¿A qué lectores quisieron llegar y qué debates esperan que el libro abra dentro de los equipos de trabajo?

Castelli: La idea es que llegue al espectro más amplio posible. Por supuesto, empezando por los asociados de esta institución e integrantes del Ministerio Público Fiscal. Pero, sin dudarlo, sería de interés que llegase también a todos los operadores del sistema de justicia y a los estudiantes.

La obra incluye cuestiones vinculadas con la prueba, las medidas de coerción y las salidas alternativas. ¿Qué valor tiene analizar estos problemas a partir de experiencias concretas de aplicación?

Ignacio Mendizábal: La experiencia permite advertir problemas que no siempre aparecen en una primera lectura de las normas. Cuando una regla se aplica a un caso concreto, surgen preguntas sobre cómo formular un pedido, qué información se necesita para sostenerlo, cómo puede controvertirlo la otra parte y qué debe resolver el juez. Por eso, el intercambio entre quienes trabajan diariamente con el sistema tiene un valor particular.

Uno de los aportes del libro es reunir esas experiencias y ponerlas en diálogo con el análisis jurídico. En materia de prueba, medidas de coerción o salidas alternativas, las decisiones requieren fundamentos que puedan explicarse y discutirse. Compartir dificultades, soluciones y también desacuerdos ayuda a revisar las prácticas y ofrece herramientas a quienes están transitando la implementación.

¿Cómo imaginan que podría utilizarse el libro en actividades de capacitación y discusión de casos dentro de la AMFJN?

Mendizábal: El libro puede ser un punto de partida para trabajar sobre problemas concretos. Un capítulo puede servir como lectura previa a un taller, como disparador para analizar un caso o como base para comparar las respuestas que se están dando en distintas jurisdicciones. Su utilidad está también en las preguntas que deja abiertas.

La AMFJN ofrece un espacio valioso para ese intercambio, porque reúne colegas con distintas funciones y experiencias. Sería interesante que la publicación tenga continuidad en encuentros donde puedan discutirse sus propuestas a la luz de nuevos casos. Así, la formación se vincula con las necesidades del trabajo cotidiano y el conocimiento que se produce en una oficina puede resultar útil para otras.

Desde su experiencia de trabajo con el CPPF, ¿qué preguntas de la práctica fiscal cotidiana consideraba indispensable que encontraran un espacio en esta obra?

Lucía Romina Orsetti: Me interesaba que la obra recogiera las preguntas que aparecen cuando tenemos que tomar decisiones concretas: qué investigar, cómo construir una hipótesis y contrastarla, qué información necesitamos para solicitar una medida y cómo presentar y sostener nuestra posición en una audiencia. También, cómo seleccionar una respuesta adecuada para cada caso y garantizar una participación efectiva de las víctimas.

En la práctica, esas cuestiones están relacionadas. Las decisiones que tomamos al inicio de una investigación condicionan la posibilidad de llegar a juicio con prueba suficiente o de adoptar otra solución fundada. Por eso, considero valioso que el libro reúna el análisis de las reglas procesales con experiencias de investigación, litigación y organización del trabajo. Ese intercambio permite identificar dificultades, revisar nuestras propias respuestas y aprovechar lo aprendido en otras jurisdicciones.

El libro aborda la política de persecución penal y la investigación de la criminalidad organizada. ¿Qué cambios en la forma de investigar y de organizar los equipos hacen falta para aprovechar las herramientas del sistema acusatorio?

Orsetti: Un cambio central es asumir plenamente la responsabilidad de dirigir la investigación. Eso implica definir qué queremos esclarecer, formular hipótesis que puedan ser contrastadas, orientar el trabajo de las fuerzas de seguridad y revisar los resultados de cada medida. La información inicial necesita ser analizada y corroborada para convertirse en una base que permita tomar decisiones y sostenerlas en audiencia.

En la criminalidad organizada, además, necesitamos reconstruir relaciones, funciones, circuitos económicos y formas de actuación que pueden exceder un hecho aislado. Para hacerlo hacen falta equipos con responsabilidades claras, capacidades de análisis y cooperación con otros organismos y jurisdicciones. La investigación patrimonial y el trabajo con evidencia digital deben integrarse desde que resulten pertinentes para el caso.

Las herramientas del sistema pueden dar mejores resultados cuando forman parte de una estrategia. El desafío es organizar investigaciones que permitan comprender el fenómeno, individualizar la responsabilidad de cada persona y producir evidencia que pueda ser examinada y controvertida en juicio.

Los derechos de las víctimas tienen un espacio propio en el libro. ¿Por qué consideraron importante darles esa presencia dentro de una obra sobre el sistema acusatorio?

Carina Jaime: Consideramos esencialmente importante incluir un capítulo dedicado al derecho de las víctimas, en primer lugar, porque es la primera vez que el sistema procesal penal argentino le da un lugar en el proceso a un actor que estaba olvidado.

El Código Procesal Penal Federal, en sintonía con la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (27.372), otorga a la víctima un lugar protagónico y activo como sujeto con derechos, con capacidad de participación autónoma; de modo que merecía su tratamiento en la obra.

¿Qué debates de la publicación permiten pensar una respuesta judicial que atienda tanto a la resolución del caso como a la participación de las víctimas y la reparación del daño?

Jaime: En los artículos «Delitos ambientales y reparación integral» y «Más allá de la condena: la reparación económica a las víctimas de violencia sexual en el proceso penal» se abordan las discusiones que plantea la nueva perspectiva que adquiere en el caso penal la víctima como sujeto de derechos y, como eje alternativo a la respuesta penal, la reparación del daño que le generó el hecho delictivo.

A partir de los aportes recibidos, ¿qué dificultades de la implementación considera que merecen mayor atención en la formación de magistrados y funcionarios?

Daniel Asis: Creo que, luego de haber leído los artículos junto con la exposición de todos los autores y autoras, es mejor hablar de desafíos y criterios de interpretación en cuanto a la aplicación del CPPF, y no de dificultades. Ha quedado claro que la jurisprudencia brinda diferentes puntos de vista en cuanto a la interpretación de las normas, por lo que es necesario lograr una mayor seguridad jurídica, luego de discusiones que resultan siempre muy provechosas.

Ahora bien, en cuanto a la formación para la implementación, entiendo que merece especial atención la forma de diagramar la política de persecución criminal de manera eficaz, de modo que se pueda comprender cuál es la teoría del caso y concentrar y orientar los recursos hacia una respuesta adecuada, teniendo especialmente en consideración a todos los actores del proceso, como por ejemplo las víctimas. A su vez, creo que el mayor desafío es la organización de áreas y oficinas especializadas para brindar una respuesta de calidad.