El candidato por la lista Compromiso Judicial es Juez de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional desde noviembre de 2012. Es asociado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional desde hace casi 30 años (1992), período en el cual participó en distintas actividades y jornadas. Desde 2018 ocupa el cargo de Vocal titular en el HCD.
Hasta 2012, fue Juez Nacional en lo Criminal y Correccional (titular del Juzgado 26), período en el que participó en distintas experiencias pilotos tendientes a mejorar el funcionamiento de la Justicia. Ingresó a la justicia en el año 1985 y se desempeñó en todos los cargos de empleado y funcionario de la carrera judicial (Prosecretario Letrado, Secretario de 1a. Instancia y Prosecretario Letrado) en distintas fiscalías y juzgados -principalmente en la justicia nacional, aunque también en la justicia federal y en la Procuración General de la Nación-.
¿Por qué quiere ser presidente de la AMFJN?
Porque creo que la Asociación tiene que ser un espacio independiente que represente a todos y todas a lo largo y ancho del país, en forma independiente, sin ser opositores u oficialistas, pero con firmeza ante los otros poderes. Por eso yo no estoy concursando para ningún cargo ni pretendo hacerlo.
-¿Cómo evalúa el funcionamiento del Poder Judicial y los Ministerios Públicos durante las restricciones de circulación impuestas debido a la pandemia de Covid-19 y qué enseñanzas crea que quedan para el futuro de la prestación del servicio de justicia?
Creo que durante la pandemia tanto el Poder Judicial como los Ministerios Públicos lograron adaptarse a las particulares circunstancias del trabajo, y dar respuestas de calidad a los problemas de la ciudadanía. La actualización en el uso de herramientas tecnológicas -aún con las deficiencias del Lex-100- fue un gran salto en la implementación de soluciones, pero, lamentablemente, creo que esto no se comunicó a la sociedad para que conozca lo que se hizo. Por eso es indispensable que la Asociación profesionalice su comunicación y sea un puente entre la justicia y la gente.
-¿Cuáles son las cuestiones de recursos e infraestructura que, desde su punto de vista, más afectan el funcionamiento del Poder Judicial y los Ministerios Públicos y de qué manera deberían buscarse soluciones?
En primer lugar, la carencia de edificios adecuados debe ser remediada por un plan a mediano y largo plazo para la construcción de ciudades judiciales que contengan los edificios de cada jurisdicción nacional y federal. Así se ha concretado en muchos poderes judiciales provinciales, por ejemplo en Salta y Neuquén que pueden ser tomados como modelo.
Todo eso debe complementarse con el equipamiento informático necesario para que se haga 100% realidad el expediente electrónico con un sistema único del Poder Judicial y los Ministerios públicos y se superen los enormes límites que tiene el actual sistema Lex 100 en el Poder Judicial.
¿Cómo ve el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y el trámite de los concursos y qué cambios creen que deberían ser impulsados desde la AMFJN?
En materia de Concursos, la Asociación debe activar la Comisión de Seguimiento e impulsar reformas reglamentarias y legislativas para ampliar las listas de jurados que, en la preparación de los casos para las pruebas de oposición, dejan mucho que desear.
También exigir que se restablezca definitivamente que las pruebas de oposición se celebren en el lugar donde se produce la vacante. Asimismo, controlar a través de la Comisión de Seguimiento que se vayan cumpliendo los plazos reglamentarios para cada etapa de los concursos. Finalmente, una vez remitidas las ternas al Poder Ejecutivo, formalizar los reclamos institucionales pertinentes para que se giren al Senado los pliegos y no queden dormidas las ternas dejando vacantes sin cubrir por años para evitar que se vea afectado el adecuado servicio de justicia.
-¿Cuál es su análisis de la actual situación institucional del país en cuando a la independencia del Poder Judicial y los Ministerios Públicos y qué rol entiende que debe jugar la AMFJN en ese contexto?
A partir de distintos proyectos presentados en el Congreso Nacional por el oficialismo actual e iniciativas del Poder Ejecutivo Nacional que han aparecido en distintos medios de difusión (ley de Ministerios Públicos, traspaso de la justicia nacional, duración y revisión del mandato de los jueces, la incertidumbre sobre jubilaciones, entre otros) considero que la independencia judicial esta seriamente afectada. Y la AMFJN debe tener un rol preponderante en la defensa de la independencia. Es un tema en el que la Asociación debe estar unida, sin grieta, pero a veces las discusiones entre la lista Bordó y la Celeste debilitan mas que fortalecen.
-¿Qué medidas impulsaría para favorecer la carrera judicial de los funcionarios y mejorar su situación en general?
Creo imprescindible apoyar los ámbitos y las trayectorias de los funcionarios y funcionarias en lo que a los concursos se refiere, velando por la gestión y seguimiento en ellos.
Considero también indispensable para mejorar la situación del estamento, en cuanto a sus aspiraciones a futuro, seguir trabajando con el proyecto que nuestro espacio presentó en el Consejo de la Magistratura con un seguimiento muy proactivo por parte de nuestra Asociación.
En cuanto a los funcionarios y funcionarias que no deseen concursar, deben encontrar en dicha institución un lugar de respaldo y defensa de sus funciones, derechos y representación, con hechos, pero con firmeza.
-¿Cuál es su posición frente a la ley recientemente sancionada por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires que pretende someter a revisión por parte del Superior de Justicia local los fallos de las Cámaras Nacionales de Apelaciones de la Capital Federal?
Desde Compromiso Judicial rechazamos terminantemente la ley local que pretende el traspaso de la justicia nacional y creemos que la Asociación debe estar muy atenta a este tema y emprender las acciones que sean necesarias. El buen funcionamiento del servicio de justicia, al igual que la estabilidad laboral de las y los integrantes del Poder Judicial y los Ministerios Públicos, se verá afectado seriamente en caso de concretarse un traspaso.
Ya en el año 2016, como integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, firmé la Acordada del pleno en la que, tajantemente y por unanimidad, nos opusimos al proyecto de traspaso que se había presentado en esa oportunidad.
Igual posición asumimos en nuestra Cámara en el año 2020 frente Proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enviado al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional (PE-104/20: MENSAJE N° 51/20).