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Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
Número 7 (Diciembre 2020)

Aplicación de las Acordadas de la C.F.C.P. en el marco de la pandemia en la jurisdicción federal de la provincia de La Pampa

Por Leonel G. Gómez Barbella1 y Dra. Marcela Analía Ramos2

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Introducción.

El presente trabajo tiene como objetivo efectuar una somera descripción de los diversos planteos formulados por los internos e internas alojados en las Unidades Penitenciarias Federales nº 4 y 13 con asiento en el territorio de la provincia de La Pampa.

Asimismo, intenta reflejar los distintos criterios legales sostenidos por el Ministerio Púbico de la Nación respecto de la declaración de pandemia de Covid-19 (coronavirus) y su incidencia sobre la aplicación de medidas alternativas a la prisión efectiva, las resoluciones adoptadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa y los fallos adoptados por la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación como consecuencia de la vía recursiva intentada por el titular de la vindicta pública.

Cabe aclarar que la totalidad de los requerimientos formulados por personas privadas de su libertad se vinculan a delitos contemplados en la Ley Nº 23.737, por lo que el desarrollo de esta exposición abarcará solamente esa temática.

Declaración de Pandemia por Coronavirus (Covid-19)

Brevemente, el virus Sars-COv2, comúnmente conocido como Coronavirus o Covid-19 fue notificado por primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019.

A tan sólo un mes de la confirmación de aquel caso y ante la rápida propagación verificada a nivel planetario, el 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud determinó que se trataba de una emergencia de salud pública de preocupación internacional.

Posteriormente, con fecha 11 de marzo de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró al nuevo coronavirus como pandemia3, destacando que no sólo se trata de una crisis de salud pública, sino que afecta a todos los sectores y personas. Asimismo, emitió una serie de recomendaciones destinadas los gobiernos y a la sociedad en su conjunto con el objeto de prevenir y proteger el impacto del virus a nivel mundial.

Por su parte, en nuestra región el coronavirus se ha propagado a los 54 países que la integran, reportándose los primeros contagios en Estado Unidos (el 20 de enero de 2020) y en Brasil (26 de febrero del corriente año). Actualmente, se registran un total de 17,9 millones de casos y 590,9 mil fallecidos como consecuencia del virus4.

En lo atinente a la situación epidemiológica en nuestro país, se han confirmado un total acumulado de 883.882 casos confirmados y 23.581 muertes5, en tanto que la provincia de La Pampa registra un total 1079 casos positivos, 349 permanecen activos y 11 personas fallecidas6.

Breve reseña de las disposiciones adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional.

Descripto brevemente el contexto sanitario continental, nacional y provincial, corresponde efectuar un somero repaso por la normativa dictada en el marco de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este sentido, la primera medida adoptada como consecuencia de la declaración de pandemia de Covid-19, el Poder Ejecutivo Nacional amplió la emergencia sanitaria pública en materia sanitaria establecida por Ley nº 27.5417 por el término de un año, otorgando facultades al Ministerio de Salud de la Nación para llevar a cabo políticas sanitarias conducentes a fin de mitigar el impacto de la pandemia en la República Argentina8.

Paralelamente, por Decreto PEN 297/2020 (del 19/3/20) estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio para todo el territorio de la República Argentina -prorrogado por decretos sucesivos- y dispuso en el artículo sexto que las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia quedan exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular.

Disposiciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Cámara Federal de Casación Penal.

En este contexto de emergencia sanitaria dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció una serie de medidas tendientes a brindar respuesta eficaz a las necesidades de los justiciables y del sistema de justicia en general, generando mecanismos conducentes para agilizar la actuación de los órganos jurisdiccionales9, entre ellas, la digitalización de todas las presentaciones que se realizan en el ámbito de la Justicia Nacional y Federal.

Por su parte, en consonancia con lo ordenado por el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto 297/20, el máximo Tribunal emitió la Acordada 6/2020 de fecha 20/3/20 -prorrogada por Ac. 6/20, 8/20 y posteriores– por la que se estableció la feria extraordinaria respecto de todos los tribunales federales y nacionales y demás dependencias que integran el Poder Judicial de la Nación

Finalmente, por Acordadas 24/20, 26/20, 27/20, 29/20, 30/20 y 31/20, de fecha 27/7/20 dispuso el levantamiento de la Feria Judicial Extraordinaria en los términos allí establecidos10.

En el mismo sentido, la Cámara Federal de Casación Penal elaboró una serie de Acordadas orientadas a ofrecer herramientas legales a los tribunales bajo su jurisdicción con el objeto de enfrentar las consecuencias de la pandemia en dicho ámbito.

La Acordada 3/20 resaltó la preocupación por la situación de las personas privadas de libertad en distintos establecimientos. Asimismo, dispuso que los órganos de la jurisdicción tomen razón y adopten los recaudos pertinentes en orden a la recomendación de la CIDH, para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad.

Con fecha 13/4/20, por Acordada 9/20 se recomendó a los tribunales de la jurisdicción que adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria, enumerando a tales efectos una serie de recaudos a tener en cuenta al momento de disponer aquellas medidas11.

Principales argumentos formulados por personas alojadas en Unidades Penitenciarias U.13 y U.4 del S.P.F. orientadas a la obtención de arresto domiciliario y/o excarcelación en el marco de la declaración de pandemia de Covid-19.

Corresponde mencionar brevemente que la provincia de La Pampa ha mantenido un status epidemiológico que le ha permitido obtener, en términos generales, cierto grado de “normalidad” en cuanto a circulación de personas y desarrollo de actividades económicas-productivas se refiere.

En esa línea, las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades de la provincia respecto de la población en general y los protocolos de actuación diseñados por el Servicio Penitenciario Federal12, han permitido neutralizar los contagios de Covid-19 en los establecimientos carcelarios.

Sin perjuicio de la aclaración formulada, durante el transcurso de la feria judicial extraordinaria establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se han tramitado solicitudes por parte de los internos tendientes a la obtención de beneficios de arresto domiciliario, con sustento en las consecuencias de la declaración de pandemia de Covid-19, entre los que se enumera:

a). Arresto domiciliario requerido por personas incluidas dentro de los grupos de riesgos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS):

Las principales líneas argumentativas vertidas en este sentido se centraron en la necesidad de preservar el estado de salud de aquellas personas que, por padecer enfermedades respiratorias crónicas, cardíacas, inmunodeficiencias, diabetes, mayores de 60 años, se encontraban dentro de los grupos de riesgos definidos por la OMS.

En dicha oportunidad, se ha recurrido al instituto del arresto domiciliario contemplado en el art. 32 inc. a) de la Ley nº 24.660, afirmando que el contexto de pandemia y la propagación del coronavirus entre la población carcelaria, sumado a los padecimientos enumerados, representan eventualmente un grave peligro para la vida de quienes se encuentran alojados en los mismos.

En otras ocasiones, las peticiones se encaminaron a la obtención del beneficio de arresto domiciliario para la asistencia de familiares comprendidos dentro de grupos de riesgo por covid-19 u otros tipos de padecimientos físicos o psíquicos, utilizando como sustento jurídico las previsiones del artículo 10 inc. f del C.P. y de los arts. 11, 32 inc. f y 33 de la ley N° 24.660

Sobre el particular, el Ministerio Público Fiscal ha manifestado, concordando con lo resuelto por la Cámara Federal de Casación Penal que “la situación de emergencia sanitaria general y su proyección e implicancias dentro de los penales ha sido estudiada, abordada y contemplada por las autoridades pertinentes a través –justamente- del dictado de todas aquellas disposiciones necesarias para garantizar la salud y el bienestar general de la población carcelaria”13.

Por otra parte, recordó que los establecimientos penitenciarios, cuentan con hospitales y atención médica permanente, lo que impide aseverar que, incluso, un eventual egreso o acceso a una morigeración mejore las posibilidades de acceder al sistema de salud de parte de los internos; o inclusive, que su situación extramuros sea más eficaz a la hora de prevenir eventuales contagios derivados del contacto social que puede generar”14.

En dicho marco se consideró que la existencia de factores de comorbilidad respecto del coronavirus, no ameritan, per se, la modificación automática del lugar de detención o buscarse uno alternativo a tales fines, por el contrario, implica un deber para el Servicio Penitenciario Federal de implementar protocolos acordes que resguarden o generen acciones para minimizar la posibilidad de contagio en cada una de las unidades carcelarias bajo su órbita de competencia.

Por otra parte, se ratificó que “la mera invocación por parte de la defensa de encontrarse su pupilo dentro de la población de riesgo no puede constituir un argumento de entidad suficiente como para modificar la modalidad de encierro al mantenerse su postura en el plano meramente conjetural”15.

b). Arresto domiciliario requerido por internos varones para asistencia de hijos menores de edad con fundamento en la declaración de pandemia de Covid-19:

Sobre este punto, los pedidos se orientaron en la necesidad de asistencia a los hijos menores de edad de las personas detenidas, con fundamento en la afectación de la estructura socioeconómica del grupo familiar provocada por la pandemia y por la ausencia del único sostén familiar, invocando en tal sentido una interpretación extensiva de los incisos “e” y “f” del art. 10 del C.P y art. 32 inc. “e” y “f” de la ley 24.660.

En estos casos, la Fiscalía General ha opinado que, si bien el interés superior del niño es elemento fundamental a la hora de determinar que una persona privada de libertad cumpla su condena bajo arresto domiciliario en función de las previsiones del art. 32 inc. f), ello no puede interpretarse de manera absoluta16 o desconociendo las particulares circunstancias de la situación planteada o la existencia de otros referentes afectivos que se encuentren en condiciones de brindar adecuada asistencia a los menores para resolver cuestiones de la vida diaria.

Como consecuencia de ello, la pena en detención traerá aparejadas para su grupo familiar otras dificultades cuyo abordaje deberá concretarse a través de aquellos mecanismos de asistencia social acordes a las necesidades de cada familia, pero no representa una habilitación automática para el acceso a aquella modalidad de cumplimiento de la pena.

c). Arresto domiciliario requerido por aplicación de la Acordada Nº 09/20 de la Cámara Federal de Casación Penal:

Como se expresara previamente, el máximo Tribunal Penal del país estableció a través de la acordada 9/2020, pautas objetivas de actuación a los órganos jurisdiccionales de todo el territorio nacional a fin de que analicen e interpreten las herramientas procesales existentes, conforme a los parámetros dispuestos en el marco de la situación pandemia de COVID-19.

Al amparo de estas pautas interpretativas, se encauzaron diversas peticiones que originariamente no encontraban acogida en los parámetros legales establecidos por el art. 10 del Código Penal y los artículos 32, 33 y 34 de la Ley, 24.660.

En dicho contexto, aquellos que pretendieron su aplicación, entendieron que los delitos por los cuales fueron llevados a proceso podían considerarse como “de escasa lesividad” o “no violentos” en los términos de la Acordada.

Aquí el Ministerio Público Fiscal sostuvo que los establecido por la Acordada 09/20 no significó para la judicatura la obligación de propiciar arrestos domiciliarios, o una autorización para omitir, en el caso concreto, el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para cada uno de los institutos solicitados.

En rigor, tal conclusión reprodujo la opinión vertida por el Sr. Procurador General de la Nación interino, Dr. Eduardo Casal, en una nota de fecha 17 de abril de 2020 en respuesta a la Procuración Penitenciaria de la Nación en el marco de la pandemia por el Covid-19, en el sentido de que “por más atendibles que sean las razones que motivaron el requerimiento, los graves contextos de emergencia penitenciaria y sanitaria no permiten soslayar los presupuestos previstos en normas de fondo y procedimiento…”, entendiendo que la modificación de dichos recaudos está vedada a los órganos de administración de justicia, siendo en función del artículo 75 de la Constitución Nacional, un resorte exclusivo del Congreso de la Nación”.

Asimismo, recordó que el Estado Argentino ha asumido compromisos internacionales por medio de la ley 24.072, al ratificar la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, lo que en definitiva impone la necesidad de analizar cada caso atendiendo también al singular daño social que genera la comisión de delitos vinculados a infracciones a la Ley 23.737, como así también el notable y evidente crecimiento de tales actividades criminales, de una actualidad y extrema potencialidad lesiva para el cuerpo social.

Deviene de ello que la concesión del beneficio lejos de encontrarse librada a la sola discrecionalidad de éste, exige que el magistrado analice su procedencia en el caso en concreto a la luz de la finalidad del instituto –centrada en garantizar un trato humanitario al detenido procesado o condenado– y a la ponderación de las características personales del imputado por ser ello esencial para evaluar el riesgo procesal que podría conllevar su otorgamiento17.

d). Argumento subsidiario esgrimido en función del impacto de la declaración de pandemia de Covid-19 en el contexto de emergencia sanitaria y sobrepoblación de los establecimientos penitenciarios federales:

Este grupo de peticiones, cuya materialidad funcionó como planteo subsidiario a las pretensiones “principales” esgrimidas por las y los internos, se centraron en torno a la sobrepoblación carcelaria y la emergencia sanitaria declarada en el ámbito de las unidades penitenciarias federales18.

La fundamentación jurídica de estas pretensiones se formalizó a través de las previsiones de los artículos 10 del Código Penal y 32, 33 y 34 de la Ley 24.660, en función de los supuestos principales invocados por los requirentes19.

Desde esta perspectiva, la opinión del Ministerio Público Fiscal estuvo íntimamente vinculada a los datos estadísticos brindados por los organismos públicos encargados de diseñar las políticas y estrategias orientadas a prevenir la propagación del coronavirus (Ministerio de Salud de la Nación, Servicio Penitenciario Federal, Ministerio de Salud de La Pampa, etc.).

Asimismo, como se expresó previamente, el contexto sanitario de la provincia20 encontró su correlato en las unidades penitenciarias ubicadas dentro de su territorio (pertenezcan éstas a la órbita federal o provincial), las cuales no reportan casos activos de coronavirus.

En ese sentido, referido a las condiciones sanitarias de los establecimientos carcelarios, se recordó primeramente que el Servicio Penitenciario Federal, de manera temprana, implementó una serie de medidas específicas para prevenir y, eventualmente, mitigar los riesgos de expansión del COVID-19 en el ámbito de las unidades carcelarias21.

Idéntica tesitura adoptó el Ministerio de Salud de la Nación, que a través del informe titulado “Recomendaciones para atención y cuidado de la salud de personas en contexto de encierro y sus trabajadores en el marco de la pandemia”, trazó medidas específicas para prevenir y contener la propagación del virus.

Desde otro ángulo, las pretensiones sustentadas en la existencia de sobrepoblación carcelaria fueron merituadas por el Ministerio Público Fiscal en concordia con las medidas adoptadas por la Procuración Penitenciaria de la Nación, destacándose que entre los meses de marzo y mayo de 2020 logró reducirse la población encarcelada en un 15%22, alcanzando el Servicio Penitenciario Federal un nivel de ocupación del 94%.

Decisiones adoptadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa en contexto de pandemia de Covid-19.

A continuación, se realizará un breve repaso de los criterios adoptados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia de La Pampa al momento de resolver los planteos formulados por las personas detenidas en las unidades carcelarias, y las eventuales modificaciones que los mismos ha tenido en la etapa recursiva ante la Cámara Federal de Casación Penal.

En este sentido, se observa que la judicatura ha coincidido, en términos generales, con los criterios esbozados por el Ministerio Público Fiscal en materia de arrestos domiciliarios fundados en razones de salud.

En esa línea, ha resuelto que, no obstante integrar el interno el colectivo de personas vulnerables a sufrir complicaciones en su salud en caso de contraer covid-19, esta circunstancia no puede entenderse como única determinante para modificar la forma de encierro, sino que deben ser valoradas las demás circunstancias que rodean el caso.23

También expresó que “no cualquier enfermedad habilita la aplicación del instituto, sino que esa dolencia debe poseer una característica, cuáles que el encierro efectivo en una Unidad carcelaria pueda significar un obstáculo para su recuperación o tratamiento y siempre que no sea viable la internación o permanencia del interno en una institución hospitalaria pública o privada, ambas circunstancias que deberán acreditarse”24.

Estos argumentos fueron utilizados también en situaciones en las cuales se pretendían el otorgamiento de la medida para la atención de familiares enfermos, en el sentido de que, si bien a simple lógica el cuidado y acompañamiento por parte del marido de la afectada serían de gran ayuda para su enfermedad, lo cierto es que el arresto domiciliario se constituye en una medida excepcional, sustitutivo de la prisión efectiva, que debe ser amparado en extremo desde lo normativo y, también, desde lo factico25.

Similar concurrencia se ha registrado respecto de planteos sustentados en la necesidad de asistir a los hijos menores de edad por parte del detenido varón.

En ese contexto, ha entendido que no se observa ninguna razón de peso, objetiva, al amparo de la normativa vigente en la materia, que amerite la concesión del beneficio mencionado cuando se advierte que los derechos de sus hijos se encuentran resguardados y que su pareja se halla contenida por su núcleo familiar26.

Desde otro ángulo, relativo a las condiciones sanitarias de los establecimientos penitenciarios federales, entendió que si bien la situación de los establecimientos penitenciarios locales dista bastante de la difícil realidad que presentan sus similares en otras jurisdicciones con mayor demanda, no debe soslayarse los constantes reclamos que se reciben en materia de carencias de recursos, la falta de profesionales médicos y la suspensión de la atención extramuros27, En esa línea, más allá de los señalamientos del Ministerio Público Fiscal, sobre la ponderable situación de la jurisdicción local que exitosamente ha logrado hasta la actualidad contener el contagio del COVID-19, ello no debe implicar que el examen se desvincule del contexto global, ya que todas las unidades carcelarias integran un sistema penitenciario único que, en su conjunto, se encuentra sobrepoblado, hacinado y con escases de recursos humanos y materiales28.

Este temperamento fue revocado posteriormente por la Cámara Federal de Casación Penal, considerando insuficiente la alusión genérica a la pandemia generada por covid-19 así como la potencial amenaza que ello significaría para las personas que se encuentran detenidas, advirtiendo que por el contrario, ha quedado acreditado que las autoridades competentes la materia se ocupan de mantener plenamente vigentes los protocolos de prevención de contagios y propagación de la pandemia dentro del ámbito carcelario29.

Mayor disparidad se comprobó al momento de abordar la aplicación de las pautas interpretativas establecidas por la Acordada 9/20 de la Cámara Federal de Casación Penal.

Se resolvió en dicho contexto que, sin perjuicio de no constatarse afecciones de salud o por edad en quien peticiona, corresponde analizar el caso bajo la óptica de los otros parámetros fijados por la Alzada en la Acordada 9/20 para aquellas personas condenadas a penas de hasta 3 años de prisión30.

Entretanto, no obstante asistir razón al Ministerio Público Fiscal cuando señala que en los hechos calificados por los tipos penales previstos por la Ley nº 23.737 el Estado Argentino se encuentra comprometido internacionalmente en la lucha contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, lo cierto es que su lesividad y calificación de “no violento” deben ser analizadas en el marco de la finalidad perseguida por la recomendación de la Alzada.31

Finalmente, el precedente mencionado fue revocado por la decisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, entendiendo que no en dicho caso no se encontraban satisfechas las exigencias legales establecidas por el artículo 32 de la Ley 24.66032.

Otro precedente estimó innecesario mantener las condiciones de encierro del interno cuando solo restan poco más de 15 días para acceder al beneficio de libertad condicional, interpretando que en este caso el peticionante ingresa en el grupo de “personas en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional, siempre que cumplan los demás requisitos”33.

Conclusión.

A modo de cierre del presente trabajo, y sin pretender agotar la nómina de argumentos vertidos por las defensas de los detenidos, puede afirmarse que se encuentran someramente enumeradas las hipótesis de trabajo que se articularon en el transcurso de la pandemia de coronavirus que aún se transita en la provincia de La Pampa.

Asimismo, ha podido esbozarse las principales líneas argumentales esgrimidas por el Ministerio Público Fiscal de la Nación en el marco de la reducida porción de casos que se han recopilado.

Por último, en lo atinente a los criterios jurisprudenciales adoptados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia de La Pampa, resulta oportuno mencionar que en casos vinculados a cuestiones de salud de los peticionantes y/o sus familiares, como asistencia de hijos menores de edad por parte de detenidos varones, los argumentos vertidos coinciden en lo sustancial con las opiniones emitidas por la Fiscalía General en el marco de su actuación.

Distinta es situación respecto de planteos relacionados con las pautas interpretativas de la Acordada Nº 9/20 de la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación, en cuyo caso el criterio sostenido por el titular de la acción pública resulta más restrictivo que el adoptado por la Judicatura.

En conclusión, y no obstante las circunstancias reseñadas, puede afirmarse que la aplicación del instituto de arresto domiciliario ha mantenido su característica de medida excepcional a pesar del aumento de solicitudes verificadas durante la vigencia de la feria judicial extraordinaria.

1 Fiscal Federal interinamente a cargo de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de la ciudad de Santa Rosa y Fiscal General Subrogante ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa.

2 Auxiliar de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa

3GHEBREYESUS, Tedros Adhanom “Alocución de Apertura del Director General de la OMS”, consultado en https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—11-march-2020

4 THE PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION (PAHO) “Sistema de Información COVID-19 para la Región de las Américas”, consultado en https://paho-covid19-response-who.hub.arcgis.com./.

5 THE PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION (PAHO) “Sistema de Información COVID-19 para la Región de las Américas”, consultado en https://paho-covid19-response-who.hub.arcgis.com./.

6 MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA “Informe Epidemiológico Diario”, consultado en https://salud.lapampa.gob.ar/mds/.

7 Decreto nº 260/2020, Emergencia Sanitaria. DECNU-2020-260-APN-PTE – Coronavirus (COVID-19). Disposiciones. (2020) Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, 12 de marzo de 2020.

8 Cf. Artículo 2º Decreto nº 260/2020, Emergencia Sanitaria. DECNU-2020-260-APN-PTE – Coronavirus (COVID-19). Disposiciones. (2020) Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, 12 de marzo de 2020

9 CSJN. Acordada 04/2020. 16 de marzo de 2020.

11 Puede consultarse las disposiciones de la Acordada 9/20 en https://www.cij.gov.ar/nota-37089-Acordada-9-20-de-la-C-mara-Federal-de-Casaci-n-Penal.html

13 “JAIME, Ricardo Raúl”, de la Sala III, rta. 21/4/2020, voto de los Dres. Eduardo Rafael Riggi y Liliana Elena Catucci

14 “JAIME, Ricardo Raúl”, de la Sala III, rta. 21/4/2020, voto de los Dres. Eduardo Rafael Riggi y Liliana Elena Catucci

15 “ÁLVAREZ, Jorge s/ Recurso de Casación”, de la Sala de Feria de la CFCP, rta.3/4/2020.causa nº CFP 1188/2013/TO01/77/1/CFC028.

16“GEREZ, Lapuente”, de la Sala I, CNCC. reg. Nº 164/2016.rta. 8/3/2016. Causa nº CCC 65441/2014/TO1/3/CNC1.

17 En sentido similar C.F.A.B.B. causa nº FBB 22254/2018/16/1/CA13 “Romero, Sergio Osvaldo” del 11/4/20.

18 Puede consultarse las disposiciones de la Emergencia Penitenciaria en https://www.ppn.gov.ar/institucional/noticias/2167-emergencia-carcelaria

19 En tal sentido, el encuadre jurídico otorgado finalmente a la solicitud dependió del argumento principal esgrimido como motivo para la solicitud de arresto domiciliario. Por ejemplo, si la petición se encauzó en razón de los problemas de salud de la persona detenida, el argumento vinculado a la sobrepoblación carcelaria fue incluido como factor coadyuvante para completar la calificación contemplada en los incisos “a” y “c” del art. 32 y del art. 33 de la Ley N° 24.660.

20 Puede consultarse el reporte diario de contagios en la provincia de La Pampa en https://salud.lapampa.gob.ar/mds/vigilancia_comunidad

22 Sobre este punto, las conclusiones del informe pueden consultarse en https://www.ppn.gov.ar/pdf/boletines/ReporteestadisticoPPLCOVID19-5.pdf.

23 CANO VILLALBA, Leandro, del TOCFLP, rta. 28/7/2020 en causa nº FBB 20511/2018/TO1/9.

24 AQUINO, Gastón, del TOCFLP, rta. 1/6/20 en causa nº FBB 1450/2019/TO1/9.

25 GIMENEZ BAEZ, Miguel, del TOCFLP, rta.6/5/20 en causa nº FBB 127/2019/TO1/10.

26 CALIVA, Gonzalo, del TOCFLP, rta.13/5/20 en causa nº FBB 10025/2019/TO1/14.

27 CASTRO PATIÑO, Ramón José del TOCFLP, rta. 8/6/20 en causa nº FBB 7566/2014/TO01/19.

28 ARRIETA, Julio del TOCFLP, rta. 11/5/20 en causa nº FBB 940000011/2011/TO1/3.

29 CASTRO PATIÑO, Juan Manuel, de la Sala IV CFCP, reg.1305/20.4, rta.6/8/20. Voto del Dr. Gustavo Hornos.

30 JACINTO, Juan Manuel del TOCFLP, rta.12/6/20 en causa nº FBB 2921/2019/TO1/5.

31 JACINTO, Juan Manuel del TOCFLP, rta.12/6/20 en causa nº FBB 2921/2019/TO1/5.

32JACINTO, Juan Manuel, de la Sala IV CFCP, reg. 1322/2020.4, rta. 7/8/20.

33ARRI/ETA, Julio del TOCFLP, rta. 11/5/20 en causa nº FBB 940000011/2011/TO1/3.