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sábado 12 de junio de 2021 - 11:56:23 AM
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
Ejecución Penal

La comisión de Ejecución Penal discutió los desafíos que plantea la implementación del CPPF

La Comisión de Ejecución Penal de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional,  se reunió en forma virtual para tratar diversos temas. Estas fueron las novedades más salientes:

  • El Defensor Pablo Corbo advirtió que la implementación del CPPF y el sistema acusatorio adversarial, que consagra la oralidad como corazón del sistema, además de constituir un norte irreversible, es anhelado para mejorar los mecanismos de acceso a la justicia de ejecución penal en particular. Consideró auspicioso, profundizar prácticas efectivas de los operadores del sistema judicial de ejecución penal (jueces, fiscales y defensores) que vayan preparando un terreno virtuoso para esas dinámicas que llegarán por imperativo legal.
  • La jueza Vilma Bisceglia propuso presentar un proyecto de ley para poner en vigencia el art. 35 del Código Procesal Federal, cuya entrada en vigencia ha sido fraccionada pero constante, a los efectos de que los tribunales y juzgados que dictan las probation continúen con su ejecución pero contando con el auxilio de la oficina correspondiente.
  • Tras ello, hubo coincidencia entre los asistentes a la reunión, entre ellos el fiscal Rosende, que dio su opinión sobre el particular, respecto a la necesidad de dotar con premura una oficina específica, tal como prevé el CPPF para la suspensión de juicio a prueba, quitándola de la esfera de competencia de la justicia de ejecución penal. Incluso se sugirió generar un espacio de diálogo a fin de poder interactuar en el marco de la Comisión Bicameral del Honorable Senado de la Nación.
  • El juez Sergio Delgado habló sobre la necesidad del uso regional respecto de los establecimientos penitenciarios federales evitando alejar a los detenidos de la sede de los tribunales que implementarán el proceso oral, y también sobre la regulación del cupo penitenciario, trabajando con organismos específicos en la materia.
  • La juez María Jimena Monsalve, refirió que es necesario diferenciar los casos que se tramitan en ejecución federal, de los casos que tramita la justicia nacional de ejecución, pues la demanda de prueba en los delitos nacionales se complejiza porque se tramitan casos que conllevan otro nivel o grado de violencia, en tanto la cantidad de expedientes en trámite es otro tema a considerar. El doble rol de los jueces de ejecución, como jueces de garantías y jueces del caso, requiere recordar que el aseguramiento de los derechos relacionados con trabajo, educación, salud y otros derechos básicos que son materia cotidiana de trámite, no podrían ser suplidos por la actuación de un director de una oficina judicial, razón por la que habría que redefinir con claridad ese rol. Añadió que es imprescindible fortalecer la actuación de los Ministerios Públicos, reforzando la cantidad de personal, y que resulta de absoluta utilidad relevar los fracasos que se verificaron en provincias como Mendoza y Chubut, pues han revelado las deficiencias que podría mostrar el modelo, de aplicarse en forma análoga al de otras etapas.
  • El Presidente de la Comisión, Marcelo Peluzzi, coincidió con la necesaria puesta en marcha del art. 35 del nuevo código procesal federal, y que la suspensión del juicio a prueba quede fuera de la órbita del control de los juzgados de ejecución penal, pasando a dedicarse exclusivamente a la supervisión de las penas privativas de la libertad, puesto que cuando se implemente dicho código resultará por demás complejo realizar entre 70 y 100 audiencias por día, siendo éste el caudal de resoluciones y providencias de trámite que se dictan.
  • Laura Vera, por otro lado, indicó que está trabajando en la posibilidad de que tanto los Juzgados de Ejecución como el Ministerio Público de la Defensa, puedan acceder a los legajos penitenciarios de las personas detenidas que tienen a su disposición, aclarando que el Ministerio Público Fiscal ya firmó el convenio.
  • Peluzzi además informó a los asistentes que se está trabajando activamente conjuntamente con la Comisión de Revista y Biblioteca en el libro “Miradas Interdisciplinarias sobre la Ejecución Penal II”, cuya edición online está prevista para fines de junio o principios de julio próximo.
  • También, en el marco de la reunión celebrada, se acordó comenzar a trabajar en el segundo Suplemento de Habeas Corpus que realizarán los asociados y asociadas que cumplen funciones en las Secretarías Delegadas en los establecimientos penitenciarios federales. Y se informó que se imprimieron doscientos ejemplares del libro “Miradas Interdisciplinarias sobre la Ejecución Penal I”, cuya entrega se está programando. La inclusión al Lex 100 de las Secretarías Delegadas también fue un tema que se abordó, siendo los únicos funcionarios/as que aún no cuentan con acceso al sistema y trabajan mediante envío de correos electrónicos y mensajería electrónica.

 

Moderaron la reunión las asociadas Corina Paulucci y Yamila Massad