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lunes, 2 de octubre de 2023 - 22:24
Número 12 (enero-junio 2023)Revista Jurídica

Aportes para la discusión sobre el plazo razonable

Por Lautaro Fichter[1]

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1. Introducción

El presente artículo tiene por objeto brindar aportes para determinar si, en un proceso judicial concreto, se ha vulnerado o no la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, atendiendo, para ello, al delito que es materia de imputación, la intensidad de la restricción que comportó dicho proceso y la actuación procesal del órgano jurisdiccional interviniente en las condiciones concretas de su funcionamiento.
Es sabido que uno de los problemas más importantes al que se enfrenta el derecho procesal penal en la actualidad es el de la duración del enjuiciamiento, pues revela la ineficacia del Estado para dar una pronta respuesta tanto a la sociedad, restableciendo la paz jurídica mediante el dictado de una sentencia definitiva, como al acusado, dirimiendo con celeridad su posición frente a la ley[2].
Si bien existe un acuerdo unánime en que toda persona goza del derecho fundamental a ser juzgado dentro de un plazo razonable, la discusión persiste en torno al contenido y alcance de ese derecho. Puede decirse, sin embargo, que en el ámbito internacional y nacional hay mayoritariamente un núcleo básico de coincidencias[3].
En cuanto a su regulación positiva, el derecho en análisis fue consagrado –sin perjuicio de las variaciones terminológicas según el instrumento de que se trate– en el art. 6.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos en 1950, en el art. 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y en el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1968. Por su parte, “en la jurisprudencia, la cuestión comenzó a reflejarse decididamente entrados ya los años sesenta… de un modo prácticamente simultáneo en muchos países extranjeros cuya cultura jurídica tiene enorme predicamento en nuestro país, pero también dicha discusión se suscitó, por aquel entonces, directamente en la Argentina”[4].
En efecto, con el fallo “Mattei”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación inició una senda jurisprudencial que se consolidó luego con una serie de precedentes, entre los que cabe destacar “Kipperband” y “Barra”[5]. Allí, el Máximo Tribunal estableció que debe reputarse incluido en la garantía de defensa en juicio consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional el derecho del imputado a obtener, luego de un juicio tramitado en legal forma, un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal. También sostuvo que el plazo razonable es un concepto a priori indeterminado, que debe ser concretado en cada caso, atendiendo, entre otros extremos, a las circunstancias del proceso, su complejidad objetiva, la duración normal de procesos similares, la actuación procesal del órgano judicial en el supuesto concreto y la conducta del recurrente, al que le es exigible una actitud diligente. En definitiva, la propia naturaleza de este derecho impide traducirlo en un número fijo de días, meses o años, ya que depende de las diversas circunstancias que se dan en cada supuesto en particular.
Esta es, entonces, la postura sentada por la Corte Suprema que aplican pacíficamente los tribunales del país. Sobre esta base, es posible adicionar algunos elementos que los magistrados deberían valorar al momento de determinar si se ha lesionado o no la garantía en trato: el delito que se juzga, la intensidad de la sujeción al proceso y la actuación procesal del órgano jurisdiccional interviniente en las condiciones concretas de su funcionamiento.

2. El delito que se juzga

En primer lugar, corresponde indicar que el marco que rige el análisis sobre la vulneración del plazo razonable está dado por la clase de delito que se ventila en la causa, en tanto pueda encontrarse afectado el deber de investigación y juzgamiento asumido en virtud de compromisos internacionales. En este sentido, cabe resaltar que la República Argentina ha adherido a la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
En efecto, concretamente en orden a la represión del narcotráfico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los precedentes “Cabrera”, “Stancatti” y “Fredes”, exhortó a los tribunales inferiores a que comprometan sus mejores y máximos esfuerzos, en el ámbito de sus competencias, para que el enjuiciamiento sea agotado sin que queden impunes tramos de la actividad ilícita por la que la República Argentina asumió jurisdicción. Esto fue sostenido por el Máximo Tribunal, justamente, en casos en los que se discutía la existencia o no de nulidades de procedimiento, es decir que, en definitiva, estaba en juego la presunta afectación a garantías constitucionales. Por ende, tales consideraciones devienen aplicables al asunto que aquí se trata y no se circunscriben solamente a procesos cuyo objeto lo constituyen hechos de narcotráfico, sino que abarcan también a todos aquellos en los que se ventilan delitos respecto de los cuales el Estado Nacional se ha obligado en el plano internacional.
Obviamente, ello no significa que en tales supuestos no rijan las garantías: no es ese el criterio que se extrae de los fallos ya citados. Por el contrario, allí se ha hecho hincapié en que hay que ser especialmente cuidadosos porque existe un deber reforzado de investigación y juzgamiento que puede acarrear responsabilidad internacional y que se justifica en el singular daño que producen estos delitos.
Tal afirmación se justifica a través del equilibrio que debe existir entre el derecho del imputado al debido proceso –con todas sus derivaciones– y el derecho de la sociedad a defenderse del delito. Ha sido una preocupación histórica de la Corte Suprema que ambos sean conciliados, de modo que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro; y ello, en definitiva, conduce a que la solución a adoptar en concreto se extraiga a partir de la ponderación de los intereses en juego. La garantía no es una abstracción y no puede desvincularse de las circunstancias específicas del supuesto que se evalúa. Su contenido y alcance se determina en particular: el plazo razonable para juzgar un hecho de narcotráfico, trata de personas o corrupción no es el mismo que para juzgar un delito común, como lo es un robo; y no por la complejidad que pueda presentar el expediente, sino por el especial interés de la comunidad en que aquella clase de ilícitos sea sometida efectivamente a juicio. El examen acerca de la razonabilidad del tiempo insumido, entonces, demandará un escrutinio más riguroso.
Además, debe destacarse que, en los términos expuestos, la determinación sobre la concurrencia del “especial interés” no deja resquicio para la discrecionalidad del juez. Tal solución permite evitar supuestos de arbitrariedad como producto de la utilización de fórmulas de excesiva flexibilidad. Así, la Corte Suprema de Estados Unidos tiene dicho que “el retraso que puede tolerarse en un ordinario delito callejero es considerablemente menor que el admisible en el que resulta de una conjura seria y compleja”[6]. Dicha fórmula, según se advierte, no aporta criterios que posibiliten hacer una distinción sistemática entre delitos graves y delitos que no lo son; y, por ende, puede dar lugar a la arbitrariedad. La asunción de un compromiso internacional por parte del Estado, entonces, constituye un baremo objetivo que demuestra que en ese supuesto concurre una necesidad reforzada de que se determine si se ha cometido un hecho punible y que, eventualmente, se proceda a la estabilización de la norma violada mediante la imposición de una pena al responsable.

3. La intensidad del sometimiento al proceso

Hemos visto también que la Corte Suprema tiene dicho que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable posee conexión directa con la restricción que implica el hecho de estar sometido a proceso. Por ello, dicho plazo debe comenzar a computarse “desde que se dirigió la persecución penal contra una persona determinada” (dictamen de la Procuración General de la Nación al que remitió la Corte Suprema en FRO 51000473/2009/1/RH1, “N.N. s/delito – anterior al sistema, denunciante: Jefe de Subcomisaría, 1ra. U.R. XIX y otro”, sentencia del 27 de septiembre de 2018). Es decir, el tiempo transcurrido no debe contabilizarse desde que se inicia la causa, sino desde que efectivamente hay alguna clase de sometimiento a proceso: notificación de la existencia del expediente, presentación espontánea, citación a declaración indagatoria, allanamiento; en definitiva, el acto procesal que trasunte en el acusado aquella “situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal”.
En idéntico sentido, debe valorarse si se le impusieron al individuo restricciones determinadas, tanto material como formalmente. Reviste trascendencia, pues, si el imputado se mantuvo en libertad durante todo el trámite y si se le impuso la prohibición de salir del país, como así también la obligación de comparecer periódicamente o la de informar cambios de domicilio. Del mismo modo, podrá tenerse en cuenta si en alguna oportunidad debió dar respuesta a requerimientos jurisdiccionales de cualquier índole. También habrá que valorar si la sustanciación del proceso le implicó al acusado la suspensión en sus funciones, así como el apartamiento o la imposibilidad de acceder a un cargo público o privado, todo lo cual deberá encontrarse debidamente acreditado.
Ello, pues, si bien es cierto que el solo hecho de estar sometido a proceso comporta en sí mismo una restricción, también lo es que la intensidad de esa sujeción es mensurable. Y este es un dato que debe ser necesariamente considerado, ya que guarda vinculación con la garantía en juego y con el carácter sustancial de ésta, en el sentido de que debe concurrir un verdadero perjuicio para que se pueda considerar conculcada.
Al respecto, cabe indicar que la Corte Suprema de Estados Unidos ha hecho referencia a este criterio, sosteniendo que debe valorarse “el perjuicio personal sufrido por el acusado en virtud del retraso”, haciendo referencia a que “ha de ponderarse como perjuicio la restricción de libertad excesiva en caso de haberla, el desgaste emocional, el stress, la ansiedad, la angustia y la preocupación amplificada en virtud del retraso, pero, por sobre todas las cosas, la violación al derecho de defensa por impedimentos o imposibilidades de su ejercicio pleno, afectado por el transcurso del tiempo”[7]. Los parámetros propuestos en este artículo, entonces, tienden a objetivizar aquel perjuicio, de modo que este pueda meritarse para cualquier imputado con idéntico estándar, sin perjuicio de cómo el sujeto haya vivenciado el transcurso del proceso.
4. La actuación procesal a la luz de las condiciones de funcionamiento del órgano jurisdiccional
Por último, cabe hacer referencia a las circunstancias que rodean al ejercicio de la actividad judicial, excediendo ya el marco del caso en particular, pues de la situación de congestionamiento de los tribunales también es posible extraer ciertas consideraciones que impactan en el objeto del presente artículo.
En primer lugar, corresponde mencionar la carga laboral que actualmente afrontan los órganos jurisdiccionales del país, fruto de la falta de cobertura de cargos de carácter permanente y la sobreutilización del régimen de subrogancias, conforme lo ha hecho notar la Corte Suprema en diversos fallos (“Rosza” y “Uriarte”). A modo ejemplificativo, en el ámbito de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentran vacantes el 25% de los cargos de juez de primera instancia, el 33% de los cargos de magistrado de la Cámara de Apelaciones y el 29% de los cargos de juez de Tribunal Oral. En el último caso, incluso se da un fenómeno particular, consistente en que hay Tribunales Orales que tienen un solo magistrado titular en funciones (el T.O.F. N° 4) o directamente ninguno (el T.O.F. N° 6).

El panorama descripto conlleva a realizar una distinción al momento de establecer si el caso ha sido llevado adelante con la diligencia exigible para el resguardo de la garantía, en función de la situación en que se halla el órgano jurisdiccional a cargo de la causa. En puridad, este no es un elemento distinto de aquellos a los que la Corte Suprema ha hecho referencia en los precedentes ya indicados sobre el tópico, sino que remite a la actuación procesal del órgano judicial en el supuesto concreto.
En tal sentido, la conclusión a la que quepa arribar podrá diferir según se trate de un tribunal conformado en su totalidad o de uno que ha sido integrado con diversos magistrados que actúan en carácter de subrogantes. En efecto, ninguna decisión judicial puede soslayar las consecuencias prácticas que acarrea, como así tampoco el contexto en que se adopta. De otro modo, la aplicación del derecho se convertiría en una operación puramente intelectual, desconectada de la realidad.
En el mismo orden de ideas, cabe valorar si el tribunal llevó adelante, de manera simultánea, otros casos a los que haya debido abocarse prioritariamente en razón de su envergadura, complejidad o relevancia y que, justamente por ello, le hayan insumido los recursos humanos y materiales con los que contaba para su trámite. Tal circunstancia podría redundar en una dilación, pero –esto es lo fundamental– no toda demora es indebida o irrazonable, sino que en determinadas circunstancias puede estar justificada. El criterio sustentado, entonces, remite a la diligencia procesal con que ha actuado el tribunal en las condiciones concretas de su funcionamiento.
En ese sentido, no bastará con esgrimir simplemente la falta de impulso del proceso, sino que el análisis requerirá mayor amplitud, abarcando otros parámetros, como ser, la cantidad de causas en trámite en dicho órgano jurisdiccional, la asignación prioritaria de recursos a otros casos –por su importancia o por la presencia de imputados privados de su libertad– y la sustanciación de juicios de envergadura o trascendencia pública. Ello, en la inteligencia de que el discernimiento de tales cuestiones podrá arrojar luz sobre la razonabilidad o no del tiempo transcurrido. Así, pues, la demora en un expediente puede obedecer a que el magistrado decidió dirigir los esfuerzos a la resolución de otras actuaciones que, por motivos fundados, demandaban una respuesta más rápida. En efecto, el juez debe administrar justicia aplicando criterios de escasez y elección y, en dicha tarea, debe ponderar los intereses involucrados en los procesos en los que interviene. En tal inteligencia, resulta justificado que un tribunal realice el debate oral y público en una causa en la que hay personas detenidas preventivamente, o en la que se ventilan hechos de relevancia institucional, en vez de hacerlo en un expediente en el que el imputado se halla en libertad y no ha cometido un delito grave.
La indagación sobre el caudal laboral y la distribución de los recursos del tribunal corresponde a las partes, en la medida en que aleguen la razonabilidad o irrazonabilidad del plazo transcurrido con remisión a tal criterio. En el caso de la fiscalía, debe recordarse que, si bien es cierto tiene a su cargo el control de la legalidad del proceso y que actúa guiada por la objetividad, también lo es que titulariza la acción penal y debe velar por su vigencia, existiendo incluso instrucciones generales que marcan una histórica línea político-criminal en tal sentido (Res. PGN 3/86, 25/88, 96/93, 39/95, 20/96, 33/05, 46/07, 104/11; y Res. MP 82/96, 39/99, 22/01, 42/02, 71/03, entre otras).
Para establecer en concreto tales extremos, resultará necesario, en principio, que el órgano jurisdiccional ponga dicha información a disposición de aquellas, aunque –y esto excede ya el objeto del presente trabajo– sería conveniente la adopción de un registro transparente y de acceso público, en el que conste la cantidad de causas en trámite que posee el tribunal, delito investigado en cada caso, estado procesal, cantidad de imputados, si hay personas detenidas, etcétera. Este registro bien podría ser llevado a cabo por el Consejo de la Magistratura y actualizado semestralmente o cada un tiempo prudencial.
De esta manera, existiría un mayor control, tanto de la ciudadanía como de las partes, en torno a si la eventual dilación que se pueda verificar en una causa obedeció a un mero déficit en la actividad estatal o si fue producto de una razonable distribución de recursos por el magistrado interviniente, que priorizó imprimir celeridad a otros procesos en detrimento de este, por motivos fundados.

5. Una cuestión de ponderación

Hemos visto ya que en el ámbito de la garantía en trato se encuentran involucrados el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento judicial en un plazo razonable y el derecho de la sociedad a que el acusado por la comisión de un delito sea juzgado y, de corresponder, sea condenado. Ambos tienen jerarquía constitucional: el primero deriva del art. 18 de la CN y de los arts. 8.1 de la CADH y 14.3.c del PIDCyP, en tanto que el segundo se extrae, al menos, de los arts. 18, 75, inc. 12, y 120, en tanto allí se consagra la prerrogativa del Poder Legislativo –integrado por representantes del pueblo– para declarar la criminalidad de los actos y se establece que el Ministerio Público Fiscal será el órgano encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, llevando adelante la acusación como parte en el proceso.
Se trata, pues, de principios: ambos establecen que aquello que ordenan debe ser cumplido en la mayor medida posible –son mandatos de optimización–, pero, si uno colisiona con el otro, ninguno de ellos puede ser derrotado definitivamente y, por ende, dejar de valer, sino que, en función de un juicio de ponderación, uno cede en favor del otro, atento a su menor peso para el caso concreto[8].
Para efectuar tal determinación, debe partirse de la base de que los principios colisionantes tienen un peso relativo. El peso relativo de un principio P1 en relación con un principio colisionante P2, es la medida de la ganancia en el cumplimiento de P2, necesaria para justificar una medida determinada de menoscabo de P1. El peso de un principio en el caso concreto resulta de su peso relativo y de la medida de su cumplimiento para la decisión. Por su parte, el peso relativo de un principio puede ser determinado en función de otros criterios, tales como la fuerza de los intereses a los que el principio sirve, decisiones ponderativas en otros casos o el apoyo en otros principios que fundamentan la admisión de un peso relativo mayor; ello, para asegurar, con mejores argumentos, el juicio ponderativo[9].
Esto es, justamente, lo que ocurre al analizar la razonabilidad del tiempo que ha durado un proceso penal: se han de cumplir exigencias opuestas que no pueden realizarse íntegramente a la vez, pero también se debe arribar a una decisión y esta debe ser la mejor posible, atendiendo al nivel de menoscabo de un principio y de satisfacción del otro, en el marco dado por el supuesto en concreto y las circunstancias que lo rodean.
Por cierto, en el derecho en general, y en el objeto que aquí se trata en particular, se lleva a cabo “la toma de decisiones con arreglo a principios. Y estas decisiones no son meras afirmaciones técnicas ni matemáticas, sino valorativas, axiológicas… Pero sólo con identificar unos principios no se garantiza aportar una solución justa al caso concreto, pues los principios no abocan a una solución exclusiva, no la pre-determinan, sino que es preciso ponderar, sopesarlos –argumentar, en una palabra-. En efecto, el razonamiento jurídico se presenta como una modalidad bien precisa de razonamiento práctico, esto es, que exige razones justificativas de las decisiones adoptadas”[10].
La discusión en torno al plazo razonable es, entonces, una cuestión de ponderación. No hay una solución unívoca para este problema, porque no hay medida temporal que sea universalmente válida y aplicable a todo caso singular, abstrayéndose de su especificidad. Por el contrario, cada caso tiene su propia solución y su intelección es tarea del juez, de acuerdo con las pautas objetivas que le servirán de guía a tal efecto.

6. Conclusiones

En abstracto, puede afirmarse que toda persona goza del derecho fundamental a ser juzgada dentro de un plazo razonable, siendo esta una garantía consagrada constitucionalmente, tanto como derivación del derecho de defensa en juicio (art. 18 de la C.N.), como regulación expresa de diversos tratados internacionales (arts. 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
En concreto, sin embargo, se trata de un concepto de contenido dinámico, pues su concreción se vincula con las circunstancias particulares del caso. No se puede traducir en una medida temporal específica, justamente porque en cada supuesto entran en consideración diversos elementos que, al ser valorados lógicamente, pueden dotar de razonabilidad al tiempo insumido en la sustanciación del proceso. En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha hecho referencia a los criterios que deben ser tenidos en cuenta al momento de efectuar dicha evaluación, de modo coincidente con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la complejidad del caso, la conducta de los imputados y la manera en que el asunto es llevado por las autoridades administrativas y judiciales.
No obstante, existen otros parámetros que deben valorarse para establecer si está justificado el lapso transcurrido y, por ende, si no se ha vulnerado la garantía en trato. Estos han sido expuestos en el presente artículo y pueden ser sintetizados mediante la siguiente fórmula: el delito que se juzga, la intensidad del sometimiento al proceso y la actuación procesal del órgano jurisdiccional interviniente en las condiciones concretas de su funcionamiento. En cada una de dichas categorías se pone en tensión el equilibrio entre el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento en un plazo razonable y el derecho de la sociedad a que el sujeto sea juzgado y, de ser hallado culpable, condenado por la comisión de un delito.

Así, debe ponderarse si en el proceso en cuestión se ventila un hecho cuya represión el Estado ha asumido en el ámbito internacional en razón de su singular gravedad, ya que existe un interés social especialmente comprometido en que la causa llegue a término mediante la dilucidación de la responsabilidad que por su conducta pueda caberle al acusado. También debe valorarse la intensidad de las restricciones que el trámite judicial implicó al individuo, en la inteligencia de que el perjuicio que por ese motivo se le haya podido irrogar es mensurable y está directamente relacionado con el carácter sustantivo de la garantía. Finalmente, debe considerarse la actuación del tribunal interviniente a la luz de las circunstancias que condicionan su funcionamiento, lo que remite a evaluar la regular integración del órgano, el caudal laboral y la asignación de recursos a casos que resultan fundadamente prioritarios. Todo ello, en definitiva, permitirá establecer con mayor rigurosidad la razonabilidad del tiempo insumido en la prosecución del proceso.

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1 Auxiliar Fiscal en la Fiscalía General N° 3 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de C.A.B.A
2 PASTOR, Daniel, Acerca del derecho fundamental al plazo razonable de duración del proceso penal, en Lecciones y Ensayos, Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho (UBA), volumen N° 80, año 2005, p. 91 y 92.
3 Ver, en este sentido, PASTOR, Daniel, Una investigación acerca del problema de la excesiva duración del proceso penal y sus posibles soluciones, Ed. Ad Hoc, 1° edición, 1° reimpresión, Bs. As., 2009. El autor critica la postura mayoritaria, a la que denomina la “doctrina del no plazo”, y llega a la conclusión de que la duración del proceso penal debe ser fijada legislativamente, no resultando admisible la interpretación según la cual se trata de un “concepto abierto” que no se puede establecer en forma abstracta, sino atendiendo a las particularidades de cada caso. En el presente artículo, sin embargo, se sigue a la corriente mayoritaria, en el entendimiento de que la discusión sobre el plazo razonable remite a un conflicto de principios y, por ende, se trata de una cuestión de ponderación, conforme el desarrollo efectuado en el acápite IV. Además, y no obstante las dificultades que se presentan al momento de analizar en cada supuesto concreto si se ha visto afectada la garantía en cuestión, lo cierto es que existe un consenso irrenunciable en torno a los criterios que rigen el asunto y estos son aplicados de manera unánime por los magistrados de nuestro país. Aquí, entonces, se parte de esa base y se pretende brindar aportes que permitan “cerrar” un poco más ese “concepto abierto” que es el plazo razonable.
4 PASTOR, Una investigación acerca del problema de la excesiva duración del proceso penal y sus posibles soluciones, ob. cit., p. 106.
5 Una reseña de los precedentes más relevantes sobre el tópico puede ser encontrada en PASTOR, Una investigación acerca del problema de la excesiva duración del proceso penal y sus posibles soluciones, ob. cit., pp. 241-318.
6 Barker v. Wingo, 407 U.S. 514 (1972). Citado en PASTOR, Una investigación acerca del problema de la excesiva duración del proceso penal y sus posibles soluciones, ob. cit., p. 232.
7 PASTOR, Una investigación acerca del problema de la excesiva duración del proceso penal y sus posibles soluciones, ob. cit., p. 233.
8 DWORKIN, Ronald, Los derechos en serio, trad. de Marta Guastavino, Ariel, Barcelona, 2009, pp. 61 y ss.; ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, trad. de Ernesto Garzón Valdés, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, pp. 81 y ss.
9 SIECKMANN, Jan, El modelo de los principios del derecho, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2006, pp. 130-136.
10 SÁNCHEZ-OSTIZ, Pablo, Principios y reglas de las decisiones de la política criminal, en Persona y Derecho. Revista de fundamentación de las instituciones jurídicas y derechos humanos, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, volumen N° 56, año 2007, pp. 100-101.

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