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sábado 12 de junio de 2021 - 10:39:31 AM
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
Número 8 (Mayo 2021)

Contienda entre jueces…competencia federal penal

Por Santiago J. Alemán.[1]

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Sumario:

              La elaboración del presente trabajo, esencialmente tuvo como objeto el riguroso análisis de planteamientos en contiendas negativas de competencias entre jueces que, declaradas en estado incipiente y sin determinarse los alcances suficientes, se tornan prematuras o infundadas, justificando la devolución de la causa por parte del magistrado receptor. Provocando así, un dispendio jurisdiccional innecesario, por haberse planteado de forma errónea y precedida de una mala determinación de sus extremos.  

      

Introducción del tema:

La cuestión de la competencia penal en una pesquisa resulta sumamente indispensable para garantizar el debido proceso, como así también evitar nulidades que retrotraigan la instrucción de los actuados.

Lo señalado, cobra especial relevancia al advertir incontables planteos en los que se encuentra involucrado un juzgado penal federal, con insuficiencias en los autos interlocutorios dictados para respaldar que los hechos pesquisados escapan a la competencia que le ha sido asignada por ley, iniciando un conflicto de poderes entre dos o más magistrados.

En este orden de ideas, se intentará demostrar que aún en los casos en que el juez que intervino en primer lugar en las actuaciones sea fehacientemente incompetente por la materia, la declinatoria en cuestión deberá ser fundada correctamente, valorando de forma precisa las probanzas en las que se apoya para resolver en tal sentido.

 

Competencia judicial como forma constitutiva de gobierno.

En primer lugar, al momento de hablar sobre la competencia debemos remontarnos al génesis del tema en trato, recordando que el país adoptó un sistema republicano federal de gobierno, establecido por la Constitución Nacional con la particularidad de regir la división de poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Sobre esta división o separación de poderes se instituye el sistema constitucional, que a su vez, dentro del Poder Judicial continúa delimitándose en función a la competencia asignada a cada juez, siendo su órgano supremo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y consecuentemente los demás tribunales inferiores, tanto a nivel federal como a nivel provincial, cuya regulación se encuentra prescripta en la sección tercera de la segunda parte de nuestra Carta Magna.

La Constitución resulta ser la ley fundamental de un estado, sobre la cual se constituyen los principios en los cuales se sustentará un gobierno, reglamentando el correspondiente ejercicio de sus potestades soberanas, determinando las instituciones y a quienes serán confiados esos poderes, como así también de qué forma.

Cabe aclarar que el art. 31 de la CN, consagra el principio de supremacía constitucional, prescribiendo que “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los Tratados con las potencias extrajeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto de 11 de noviembre de 1959”.

Conforme ello, vale recordar que luego de la reforma constitucional de 1994 y a través del art. 75, inc. 22, se les otorgó similar jerarquía a diferentes instrumentos internacionales, como así también a los posteriores tratados y convenciones que eventualmente pueda celebrar el país con aprobación del congreso, formando lo que se denomina bloque de constitucionalidad y por debajo de esa pirámide jerárquica se ubican las leyes nacionales, las normas nacionales infralegales como decretos, reglamentos, resoluciones, etc.

Al adentrarnos en el tema, es importante remarcar que jurisdicción y competencia no son sinónimos. La primera es la potestad que tiene el magistrado de aplicar la ley a un caso determinado, en tanto que la competencia resulta ser la atribución para ejercer la jurisdicción en ciertas materias, con hechos acaecidos en un momento y lugar determinado.

La jurisdicción define la facultad-deber del juez de ejercer el poder jurisdiccional y la competencia marca su aptitud legal para hacerlo en el caso concreto. La competencia, en definitiva, constituye la “medida de la jurisdicción”, es decir indica la jurisdicción en determinada materia, para determinadas personas o lugares.

En razón a tal distinción, Mariano Hernán Borinsky ha señalado que “denominamos jurisdicción a la facultad (poder) que el estado confiere normativamente a ciertos órganos propios de decidir o dar solución a conflictos sociales, conforme su ley (por ello, del latín iuris dictio: decir el derecho), planteados entre las personas físicas o ideales que caen bajo su soberanía o entre ellos y el mismo estado. (…). En tanto que la competencia penal esta dada por la medida en la cual ese poder es concedido por la ley a un tribunal determinado, en el sentido de que las reglas de competencia indican la capacidad de un funcionario u órgano estatal para ejercer el poder de juzgar delitos sociales o, en materia penal, la de aplicar penas”[2].

Además, por razones prácticas que responden a la dificultad de que un juez ejerza la jurisdicción de todas las materias o en todo el territorio del país, el ejercicio del poder jurisdiccional se limita mediante la competencia, ya que ésta última traza los límites a los jueces desde los enfoques territoriales, materiales y funcionales.

Volviendo con el esquema de separación de poder, debemos señalar que en el país, además de una separación por fueros, existe una Justicia Nacional que ejerce sus atribuciones en todo el territorio de la república, con respecto a los asuntos mencionados en el artículo 116 de la Constitución Nacional (competencia federal), y sin esa limitación en los lugares sometidos a la potestad del gobierno nacional, y por el otro lado, una Justicia ordinaria y común que ejerce sus funciones a través de los órganos judiciales que cada provincia debe crear y organizar con prescindencia del gobierno central (artículos 5, 121, 123 de la Constitución Nacional) y cuya competencia abarca el conocimiento de todos los puntos regidos por el derecho común y local.

El art. 1 de la Constitución, prescribe que el gobierno argentino es federal y por tal motivo permite reconocer tres esferas de gobierno: nacional, provincial y municipal. Así, la administración de justicia debe desarrollarse respetando el sistema federal de gobierno, significa que debe respetarse el reparto de competencias buscado por el constituyente entre el gobierno central, y los gobiernos provinciales y municipales, ya que las provincias gozan de la facultad de ejercer la jurisdicción, en marco y respeto del esquema federal de administración.

Consecuente con estos razonamientos, no puede soslayarse que la administración de justicia es una potestad concurrente entre el gobierno central y las provincias, que por regla general la jurisdicción la ejerce el Poder Judicial Provincial y que únicamente por excepción, en las materias especialmente delegadas, será competente la justicia federal. Esto se ve reflejado en el art. 121 de la Constitución, al sostener que “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado”[3].

Resulta importante mencionar que la justicia federal, es de excepción, expresa, restrictiva, suprema y privativa e inalterable.

– De excepción: las provincias deben administrar la justicia dentro de sus respectivos territorios y la Nación lo hará en los casos de excepción que surgen de las facultades delegadas por las provincias al poder central (art. 1º, C.N.), y con las atribuciones limitadas a casos en determinadas materias, casos vinculados con determinados sujetos o por hechos realizados en determinados lugares.

– expresa: sólo actúa cuando el caso le está expresamente atribuido al fuero federal por la ley con fundamento en la C.N. Por ello, una causa no puede ser sustraída de los tribunales provinciales sino por una ley consecuente con la C.N., y sin que pueda ser extendida a los casos no señalados.                                                                                  – restrictiva: las leyes que la prevén no pueden ser extendidas a casos análogos ni ampliadas por vía de interpretación.                                                                         – suprema y privativa: las resoluciones dictadas por la justicia federal no pueden ser revisadas por un tribunal provincial. Sólo los tribunales federales pueden entender en las causas a ellos asignadas por las leyes.                                                                                   – inalterable: no puede variar por las modificaciones que sufra la materia o los elementos objetivos o subjetivos del hecho del proceso. El hecho objeto del juicio fija la competencia definitivamente en el momento de su comisión aunque después pierda su naturaleza federal.                                                                                                            Sobre éste esquema, es que se efectúa la división de competencias en el fuero penal y ha sido en efecto, objeto de interpretaciones disimiles en función de las leyes que han arrojado especialidad en razón del lugar que atribuiría competencia por territorio, como así también el fuero inherente para entender en la materia.

Al referirnos a la competencia penal, debemos decir que la misma es inalterable e improrrogable[4], no se modifica por la variación de los elementos que la constituyeron (principio de la perpetuatio iurisdictionis), ni por la voluntad individual o conjunta de los sujetos de un procedimiento.

 

Garantía Constitucional del Juez legal.

Esta garantía es un eje importante en la materia, ya que el art. 18 de la C.N, impide la posibilidad de asignar una pesquisa a jueces elegidos o a tribunales creados por una nueva ley, con fecha posterior a la ejecución de los hechos, con el objeto de evitar que el juzgamiento de aquellos recaiga en manos de comisiones creadas por el poder estatal del cual dependan, siendo claramente perjudicada la imparcialidad del magistrado.

En efecto, el artículo en cuestión proclama que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”.

Esta garantía es replicada por el art. 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos –Pacto de San José- al determinar que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella (…)”[5].

El único parámetro para atribuir competencia a un tribunal en materia penal es la ley, el principio del juez natural o legal, impide que los hechos futuros varíen la radicación de la causa o alguno de los protagonistas del caso -el imputado o la víctima y, más extensamente, el acusador o el juez- elija el tribunal competente o, en el caso de los jueces, se arrogue por sí mismo esa facultad, ya por voluntad o decisión individual, ya por actos o acuerdos entre ellos[6].

Conforme lo expuesto hasta el momento y si bien en el acápite que antecede se detalló el origen de la competencia judicial como parte esencial de nuestro ordenamiento gubernamental, es factible señalar que la competencia de un magistrado para entender en una causa se encuentra sujeta a una ley que fehacientemente lo determine. Sin embargo, cuando las partes del proceso estiman que el presunto hecho delictivo atribuido al conocimiento de un juez escapa a la competencia que le ha sido asignada por ley, surge lo que se distingue como “cuestión de competencia”.

El principio de juez natural, es proteger el proceso frente a la arbitrariedad e imparcialidad, así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia, al señalar que “La garantía de los jueces naturales tiene por objeto asegurar una justicia imparcial, a cuyo efecto prohíbe sustraer arbitrariamente una causa a la jurisdicción del juez que continúa teniéndola para casos semejantes, con el fin de atribuir su conocimiento a uno que no la tenía, constituyendo de tal modo, por vía indirecta, una verdadera comisión especial disimulada”[7].

Lo sustentado, importa comprender que la garantía desarrollada, en definitiva, no solo resulta una protección o salvaguarda para el imputado durante toda la tramitación del proceso, asegurando  que no se podrá manipular el tribunal competente para el enjuiciamiento, sino también, que cuando un juez declina su competencia en otro, deberá necesariamente argumentar sus razones legales para señalar por qué otro magistrado resultaría ser el juez legal de la causa, al igual que cuando acepte su intervención; dependiendo si es un conflicto positivo o negativo de competencia.

Asimismo, es importante al momento de hablar sobre juez natural, distinguirlo del juez interviniente, ya que, si bien el tribunal que intervino en un primer momento puede a su vez ser natural de esa causa, ambos términos son distintos. Véase que un tribunal puedo haber dado ingreso a una denuncia- interviniente-, y de la producción de medidas comprobar que los hechos anoticiados tuvieron lugar en extraña jurisdicción territorial, reputando así su falta de competencia -dejando así de ser el natural-.

 

Competencia federal en virtud de la naturaleza del delito:

Es sabido que la aptitud para entender en un caso concreto responde a la asignación de competencia federal originaria o natural, que algunos delitos específicos establecen en sus normativas.

Siendo así, podemos detallar los siguientes ejemplos:

– Régimen Penal Tributario: Los delitos contra el fisco nacional, en cuanto comprometen la integridad de la hacienda pública del gobierno central, y por ende su capacidad de funcionamiento, afectan a la Nación toda –y no a determinada jurisdicción– y, por lo tanto, representan delitos federales.                                                       En caso de que la conducta haya afectado a haciendas locales (tributos provinciales o municipales), corresponderá intervenir a la justicia local por tratarse de un delito de competencia ordinaria.                                                                                       – Contrabando: El Código Aduanero fija la competencia federal para esta clase de delitos. En C.A.B.A. y en ciertos partidos del conurbano intervienen los juzgados en lo penal económico y en el resto del país los juzgados federales.                                          Sobre tal delito, no puede soslayarse que la        función aduanera corresponde al gobierno federal sin que puedan existir aduanas provinciales. Como los delitos referidos afectan el control aduanero sobre las importaciones y exportaciones de mercaderías (cuestión de interés nacional), su juzgamiento corresponde a los jueces con competencia federal.                                                                                                                             – Delitos marcarios: la Ley de Marcas dispone que “La Justicia Federal en lo Criminal y Correccional es competente para entender en las acciones penales, que tendrán el trámite del juicio correccional; y la Justicia Federal en lo Civil y Comercial lo es para las acciones civiles, que seguirán el trámite del juicio ordinario”[8].             Los delitos marcarios afectan intereses nacionales relacionados al correcto desenvolvimiento del comercio nacional e internacional, y exceden los intereses de una provincia determinada, por lo que se encuentra justificado que el delito pertenezca al fuero federal.                                                                                                                               – Narcotráfico: la ley establece la competencia federal para los delitos de narcotráfico, tomando en consideración que el bien jurídico afectado es la salud pública, por lo que trasciende el mero interés local.                                                                         – Falsificación de moneda: la C.N. confiere al Congreso Nacional la facultad de hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras y dictar legislación relativa a la falsificación de monedas. Se trata de poderes expresamente delegados por las provincias y entran en juego intereses de clara raigambre federal que trascienden el mero interés provincial o local.                                                                                                                 – Trata de personas y secuestro extorsivo: El fundamento para asignarle competencia federal a estos delitos es que, habitualmente, son llevados a cabo por organizaciones que actúan contemporáneamente en o a través de las diversas jurisdicciones locales, y a veces hacia o desde el exterior del país, y que la centralización de las investigaciones en cabeza de la justicia federal puede resultar la vía más apta para optimizar los procedimientos.                                                                     – Delitos contra la administración pública nacional: los delitos contra la administración pública llevados a cabo por funcionarios públicos del Estado Nacional, comúnmente afectan su correcto desenvolvimiento.

Al respecto, la ley establece que corresponde al juez federal intervenir en las causas en que se investigan hechos que corrompan el buen servicio de sus empleados. Por ello, en cada caso en concreto, a los fines de fijar la competencia federal, el juez deberá comprobar la afectación de un interés nacional. Puede tratarse de casos en que el funcionario es el sujeto activo del hecho, así como cuando es la víctima, siempre que ello sea en perjuicio del servicio federal que tiene asignado.                                               – Delitos de lesa humanidad: Los delitos de lesa humanidad son de competencia federal. Se considera que este tipo de crímenes afectan no sólo a la Nación toda, sino a la humanidad, y violentan en forma directa e inmediata tratados internacionales de derechos humanos y también la C.N.

Así, su juzgamiento excede de un interés meramente local, para convertirse en una prerrogativa y deber federal. Por ejemplo, la justicia federal resulta competente para juzgar los delitos cometidos durante la última dictadura militar en Argentina como parte de un plan sistemático de persecución y exterminio de determinados sectores de la población civil.                                                                                                             – Lavado de activos de origen ilícito y otros delitos financieros: la ley no establece en forma expresa si el delito de lavado de activos es de competencia federal u ordinaria, sino que dicha cuestión debe ser examinada por el juzgador en cada caso tomando en consideración sus particulares circunstancias.                                                           Por ello, en líneas generales, la competencia para investigar y juzgar este delito se encontraba estrechamente vinculada con el carácter federal o común de la infracción precedente.                                                                                                                            En la actualidad, como consecuencia de la sanción de la ley 26.683, el lavado de activos es concebido como un delito autónomo en el Título XIII, denominado “Delitos contra el orden económico y financiero”. Si bien la reforma es demasiado reciente para poder hablar de un criterio jurisprudencial asentado, la Procuración General de la Nación ha sostenido la competencia federal para el delito de lavado de activos a partir de la ley 26.683, con fundamento en que la reforma aludida tomó en cuenta que los capitales espurios objeto del lavado de activos afectan la legítima competencia económica y ponen en desventaja a los que provienen de actividades licitas, con el consiguiente perjuicio a la salud del sistema financiero y a la confianza de los ciudadanos en las reglas de la economía; factores que son de interés federal.                         -Delitos contra el medio ambiente. Ley de residuos peligrosos 24.051. En la medida que se produzca la afectación del medio ambiente interprovincial.                                              La señalización de los delitos que anteceden, y sus respaldos normativos que incitan la intervención federal, resulta ser la columbra vertebral del presente trabajo, sobre el cual consecuentemente expondré.                                                                           Como se indicó, existen delitos que por su naturaleza invocan la intervención del fuero de excepción, como es el caso de los delitos de lesa humanidad, que por ser su simple subsunción legal amerita la investigación del fuero penal federal. Al mismo tiempo, existen otros delitos que merecen una especial interpretación de los hechos, ya que algunos, si bien la ley prescribe que pueden ser originariamente federal, puede haberse transferido la competencia de articulados específicos a los tribunales provinciales, circunstancia que ameritan un plus en el análisis que deben efectuar los tribunales en relación al objeto procesal de la causa, como así también, las circunstancias especiales de los hechos y la calificación legal que prima facie se le atribuye al imputado.

Tal es el caso de la ley de estupefacientes y psicotrópicos N° 23.737, que si bien es de naturaleza federal, en el caso del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización -art. 5° inc. “C”-, destinado directamente al consumidor, por ejemplo la provincia de Buenos Aires mediante la sanción de la ley 13.392, adhirió a la ley 26.052, asumiendo su competencia para tal figura, siempre y cuando no se encuentre vinculado con otro supuesto de competencia federal que amerite su juzgamiento en virtud de operar como fuero de atracción.

Sobre tal inteligencia, debe recordarse el esquema de reparto de competencia (art. 121 de la C.N.), motivo por el cual, mal puede entonces pregonarse la competencia Federal en supuestos como el presente, cuando expresamente ha sido asumida por el estado provincial, mediante la sanción de la ley citada precedentemente.

 

Instrucción de la causa.

La garantía constitucional del debido proceso, exhorta a los magistrados a determinar los extremos que han sido plasmados en la “notitia crimins”, por cuanto ésta sola, no arroja convicción suficiente, sino que debe ser corroborada.

Esta garantía a la que nos referimos, comprende que el derecho debe ser efectuado con un procedimiento eficaz y sin dilaciones, reconstruyendo el “iter criminis” del caso intentando llegar a la verdad, siendo que únicamente se podrá ejercer el debido poder estatal, con la formación progresiva de los actuados, toda vez que un caso que inicialmente sea provisto de pocos elementos probatorios, de precaria significación valorativa o errónea, arribará a conclusiones arbitrarias.

Lo mismo sucede al momento de disponer una incompetencia, como fuera señalado anteriormente, existen delitos específicos en los que es preciso determinar las circunstancias del hecho, la calidad de los imputados (funcionario nacional, provincial, municipal), o la afectación de bienes que eventualmente impliquen la intervención de un juzgado federal o provincial.

Como prueba de ello, podemos reseñar casos en los que se denuncian planes creados por el gobierno nacional para asistir  a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Plan Sumar, Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo-digno, etc), mediante el apoyo financiero efectuado por los diferentes ministerios, previa celebración de los convenios de participación pertinentes. En efecto, los juzgados provinciales han declinado su competencia, para que investigue el Juzgado Federal Penal que corresponda, por entender que se habrían afectado intereses nacionales en virtud de que las transferencias de dinero provenían de tal dirección de gobierno, sin profundizar los extremos de la pesquisa o la trazabilidad del dinero. Esta situación resulta ser un error en la tramitación de la pesquisa, con efectos relevantes en el dispendio jurisdiccional, toda vez, que una vez que las sumas de dinero son recibidas e incorporadas al patrimonio provincial o local, su presunta afectación solo causaría perjuicio a tales rentas y no al Estado nacional, circunstancias que ameritan a la justicia local para entender en los presuntos hechos delictivos.

Así, ha resuelto la jurisprudencia en casos diferentes, invocando que   “Corresponde a la justicia provincial -y no a la federal- investigar las maniobras ilícitas llevadas a cabo durante la ejecución de fondos públicos transferidos y depositados en la cuenta de una entidad local en tanto aquellos quedaron incorporados a su patrimonio, circunstancia que determina que la presunta afectación o uso indebido no perjudica las rentas del Estado Nacional sin que a tal conclusión pueda obstar la subsistencia a favor de la administración federal del derecho de requerir rendición de cuentas y vigilar el cumplimiento de los fines para los que fue otorgado el beneficio”[9].

Por lo tanto, es indispensable que se realicen las medidas de instrucción pertinentes que nos posicionen en un plano fundamentado para evaluar la correspondiente competencia del magistrado, ya que el planteamiento de cuestiones de competencia debe efectuarse en la primera oportunidad posible para su rápida resolución y así evitar un dispendio jurisdiccional.

Los resultados de estas medidas permitirán al tribunal que previno analizar los hechos con mayor claridad y analizar si posee competencia para continuar con la investigación. Es preciso remarcar que la plataforma fáctica de la causa puede variar con el desarrollo de la pesquisa.

En relación a ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha contribuido con numerosa jurisprudencia, argumentando que “Para el adecuado planteo de una contienda de competencia es necesario que se individualicen los hechos sobre los cuales versa y se precisen las calificaciones que puedan serles atribuidas, pues sólo con relación a un delito concreto es que cabe pronunciarse acerca del lugar de comisión y respecto del juez a quien compete investigarlo y juzgarlo”[10].

Abonando al referente jurisprudencial, debo resaltar que la carga probatoria que rige en nuestro ordenamiento procesal, por el denominado principio de oficialidad, es el órgano jurisdiccional instructor el que debe determinar las constancias de la causa, ya sea para instruir la pesquisa, para elevarla a la etapa de juicio, como así también dictar sentencia.

En consonancia con ello, la omisión de las medidas aludidas y en consecuencia, la falta de convicción para respaldar la incompetencia de un magistrado puede devenir en la devolución de los actuados por parte del receptor, aludiendo que la pesquisa se halla en un estado prematuro para determinar los presuntos autores y/o la calificación legal que prima facie podría ser atribuida, para así, examinar su competencia en la causa.

En tal dirección la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, ha resuelto que “En materia de competencia corresponde al juez que previno esclarecer los aspectos fácticos que conforman el objeto del proceso para evitar pronunciamientos prematuros al respecto, que eventualmente podrían replantearse una vez establecidos dichos extremos”[11].

Mientras que el máximo tribunal reforzó el mismo camino prescribiendo “Corresponde al juez que tomó conocimiento de la notitia criminis incorporar los elementos necesarios para precisar el alcance y la significación de los hechos”.[12]  

 

Conclusión.

El trabajo realizado se motivó en el insondable estudio que merecen los principios generales de la competencia judicial y en mayor medida la correspondiente al fuero penal de excepción, arribando a la conclusión que la ley determina la competencia de un tribunal federal -con respaldo en diferentes  garantías constitucionales que deben respetarse-,  pero lo incisivo se ve reflejado en la diligencia del magistrado en la tramitación de los actuados, el momento de interpretar los hechos, la prueba y la aplicación del método de la sana critica razonada para decretarse incompetente.

En tal lineamiento, se determinó que existen numerosos planteos de competencia con argumentos débiles o con deducciones recortadas para intentar alejarse de su tramitación, ocasionando tal omisión su prosecución en la pesquisa.

Siendo así, es consabido la cantidad de contiendas que se pierden en la alzada por haberse efectuado con una deficiente determinación de los extremos, empero lo importante no resulta ser la disputa entre los magistrados, sino la afectación a la investigación que en razón del dispendio jurisdiccional innecesario y falta de celeridad en el trámite ocasiona.

El minucioso análisis de la competencia, como se ve, exhorta a los magistrados a fundamentar la tramitación de un expediente, evitándose así la tramitación arbitraria de procedimientos judiciales, sobre la cimentación que el derecho procesal penal no resulta un mecanismo automático, por el contrario, entiendo que la actuación de los jueces en la pesquisa puede corregir el cauce de la misma, incorporar otros imputados, recalificar las conductas y en definitiva, reforzar su competencia o incompetencia de forma concatenada, es decir: iter criminis, actuación judicial con obtención de probanzas, análisis de competencia sobre las bases de la ley.

Todo ello, respetando los lineamientos legales de la competencia y su forma de interponerse, lo que suscita reafirmar el cumplimiento del principio del debido proceso, base sobre la cual reposa todo el orden procesal para cumplir con una adecuada administración de justicia.

De igual modo, el presente ha sido una entusiasta tarea en la que he intentado realizar de la mejor manera, enfocado en una la administración de justicia que debe desempeñarse con dedicación, razonabilidad e idoneidad; cualidades que deben reflejarse en la tramitación de los expedientes.

 

Bibliografía consultada:

-RIGHI, Esteban, Derecho Penal Parte General, Editorial Alberto Perrot, 2ª ed. 3ª reimpresión, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 2018. 

VAZQUEZ BERROSTEGUIETA, María Cecilia, Competencia Penal de los Tribunales Federales, ed. 1ª, Buenos Aires, Hammurabi, 2016.

BERRUEZO, Rafael, Garantías Constitucionales en el Proceso Penal, ed. 1ª, Buenos Aires, Lerner,  2020.

-GELLI, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina, ed. 5ª, La Ley, 2018.

-HERBEL, Gustavo A, Investigación Penal Preparatoria, ed. 1ª, Buenos Aires, Hammurabi, 2017.    

[1] Prosecretario Administrativo de la Secretaría Penal N°10 del Juzgado Federal N° 3 de Morón.

[2] BORINSKY, Mariano H. “El Delito de Contrabando” 1ª ed.,2017, p.380/381.

 

[3] Cf. Art. 121 C.N.

[4] Cf. Art. 18 del CPPN. Fallos 310;2124.

[5] Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Capitulo II, articulo 8, punto 1.

[6] MAIER, Julio B.J, “Derecho Procesal Penal”, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2004, t. II ps. 117 y 509-510.

[7] CSJN, Fallos: 234:482

[8] Ley de marcas 22.362, art. 33.

[9] CSJN, Competencia 749/2012 (48-C) “Oyarzabal, Leandro Fabián y otros s/ estafas reiteradas” resuelta el 15 de septiembre de 2015.

[10] CSJN, fallos 302:853, 306:1997, 323:171 y 3867, 327:729, 329:840, 332:1453

[11] C.C.C. Fed. Sala II 4/4/97 “Soñes s/ denuncia-competencia”, causa n°13.269, Reg.n°14133, J.7-S.14 Nota; Conf. Sala II causa 10774, reg. n°11708 del 1/3/95 y sus citas y lo normado por el art.38 del CPPN.

[12] CSJN, fallos 301:662, 318:182, 325:265,328:1591, 329:840.