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Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
Número 8 (Mayo 2021)

Delitos y Faltas Electorales

Por Gerardo Becerra Córdoba, Jefe de Despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba.-

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Resumen: El autor trata la normativa que concentra las disposiciones de naturaleza penal y sancionatoria en materia electoral nacional de la República Argentina (“Título VI – Violación de la Ley Electoral” (arts. 125 al 146 duovicies) del Código Electoral Nacional (Ley N° 19.945 y su t.o. Decreto 2135/83) -conteniendo, asimismo, normativa procedimental especial- y en el “Título V – De las sanciones” (arts. 62 a 67) de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, ley N° 26.215) Si bien destaca que en una primera aproximación la mencionada legislación parecería ser acotada la define como interesante y compleja, en cuanto trata de figuras de una rama del derecho, la penal, con sus particulares principios y características, insertándose de lleno en el mundo de la “arquitectura jurídico-política” dada por el derecho electoral, que es aquel que rige los modos y formas de acceso y ejercicio de la democracia[1], presentando una amalgama atractiva que desarrolla, descriptivamente, a lo largo de su trabajo, sin pretender agotarlo. Bucea en los fundamentos, fines, elementos característicos, particularidades y bienes jurídicos tutelados en las faltas y delitos electorales y su, interés dada la relación con los derechos políticos, electorales y el sostenimiento de la democracia. Señala, a su vez la reciente inclusión en el Código Electoral Nacional de una normativa procedimental específica para la aplicación de sanciones electorales  que denomina como “procesal penal electoral”, en cuanto existen particularidades técnicas y formales propias que disponen de una manera casi única los procedimientos que deben seguirse en sede judicial para el trámite y juzgamiento de estas figuras.

  1. Fundamentos de la protección penal de los Derechos Políticos y el Proceso Electoral. Diferenciación entre Faltas y Delitos Electorales. El Bien Jurídico Protegido.

A lo largo del ciclo electoral y fundamentalmente durante el proceso electoral en particular[2], los Partidos Políticos, actores políticos, actores sociales y ciudadanos en general desarrollan numerosas actividades de la vida pública y presentaciones ante la justicia electoral, tendientes a ocupar con sus representantes los cargos públicos electivos puestos en juego en cada elección, y asimismo con dichas actividades y presentaciones intentar captar la voluntad política del electorado en pos de ello.

Estas actividades y presentaciones son reguladas por lo que se denomina el Régimen Electoral[3], abarcando por ejemplo, las formas y modos en que las agrupaciones políticas presentan sus candidatos, listas, boletas, etc.; su financiamiento partidario y de campaña; los tiempos y modos en que usarán los espacios publicitarios y encuestas; toda la distribución territorial del padrón electoral; los cambios de domicilio de los ciudadanos para que figuren en el circuito correspondiente en tiempo oportuno; entre otras diligencias.

En este marco, diversas actividades que pueden ocurrir durante el desarrollo del proceso electoral no siempre se encuentran dentro de lo social, legal o políticamente permitido, por lo que consecuentemente producen un disvalor social merecedor de reproche penal siendo captadas por el derecho y reguladas por el Congreso como conductas ilícitas electorales o “infracciones electorales”[4].

Es así como se explica, en resumidas cuentas, el fundamento de la “intromisión” del derecho penal en el derecho electoral, esa amalgama particular de la que hablábamos en el resumen del presente trabajo, y es aquí donde toma singular importancia la diferenciación entre faltas y delitos electorales, el abordaje de sus respectivas definiciones  y el análisis del bien jurídico protegido por estas normas penales electorales.

En este sentido, respecto a la diferenciación entre faltas y delitos y sus respectivas definiciones, un concepto clásico explica que las primeras serían conductas contravencionales que corresponderían al ámbito del derecho administrativo sancionador o derecho penal administrativo[5], conteniendo sanciones generalmente de multa o de arresto de escasos días, pudiendo ser dictadas por los tres órdenes estatales, es decir, nación, provincias y municipios. Por su parte, el delito es una acción típica, antijurídica y culpable -conforme lo ha estructurado la teoría del delito-[6], que se reprime con penas de prisión que se presentan generalmente con escala, penas de inhabilitación y penas multa, que pertenece propiamente al ámbito del derecho penal y que puede ser dictado únicamente por el Poder Legislativo Nacional[7].

La técnica legislativa que presenta en este aspecto el Código Electoral Nacional resulta deficiente y confusa, en tanto por un lado no define en su articulado qué es falta electoral ni tampoco qué es delito electoral, y por otro lado se entremezclan penas de prisión con sanciones de multa e inhabilitación tanto en una categoría como en otra. Asimismo se establecen acciones o conductas ilícitas que bien se podrían ubicar tanto como delitos y como faltas ya que se confunden fines preventivos con represivos, y por último en algunos casos se establecen multas mayores en las faltas que en las multas de los delitos, por lo cual la diferenciación entre dichas categorías en el CEN evidencia imprecisiones que luego se traducen en incongruencias normativas que reseñaremos más adelante.

Pero por su parte, la doctrina tampoco presenta diferenciaciones ni conceptos uniformes en la temática[8], y en el ámbito jurisprudencial la Cámara Nacional Electoral ha tratado el alcance material de los delitos electorales en cuanto excluye de esta rama a los delitos ocurridos en el ámbito interno de los Partidos Políticos[9], como así también se ha ocupado de abordar conceptualmente la aplicación condicionada de los principios del derecho penal a los procesos relativos a delitos electorales[10], pero siempre dando el mismo tratamiento a faltas y delitos sin discriminar quedando una laguna conceptual al respecto que se encuentra aún pendiente de solución, lo que da lugar por ejemplo a que pueda interpretarse que en realidad no existe el delito electoral como tal sino ilícitos electorales pero mal denominados[11], o que legislaciones electorales provinciales no sólo prevean faltas electorales propias, lo que estaría dentro del marco de sus competencias, sino que además hagan remisiones de dudosa constitucionalidad a los delitos electorales tipificados en el CEN para procesos electorales nacionales[12], los que son de competencia federal.

Pero más importante que analizar la técnica legislativa y la diferenciación entre faltas y delitos electorales, es continuar ahondando en el fundamento que empezamos desarrollando en el presente trabajo sobre el porqué se incorpora esta protección penal específica en esta rama del derecho, preguntándonos cuál o cuáles son los intereses particularizados de convivencia democrática que el Estado busca proteger mediante legislación específica cuya violación conlleve una sanción para la efectiva protección de los derechos políticos, electorales y de los procesos electorales, resultando posible afirmar conforme nuestro entender que estos intereses encuentran su base en la tutela de tres bienes jurídicos protegidos determinados, consistentes en: a) el ejercicio de los derechos electorales y políticos de los electores (arts. 125, 129, 133, 137, 139 inc. a, b, c, d, y arts. 141 y 142 del CEN); b) la equidad y el equilibrio en la contienda electoral (arts. 125, 128 bis, 128 ter, 128 quáter, 133 bis, 137, 138, y 140 al 143 del CEN); y c) la tranquilidad y seguridad pública para el normal desarrollo del acto comicial desde antes de sus inicios hasta la finalización del escrutinio (arts. 125, 128, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 139 inc. e, f, g, h, i, y art. 144 del CEN), abarcando tanto a las faltas como a los delitos electorales, teniendo presente además que algunas tipologías pueden comprender a más de uno de estos bienes jurídicos protegidos, tal como se puede advertir del detalle de artículos del Código Electoral Nacional señalados entre paréntesis precedentemente.

Al respecto, autores que han abordado el tema de manera puntual, realizan definiciones mucho más amplias circunscribiendo todas las faltas y delitos electorales a un único y gran bien jurídico protegido, sintetizándolo como la “tutela de la soberanía popular”, el aseguramiento de “la vigencia de la representación política”,  y la protección del “ejercicio de la democracia y la institucionalidad del Estado de Derecho” [13], entre otras.

Sin embargo creemos que estos conceptos se encuentran comprendidos en la intención tuitiva de todo el Régimen Electoral, correspondiendo a la hora de analizar faltas y delitos electorales en particular, tratar los bienes jurídicos protegidos que correspondan según cada una de las tipologías sancionatorias legisladas en el CEN, conforme los hemos desagregado precedentemente.

I.1 Las Faltas Electorales

Siguiendo el orden sistemático del Código Electoral Nacional, se observan en primer lugar las conductas a las que el Congreso les ha atribuido el carácter de faltas electorales imponiéndoles sanciones de multa, y para el caso más gravoso, prisión de hasta quince días en forma opcional o aleatoria con multa (Capítulo I, Título VI). Es por dichas penas de naturaleza sancionatoria, es decir, penas menores de prisión sin escala penal o de multa para la mayoría de los casos, por lo cual parecería que estas tipologías de manera casi arbitraria se ubican en la categoría de falta, ya que luego no tienen su debido encuadre en el apartado de procedimiento (Capítulo III), sobretodo en el caso de la falta que prevé pena de prisión, ya que no presenta remisión expresa al Código Procesal Penal de la Nación[14], tal como debería.

Estas normas de orden sancionatorio, que presentan poco rigor represivo y objetable técnica legislativa, ostentan sin embargo una gran importancia y notable efectividad desde su rol persuasivo, preventivo y disuasorio pese a que, en la práctica, casi no se denuncian las conductas infraccionales que contemplan, siendo este fin preventivo lo que le otorga la verdadera importancia que conllevan y quizás la genuina justificación de su razón de ser como faltas.

Un ejemplo paradigmático es la primera falta electoral contemplada en el art. 125, que trata de la No emisión del voto, la cual establece pena de multa de 50 a 500 pesos e inhabilitación especial para ser designado en funciones o empleo público, previendo en artículos siguientes (arts. 126 y 127) un procedimiento contravencional especial propio con plazos, formas y sanciones administrativas específicas, cuyo alcance para empleados públicos puede llegar hasta la cesantía.

La falta electoral de No emisión del voto claramente demuestra un efecto más persuasivo que represivo y más disuasorio que prohibitivo, lo que le daría su especial característica de contravención diferenciándose de delito, de manera que persuade al ciudadano a concurrir al acto eleccionario a ejercer su derecho de voto bajo la amenaza de sanción lo que convierte a este derecho en potestad (facultad-deber) y por otra parte disuade la conducta ociosa de no ejercer dicha potestad bajo la misma advertencia, todo ello sin que en la práctica se ejecuten normalmente las sanciones, sobre todo aquellas sanciones de inhabilitaciones, impedimentos de trámites y sanciones administrativas previstas en la literalidad de los arts. 126 y 127 del CEN.

Curiosamente esta falta electoral es prácticamente la única que concentra al mismo tiempo los tres bienes jurídicos específicos protegidos por el régimen contravencional y penal electoral descriptos anteriormente, por lo que la No emisión del voto se presenta como una previsión fundamental dentro de las faltas electorales.

En esta línea de importancia y cierta efectividad en su rol persuasivo, preventivo y disuasorio creemos que se encuentran también el resto de las faltas electorales previstas en los artículos 128, 128 bis, 128 ter y 128 quáter del CEN, pero como ya lo hemos mencionado anteriormente, se trata de conductas que perfectamente podrían encontrarse tipificadas como delitos, dependiendo esto más de política criminal que de definiciones doctrinarias o de técnica legislativa.

Así, tenemos la falta de Portación de armas, Exhibición de banderas, divisas o distintivos partidarios (art. 128, con remisión al art. 71 inc. e), durante el día de la elección, doce horas antes y tres horas después de finalizada, estableciendo una pena de prisión de hasta quince (15) días o multa de hasta quinientos pesos ($ 500), teniendo como bienes jurídicos protegidos específicos, por un lado la equidad y el equilibrio en la contienda electoral en el caso de Exhibición de banderas, divisas o distintivos partidarios, y por otro lado la tranquilidad y seguridad públicas para el normal desarrollo del acto comicial en el supuesto de Portación de armas.

Seguidamente se encuentra prevista la falta electoral por Actos de proselitismo. Publicación de encuestas y proyecciones durante la llamada “veda electoral”[15], es decir, antes, durante y después del acto eleccionario propiamente dicho, teniendo cada una su propio plazo prohibitivo determinado (art. 128 bis con remisión al art. 71 incs. f y h), estableciendo una multa de entre 10.000 y 100.000 pesos a toda persona física o jurídica que incurra en la misma, teniendo como bien jurídico protegido específico la equidad y el equilibrio en la contienda electoral, buscando evitar acciones que generen ventajas electorales ilegítimas o influencias indebidas en los votantes que amenacen con perturbar la genuina voluntad política del electorado.

A continuación, se presenta el art. 128 ter que prevé las conductas contravencionales relacionadas a la Publicidad en medios de comunicación y plataformas digitales, constituyendo la más moderna y reciente de las faltas electorales legisladas, incorporada al CEN en 2019 por ley modificatoria N° 27.504, estructurándose en tres incisos de los cuales el último consta de tres apartados, teniendo todos como bien jurídico protegido la equidad y el equilibrio en la contienda electoral.

Este novedoso ilícito electoral, legislado como falta y estructurado en un extenso artículo, tiene como sujetos activos a Partidos Políticos, personas físicas y personas jurídicas en general, entre ellos los proveedores de medios de comunicación o servicios de comunicación en línea, estableciendo como sanción la pérdida de financiamiento público o  multas, según cual sea el sujeto infractor.

Pero una de las notas más destacables de esta falta electoral es que la multa no ha sido prevista en una escala nominal en pesos, sino que por un lado introduce al CEN la noción de “módulos electorales” creado por la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (Ley N° 26.215)[16], y por otro lado establece referencias a valores de publicidad de mercado conforme facturación.

La presencia de esta unidad de medida monetaria electoral en el Código Electoral Nacional, significa una gran ventaja logrando que los valores de las multas se adecúen a los periodos inflacionarios, evitando con ello que sumas nominales en moneda nacional queden completamente desfasadas, por lo que la aplicación de esta unidad referencial debería hacerse extensiva, vía modificación legislativa, a todas las faltas y delitos electorales, existiendo actualmente un desequilibrio normativo entre las que presentan multas nominalmente estáticas y las que se ajustan automáticamente por la variación del valor de los módulos electorales.

Por su parte, las referencias a valores de mercado en cuanto a publicidad en medios televisivos, radiales, gráficos y sobretodo digitales, podríamos señalar que constituye una de las más avanzadas legislaciones en materia de sanciones por conductas infraccionales de este tipo, cuya determinación en ausencia de facturación precisaría de recursos técnicos auxiliares.

Finalizando el capítulo de las faltas electorales se encuentra el art. 128 quáter titulado Actos de Campaña Electoral, teniendo como bien jurídico protegido la equidad y el equilibrio en la contienda electoral, previendo como conducta infraccional cualquier acto de campaña llevado a cabo fuera de los plazos estipulados por el art. 64 bis. Esta falta tiene como sujetos pasivos a las agrupaciones políticas y a las personas físicas, estableciendo pérdida de recursos de financiamiento para los primeros y multa prevista en módulos electorales para los segundos.

I.2 Los Delitos Electorales

            Esta categoría de ilícitos electorales, por su ubicación y denominación legal, tienen naturaleza penal definida -en contraposición a las faltas cuyo marco sería el ámbito contravencional- siendo tipos penales que contemplan conductas antijurídicas y culpables, merecedoras de reproche penal.

Sin embargo, como ya lo hemos desarrollado anteriormente, entendemos que lo dicho en el párrafo precedente se encuentra notablemente desdibujado por las formas, modos y contenidos en que se encuentran sistematizados muchos de los delitos y faltas electorales, entremezclándose características de ambos tipos de normas sancionatorias a lo largo de todo el Título VI “Violación de la Ley Electoral – Penas y Régimen Procesal”.

No obstante, siguiendo la técnica legislativa del Código Electoral Nacional, intentaremos un abordaje del concepto de delitos electorales -a modo de diferenciación de la noción de falta- con el fin de comprender el sentido de las figuras penales tipificadas.

En este orden, desde el aspecto doctrinario podemos encontrar distintos autores que han tratado la temática, como por ejemplo Adolfo Aráoz Figueroa[17] quien define a los delitos electorales como “aquellas violaciones o infracciones a la ley que se hallan contempladas en normas del ordenamiento nacional de naturaleza electoral y que guardan vinculación directa con los procesos comiciales, procurando que se desenvuelva con normalidad y regularidad”.

Por su parte, Pérez Corti[18] entiende por delitos electorales a “todos aquellos hechos positivos o negativos que se traducen en el quebrantamiento de un deber cívico en una sociedad jurídica y políticamente organizada, tipificados como tales por la ley y susceptibles de ser apreciados por la justicia humana; que interfieren en la conservación del orden institucional, político, y democrático de modo tal que su defensa requiere de la aplicación de sanciones penales”.

En esta línea, yendo al plano de autores internacionales, Arturo Zamora Jiménez define a los delitos electorales mediante una certero concepto consistente en “hipótesis legislativas que suponen comportamientos humanos determinados, que solamente pueden realizarse durante los tiempos en que los organismos electorales determinan formalmente el inicio del proceso correspondiente, que también tendrá una etapa de culminación por lo que un delito de esta naturaleza podrá cometerse a través de una conducta que acontezca hasta en tanto se agote el último de los recursos y asuman los cargos a que fueron electos los candidatos” [19].

Asimismo el autor citado, más adelante en su desarrollo de una manera más concreta establece que los delitos electorales son: “Descripciones típicas por medio de las cuales se trata de proteger el proceso electoral, sancionando los comportamientos que impiden o dificultan la libertad de decisión de los electores, o falsean el resultado electoral”[20].

Otro criterio de orden internacional, elaborado por la abogada y política mexicana Arely Gómez González[21], explica que los delitos electorales “Son las conductas previstas por la ley penal que afectan la operación del sistema electoral, los principios constitucionales del ejercicio de sufragio, la equidad de la contienda y la legalidad de los procesos electorales”.

En suma, de los conceptos volcados se puede advertir que no existe un criterio uniforme en doctrina sobre el significado y alcance de los delitos electorales, siendo más o menos amplios o específicos según el caso, pudiéndose concluir que la mayoría de las definiciones abarcan tanto a los delitos como a las faltas electorales.

Sin perjuicio de ello, es preciso mencionar que ciertos elementos de la teoría del delito -acción típica, antijurídica y culpable- se presentan en varios de los de los delitos electorales tipificados en el Capítulo II del Título VI del Código Electoral Nacional, justificando el carácter de tipo penal que ostentan, diferenciándose de las faltas.

Ahora bien, realizar una descripción de cada delito y de algunos de sus elementos característicos tal como lo hicimos precedentemente con las faltas electorales, excedería largamente el propósito del presente trabajo, dado que se encuentran legisladas 26 acciones típicas, distribuidas en 17 artículos (arts. 129 al 144 del CEN), teniendo en cuenta que ya hemos podido ilustrar el sentido, alcances y la finalidad de esta particular normativa penal electoral, que sumadas a las consideraciones procesales que realizaremos a continuación, conforman el fin perseguido para esta elaboración.

  1. Cuestiones Procesales Penales Electorales. Reglas de Competencia y prescripción. Los distintos procedimientos de aplicación de sanciones previstos en el Código Electoral Nacional.

El CEN en su Capítulo de “Procedimiento de Aplicación de Sanciones Electorales” (arts. 146 al 146 duovicies), establece una serie de disposiciones de carácter procesal, con particularidades propias y remisiones específicas, mediante las cuales fija reglas de competencia y ordena distintos procedimientos a seguir para todas y cada una de las faltas y delitos electorales, no sólo del cuerpo normativo mencionado sino de la totalidad de las tipologías sancionatorias penales y contravencionales que se encuentren contenidas a lo largo de todo el Régimen Electoral Nacional, con lo que consecuentemente podemos afirmar que emerge una temática que podríamos denominar procesal penal electoral.

En este sentido, la reglamentación procesal bajo estudio conforme lo establecido por el art. 146, abarca expresamente a “las faltas, delitos e infracciones previstos en este Código, en la ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, en la ley 26.571 de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral y de cualquier otra norma electoral que las sustituya”.

Esta normativa procesal prevé una específica asignación de competencias y delimitación de institutos jurídicos como la prescripción, al establecer que los Jueces Federales con competencia electoral conocerán en primera instancia sobre las faltas y delitos electorales, y en segunda instancia intervendrá la Cámara Nacional Electoral, fijando en dos años el plazo de la prescripción para todos los ilícitos electorales a excepción de aquellos que prevén pena privativa de la libertad, a los que se les aplica el régimen de prescripción dispuesto en el Código Penal, y finalmente establece una causal de suspensión especial en forma expresa basada en el desempeño en la función pública.

La cuestión de la prescripción merece un párrafo aparte, teniendo en cuenta que al establecer un plazo de dos años para la extinción de la acción de la gran mayoría de las faltas y delitos electorales, sumado a que en los casos de los que prevén sanciones privativas de la libertad muchas son de un máximo de dos años, la tramitación de las causas arribando a condena firme sin que se produzca previamente la extinción de la acción se torna de difícil realización, presentándose como un tema a revisar en próximas modificaciones legislativas, atendiendo a la eficacia del sistema represivo electoral.

Las reglas de competencia penal electoral mencionadas precedentemente se completan con otras muy importantes establecidas por el art. 146 duovicies y con las fijadas por la Ley N° 19.108 de Organización de la Justicia Nacional Electoral.

Así, el art. 146 duovicies establece lo que denominamos prejudicialidad penal electoral previendo que si en el marco de un proceso electoral se detecta la posible comisión de un delito común, su investigación estará a cargo del juez federal con competencia electoral, estableciendo reglas de procedimiento específicas, definiendo expresamente cuales son las cuestiones prejudiciales de competencia electoral, y rearfirmando como alzada -aún en este caso de competencia sobre delitos comunes- a la Cámara Nacional Electoral.

Por su parte, la Ley N° 19.108 establece la obligatoriedad de seguimiento por parte de los Jueces Federales con competencia electoral de toda interpretación que realice la Cámara Nacional Electoral sobre las figuras penales y contravencionales (art. 6), asimismo dispone un procedimiento de registro especial para aquellos imputados de delitos electorales que presenten fueros o inmunidades parlamentarias (art. 9), y por último establece que los Jueces Federales con competencia electoral conocerán en primera y única instancia en los juicios sobre faltas electorales, observándose aquí una contraposición con lo normado en el Código Electoral Nacional el cual en todo el Capítulo de procedimiento pareciera establecer que las faltas también se encuentran sujetas a doble instancia.

La competencia penal que asigna la normativa a la Cámara Nacional Electoral es un punto bastante curioso a destacar, principalmente por dos cuestiones; en primer lugar la obligatoriedad de seguimiento de sus interpretaciones sobre faltas y delitos por parte de los jueces federales con competencia electoral, y en segundo lugar el hecho de que se sitúa como tribunal de alzada de delitos comunes en caso de prejudicialidad penal electoral.

Por otra parte, resulta también importante avanzar sobre los procedimientos señalados por la ley para cada ilícito electoral, en donde el criterio utilizado por el Código para atribuir un determinado recorrido formal  no se encuentra según se trate de una falta o de un delito electoral, sino que están determinados conforme el tipo de pena que la previsión sancionatoria contenga.

De este modo, tenemos que se atribuyen vías procesales distintas según se trate de: a) sanciones pecuniarias a agrupaciones políticas deducibles de aportes públicos (art. 146 bis); b) sanciones pecuniarias a personas jurídicas no deducibles de aportes públicos (art. 146 quáter); c) sanciones pecuniarias a personas humanas (art. 146 quáter); d) sanciones de inhabilitación a personas humanas (art. 146 quáter); y e) sanciones privativas de la libertad (art. 146 ter); las que son ordenadas aquí de la menos gravosa a la más represiva únicamente a los fines ilustrativos del presente trabajo.

Así, en primer lugar el CEN establece el procedimiento más sencillo para las sanciones pecuniarias a agrupaciones políticas deducibles de aportes públicos, estableciendo sólo dos pasos procesales a cumplirse, en primer lugar que las multas y demás sanciones pecuniarias se fijen en la sentencia de aprobación o desaprobación de las respectivas rendiciones, y en segundo lugar que éstas se notifiquen inmediatamente a la Dirección Nacional Electoral para su efectiva percepción o ejecución.

Por su parte, para las sanciones pecuniarias a personas jurídicas no deducibles de aportes públicos, para las sanciones pecuniarias a personas humanas y para las sanciones de inhabilitación a personas humanas, el CEN en los arts. 146 quáter al 146 unvicies instituye un procedimiento particular, novedoso y específico, con plazos, formas y modos propios, que comprende todas las actuaciones desde sus inicios hasta la ejecución de sentencia, siendo un procedimiento que puede ser abarcativo -como ya lo señalamos- tanto de faltas electorales como de delitos electorales, por lo que se podría decir que estamos ante la presencia de lo que vamos a señalar como un verdadero proceso penal electoral, independiente de toda otra norma procesal penal, pero más aún, se presenta tan particularmente característico que por ejemplo el art. 146 unvicies establece que se aplicará supletoriamente el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

El artículo 146 unvicies es una muestra de la transversalidad del Derecho Electoral, que constantemente se nutre e interactúa con todas las ramas del derecho, principalmente el Derecho Constitucional, el Derecho Administrativo y el Derecho Civil, no siendo ajeno a esta interacción el Derecho Penal, con el cual también complementa conceptos e institutos jurídicos, pudiendo en diversas ocasiones quizás confundir definiciones, pero también las reelabora dándole sus rasgos particulares, de modo tal que las hace propias con prescindencia de las otras ramas del conocimiento jurídico.

Finalmente, para las sanciones privativas de la libertad, el Código realiza una remisión directa al procedimiento previsto por el Código Procesal Penal de la Nación o aquel que en el futuro lo reemplace, seguramente previendo que al tratarse de la pena más gravosa, se realice su aplicación mediante el trámite que más garantías procesales penales otorga.

Se trata de una novedosa e interesante técnica legislativa, que dispone y ordena los procedimientos según el tipo de sanción, pero sin embargo pierde cierta funcionalidad por el hecho de no dar un tratamiento procesal diferenciado a faltas electorales y delitos electorales, desconociendo que tienen distinta naturaleza, características y fines, por lo cual deberían tener su debido correlato procedimental adecuado a las particularidades de cada uno, dándose el caso de que un mismo procedimiento atribuido según el tipo de sanción (vgr. sanciones pecuniarias a personas humanas) sea aplicable tanto a una falta como a un delito cuando ambos presentan sanción de multa por ejemplo (vgr. idéntico procedimiento tanto para la falta electoral del art. 128 bis como para el delito electoral del art. 133, que a su vez presentan una irrazonable desproporción en el monto de la multa que prevén, teniendo en cuenta la naturaleza de cada norma[22]).

III. Conclusión

            Las faltas y delitos electorales del Régimen Electoral Nacional se presentan interesantes en intención y frondosos en características y reglas propias, pero al mismo tiempo exhiben numerosas flaquezas, debido quizás a la poca especificidad de estudio en la materia.

Se precisa por ello en primer lugar de una política criminal especial abocada de manera particular a la temática, que dé tratamiento y solución por ejemplo a las distintas problemáticas que se analizan en el presente trabajo.

Esta política criminal en torno a los ilícitos electorales, tendría por un lado la necesaria labor de redefinir conductas que actualmente se encuentran previstas como faltas y que quizás deberían encontrarse tipificadas como delitos y viceversa, asimismo debería precisar con claridad los conceptos de falta electoral y delito electoral, y finalmente podría incluso colaborar en proponer un correcto encuadre procedimental para cada tipología de acuerdo a su naturaleza jurídica.

Por otro lado, debería recomendar la tipificación de nuevas conductas que se consideren disvaliosas para los procesos electorales, entre ellas tal vez realizar el diseño de figuras relacionadas al asistencialismo político, cuestiones que de alguna manera perturban la genuina voluntad política de cierta parte del electorado y que en principio terminan incidiendo en nuestro país en los resultados electorales.

Para finalizar, creemos que la existencia de una necesaria política criminal electoral debería abordar de manera imperiosa el tema de la prescripción y la modificación de las escalas penales de los delitos electorales, cuestiones que actualmente tornan prácticamente estériles muchos esfuerzos llevados a cabo en la tramitación judicial para arribar con éxito a las sanciones que prevé la normativa penal electoral, la cual si bien presenta cierta suficiencia y especificidad, en la realidad otorga pocas posibilidades de cumplimiento práctico en términos de plazos para arribar a condenas firmes sin caer previamente en la extinción de la acción.

[1] En este sentido, PÉREZ CORTI, José María; Derecho Electoral Argentino. Nociones. 3ª ed., Córdoba, Advocatus, 2016, páginas 143 y 144.

[2] Los procesos electorales conforman e integran ciclos o períodos electorales más extensos en el tiempo y más complejos en su contenido, el denominado ciclo o periodo electoral. PÉREZ CORTI, José María; ob. cit., páginas 213 y 214.

[3] PÉREZ CORTI, José María; ob. cit., páginas 143 a 175.

[4] MAGGIO Facundo y CORREA Criss; “Los delitos electorales”, en Revista de Derecho Penal y Criminología, Año X, N° 02, Buenos Aires, Thomson Reuters La Ley, marzo 2020, páginas 51 y 55.

[5] AZZARRI, Juan Cruz; Derecho Penal Administrativo Argentino, Buenos Aires, Marcial Pons, 2015, páginas 21 a 25.

[6] MAGGIO, Facundo y CORREA, Criss; ob. cit., página 53.

[7]Arts. 75 inc. 12 y 99 inc. 3 de la Constitución Nacional.

[8] MAGGIO, Facundo y CORREA, Criss; ob. cit., páginas 51 y 52.

[9] Cámara Nacional Electoral, en autos “Rico, Claudio Fabián s/ denuncia – Unión Cívica Radical” (Expte. N° 3010/98), Resolución N° 2440/98.

[10] Cámara Nacional Electoral, en autos “incidente de incompetencia de contienda negativa con el Juzgado Federal Nro. 1 – Secretaría Electoral” (Expte. N° 4963/11), Resolución N° 4672/11.

[11] MAGGIO, Facundo y CORREA, Criss; ob. cit., página 50.

[12] Vgr. Art. 158 del Código Electoral Provincial de Córdoba (Ley N° 9571).

[13] MAGGIO, Facundo y CORREA, Criss; ob. cit., páginas 50 y 58.

[14] El art. 146 ter CEN remite al CPPN en el caso de las sanciones privativas de la libertad, pero menciona a los delitos electorales o cualquier otro delito previsto por el Código Penal, excluyendo por defecto a la falta electoral prevista en el art. 128 que comprende pena de prisión.

[15] Infobae, Veda Electoral: Qué está prohibido y cuáles son las multas y sanciones, 10 de agosto de 2019. Consultado en: [https://www.infobae.com/politica/2019/08/10/veda-electoral-que-esta-prohibido-y-cuales-son-las-multas-y-sanciones/]

[16] ARTICULO 68 bis: Créase el módulo electoral como unidad de medida monetaria para determinar los límites de gastos autorizados por esta ley. El valor del módulo electoral será determinado anualmente en el Presupuesto General de la Nación. (Artículo incorporado por art. 70 de la Ley N° 26.571 B.O. 14/12/2009).

[17] Citado en MAGGIO, Facundo y CORREA, Criss; ob. cit., página 51.

[18] PÉREZ CORTI, José María; El delito de doble sufragio en la jurisprudencia electoral provincial, página 3. Consultado en: [https://www.joseperezcorti.com.ar/doctrina.htm]

[19] ZAMORA JIMÉNEZ, Arturo; Delitos Electorales, México, Ángel Editor, 2003, página 71.

[20] ZAMORA JIMÉNEZ, Arturo; Ob. cit., página 198.

[21]Citada en: POLANCO BRAGA, Elías; Derecho Penal Electoral, Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral, Facultad de Derecho y Criminología, Universidad Autónoma de Nuevo León, Méxíco, 2010, página 6. Consultado en: [http://derecho.posgrado.unam.mx/congresos/congreibero/index.php]

[22] La falta electoral prevista en el art. 128 bis “Actos de proselitismo. Publicación de encuestas y proyecciones” establece una multa de entre diez mil ($ 10.000) y cien mil pesos ($ 100.000), contrastando con el delito electoral tipificado en el art. 133 “Empleados públicos. Sanción” que prevé una multa de quinientos pesos ($ 500).