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Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
Número 7 (Diciembre 2020)

La Legitimidad como soporte del Poder Político en las Democracias Constitucionales

por Alejandro Augusto Castellanos, Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.-

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Introducción:

La noción de “Poder Político” aparece íntimamente ligada a la idea de gobierno y también, porqué no, de Estado, entendido éste como forma organizativa de una sociedad, nucleada a partir de una estructura convivencial, en la que los conceptos de orden, disciplina, autoridad y legitimidad se erigen como extremos necesarios para asegurar su continuidad temporal y su unidad permanente.

El último de los conceptos enunciados, el de ‘legitimidad’, se presenta incluso como un verdadero “valor” de la democracia constitucional, en tanto actúa como sustento de autoridad del Poder Político, auténtico poder constituido.

En efecto, más allá del significado etimológico de la expresión, cuya raíz alude a una cualidad de base legal –“legis”- y se identifica como una derivación de un mandato de tal ley, en la práctica de la democracia constitucional ello se asimila a la capacidad de los poderes políticos para lograr una aceptación consensuada para reconocerle autoridad.

Desde antaño, se ha distinguido entre la legitimidad de origen y la de ejercicio, identificando a la primera como aquella que en las democracias constitucionales es derivada del resultado de un acto eleccionario, en tanto que la segunda es la consecuente de un juicio moral que la ciudadanía construye a partir de la actuación del Poder Político, o lo que es igual, de sus autoridades constituidas.

El particular subjetivismo sobre el cual se asienta este último juicio valorativo impone entonces examinar el proceso que conduce a su formación y, más aún, las líneas ideológicas a partir de las cuales ello se procura, incluso desde las esferas del Poder.

La aparición del “populismo”

A lo largo de la historia y, con particular significación, a partir de las revoluciones liberales que dieron lugar a la caída de los denominados Estados modernos, se han contado diversos movimientos, identificados por la sociología política con fenómenos tendientes a justificar o sustentar la legitimidad de las estructuras monolíticas del poder, contribuyendo al afianzamiento de su hegemonía. Entre ellos, el republicanismo, el conservadurismo, el nacionalismo, el liberalismo, el socialismo, etc.

Sin embargo, más allá de que todos ellos han procurado hacer base en un esquema de demandas inherentes a un grupo más o menos dominante –libertades, demandas sociales, espíritu nacional, etc.-, en los últimos tiempos el populismo ocupó claramente el centro de la escena, modificando verdadera y sustancialmente la relación entre hegemonía y democracia.

En rigor, ese movimiento se articuló como nexo entre uno y otro concepto, presentándose como una ideología superadora, en términos de captación de adherentes, al incursionar en la sociología política como factor o vector aglutinante de masas o facciones sociales, caracterizadas por ostentar necesidades insatisfechas y una idea de combate a toda estructura hegemónica que desprecie su atención inmediata y prioritaria.

A partir de tal comprensión, el populismo propone una segmentación ‘clasista’ de la sociedad a la manera de Ernesto Laclau, esto es, mediante la “presentación de las interpelaciones popular-democráticas como conjunto sintético-antagónico respecto a la ideología dominante”.

La abstracción de tal construcción y su consecuente elevación al plano teórico encuentra su mayor expresión, tal vez, en la obra “La razón populista”, en la que se concreta una articulación de elementos, ontológicamente diversos, para esquematizar el modo en que las relaciones sociales determinan la producción de la sociedad como tal y su estructura organizativa. Entre aquellos elementos considerados cabe destacar al discurso, al antagonismo y a la hegemonía.

El discurso se construye a partir del establecimiento de una precondición social, en la cual las demandas tienden a reagruparse y aglutinarse sobre la base negativa de que todas permanecen insatisfechas.

Esa “clase” o grupo social reagrupado conforma una “fuerza social”, nucleada en torno de una idea de distingo o de diferenciación entre ‘nosotros’ y ‘ellos’, provocando el antagonismo (segundo elemento destacado) necesario para repensar y cuestionar la relación entre las fuerzas sociales y el Poder Político.

A partir de allí, se minan las bases de toda hegemonía (tercer elemento) o representación que no se consustancie con la idea de populismo.

De esa manera, se traza una frontera dicotómica que separa discursivamente a “los de arriba” de “los de abajo”, pero que en rigor, procura aglutinar a todos aquellos sectores que presentan necesidades desatendidas.

Sin pretender realizar un análisis crítico a la tarea desarrollada por Laclau –por exceder el objeto del presente trabajo-, es posible no obstante identificar en su teoría dos tipos de pilares, que merecen ser destacados por la utilidad que aportan a la comprensión del fenómeno. Por un lado, los pilares eminentemente teóricos -que de algún modo se consustancian con las ideas sucintamente expuestas- y, asimismo, aquellos otros esquemas estructurales, de índole práctica, que se vislumbran a partir del análisis empírico de las circunstancias verificadas, mayormente, en la realidad reciente de distintos países de la región latinoamericana.

Pilares teóricos

Entre los teóricos, es evidente que la división o segregación de la ciudadanía entre un “ellos” y un “nosotros”, como base estructural de pertenencia a uno de esos grupos “idealmente” conformados constituye un pilar basal, a partir del cual se asegura la ‘identificación’ del destinatario o receptor del metamensaje con el grupo que el emisor dice y asegura representar.

Empero, no es la idea de sectorización en sí misma lo que se presenta como distintivo del populismo, pues esto es común a todos los esquemas “faccionarios” –v.gr. nobleza/liberalismo burgués, capitalismo/proletariado, etc.-. Lo relevante, en cambio, es el criterio divisor empleado para definir la clasificación de los sujetos comprendidos por el universo poblacional, a la manera en que Aristóteles propicia en el Órganon sus propias clasificaciones.

En efecto, aquí es donde adquiere singular relevancia la idea de “necesidades insatisfechas”, pues este es el criterio segmentario que divide a las facciones poblacionales, según tengan asegurado el acceso a bienes y servicios o, por el contrario, éstos se encuentren entre los “pendientes” de la democracia de la que participan.

Es dable poner de resalto, al propio tiempo, que como consecuencia de la hiperconectividad se produce una masificación de la información y una consecuente formación de conciencia acerca de la existencia de ‘realidades’ diversas de las que muchos segmentos poblacionales transitan a diario. Además, ello se agrega a la estrategia de difusión capitalista, en la que los bienes se pregonan como asequibles “por todos”.

En esas condiciones, la sensación de “insatisfacción” lógicamente se acrecienta, y en tanto ello se vincule con necesidades básicas –alimentación, vivienda, educación, salud, etc.-, que además el constitucionalismo social identificó como un verdadero “débito del Poder Político hacia la ciudadanía”, forzoso es concluir que en un sistema democrático esas deficiencias constituyan una pauta relevante a la hora de examinar y juzgar la legitimidad de la actuación de las autoridades.

Aquel criterio gregario es, tal vez, la herramienta más eficaz o prolífica desarrollada por el populismo. En primer lugar, por cuanto abandona las clasificaciones rígidas del constitucionalismo clásico, que polarizaba entre estructuras de dominación y las liberales, mediante imposición de obligaciones “negativas” al Estado. En segundo, porque comprende o subsume las banderías de los constitucionalismos sociales, que hacían foco en antinomias estructuradas con base en derechos sociales en favor de clases “no pudientes”, adjudicando al Estado obligaciones positivas.

Pero además, pues el populismo amplía estas últimas proponiendo una integración poblacional, tanto vertical como horizontal, en sintonía con un constitucionalismo de garantías que imponen al Estado acciones negativas, tanto como positivas, y que al propio tiempo establece de manera primordial principios de “respeto”, “protección” y, sobre todo, “satisfacción”.

De tal modo, es la eficacia en la consecución de estos objetivos lo que habrá de conferir legitimidad al Estado y, en definitiva, a los Poderes Políticos, al extremo de considerar que el Poder Judicial puede emitir mandatos o suplir omisiones del Poder Político, por tratarse de derechos operativos y exigibles.

Un segundo soporte teórico del discurso se conforma a partir de la construcción de la idea –desde el emisor- y de la conciencia –desde el receptor- de que la división clasista es, en los hechos, parte de un plan sistemático y perverso, tendiente a procurar el sometimiento de la clase popular. Ello, además, como recurso para asegurar el mantenimiento de un orden determinado, que consiste, precisamente, en reservar el acceso a bienes y servicios a una parte de la población y su consecuente y antagónica limitación para el resto.

De tal modo, no es ello entonces fruto de una construcción del populismo, sino tan solo una revelación de éste, acerca de una realidad creada, deliberadamente, por sus antagonistas, con fines de dominación de las clases populares.

En síntesis, a partir de la generación de ideas acerca de una división clasista de la sociedad, según la correspondencia de cada clase a los sectores diferenciados por el acceso o la insatisfacción de sus necesidades económicas y la conciencia de que ello se erige en un método o sistema deliberado de dominación, se teoriza, desde el discurso, sobre los conceptos de hegemonía y antagonismo, promoviendo un debate democrático de deslegitimación de todo Poder Político que no comulgue con el ideario populista.

Pilares prácticos

Se sabe, empero, que con la mera teorización no es posible alcanzar los fines del ideario populista, sino que es menester contar con recursos y acciones propios de la política agonal, con miras a la materialización de aquéllos.

Por tal razón, es propicio destacar entonces los pilares prácticos, sobre los que se apoya, a saber: a) la toma de razón de los propios derechos y su consiguiente legitimación para reclamarlos; y b) la concreta manifestación antagonista que, de suyo, supone un grado relevante de intolerancia, como base para incursionar en vías de hecho disruptivas de la hegemonía del Poder Político, minando o controvirtiendo las bases de su sustentación democrática.

La propia toma de razón de necesidades económicas insatisfechas y, más aún, la consiguiente asunción de legitimidad para efectuar reclamos, entraña en sí mismo un pensamiento disruptivo. Ello así, en cuanto lleva ínsita la comprensión de que la organización del Poder Político, tal cual está diseñado, se erige en una aporía u obstáculo a la concreción de anhelos, puesto que sólo opera desde respuestas tradicionales o “comunes” que ya se han mostrado estériles. A partir de allí, no es difícil comprender o asimilar que sea preciso procurar, con alternativas innovadoras, la alteración del “orden” establecido, por reputarse al existente “ineficaz” para procurar soluciones.

En un mundo globalizado y en constante evolución, ello además se simplifica, puesto que, como fue dicho, genera una fuente inagotable de demandas insatisfechas que asegura la subsistencia, permanencia y constante renovación de causas y justificativos para mantener vigentes los fundamentos del populismo.

El segundo pilar o soporte práctico está dado por el ejercicio de vías de acción, que se sustenta en los postulados teóricos y se desarrolla luego de un cierto grado de masificación de la toma de razón.

En los hechos, se trata de una manifestación de repudio o directo cuestionamiento a los límites representativos que instituye la democracia constitucional, aunque se justifica en una aspiración de autogobierno popular –cuando no, autarquía-, idea de la que, paradójicamente, también participa todo sistema democrático.

Dicha paradoja se acentúa si se tiene por cierto que la idea del constitucionalismo es procurar un orden en una sociedad caracterizada por una estructura convivencial, por cuanto el populismo viene a “distorsionar” las notas salientes de ese orden, presentándolas como una división entre incluidos/excluidos -sujetos con acceso/sin acceso-, en un constante antagonismo que ataca las bases de esa estructura convivencial.

Así cabe considerarlo, pues promueve la idea de derecho a la intolerancia, a la exteriorización del descontento y a la ruptura del orden, destruyendo toda idea de mantenimiento de una sociedad en la que los términos de la relación clasista admita la subsistencia de sectores con demandas desatendidas y necesidades insatisfechas.

Con ello, impide la subsistencia de todo orden, puesto que, en su esencia, ello es inherente a la deslegitimación de los poderes políticos en cuanto no resuelvan esa antinomia o esa dicotomía, o lo que es igual, “en cuanto exista algún grado más o menos relevante de insatisfacción en la ciudadanía”.

En suma, eliminan toda comprensión de una situación contraria a sus ideales, la que se presentará invariablemente como antagónica y de necesaria supresión o subversión.

Sobre tales bases, no cabe descartar la idea de que el ejercicio de las vías de acción sustentadas a partir de tales consideraciones permita explicar, en algún modo, las revueltas recientes en América Latina y la generalización de las prácticas de reclamación verificadas en buena parte de los países de la región.

La actividad asistencial del Estado y la puja redistributiva

Es claro entonces que el esquema teórico del populismo, tanto como sus manifestaciones empíricas, requieren de un desenvolvimiento asistencialista del Estado hacia los sectores ‘excluidos’, a efectos de atender las crecientes demandas.

El empoderamiento jurídico aludido ha operado no sólo como un potenciador de reclamos y demandas sociales, sino que ha suscitado como contrapartida el desarrollo de una actividad asistencial tendiente a dar respuesta a tales requerimientos, los cuales insumen buena parte del despliegue administrativo estatal y de los recursos financieros necesarios para atender las consecuentes erogaciones.

En lo tocante a la faceta del “gasto”, este fue inicialmente orientado a los sectores más vulnerables de la población, mayormente identificados con necesidades relativas a la atención de la salud y la subsistencia básica de quienes por razones de incapacidad -congénita o derivada-, de supernacencia de hijos o de superación de ciertos rangos etarios se encontraban expuestos a circunstancias caracterizadas por la imposibilidad de procurar un sustento económico adecuado.

El desarrollo evolutivo de los reclamos avanzó sobre otros aspectos materiales como los relativos al acceso a la vivienda, el estímulo del empleo, el fomento de la capacitación y la asistencia alimentaria, mutando incluso de las prestaciones en especie a los beneficios de base dineraria, para facilitar el desenvolvimiento igualitario de la población así asistida con los restantes segmentos de la ciudadanía.

En los hechos, esas prestaciones dinerarias se fueron generalizando pero, a la par, adquirieron una identidad estratificada, sectorizada, abarcando en un principio al universo de los adultos mayores que carecían de antecedentes de cotizaciones al sistema previsional -en Argentina, PUAM-, trasladándose luego al sector opuesto de la franja poblacional con el objeto de atender a las necesidades de los menores de edad y favorecer o incentivar su inserción escolar -AUH-, para finalmente extenderse -también de manera universal- a toda la población en situación de emergencia -IFE o, en un futuro probable, RBU-.

Pero como correlato de ese lógico incremento del gasto público, el Estado ha tenido que procurar los medios para proveer a su financiamiento en situaciones no precisamente caracterizadas por la bonanza de la economía, sino signadas por tiempos de restricción presupuestaria y de retracción económica, de consecuente reducción de ingresos por conducto de la actividad recaudatoria y con contextos internacionales mayormente desfavorables -en términos comparativos- para buena parte de las naciones del globo.

Esta realidad determinó la imposibilidad de acudir al fomento de la actividad privada como puntal de acompañamiento o sustitución de la misión asistencial del Estado, al propio tiempo que ha derivado en la necesidad de implementar estrategias de recaudación regresivas, las que lejos de favorecer que el sector privado coadyuvara al propósito estatal, limitan y lesionan sus posibilidades de expansión y su concreta articulación como instrumento para motorizar el desarrollo económico que requiere la implementación de una política desarrollista con fines asistenciales.

De tal modo, la estrategia asistencialista de las políticas estatales, inspiradas en el ideario populista, se enfrenta a una realidad donde el Estado, en soledad, debe asumir el compromiso de hacer frente o dar respuesta a las amplificadas demandas de vastos sectores de la sociedad, con una insuficiente o limitada capacidad presupuestaria y financiera, habiendo generado la ‘conciencia social’ que ello constituye un derecho de ineludible consecución que no admite el mantenimiento de un estado de insatisfacción al respecto. Y por otro lado, la agresividad y regresividad tributaria ejercida sobre el resto de la población, que es vista por los sectores afectados como una búsqueda de recursos con propósitos redistributivos de carácter prebendista, incrementa el grado de tensión que se verifica en el tejido social, resintiendo toda posibilidad de reinstaurar un criterio comunitario -guiado por ideales de unidad, empatía, solidaridad y mancomunidad-, aumentando la idea de segregación clasista que propugna el populismo teórico tanto como el práctico y maximizando la confrontación.

En ese marco de confrontación, es precisamente donde se advierte la puja redistributiva, la que debe ser necesariamente distinguida del criterio distributivo básico que debe asumir todo este estatal. En este último, lo que está en disputa es el criterio de prioridades con que habrá de determinarse la participación de los distintos sectores de la sociedad en la riqueza de una nación. Empero, cuando se hace alusión a una política redistributiva, lo que se discute no sólo alude a prioridades o asignaciones, sino que también entra en juego una evaluación adicional, marcada por la identificación de los sectores a los que se les impondrá el sacrificio adicional, no ya de resignar su eventual participación en la distribución de riquezas, sino de asumir que deberán afrontar concretos recortes, reducciones o renunciamientos, para asignar recursos propios en aras de posibilitar que el Estado cumpla con las demandas insatisfechas de otros sectores de la sociedad.

Corolario de ello, no es sino la identificación de un nuevo factor de conflicto susceptible de alterar el entramado social y las pautas de tolerancia y convivencia, lo que suele generar mayor sentimiento de desunión y egoísmo.

Alternativas de superación

En tanto el populismo supone, como instrumento de captación de votos de sectores populares, una lógica antagónica incapaz de admitir una idea plural con posibilidad de discutir acerca de razones, formas o vías de conducción, se torna imperiosa la necesidad de profundizar y ejercitar un “pluralismo razonable”, como alternativa -tal vez, única- de preservación de las democracias constitucionales tal cual se las conocía hasta la actualidad.

Ello así, pues la idea de colocar la autoridad en el pueblo, coexistiendo con una insatisfacción constantemente deslegitimante de la actuación de los poderes políticos, no puede conducir a sistemas de hegemonía duraderos, pues, por el contrario, determina la configuración de un sistema que lleva ínsito el germen de su propia destrucción.

No debe perderse de vista que la elección de un sistema democrático de gobierno supone o tiene por objeto conferir una mayor participación ciudadana en el establecimiento y determinación de los gobernantes, como forma aglutinante de un consenso que torne posible, asimismo, evitar toda fragmentación de la ciudadanía y la someta, voluntariamente, a un sistema de cohesión.

Para que ello acontezca, necesariamente debe profundizarse en la idea de un pluralismo que refleje un importante grado de tolerancia y razonabilidad, al propio tiempo que reconozca el hecho innegable de las características plurales de las sociedades contemporáneas. Ello requiere, además, que se admita no obstante la razón que asiste a las fuerzas sociales en la exteriorización de sus postulados, pero procurando su canalización institucional, en la construcción de lo que John Rawls denomina “consenso constitucional”, es decir, un acuerdo acerca de los principios políticos organizativos básicos de una sociedad.

Ello, no sólo reclama que debe darse un apoyo voluntario a doctrinas afirmadas por personas razonables, sino también –y de manera principal- que los principios fundantes de esa postura política deberían poder ser explicados ante una multiplicidad de cosmovisiones divergentes y tener aptitud de sumar adhesiones de la mayor cantidad posible de sectores.

La referencia a adhesiones y consensos implica, por necesidad, desplazar todo factor antagónico de la política, removiendo de la escena los temas más polémicos, aquellos que pueden corroer las bases de concordia que una sociedad pluralista requiere como presupuesto de subsistencia y de organización de una estructura social y política de base democrática.

En palabras de Alejandro Amaya, los miembros de una sociedad no deben verse como enemigos irreconciliables, sino como partícipes eventualmente antagónicos en la formación de la voluntad política nacional, asumiendo el principio de pluralidad y diversidad, renunciando a dogmas y maniqueísmos, y teniendo por cierto que nadie debe colocarse por encima de la legalidad.

Hasta tanto se logre esa madurez ciudadana y la transformación cultural que ello requiere, se presenta como necesario fortalecer entonces la actuación del Poder Judicial –único Poder no político-, a efectos de que oficie como ‘canal aliviador’ para descomprimir las demandas que arrecian a los Poderes Políticos. Ello así, puesto que en la conciencia popular de la pertenencia de aquél al sistema de gobierno y el consabido rol de garante del imperio constitucional, ese Poder del Estado se presenta entonces como un ‘factor de compensación’ de la pérdida de autoridad de los Poderes Políticos, proporcionando un soporte residual de legitimidad a las democracias constitucionales.