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Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
Número 7 (Diciembre 2020)

Tipos penales en conflicto… arts. 5º inc. “c”, 7º y 11° inc. “c” de la ley 23.737

Por Santiago J. Aleman1 y Pablo M. Acosta2

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Sumario:

Este trabajo tiene por objeto el estudio de distintas figuras de la ley de estupefacientes y psicotrópicos, más precisamente aquellas previstas en los arts. 5 inc. “c”, art. 7 y finalmente el art. 11 inc. “c” de la ley en trato, como así también el esfuerzo que debe realizar el magistrado para conocer e interpretar cada paso del “iter criminis” para encasillar la participación del imputado en un tipo penal concreto, toda vez que la conducta ilícita encuadrada como se verá durante el desarrollo del presente, reviste trascendental importancia aun desde la incipiente etapa instuctoria ya que trae aparejado consecuencias procesales, máxime al encontrarse en algunos casos supeditada a ello la libertad de una persona.

I.- Introducción: planteo del problema

La situaciónn del narcotráfico en la República Argentina debe ser analizada en un contexto internacional en el cual se encuentra inmerso ya que constituye una de las problemáticas criminales más complejas en el mundo actual. En efecto, el informe mundial sobre las drogas confeccionado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, presentado en Viena el 26 de junio de 2020, ratifica la delicada situación vinculada al tráfico y consumo de estupefacientes resaltando un crecimiento sostenido en tales actividades, aún frente al impacto que sufrió el mercado de drogas por la pandemia COVID-19, que motivó la reconvención de sus estructuras criminales y operacionales para continuar con las actividades, demostrando resultados superadores.

Conocer acerca del mundo subterráneo en el que opera el narcotráfico, diversificación, producción y cultivo, eslabones de tráfico, canales y rutas de traslado, mutación de delitos, entre otros, es sumamente necesario para luchar y prevenir esta problemática, pero también es imprescindible accionar de forma diligente el aparato judicial penal cuando una persona es detenida y/o imputada por la comisión de delitos, la gestión del tribunal y la tramitación del expediente, ejecutándose todas las medidas jurisdiccionales que se encuentren al alcance del magistrado para desentrañar cada caso concreto, aplicando las respectivas técnicas de investigación para determinar el hecho delictivo, establecer la participación y finalmente subsumir el accionar del encausado en un tipo penal, con un grado de convicción suficiente, pero no por ello obviando realizar todas las diligencias y métodos de prueba que permitan agotar la pesquisa, a los fines de evitar transgredir principios procesales desde la incipiente etapa instructoria y optimizar los esfuerzos para realizar el traspaso de instancia de forma completa, iniciando el debate sin la necesidad de medidas pendientes de producción que dilaten el cauce del sumario (instrucción suplementaria art. 357 del C.P.P.N), ya que el fenómeno del narcotráfico avanza a pasos inmensurables, lo cual amerita con mayor firmeza una justicia rápida y eficiente.

Concretamente, si bien la doctrina y jurisprudencia3 han sostenido a lo largo del tiempo que en la etapa de instrucción no se requiere certidumbre apodíctica al realizar la calificación legal de la conducta delictiva, sino una mera probabilidad de reprochabilidad en los encuadres que pudieran achacarse para así habilitar el avance del proceso hacia el juicio oral; postura que compartimos, pero entendemos que la subsunción de una conducta al tipo penal, no debe realizarse con premura y como un mero traspaso de instancia (para que posteriormente se delimiten correctamente las consideraciones del hecho al tipo endilgado), por el contrario, y como se verá durante el impulso del presente, una endeble adecuación penal podría traer aparejada la violación de principios procesales también durante la instrucción- que hacen a la garantía del debido proceso y defensa del imputado.

Nótese que en esta etapa entran en juego, atendiendo a la calificación escogida, decisiones tales como: procesamiento con o sin prisión preventiva, beneficios de exención de prisión o excarcelación -que frente a la actual implementación del C.P.P.F. (art. 221 inc. “b”)- su análisis, también alcanza a institutos como la condena condicional considerando además la pena en expectativa, la extinción de la acción penal por prescripción, agravantes del tipo, como así también, la correcta intervención del órgano judicial, entre otros; escenarios que no hacen más que demostrar la delicada tarea que poseen los jueces al momento de encuadrar una situación fáctica a una figura penal, aún desde su inicio.

En función a ello, se intentará determinar si resultan aplicables las calificaciones legales que se detallan a continuación, que han sido advertidas en forma conjunta en numerosos resolutorios judiciales.

  1. ¿Hay concurso entre la tenencia de estupefacientes agravada por el número de personas organizadas para cometerlo organización-, y la conducta de organizar/financiar dicho tráfico ilícito?, ¿Concurren de algún modo las figuras descriptas en el art. 5º inc. cy 11 inc. c, con el art. 7º de la ley 23.737?.

  2. ¿Se agrava la situación del organizador del comercio de estupefacientes también por integrar una organización de narcotráfico? ¿Debe aplicarse a la figura del art. 7º el agravante del citado art. 11 inc. c?.

II. Breve reseña de los tipos penales aludidos.

En primer lugar, es menester resaltar el bien jurídico protegido por la ley en trato -ley 23.737 y sus modificaciones-, esto es, la salud pública, entendida como aquella que abarca la protección de la sociedad frente a las consecuencias negativas y los costos del consumo de drogas, obsérvese así a la salud pública como derecho colectivo, no particular.

Individualizado el bien jurídico tutelado, debe recordarse que dicha ley no prevé delitos de peligro concreto, motivo por el cual los tipos penales que se analizan contienen la facultad de ser encuadres de peligro abstracto, con la exclusiva particularidad de poseer dominio sobre la lesión a un bien jurídico protegido que se producirá en un momento posterior.

La redacción de los distintos tipos penales comprendidos en ella, ha buscado encuadrar una conducta humana determinada en cada una de las normativas formuladas y definidas, es decir con conminación anterior, de modo que permita instrumentar la denominada teoría doctrinal teoría de la imputación penal, y corroborados los tres elementos estructurales del delito tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad- encasillar el accionar desplegado que a su vez también podrá concurrir con artículos de la misma ley, como así también agravarse.

Para adentrarnos en una fortalecida respuesta es indispensable conocer con detenimiento las figuras bajo examen, por lo que entendemos conducente proceder a su transcripción y breve reseña, a modo ilustrativo, a saber:

Art. 5° inc. “C” de la ley 23.737.

La normativa en cuestión prescribe que Será reprimido con prisión de cuatro a quince años y multa de cuarenta y cinco a novecientas unidades fijas el que sin autorización o con destino ilegítimo: c) Comercie con estupefacientes, precursores químicos o cualquier otra materia prima para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o dé en pago, o almacene o transporte.

La trascendental figura ha sido históricamente modificada a los efectos de punir todas las conductas que pudieran implicar un aporte a la cadena de producción y comercialización del tráfico ilícito de drogas, conminándose con una misma escala penal una gran cantidad de figuras, debido a que el tráfico implica un complejo entramado de acciones que van desde la siembra, cultivo o la preparación, hasta su entrega final al consumidor.

Corresponde ponderar que el bien jurídico tutelado del tipo penal comentado se ve afectado recién con el comercio de la droga, tipificando en un estadio anterior la lesión de la salud pública, siempre y cuando se encuentre fundamentada la idoneidad de la conducta específica para contribuir a la difusión de drogas en la sociedad, contexto que permite considerar detenidamente, además de la peligrosidad en la acción tenencia de estupefacientes, los indicadores que rodearon al procedimiento para corroborar la efectiva posibilidad de lesión (peligrosidad concreta), desde el punto de vista ex ante, como se dijo, a la salud colectiva fines de comercialización-.

Debe recordarse que la figura del art. 5 inc. c, además de cubrir el elemento objetivo posesión o tenencia de la sustancia- y subjetivo al conocimiento y voluntad de aquella, requiere para configurar el delito un plus que debe sumarse al componente subjetivo que excede el dolo de realizar la conducta, denominado ultraintencionalidad de la acción. Este exige el premeditado deseo del agente comisivo de alcanzar el fin propuesto, representado por el propósito de comerciar o traficar la droga. Con lo cual, deberá acreditarse la posesión, como así también la finalidad orientada a una proyección personal que trascienda la esfera íntima de la individualidad del agente y así transgredir el bien jurídico protegido.

Aquél especial elemento subjetivo permite que se mire hacia un momento posterior fin de comercialización-, sin perjuicio que por tratarse de un delito cortado, no es necesario que la comercialización se ejecute fehacientemente y la intención o tendencia interna trascendental, constituye un valor agregado que se asienta sobre el ánimo del dolo.

Art. 7°: Será reprimido con prisión de ocho (8) a veinte (20) años y multa de noventa (90) a mil ochocientas (1.800) unidades fijas, al que organice o financie cualquiera de las actividades ilícitas a que se refieren los artículos 5° y 6° de esta ley, y los artículos 865, inciso h), y 866 de la ley 22.514.

Como ha sido reseñado al delimitar el art. 5° “c, el bien jurídico protegido resulta ser la salud pública. En consonancia con ello, se ha buscado con éste artículo -7°– combatir con mayor firmeza los casos de criminalidad organizada vinculada con las acciones prescriptas por las normativas de los arts. 5 y 6, y de ésta forma, perseguir a las personas que se encuentran en la cúspide del delito, quienes organizan, orquestan y financian la estructura y los distintos eslabones del proceso criminal.

La caracterización de éste tipo penal no se encuentra vinculado a labores ejecutivos o materiales del narcotráfico, sino que penaliza la específica actividad del organizador de elaborar un plan criminal, dotarlo de los medios necesarios, con las personas idóneas para cada rol, crear los distintos estadios del proceso, con el fin de lograr los fines propuestos, en éste caso el comercio de estupefacientes.

Se trata de un delito de autoría mediata toda vez que no participa necesariamente en las transacciones materiales del comercio de droga, sino que es una posición jerárquica superior, que se vale de intermediarios para lograr el plan criminal orquestado, pero que sin él no se llevaría adelante. La astucia de la estructura funcional puede verse materializada justamente por la dificultad de ser detectada o verse encarcelados únicamente los estamentos más débiles y prescindibles de la misma.

Es preciso señalar que éste no requiere para su comprobación la presencia real del estupefaciente, sino poner en funcionamiento a las partes que realizarán las conductas o les proporcionen los recursos necesarios son los componentes perseguidos por el tipo.

Por tales razones, el tráfico ilícito organizado es un delito sumamente complejo, que además puede superar las fronteras nacionales, no sólo para distribuir droga en condiciones de ser finalmente consumida, sino que puede ocurrir que en diferentes países se perfeccione el proceso, por cuanto existen naciones productoras de estupefacientes y países de tránsito o centro de distribución. Esta importante mecánica organizada que excede las fronteras y las consecuencias nocivas a la salud pública mundial también trae aparejado la mutación o traspaso del proceso criminal, como puede ser la puesta en circulación en los diferentes sistemas financieros bienes provenientes de maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes, desplegadas en el mismo país o por fuera de los límites del territorio, con el objeto de que adquieran apariencia lícita.

En efecto, si bien el delito de lavado de activos excede el objeto del presente, resulta imprescindible detallar que el delito de narcotráfico organizado puede ser el umbral de la fase externa del camino delictivo orquestada por el ideólogo iter criminis- que comprende etapas diferentes y delitos autónomos, pero se encuentran dentro del mismo plan. Una vez obtenidas las sumas de dinero por las actividades de tráfico de drogas, puede iniciarse la etapa de conversión para evadir los controles y descontaminar los bienes, realizando un proceso escalonado y fluctuante, con inyecciones de dinero en lugares diferentes, creando sociedades para justificar dividendos, efectuando operaciones ficticias o adquirir bienes a nombre de las sociedades, dificultando así la identificación del verdadero propietario. Pero el valor agregado de la organización no será únicamente la astucia de fluctuar las inversiones, sino el proceso de reciclado de dichos bienes, esto quiere decir, renovar constantemente los mismos, adquiriendo y enajenando, reconvirtiéndolos en nuevos negocios para así confundir y dificultar la trazabilidad del recorrido histórico del dinero producto del narcotráfico. Como se dijo, estas estructuras cambian su forma, vierten y así logran salir de la economía subterránea o informal para incorporarse al sistema legal, escenario que finalmente le permitirá al lavador disfrutar de las adquisiciones recicladas o limpias sin exponerse al peligro de atraer la atención de los entes reguladores estatales.

Todas estas particularidades de la estructura criminal resultan imprescindibles al momento de interpretar el objetivo buscado por el legislador con la redacción del art. 7°, incrementando el castigo de la faz directriz del narcotráfico con una pena tan elevada.

Art. 11 inc. “c”: Las penas previstas en los artículos precedentes serán aumentadas en un tercio del máximo a la mitad del mínimo, sin que las mismas puedan exceder el máximo legal de la especie de pena de que se trate:…c) Si en los hechos intervinieren 3 o más personas organizadas para cometerlos

Así, podemos deducir claramente de su lectura, que la normativa penaliza la coparticipación de tres o más personas en el tráfico de estupefacientes con la existencia de una actuación coordinada, de tal suerte que se garantice una mayor eficacia en las maniobras. Para mayor entendimiento, resulta relevante que ésta coordinación existente entre los integrantes de la organización, no requiere el conocimiento efectivo de cada uno de ellos en cuanto a los labores que ejecutan los restantes, basta con el conocimiento de que se forma parte de una organización y de la tarea que se le asignó para contribuir al delito.

III.- Exposición de las posturas frente a los interrogantes.

  1. En cuanto a la primera de las interrogantes, y conforme fuera adelantado, si bien se han detectado resolutorios judiciales donde concurren los 3 tipos penales, ej: (…) I) ORDENAR EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA, por considerarla “prima facie” coautora penalmente responsable del delito de comercio de estupefacientes agravado por haber intervenido tres o más personas organizadas para ello y organizadora de esa estructura delictiva (arts. 45 del Código Penal, 5° inciso “c”, 7° y 11° inciso “c” de la Ley 23.737, y arts. 306, 312, y 319 del Código Procesal Penal de la Nación)4, lo cierto es que entendemos pertinente hacer aclaraciones al respecto y en consecuencia demostrar nuestra posición en ese sentido.

Con relación al art. 5° inc. cy el art. 11 inc. cde la ley de drogas, vale destacar que los mismos pueden coexistir sin más examen, lo central del estudio se verá reflejado al incorporar el art. 7° al conflicto.

Frente a ello, nuestra posición encuentra desacertada la concurrencia de las normativas en trato, en primer lugar, por la simple comprensión de cada una de las figuras. En ese sentido, no puede soslayarse que los tipos de los art. 5° y 7° poseen autonomía propia, con lo cual el legislador ha previsto un específico obrar para cubrir cada uno de los presupuestos delictivos, siendo improcedente interpretar el art. 7° como agravante de la conducta reprochada por el art. 5°, en cuanto son figuras escindibles, disímiles en su realidad fáctica como lo es su descripción jurídico-penal.

En la misma línea de ideas, debe decirse que la figura de organizar o financiar, en modo alguno puede concurrir con el tipo del art. 5°, dado que si bien ambos artículos conminan contenidos de un mismo ilícito, la autonomía en la gravedad y especificidad del art.7°, invoca la realización de un concurso aparente de leyes por los principios de especialidad y consunción. Debe recordarse que habrá concurso aparente de leyes, cuando el contenido íntegro de ilicitud objetivo y subjetivo- de uno de los tipos penales implicados ya se encuentra contenido en otro, y por ello causará una sola lesión de la ley penal, dicha circunstancia ocurrirá cuando entre las figuras se observe una relación de especialidad, consunción o subsidiariedad5. El primer principio traído a estudio precedentemente induce que la figura penal con mayor número de características resulta ser especial respecto de la general, si bien uno y otro son similares en sus respectivas estructuras o contenidos, ya que están elaborados sobre la misma acción principal, se distinguen por la mayor cantidad de elementos que posee el tipo restrictivo. La regla es que la figura específica desplaza o deroga a la genérica, tratándose de una relación de subordinación de las conductas generales frente a las especiales en forma de encerramiento conceptual, no obstante lo cual, éste no resulta aplicable sino desplazado cuando el hecho concreto satisface no sólo los requisitos básicos sino también los adicionales del específico.

Respecto al principio de consunción, previo a destacar los fundamentos de su aplicabilidad, debe remarcarse que el mismo se aplicará únicamente en la concreta situación del organizador de la estructura narcocriminal, que además participa materialmente en las conductas del art. 5°, circunstancias que respaldan la utilización de este principio y no el de especialidad, en ese caso puntual.

Debe recordarse que el principio en cuestión, remarca la particular absorción que puede efectuarse entre normas, por encontrarse configuradas diferentes disposiciones legales en una misma situación de hecho pero, en definitiva, el contenido íntegro de ilicitud de uno de los tipos penales ya se encuentra comprendido en el otro, que además constituye una penalidad más gravosa, consumiendo la escala penal y el injusto de la disposición. A modo de ejemplo puede remarcarse la consunción existente entre los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y la defraudación contra la administración pública, donde necesariamente debe concretarse la primera de las normas para finalmente defraudarse al estado, mientras que en la situación bajo examen se traduce que el organizador/financista participando de forma mancomunada en uno de los eslabones de la misma, su obrar consume o absorbe en su totalidad la normativa menos gravosa. Sentado cuanto precede, debemos traer a colación el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se dijo que: “El supuesto de consunción o absorción sólo existe cuando la pena de la ley aplicable, por ser la más grave, consume ya la pena y el injusto de la disposición desplazada”6.

Esta autonomía legal que reviste el art. 7°, concebimos que no debe confundirse o desatenderse, ya que el legislador instituyó la misma para darle una penalidad más rigurosa a las conductas expresamente estipuladas, en miras al compromiso internacional asumido en función a la lucha contra el crimen organizado Convención de las Naciones Unidad Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, llevado a cabo en Viena, el 19 de diciembre de 1988-.

En base a las consideraciones plasmadas entendemos, que no resulta apropiada la concurrencia de ambos tipos penales.

2- Con relación a la segunda interrogante sustanciada, es dable señalar la presencia de doctrina y jurisprudencia contrariada, en tanto existen valoraciones que respaldan la convergencia del art. 7° y el art. 11° inc. cde la ley 23.737, como así también oposiciones en tal sentido.

Así, las valoraciones que niegan la intervención de ambas normas encuentran fundamento en el principio ne bis in ídem, argumentando que el agravante del art. 11 inc. c, no podría aplicarse al art. 7° debido a que ésta última figura comprendería las circunstancias descriptas por la primera, dicho de otra manera sostienen que al organizador no se le puede endilgar formar parte de una organización delictiva, pues resultaría de entender al art.7 agravante del 5 y por tal motivo una utilización de doble agravante para la figura básica.

Nuestra posición, difiere de aquella por los motivos que de seguido serán expuestos.

En primer lugar, como fuera indicado al momento de analizar el art. 7°, no existen dudas sobre la autonomía que reviste dicha tipificación, mientras que el art. 11 inc. ces una agravante de las conductas previstas en los artículos que lo preceden, entre los que se encuentra sin mayor estudio el art. 7°, que no comprende la totalidad del disvalor del hecho de haber participado en las conductas tres o más personas, ya que este último elemento, vinculado a los intervinientes no integra las características intrínsecas de la figura de ser organizador/financista, sino de encontrarse organizados y en cantidad.

Pero el sustento de la postura, también debe verse amparado al valorar que la agravante en cuestión se creó para penalizar el aumento en la peligrosidad que representa el accionar de tres o más personas instituidas respecto al bien jurídico tutelado, acrecentando las posibilidades de éxito en la concreción de la estructura narco-criminal.

De igual modo, entendemos que en el caso de aplicar únicamente la agravante del art. 11 c, a los casos del art. 5° y 6° de la ley (no así a los que se les reprocha el art. 7°), por haber efectuado un aporte consiente dentro de la cadena del narcotráfico y alcanzando cuanto menos tres integrantes, la escala penal máxima atribuible para esos partícipes sería equivalente a la del organizador de la estructura criminal del art. 7°, circunstancias que refuerzan la aplicación del art. 11 inc. ctambién al jefe de la banda, toda vez que en caso contrario los eslabones más débiles del plan criminal tendrían una escala penal reprochable idéntica a la del organizador que forma parte en aquel disvalor y por consiguiente se estaría desatendiendo los fundamentos por los cuales se intentó penalizar con firmeza al crimen organizado.

Bajo éste panorama fáctico, la prisión de quince años de máxima que prevé el art. 5° podría extenderse 5 años más (computándose el tercio que prevé su agravante del art. 11 inc. c), resultando así una escala penal máxima de 20 años, igualando al artículo 7°, que también prescribe veinte años como pena máxima, circunstancias que evidencian el equivalente reproche que podrá atribuirse en los diferentes casos.

Como otro elemento de argumentación, debe diferenciarse el propósito de crear una estructura criminal (organizar/financiar), la cual, a su vez con la estrategia delictiva puesta en funcionamiento con tres o más personas que actúan de forma organizada, eleve la peligrosidad en la acción, ocultando y ejecutando las actividades con mayor firmeza e idoneidad y en consecuencia vulnerando en mayor medida el bien jurídico tutelado.

Asimismo, resulta imprescindible distinguir que la agravante únicamente exige para su aplicación, la demostración de individuos con actuación coordinada, con división de roles y funciones, que responden a un plan común. Precisamente, éstos roles y funciones, existentes en toda empresa lícita son los que deben identificarse, individualizarse, diferenciarse y penalizarse en una estructura de narcotráfico, dotando a los ideólogos o cerebros del delito con un tipo penal exclusivo art.7°– que al orquestarse con un plan que reúne a otros artistas para concretar su designio, la pena debe agravársele por el art. 11 inc. c.

Obsérvese en tal sentido que las conductas vinculadas con el comercio de drogas pueden organizarse, orquestarse y a su vez ser producidas por el mismo autor, circunstancias a las que claramente no se les aplicará la agravante.

CONCLUSIÓN:

El ensayo efectuado no es más que un intento de profundizar algunos encuadres penales de la ley 23.737, con el objetivo de intentar mejorar la tramitación de los expedientes.

En tanto, el particular análisis reflejado a lo largo del presente, si bien respaldó las posturas sustentadas para demostrar el motivo por el cual resulta aplicable un tipo penal específico en una situación concreta y su correcta agravante, el objeto del trabajo no debe verse limitado en dicha claridad circunstanciada de la ley 23.737, sino que nos hemos inspirado en la materia para procurar contribuir de forma entusiasta y desde la experiencia de la práctica profesional judicial en el tema, a la correcta administración de justicia.

Bibliografía consultada:

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FALCONE, Roberto A, Derecho Penal y Tráfico de Drogas, Editorial Ad-Hoc, 2ª ed., Buenos Aires, Argentina, 2014.

ASTURIAS, Miguel Ángel, Estupefacientes, Editorial Hammurabi, 1ª ed., Buenos Aires, Argentina, 2019.

CORNEJO, Abel, Estupefacientes, Editorial Rubinzal-Culzoni, 4ª ed., Buenos Aires, Argentina, 2018.

-CANO, Daniel F. Estupefacientes y Derecho Penal, Editorial Ad-Hoc, 1ª ed., Buenos Aires, Argentina, 2016.

-CARAMUTI, Carlos S., Concurso de Delitos, Editorial Hammurabi, 3ª ed., Buenos Aires, Argentina, 2018. -DURRIEU FIGUEROA, Roberto, La Ganancia Económica del Delito, Editorial Marcial Pons, 1ª ed. Buenos Aires, Argentina, 2017. -BACIGALUPO, Enrique, Derecho Penal Parte General, Editorial Hammurabi 2da. ed. 4ta. Imp., Buenos Aires, Argentina, 2014.

 

1 Prosecretario Administrativo de la Secretaría Penal N°10 del Juzgado Federal N° 3 de Morón

2 Secretario Federal de la Secretaría Penal N°10 del Juzgado Federal N° 3 de Morón

3 Clariá Olmedo, Tratado de derecho procesal penal, tomo IV, Rubinzal, Buenos Aires, 2008, pg. 354; Binder, Alberto, Introducción al derecho procesal penal, Ad Hoc, Buenos Aires, 2ª edición, pg. 254; Sala II, cnro. 28.341, “Incidente de nulidad de Acosta, Jorge Eduardo – clausura de la instrucción-, reg. 30.490, rta. 14/10/09; cnro. 27.269.

4 Causa 53490/15 del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, fecha 15/01/2016.

5 Concurso de delitos, Carlos S. Caramuti, 3ª ed., pag. 189, año, 2018, Buenos Aires, Argentina.

6 C.S.J.N, 27/12/90, “Acosta, Carlos”, JA, 1992-I-34.