Los comunicados que la Asociación difundió a sus asociados y asociadas entre abril y octubre de 2026.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional pone de manifiesto su más enérgico repudio a todo tipo de denuncias, escraches y amenazas vertidas desde cualquier ámbito, respecto del contenido de las sentencias de los jueces —en este caso de la Justicia Nacional del Trabajo—, en el ejercicio de su función jurisdiccional.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que lo relativo a la interpretación y aplicación de normas jurídicas en un caso concreto es resorte exclusivo del juez de la causa, sin perjuicio de los recursos que la ley procesal concede a las partes para subsanar errores o vicios en el procedimiento o para obtener la reparación de los agravios que los pronunciamientos del magistrado pudieran ocasionarles (Fallos 303:741, 305:113).
Los fallos judiciales, como cualquier acto de gobierno, pueden ser objeto de crítica favorable o de disenso, pero ello no autoriza al agravio y/o descrédito personal hacia los magistrados que han tomado decisiones en la cuestión sometida a su consideración.
Esta Asociación expresa su enérgico rechazo ante la decisión de no ratificación impuesta al Juez Superior Oswaldo Ordoñez Alcántara por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) del Perú, pues consideramos que ello constituye una represalia por su participación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú (ANMP), cuyo objetivo principal es defender los derechos de jueces y fiscales y promover la independencia del sistema judicial como garantía constitucional de todos los ciudadanos en el sistema democrático de gobierno.
En noviembre de 2024, durante su participación en la audiencia regional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos titulada «Situación de la independencia judicial en las Américas», y en su calidad de presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, el Dr. Oswaldo Ordoñez Alcántara sostuvo que «la mayoría parlamentaria que controla el Congreso, en coordinación con (…) el Poder Ejecutivo, sistemáticamente, viene desestabilizando el sistema de justicia y a su vez debilitando al Poder Judicial y al Ministerio Público».
El 30 de abril de 2026 la Junta Nacional de Justicia del Perú decidió no ratificar al juez Oswaldo Ordoñez Alcántara por «no superar evaluación referida a su conducta», en la medida en que «un magistrado no se puede permitir referir y criticar públicamente a sectores del Parlamento sin que eso ponga en cuestionamiento el deber judicial que le asiste de mostrarse ante la ciudadanía como un magistrado independiente».
Esas calificaciones y conclusiones son actos de manifiesta oposición e ilegítimo cuestionamiento al derecho a la libertad de expresión de los jueces y demás operadores del sistema de justicia, reconocido a nivel internacional y con fuente normativa en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y, en el orden interno, en el artículo 2.4 de la Constitución de la República del Perú.
Por su lado, y como fuente jurisprudencial, es categórica la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al establecer que los jueces y juezas tienen el derecho —y en ocasiones el deber— de pronunciarse cuando el orden democrático o la independencia del Poder Judicial están en riesgo (párrafo 174, caso López Lone y otros vs. Honduras, 2015). En consecuencia, no se puede sancionar a un juez por opiniones emitidas en contextos de crisis institucional o ante organismos internacionales de derechos humanos (párrafos 164-174 del citado fallo).
El hecho de que un magistrado acuda a instancias internacionales para advertir sobre leyes que debilitan la separación de poderes es un acto de defensa del orden constitucional y, en el caso, en ejercicio del deber que le asiste al Dr. Oswaldo Ordoñez como presidente de la Asociación de Magistrados del Perú y representante de dicha institución ante la Federación Latinoamericana de Magistrados, en la que ambas Asociaciones de Jueces de Argentina y del Perú comparten los mismos objetivos en defensa de la independencia judicial en la región. En ese sentido, reafirmamos los principios del asociativismo consagrados en el «Estatuto del Juez Iberoamericano», en las «Declaraciones de Campeche sobre Principios Mínimos sobre la Independencia de los Poderes Judiciales y de los Jueces de América Latina» y en la «Declaración de Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura» confirmados por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Por todo ello, instamos a las autoridades competentes a que se deje sin efecto la decisión de no ratificación impuesta al Juez Superior Oswaldo Ordoñez Alcántara y exhortamos al cese de cualquier forma de hostigamiento contra los jueces que actúan en defensa de la independencia judicial como última garantía que tiene el ciudadano frente a la arbitrariedad de los poderes gobernantes.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) ha venido reclamando desde hace años, de manera sostenida y permanente, la necesidad de avanzar en la cobertura de vacantes de magistrados en el Poder Judicial de la Nación y en los Ministerios Públicos, en tanto la persistencia y el agravamiento de esta problemática afectan directamente la adecuada prestación del servicio de justicia en nuestro país.
Como es de público conocimiento, recientemente el Poder Ejecutivo Nacional ha remitido al Senado de la Nación numerosos pliegos, dando una primera y contundente respuesta a esta necesidad. En ese marco, esta Asociación desea expresar su reconocimiento a las autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación, toda vez que el mecanismo constitucional puesto en marcha permitirá avanzar progresivamente en la cobertura del significativo número de vacantes existentes en todos los fueros de la justicia nacional y federal, a lo largo y ancho del país.
En ese contexto, integrantes de la Mesa Directiva de la AMFJN recibieron en la sede institucional al Ministro de Justicia de la Nación, Dr. Juan Bautista Mahiques, y al Secretario de Justicia, Dr. Santiago Viola. El Presidente de la Asociación, Dr. Andrés Basso, estuvo acompañado por la vicepresidenta por el estamento de los jueces, Dra. María Elena López; el vicepresidente por el estamento del Ministerio Público Fiscal, Dr. Ricardo Sáenz; el vicepresidente por el estamento del Ministerio Público de la Defensa, Dr. Hernán Figueroa; en representación del estamento de los funcionarios, la Dra. Maite Soprano; la Secretaria General, Dra. María Carolina Ocampo; el Prosecretario General, Dr. Ariel Ovelar; el Tesorero, Dr. Marcelo Gallo Tagle; la Protesorera, Dra. Gabriela Iturbide, y la consejera Dra. María Jimena Monsalve.
El encuentro se desarrolló en un marco de diálogo institucional, durante el cual se abordaron distintas propuestas orientadas a fortalecer y mejorar el servicio de justicia para la ciudadanía. Asimismo, se analizó la situación vinculada con la cobertura de vacantes existentes en el Poder Judicial de la Nación y en los Ministerios Públicos, destacándose especialmente el reciente envío al Senado de la Nación de pliegos para la designación de jueces, fiscales y defensores oficiales.
La AMFJN expresa su más profundo rechazo a las expresiones vertidas por abogados en una audiencia judicial referidas a miembros del MPF.
Tales manifestaciones ofenden al servicio de justicia, a las partes en el proceso y a la sociedad toda, que observa consternada estos lamentables episodios.
Acompañamos a nuestros colegas en este momento y exhortamos a quienes ejercen su función ante un tribunal de justicia a que se comporten con el decoro y el respeto que tal ministerio reclama.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional pone de manifiesto su más enérgico repudio a la decisión adoptada por la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación al aprobar, el pasado 19 de agosto de 2026, en el marco del expediente 136/2023, la sanción que dispone una multa equivalente al 35% de los haberes mensuales —por única vez— al juez Carlos Goggi.
En ese sentido, tal como venimos sosteniendo de manera inalterable, inclusive ante el propio Consejo de la Magistratura en oportunidad de ser convocado el Presidente de esta Institución, los fallos judiciales, como cualquier acto de gobierno, pueden ser objeto de crítica favorable o disenso, pero ello no autoriza al agravio y/o descrédito personal hacia los magistrados que han tomado decisiones en la cuestión sometida a su jurisdicción, como así tampoco a ingresar al análisis del contenido de las sentencias desde órganos que no detentan la competencia para hacerlo.
Ello violenta la independencia judicial consagrada en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales, y la aplicación de una sanción operaría como una acción de disciplinamiento tendiente a obligar a un Magistrado de la Nación a decidir en ciertos casos de una forma diferente a lo que fundadamente se encuentra habilitado a resolver.
Representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional asistieron a la reunión conjunta convocada por la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. El encuentro tuvo como eje principal el tratamiento parlamentario del acuerdo de transferencia progresiva de competencias penales y del acuerdo de transferencia de la función judicial en materia de menores, desde la órbita de la Justicia Nacional a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En representación de la AMFJN concurrió el presidente, Dr. Andrés Basso, junto a los Dres. Ricardo Matías Pinto, Marcelo Gallo Tagle, Daniel Emilio Morín, Mariano Scotto y la Dra. Magdalena Laiño.
El presidente de nuestra institución y el Dr. Pinto expusieron y explicaron a los senadores la posición institucional de la entidad, a la vez que resaltaron los perjuicios que conllevan los acuerdos sobre la transferencia de competencia en materia de menores y el convenio de transferencia progresiva de competencias penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresa su profunda preocupación ante los hechos de inseguridad que damnificaron al titular del Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, Dr. Carlos Villafuerte Ruzo.
Tales hechos son de extrema gravedad, en tanto no sólo afectan la seguridad personal del involucrado, sino que atacan directamente los pilares del Estado de Derecho, la independencia judicial y el normal funcionamiento del sistema democrático.
Por tales motivos, esta Asociación manifiesta su apoyo institucional al Dr. Carlos Villafuerte Ruzo y solicita a las autoridades competentes la urgente implementación de las medidas de seguridad para garantizar la integridad personal del nombrado, como así también el pronto esclarecimiento del grave suceso acaecido.