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martes 7 de diciembre de 2021 - 10:10:34 AM
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
Institucional

Walter Venditti: «La Asociación debe estar en la vanguardia de las propuestas»

El candidato por la Lista Celeste es Juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de San Martín desde 2018.

Ingresó a la justicia penal en 1985, y pasó por todos los cargos de la justicia nacional criminal y correccional. Fue prosecretario federal en 1991, Secretario de instrucción en 1993, Prosecretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1997 y Secretario Letrado de la Secretaría Penal de la CSJN desde 30/12/1997 (cargo equiparado a juez de primera instancia). Tiene un posgrado en Derecho Penal de la Universidad del Salvador, fue profesor adjunto de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de La Matanza y la Universidad del Museo Social. Es profesor de Posgrado UBA, materia Derecho Constitucional Integrado.

 

¿Por qué quiere ser presidente de la AMFJN? 

Para velar por la irrestricta defensa de la independencia del Poder Judicial junto a los Ministerios Públicos y darles el lugar que merecen en la sociedad, planteando soluciones de vanguardia que interpelen al resto de los poderes para lograr juntos la excelencia que impone nuestra labor.  Hoy en día, los y las integrantes de la magistratura y el funcionariado sufren embates de todo tipo que merecen ser explicados con toda claridad, de cara a la sociedad y con la firmeza que no se tiene.  Se nos ha hecho creer que pertenecer a sus cuadros es vergonzante, cuando en rigor debiéramos estar orgullosos.  Esa independencia, se construye hacia adentro obteniendo la capacitación necesaria para adoptar las mejores decisiones, en tiempo y forma y hacia afuera garantizando la solución del conflicto al justiciable.  Para eso debemos tener la tranquilidad que no tenemos, pues en vez de ocuparnos de esto, debemos disponer de gran parte de nuestro tiempo para revertir una interna e inequitativa percepción de nuestros haberes, sus deducciones, cambios con finalidad incierta en nuestra jubilación, atención médica deficiente, traspasos a justicias de menor cuantía; cuestiones que en rigor debieran estar fuera del eje central de una institución centenaria que, como nunca, ha perdido el rumbo.

¿Cómo evalúa el funcionamiento en pandemia?

La versatilidad de nuestros equipos de trabajo ha provocado una verdadera sorpresa. Pues de una gran mayoría que antes se aferraba al expediente papel, a sus audiencias presenciales y a su ordenador de escritorio,  pasamos en 24 horas al scanner y a la video conferencia.  Esto implicó un cambio que no debe tener regreso.  Y aunque determinados actos son insustituibles desde la inmediatez, hemos desarrollado una capacidad antes desconocida que sin dudas va a contribuir a la celeridad de los procesos; de la materia que fuere. Por supuesto, esto no se transmitió en forma adecuada y la justicia aparece en los portales periodísticos como que recién retoma la actividad, lo cual genera una enorme decepción en los que dieron todo para resolver un caso, aún aislados o decididamente enfermos, quitándole horas al descanso en semejante estado.  Si no fuera por la rápida reacción y provisión de tecnología adecuada habríamos naufragado.  Creo que una vez mas salimos adelante con nuestro esfuerzo y a costa de nuestra salud. Esto también se invisibilizó por falta de gestión asociativa adecuada.

¿Cuáles son los problemas de recursos e infraestructura que advierte?

Tal como señalé, la provisión de elementos de tecnología idóneos, internet con banda ancha, cuentas seguras para comunicaciones fluidas entre las partes del proceso y lugares seguros desde lo sanitario para llevar adelante lo que sea ineludiblemente presencial son claves en este momento. La asociación debe estar en la vanguardia de las propuestas en este sentido. No podemos pasar desde el papel al expediente electrónico sin ofrecer propuestas válidas y propias del Siglo XXI.

¿Cómo ve al Consejo de la Magistratura en el trámite de concursos y qué cambios creen deberían ser impulsados por AMFJN?

Desde la AMFJN debemos velar por la transparencia de los concursos y estar muy atentos a cualquier tipo de irregularidad que se presente. En relación a su trámite, los mismos demoran demasiado tiempo desde su inicio a su finalización, si bien en algunos casos los plazos son razonables, en su gran mayoría superan el año de proceso holgadamente. Es necesario impulsar desde la AMFJN una modificación reglamentaria, en donde se establezcan plazos perentorios de cada una de las etapas que conforman el trámite de selección. Resulta imprescindible también, revisar el proceso de evaluación escrito, el cual en la práctica demuestra grandes falencias. A su vez, es necesario rever los puntajes que se asignan a cada rubro y considerar, en el caso de las concursantes mujeres, las tareas de cuidado realizadas y que en muchos casos, imposibilitan estar en pie de igualdad con los postulantes hombres, en cuanto a la capacitación llevada a cabo por unos y otras. Finalmente, es imprescindible que el Reglamento de Concursos  jerarquice las tareas de los y las funcionarios/as del Poder Judicial y los Ministerios Públicos, sucesores naturales de los magistrados/as en la carrera judicial.

 

¿Cuál es su análisis de la situación institucional del país en cuanto a la independencia del Poder Judicial los Ministerios Públicos y que rol debe jugar la AMFJN?

No veo que el país tenga un déficit institucional tal que impida funcionar a la justicia.  Esto dicho y a pesar del enorme esfuerzo que muchos/as magistrados/as realizan por decidir de la mejor manera su caso, despojados de toda parcialidad, somos seres humanos y, como tales, somos perfectibles, falibles.  A veces tomamos decisiones alejadas del sentido común o decididamente equivocadas.  Pero en estos casos, es la propia administración de justicia y sus instancias revisoras las que deben encauzar la adecuada solución del pleito.  En esto, como asociación, tenemos que ser enérgicos en la defensa irrestricta al magistrado/a que decidió para disgusto de algunos sin permitir que se descalifique livianamente nuestra labor.

¿Qué medidas impulsaría para favorecer la carrera judicial de los funcionarios y mejorar su situación en general?

Los y las funcionarios/as son el motor de los juzgados, las fiscalías, las defensorías y todos los órganos de alzada.  Por algo se explica la cantidad en proporción a los que ocupan los lugares de conducción.  Tenemos que interesarlos/as en su crecimiento intelectual y emocional pues guste o no algunos/as serán los/as futuros/as magistrados/as en gran mayoría. Para quienes sólo les interesa ese rol, deberá tenerse en cuenta su capacitación y remuneración acorde para que no pierda el interés en tan trascendente labor.  Para los/as que quieran ejercer la magistratura deberá tenerse en cuenta cuánto se les va pagar,  pues hoy día, por las inequidades que todos y todas conocemos, ganarán igual o menos que en cargos de menor responsabilidad y atendiendo a que el salario es materia relevante en esta particular profesión, no podemos dejar pasar a que nuestros cuadros elijan otros rumbos.

¿Cuál es su posición frente a la ley recientemente sancionada por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires que pretende someter a revisión por parte del Superior de Justicia local los fallos de las Cámaras Nacionales de Apelaciones de la Capital Federal?

Esa subrepticia modificación legislativa local contraría todo el orden federal y conmueve el principio del juez natural. No puede una legislatura con facultades delegadas por el constituyente atribuirse esa facultad, modificando la estructura del Poder Judicial de la Nación. Es claro el artículo 129 de la CN pues le atribuye a la CABA facultades jurisdiccionales para casos de menor cuantía. De otro modo no hubiera hecho la salvedad de que una ley nacional iba a establecer luego el destino -entre otras cosas- del Poder Judicial de la Nación.  Esa ley se dictó y se encuentra vigente.  Dice que la justicia nacional con sede en el territorio donde residen las máximas autoridades nacionales, queda en la órbita del poder judicial de la Nación.  Espero que este criterio sea el que prive en el ámbito de la justicia federal al resolver las diversas acciones, que se han presentado para declarar su contrariedad con la Constitución Nacional.