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miércoles 27 de enero de 2021 - 5:17:20 PM
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
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Primer debate con los autores de “Miradas interdisciplinarias de la Ejecución Penal”

Como parte del lanzamiento de “Miradas interdisciplinarias de la Ejecución Penal”, el primer libro que edita la AMFJN en su historia, las Comisiones de Revista y Biblioteca (representada por María Amelia Expucci) y Ejecución Penal y el Instituto Superior de la Magistratura (con la coordinación de Diego Barroetaveña y Alejandra Provitola) iniciaron una serie de debates sobre las temáticas desarrolladas en la obra.

Para esta primera edición del evento, se seleccionó un primer grupo de autores para que expusieran sobre su campo de estudio para el libro. Las moderadoras fueron María Alejandra Méndez y Corina Paulucci.

PABLO CORBO, “Propuestas para transformar la ejecución penal y la política penitenciaria argentina”

“Dediqué mi ensayo a una propuesta para cumplir el programa de política penitenciaria definido desde el año 1853 por el artículo 18 de la Constitución Nacional Argentina. Esto implica fortalecer la independencia judicial, dotando de un sentido definido y virtuoso al control judicial en la etapa de ejecución penal y contribuir a pacificar el sistema social. En ese sentido, planteo algunas de las razones por las cuales podría alcanzarse, si el Servicio Penitenciario Federal dependiera orgánicamente del Poder Judicial y, específicamente, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

LEANDRO GÓMEZ CONSTENLA, “Plazos exigidos para expulsión de extranjeros involucrados en procesos penales”.

“El fallo de la Sala II de la CFCP “Gutierrez Churrata, Benito Max. s/ recurso de casación” es materia actual de debate, si para que proceda el extrañamiento de un condenado privado de libertad, resulta un presupuesto ineludible la satisfacción del requisito de progresividad penitenciaria establecido en el inciso I del artículo 17 de la Ley de Ejecución Penal. Esto es su incorporación al período de prueba, o si, por el contrario, sólo constituye un parámetro objetivo para acreditar el cumplimiento del plazo temporal exigido para acceder a esta etapa del régimen penitenciario, en la mayoría de los casos, haber cumplido la mitad de la pena, tal como la redacción originaria de la Ley de Política Migratoria Argentina n° 25.871 exigía, todo ello en función de la reciente modificación introducida a la ley 24.660 mediante ley 27.375 -a cuyo artículo 17 remite la ley de migraciones- que altera sustancialmente el tratamiento progresivo penitenciario diseñado por la norma original.

GABRIELA FUENTES y ANALÍA MONFERRER (en coautoría), “Aplicación de la perspectiva de género en las decisiones judiciales (ejecución penal)”.

“Analizamos la aplicación de la perspectiva de género en algunos casos sometidos a conocimiento de la justicia de ejecución penal. En ese marco, examinamos situaciones en las que, ante el inminente agotamiento de la pena y la inminente libertad, se dictaron medidas de protección en virtud de la ley 26.485 respecto de quien, en el proceso, resultó víctima de violencia doméstica; la revocatoria de la prisión domiciliaria ante hechos de esas mismas características; también medidas de protección hacia una condenada en el cumplimiento de su prisión domiciliaria; la responsabilidad parental en contexto de encierro; el programa para víctimas de violencia de género y el programa específico para personas trans en contexto de encierro”.

“El sistema judicial puede convertirse, en muchos aspectos, en una práctica discriminatoria hacia la mujer y por eso la necesidad de mejorar la respuesta del sistema para modificar, a través de sus decisiones, los patrones socio culturales de conducta. De allí la importancia de visibilizar la tarea de juezas y jueces pues, en definitiva, son quienes pueden transformar la realidad una vez que el resto de las agencias del Estado han fallado”.

 

NADIA VANINA SASOWSKY Y JUAN MANUEL IGLESIAS (en coautoría), “Las funciones del juez de ejecución en el Código Procesal Penal Federal: análisis comparativo”.

“En el ensayo introdujimos los principios del sistema acusatorio que rigen el proceso de ejecución de la pena, y delinean el nuevo paradigma de actuación desde la jurisdicción. Se analizan comparativamente, en orden a la implementación gradual y progresiva del Código Procesal Penal Federal, las funciones del Juez de Ejecución en el marco de las Leyes n° 27.063 y n° 23.984, y se precisan las diferencias, a modo conclusivo, en el último punto: –

La separación de funciones jurisdiccionales y administrativas con el fin de optimizar la prestación del servicio de justicia.

La instrumentación de la oralidad como medio para el desarrollo de la actividad propia de la etapa de ejecución de la pena, en el que las incidencias se resuelven en audiencias con intervención d

e las partes; y la actuación a instancia de parte, con excepción de la práctica y, en su caso, revisión del cómputo de pena, y el ejercicio del control judicial y administrativo de su ejecución, entre otros puntos”.

 

MARCELO PELUZZI, “El derecho a la salud en las cárceles: pandemia y telemedicina”.

“La telemedicina vino para quedarse, y resuelve o resolverá cada vez más las cuestiones mediadas por la distancia geográfica y el aislamiento en todas sus formas, promoviendo a la salud como un valor y un derecho universal para todos los habitantes. En el marco de este artículo, repercutirá como refuerzo al derecho de la salud en las cárceles, donde no resulte posible o se dificulte el acceso a los especialistas. Y resulta de importancia avanzar con esta herramienta en dicho ámbito, dando continuidad a la formación virtual para equipos de salud del Servicio Penitenciario Federal que comenzó a llevarse a cabo a través del Plan Nacional de Salud y aprovechar la situación de pandemia, donde hay limitación de traslados y servicios médicos colapsados, para reestructurar la atención médica en base a los lineamientos indicados en esta obra”.

 

MARCOS CAFFARANA: “Tensiones entre el artículo 28 de la ley 24.660 y el artículo 13 del código penal. La doctrina de la Sala 3ra. de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional”.

“A partir del fallo “Duarte” del 28 de abril de 2020, la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional alertó la tensión existente entre el artículo 28 de la ley 24.660 y el artículo 13 del Código Penal en relación al principio de igualdad ante la ley por su aplicación diferente según la jurisdicción, el tiempo de detención necesario para obtener un pronóstico de reinserción social favorable en caso de penas que no superen los tres años y la competencia de los organismos técnicos criminológicos al imponerles una conclusión en determinados casos”.

 

Las próximas jornadas de presentación del libro por sus autores se llevarán a cabo el 1/12 y 9/12