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miércoles 2 de diciembre de 2020 - 12:52:26 AM
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
Número 7 (Diciembre 2020)

El tráfico de bienes culturales y de bienes del patrimonio cultural

Por Pablo Luis Gasipi1

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a. Introducción.

a.1. El “tráfico de bienes culturales” es un proceso de transferencia que no escapa a las reglas legales comunes de comercialización o de traspaso de bienes, aunque su desarrollo tenga estatuto específico. El “tráfico lícito de bienes culturales” es aquel que se realiza teniendo por objeto algún bien de este particular conjunto y bajo aquellos parámetros.

Enfrentado a ese modo de circulación el “tráfico ilícito de bienes culturales” es aquel que existe cuando se quebrantan las limitaciones que contienen aquellas leyes o cuando para lograr un traspaso prohibido o condicionado por éstas se recurre a los artilugios de un mercado degenerado, subrepticio generalmente.

Es lamentable que coexistan ambas demandas y la presencia palpable de mercados paralelos es motivo de preocupación e interés, internacional y nacional2. En ese contexto, se advierte que el comercio permitido en general solo capta la atención de algunos, los interesados en sus objetos o la de quienes son conocedores o consumidores de su peculiar mercancía, mientras que el otro, el de la comercialización corrupta, concita más la atención pública y sus expresiones3. Es que esta especial, llamativa y pequeña área de las transacciones ilícitas no escapa al morbo general y persistente de quienes quieren conocer más sobre las tramoyas de los delitos “de cuello blanco” o de “criminalidad compleja”4. La leyenda que rodea al estraperlo y a estos bienes tan significativos lleva a que éste sea tan nombrado y genere curiosidad y a que el otro, el legal, no tenga esa relevancia ni resulte tan interesante.

a.2. ¿Qué entendemos por bienes culturales? ¿Qué son los bienes del patrimonio cultural? Consecuencias de la diferenciación.

Ambos conceptos son metajurídicos, su definición aparece en las ciencias que tienen al hombre y a la sociedad como objeto propio; así, indistintamente las logran la filosofía, la sociología o a la antropología. El Derecho se enriquece con aquellas, pero lo hace sin transcribirlas, solo apropiándose de su contenido en la formulación sus normas generales o particulares.

Las leyes vigentes sobre bienes culturales en la República Argentina no contienen una definición sobre ellos; sí presentan enunciados y listados de características distintivas de los objetos que están atrapados en el concepto o sólo refieren datos indicadores para la inclusión o la exclusión de aquellos dentro de las categorías reseñadas5. Por otra parte, al no existir una ley integral de patrimonio cultural tampoco de éste existe una definición puramente legal.

Esta situación ambigua permite que se usen, en la ley y en la expresión habitual, como sinónimos “bienes culturales” y “patrimonio cultural” cuando en realidad no es lo apropiado, pues aquél es el género y éste la especie. El sintagma “bienes culturales” refiere a aquellos elementos que son obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de un pueblo y sus artistas o artesanos -como marca la Declaración de México sobre políticas culturales de la UNESCO6– mientras que “patrimonio cultural” es un conjunto de bienes más acotado dentro de aquel universo, ya que -copiando lo sostenido por la Corte Suprema- “El patrimonio cultural de una nación preserva la memoria histórica de su pueblo y, en consecuencia, resulta un factor fundamental para conformar y consolidar su identidad. Es por ello que su tutela por parte del Estado adquiere vital importancia puesto que permite preservar los testimonios de civilizaciones pasadas y presentes, los que resultan indispensables puntos de referencia de toda la sociedad a la hora de programar sus proyectos sociales futuros”7 -subrayado propio-.

Además, la patrimonialización de ciertos bienes culturales obedece a una conversión de su condición original: los elegidos reciben un reconocimiento social distintivo asentado en sus características inmanentes o en lo que representan, asignándoseles por ello un carácter único e irremplazable (“indispensable” expresó la Corte); el conjunto de estos bienes señalados y distinguidos dentro del universo constituye el grupo “patrimonio cultural”. Ambas categorías conviven y no se desdibujan: no todos los bienes culturales (especie) son bienes del patrimonio cultural (género), pero sí todos éstos integran aquella conceptualización amplia. Sin aquella valoración distintiva de la comunidad hacia la cosa por sus méritos o características (condición objetiva, amplia) y sin la apropiación comunitaria de su significado simbólico único (condición subjetiva, restrictiva) no se da la patrimonialización de la obra cultural8.

Todas las obras producto del intelecto y la creación humana, los “bienes culturales”, están protegidos por las leyes generales pero el Estado asume y organiza una tutela diferenciada de los bienes del “patrimonio cultural”. Atiende de esa forma a su relevancia y a su posición distintiva, que están apoyadas en la importancia histórica del objeto (por ejemplo, los manuscritos de José de San Martín), en la trascendencia artística de la obra (edificio de la Facultad de Arquitectura de la ciudad de Mendoza), en su significación arqueológica (la “ruta de adobe” en el NOA, especialmente provincia de Catamarca) o porque la comunidad asigna un especial reconocimiento social a la cosa protegida (edificio del “Estadio Luna Park” en Buenos Aires o el pueblo histórico Tulumba, en Córdoba). Esa diferenciación -que repercute directamente en el tema aquí abordado- tiene su base en el art. 41 de la Constitución Nacional y en su ley reglamentaria, la ley general del ambiente (25.675, art. 2); luego, completan este conjunto de protección diferenciada y específica los Pactos y las convenciones multinacionales de las que la Nación es parte y las leyes internas.

Existe un sistema de normas inicialmente aplicable a todos los bienes culturales, éste es el que fija la regulación del intercambio o del traspaso; su cumplimiento o su desprecio indican inicialmente si el tráfico de bienes culturales fue lícito o ilícito. A su vez, dentro del conjunto mayor de normas existen otras que regulan el tráfico de bienes del patrimonio cultural. Todos los bienes culturales están protegidos pero los bienes del patrimonio cultural lo están más, esa sería la conclusión. Luego y siguiendo con la distinción ya aludida (conceptos no idénticos pese a su habitual uso equivalente), es importante advertir las consecuencias de eso: la principal es que ambos grupos se rigen por una tanda de leyes diferente, lo que influye directamente en la libertad, el condicionamiento o la prohibición sobre la circulación de sus componentes.

Así, las normas de derecho privado gobiernan en general el traspaso de los bienes culturales, no existen mayormente restricciones para su cesión o comercialización que las referidas a otros bienes y eventualmente las normas de derecho público interfieren (por caso, delitos, restricciones administrativas al dominio, o tributación).

En cambio, los bienes del patrimonio cultural están sometidos primordialmente al régimen del derecho público -que sí presenta limitaciones muy marcadas- porque los bienes integran el patrimonio del Estado -lo que está tabulado en las leyes específicas-, porque sus características los sujetan a una especial tutela o ya porque los agentes públicos tienen obligaciones funcionales respecto de aquellos (por ejemplo, casos de coleccionismo -aceptado y promovido con condiciones y cotos- o en las limitaciones impuestas a la posesión y al comercio de bienes del patrimonio arqueológico, 25.743).

Otra consecuencia apreciable, derivada de la inicial, es la determinación de la competencia material para conocer y juzgar sobre los procesos en que éstos peculiares elementos sean el objeto aludido; así, en general, intervendrá la justicia local en casos con involucramiento de bienes culturales9 y la justicia federal cuando lo estén obras del patrimonio cultural10.

La fuerza de la costumbre y la utilización sinónima de ambos conceptos está profundamente arraigada, con lo que ese uso seguramente se mantendrá; lo que me interesa dejar en claro es que componen cada grupo cosas similares pero diferentes y que, por eso mismo, rigen sus relaciones leyes generales análogas y leyes específicas con otras exigencias para su comercialización o traspaso. Esta sería la primera conclusión de este desarrollo.

b. Normas del sistema legal sobre los bienes culturales y del subsistema sobre los bienes del patrimonio cultural.

Existen normas que se refieren a los bienes culturales y otras que hacen lo propio con los del patrimonio cultural. La regulación es amplia, a veces intrincada y sobre todo poco conocida, lo que complica su utilización eficaz. Esa fisura integra, con otras, la causa multiforme del incumplimiento o de la ignorancia deliberada de las leyes vigentes11.

El conjunto referido está formado:

(a.1) por las disposiciones de la Constitución Nacional (arts. 4, 18, 41, 43 y 75.19) y la ley general del ambiente (25.765, de 2002), los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos incorporados a ella (ONU, OEA) y (a.2) por otros acuerdos multinacionales específicos –ONU, OEA, UNESCO, UNIDROIT-; y se completa la serie con

(b) las leyes internas, empezando por el Código Civil y Comercial y siguiendo con las leyes 11.723 (de 1933 -texto según ley 25.036-, régimen de la propiedad literaria y artística), 12.665 (de 1940-2015, de patrimonio histórico), 15.930 (de 1961, sobre documentos e impresos históricos), 25.197 (de 1999, del patrimonio cultural de la Nación), 25.743 (de 2003, de patrimonio arqueológico y paleontológico) y 27.522 (de 2019, regulación de la comercialización de antigüedades y otros bienes culturales).

Entonces, existe un verdadero sistema de leyes (a y b del párrafo anterior) que, pese a lo dicho y sus rarezas, contiene instrumentos y disposiciones útiles tanto para la regulación del comercio y la protección anticipada a la degradación de los bienes culturales como normas represivas para sancionar su incumplimiento12.

En esta estructura coexisten, como quedó dicho, las leyes genérica -bienes culturales en general- y las de cuidados estrictos -bienes del patrimonio cultural-.

c. El tráfico lícito e ilícito de los bienes culturales y de los del patrimonio cultural.

c.1. Ese marco legal indica que el Estado, con épocas de mayor énfasis y otras de sosiego, desarrolló un activismo marcado y sostenido para dictar leyes regulatorias sobre este acervo peculiar. A la par se advierte, pese a los esfuerzos realizados y a la constante promoción de los beneficios que acarrea transitar por el mercado lícito de los bienes culturales, que existe y es muy activo otro intercambio que no participa de aquella isma condición y que las autoridades no lograron unificar o armonizar la legislación.

La falta de un interés manifiesto del Estado -no de una gestión de gobierno, del Estado-por hacer cumplir estas normas, el desconocimiento de la mayoría de ellas por la mayoría de la comunidad y nuestra vocación comunitaria por un cumplimiento resbaladizo de la ley o, como decía Carlos Nino hace varias décadas, por el tránsito continúo aprovechando la anomia boba13son sin dudas las causas conjuntas de aquel crecimiento reseñado, el del comercio ilegal o el de la degradación patrimonial sin castigo. Es tan lastimoso como cierto.

Además, existe una marcada tendencia social a estimar que este tema importa únicamente a pocos interesados -comerciantes o partes del tráfico en general- o a quienes -estudiosos o coleccionistas- son atraídos por estas cosas tan peculiares14. Esa “falta de relación de la comunidad con los datos ciertos” sobre estos bienes y su entidad “disimula su importancia” 15 e impide convencer sobre lo interesante y benéfico de proteger el patrimonio cultural y respetar a los bienes culturales por su alcance y proyección en la comunidad. Tal vez poner vulgarmente énfasis en el precio de la pieza u obra y no saber apreciar el valor que éstas tienen sea la causa más importante16.

Luego, aquella posición remisa, opuesta a lo que se espera de un Estado al que su Constitución le impone la preservación de su patrimonio cultural, es explotada por pícaros y oportunistas … allí aparece el tráfico ilícito de bienes culturales.

Ejemplos de esa decisión estatal persistente. (i) Sólo dos veces llegó al Congreso Nacional un proyecto de ley orgánica de identificación y protección de bienes culturales; en 1948, presentada por la bancada oficialista y en 2014, esta vez por mano de la entonces senadora nacional Norma Morandini; no tuvieron aprobación17. (ii) Nunca se reglamentó la ley 15.93018 -que pronto cumplirá 60 años- y este dato no es superficial porque ese reglamento deberá prever, según lo expresa la misma ley, los requisitos básicos de regulación del comercio de impresos y documentos históricos. (iii) Tampoco fue provisto el Museo Histórico Nacional para resguardar con diligencia objetos de valor incalculable, como el reloj de Manuel Belgrano19. Podríamos sostener que la protección de los bienes culturales reposa –efectivamente y antes que en el cumplimiento orgánico del sistema creado por las leyes- en la buena voluntad de los agentes públicos que tienen responsabilidad en su gestión y en la acción mancomunada de ellos y los particulares atraídos por el asunto20.

c.2. Existe un sistema legal que regula el tráfico de objetos culturales. Lo componen una buena subestructura preventiva, que regula el comercio permitido y tiende a evitar el tráfico ilícito o el deterioro de objetos especiales, y otro subgrupo de normas de represión, para el caso de que aquellas fracasen en su objetivo.

Dada la característica propia de los bienes y las específicas menciones legales (art. 41 de la Constitución y art. 2 de la ley 25.765) puede sostenerse que el Estado permite el comercio de bienes culturales vigilándolo y restringiendo algunas operaciones -las de los bienes del patrimonio cultural-, que permite el coleccionismo de obras y bienes culturales y del patrimonio cultural regulándolo con precisión, que fomenta la tutela anticipada para evitar la degradación o pérdida del conjunto de los bienes culturales y que privilegia la preservación de los bienes del patrimonio cultural, contemplando, además, la sanción penal frente al incumplimiento de su regulación como una medida de última instancia; es un sistema de anticipación bien pensado y útil ya que la sanción penal muchas veces no es adecuada al perjuicio ocasionado por el delito cometido ni remedia el conflicto21. En este ámbito lo útil y provechoso es que no se degraden los bienes culturales o los del patrimonio cultural o que no queden los conjuntos desmejorados por una agresión, no es sustancial sancionar a quien generó aquellos perjuicios y no tiene posibilidad de enmendar el resultado de su acción … De todos modos, la ley prevé las sanciones y corresponde utilizarlas22. Esta es una segunda conclusión a tener en cuenta.

* Una parte del conglomerado de leyes referido se vincula al tráfico de los bienes culturales y sus previsiones no difieren de las normas establecidas para la compraventa, traspaso o cesiones de las cosas en general, más allá de la peculiaridad de los artículos que sean objeto de la contratación. En este ámbito no existen en general restricciones o condicionamientos especiales para la circulación o la negociación con estos bienes. La publicidad de las subastas programadas habitualmente de libros antiguos, de obras de arte o de antigüedades, inclusive la venta de parcelas en los cementerios históricos ayuda a comprender esta afirmación23. A partir de la efectiva vigencia de la reglamentación de la ley 27.522 es de suponer, por las previsiones de la ley, que esta amplia libertad de acción estará reducida.

* Otra parte del sistema de leyes se relaciona con el traspaso de los objetos únicos que fueron, son o serán importantes, ilustrativos e irremplazable para el conocimiento de nuestra idiosincrasia como sociedad. La tutela del patrimonio cultural y de sus componentes tiene un régimen diferenciado y más estricto tanto para el registro de las piezas como para su trasferencia; se relaciona, a su vez, con prácticas corruptas cuando las acciones previstas y esperables de resguardo programado no pueden llevarse a cabo por conductas individuales u organizadas desplegadas por quienes conocen los intereses y pliegues del mercado y desde allí eluden el cumplimiento de las normas, sean estos agentes públicos o particulares.

Este subsistema se asienta, en líneas generales, en tres pilares: registro obligatorio del bien patrimonial, restricciones o prohibiciones al traspaso, y sanción penal.

*Registro del bien integrante del patrimonio cultural. Las leyes regulatorias prevén que es el Estado el garante de la custodia y conservación de estas cosas -materiales o inmateriales- para las futuras generaciones, y que debe conocer la autoridad quién está en posesión o con la tenencia de ellas y cuál es su lugar de emplazamiento o reserva. Es obligación de todo habiente denunciar aquellos dos extremos ante los registros especialmente creados por las leyes 12.665, 15.930 (aún -primavera de 2020- no está en funcionamiento), 25.743 o 27.522 (aún no creado). Otra obligación inherente a la anotación es que cualquier traspaso, en caso de estar permitido por las leyes, debe ser notificado a la autoridad de aplicación y seguimiento antes de realizarse y, en caso de ya haberse concretado, corresponde dar noticia de quién es el nuevo titular del bien y dónde reservará el objeto transferido. La Comisión de Monumentos, el Archivo General de la Nación o los institutos referidos en la ley de patrimonio arqueológico y paleontológico cuentan con autonomía para estructurar los registros y para disponer el modo más apropiado de intervenir en este tramo del traspaso. Esta es la primera medida de las dispuestas, por las leyes y su objetivo es conocer para poder decidir y proteger.

*Limitaciones y restricciones. Por disposición de la ley hay bienes del patrimonio cultural que están fuera del comercio (en general los inmanentes del Estado según la legislación civil -documentos oficiales o bienes arqueológicos entre ellos-, los registrados en el inventario de la ley 25.197 y los del patrimonio cultural subacuático, ley 26.556) y otros cuya circulación está restringida, pues deben ser ofrecidos para su compra a la autoridad pública antes de hacerlo con otro particular, y únicamente será legal la operación de cesión si el Estado demostró -real o fictamente- su desinterés. En esta previsión coinciden, en general, las leyes 12.665, 15.930 y 25.743. El límite genérico de uso de los bienes culturales y el coleccionismo está en el art. 240 del Código Civil y Comercial de la Nación (El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes… no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de…los valores culturales, …según los criterios previstos en la ley especial”) y los requisitos particulares están en cada una de las leyes mencionadas y en su correlato con los arts. 398 y 399 del Código Civil y Comercial referido. También está prohibido que los bienes muebles detallados en este acápite abandonen el territorio nacional. Esta medida -nunca la operación será perfecta sin el aval del Estado a través de sus agencias específicas- tiende a limitar y controlar el tráfico de los bienes, pues ese traspaso sin ningún resguardo ni noticia conlleva peligros irreparables.

*La sanción criminal. Prevista como la más grave intervención del Estado para el caso de incumplir con la regulación que ordena el comercio de bienes del patrimonio cultural registrado24; cada una de las leyes especiales contiene sanciones de acuerdo a sus bienes protegidos: la 12.665 remite al delito de daño calificado del código penal, aún para el caso de los graffiti25; la 15.930 pena la destrucción, la exportación o la venta sin autorización, aunque con una sanción de cumplimiento imposible26; por último, la ley 25.743 contiene un capítulo de sanciones penales (penas de hasta 2 años de prisión) para el que transportare, almacenare, comprare, vendiere, industrializare o de cualquier otro modo pusiere en el comercio piezas, productos o subproductos provenientes de yacimientos arqueológicos y paleontológicos nacionales e internacionales y para quienes cometan una tentativa de importación o exportación de los mismos objetos27. El Código Aduanero por su parte sanciona a quien importare o exportare material cuya comercialización estuviere prohibida, cuyo traslado esté sometido a reglas especiales y éstas no se hubieren cumplido o quien engañare a la autoridad en la calidad de la mercancía despachada.

c.3. Las leyes conforman un reglamento que contiene los permisos y las prohibiciones, los condicionamientos y las previsiones específicas sobre bienes culturales que pueden estar en el comercio, sobre cómo llevarlo a cabo y, por último, presenta advertencias puntuales para el caso de desobediencia. Es decir, si el traspaso del dominio o de la posesión, a cualquier título, cumple con la normativa del sistema imperante no se genera ninguna conducta jurídicamente reprochable: ese es el tráfico lícito de bienes culturales.

Pero cuando esas disposiciones se ignoran o cuando aquellas advertencias fracasaron en su intento y la transacción o la maniobra se realizó sin adecuarse a lo que está tabulado y permitido, la ley no ampara la situación; esa tropelía es el denominado tráfico ilícito de bienes culturales o de bienes del patrimonio culturales según cual sea el objeto del traspaso.

Que, vale recordar, es una categoría conceptual y no un delito autónomo, con una conducta tipificada como tal; “tráfico ilícito de bienes culturales” es una alocución amplia que refiere a una orquestación o a acciones de traspaso de bienes de un modo contrario al ordenamiento legal imperante. Cada despliegue, por sus condiciones, se adecuará a un delito o a varios concursados entre sí. Básicamente, el enunciado atrapa una conjuración para la ubicación, adquisición, el transporte y la colocación u ocultamiento de un objeto cultural incumpliendo para ello, durante una o todas las etapas del proceso, las leyes regulatorias particulares.

El mercado espurio, cuyas acciones se cristalizan en el “tráfico ilícito de bienes culturales”, se expresa en dos vertientes relacionadas: la obtención de los objetos de modo ilícito (hurto, robo, encubrimiento, contrabando) y la comercialización o cesión de éstos contrariando la ley (especificaciones en las leyes 12.665, 15.930, 25.743 y 27.522). Lo importante y característico, lo que da esencia a la locución, es que la apropiación y el negocio, o ambos, se realizaron contraviniendo la ley expresa. La caracterización atiende principalmente a dos elementos: la maquinación para ignorar y enfrentar a la ley y las cosas protegidas que son objeto del negocio.

Una segunda parte de estas ideas -si les resulta interesante a mis colegas- versará únicamente sobre el tráfico ilícito de bienes culturales y del patrimonio cultural y el resto de delitos que se cometen contra los bienes culturales.

d. Conclusión y propuesta.

En este especial campo, el de los objetos culturales y del patrimonio cultural, está previsto el modo de comerciar o traspasar los objetos que lo integran; las prácticas corruptas, entendiéndolas como aquellas que se desarrollan contraviniendo la ley o explotando las opacidades y contradicciones que su regulación exhibe, pueden presentar variadas formas.

Lo importante es saber que este sistema es único y su regulación específica no tiene equivalencias porque (i) refiere a objetos con una plusvalía distintiva en los que el precio convive con el valor simbólico-institucional y que por ello son especialmente deseados y (ii) porque existen normas relacionadas (grupo en el que conviven regulación nacional, provincial y municipal) que, aunque guardan conexión en el objetivo final, sus exigencias las convierten en disposiciones de pesado cumplimento28. Ambas situaciones son el germen de la ignorancia consciente de las leyes y de la existencia de un mercado laxo y poroso, en el que conviven las transacciones lícitas y las operaciones ilegales.

La propuesta para superar esa falencia es sencilla, aunque ambiciosa:

(i) Concientización, educación y formación sobre la importancia de los bienes culturales y los del patrimonio cultural a todos los habitantes de la Nación, como lo exige la Constitución Nacional; (ii) fomento de los instrumentos de prevención previstos en la ley 25.675 para su utilización más amplia y efectiva aún en los procesos penales, donde se entroncan en las ideas de cuidado del art. 23.7 del Código Penal (embargo o decomiso anticipado, tutela general); (iii) promover en los agentes públicos involucrados tanto en la custodia como en la represión el cumplimiento de las obligaciones y funciones que surgen de la normativa relevada; (iv) ejercer más acabadamente el control previsto por las leyes sobre el mercado -que hoy está desregulado de hecho, por desconocimiento de las normas, por su consuetudinario incumplimiento y por el desinterés social que existe sobre la protección de este patrimonio-.

Por último, la más cercana en el tiempo y creo la de más fácil consecución, (v) encarar una reforma legislativa con dos vertientes: (v.i) la de largo alcance que nos provea de una ley de patrimonio cultural única, moderna, ágil y, sobre todo, de cumplimiento posible y sin lagunas que permitan -como sucede hoy- desarrollar acciones dudosas, corruptas o contrarias a la ley. Y (v.ii) la más inmediata, reglamentando las leyes de un modo más acorde a los tiempos, con mejor contexto y menos aspiraciones que, por ser tan altas y excelsas, se alejan de la posibilidad de cumplimento efectivo.

y manos a labor, que en la tardanza dicen que suele estar el peligro.

Don Quijote, Primera Parte, Cap. XXIX

1 Auxiliar Fiscal y Secretario de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal; abogado (1991), especializado en derecho penal (1998) y en derecho ambiental (2002); diplomado en investigación de delitos de crimen organizado (2018); disertante, profesor e investigador universitario (desde 2003).

2 El espacio de este trabajo no permite dar fundamento a esta afirmación, pero creo que con el desarrollo que sigue y los ejemplos que se agregan el tema puede ser comprendido cabalmente. Quedo a disposición de quien necesite explicaciones complementarias o referencias sobre el asunto: PGasipi@mpf.gov.ar.

3 La literatura les ha dedicado obras maravillosas a sus ejecutores: El club Dumas, de Arturo Pérez-Reverte (1993) o El manuscrito Borges, de Alejandro Vaccaro (2006); el cine también lo hizo: Nueve reinas (2000, dirigida por Fabián Bielinsky) u Operación Monumento (2014, dirigida por George Clooney).

4 Las crónicas periodísticas así lo demuestran; PREMAT, Silvina; Artistas del delito. El mercado argentino del arte, blanco fácil para crímenes millonarios. LA NACIÓN, 4 de julio de 2015, pág. 30 y HARTMANN, Irene; Tráfico de bienes culturales: las claves del cuarto comercio ilegal del mundo, disponible en [https://www.clarin.com/suplementos/zona/trafico-bienes-culturales-claves-cuarto-comercio-ilegal-mundo_0_SJmYyaKix.html] (visita del 9 de julio de 2020).

5 La ley 25.197 -de registro del patrimonio cultural nacional (1999)- presenta algo parecido a una definición: “A los efectos de la presente ley se entiende por «bienes culturales», a todos aquellos objetos, seres o sitios que constituyen la expresión o el testimonio de la creación humana y la evolución de la naturaleza y que tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico excepcional. El universo de estos bienes constituirá el patrimonio cultural argentino” y la ley 27.522 -del régimen de comercialización (2019)- hace lo propio en su artículo 2° expresando qué entenderá por antigüedades, obras de arte u otros bienes culturales.

6 De agosto de 1982, consultado en [https://culturalrights.net/descargas/drets_culturals400.pdf], visita del 8 de julio de 2020.

7 Fallos 336:1390.

8 Cfr. clase de Teresa de Anchorena, el 14 de julio en el curso virtual “Panorama del Patrimonio Arquitectónico Argentino en sus Monumentos Históricos Nacionales”, disponible en [https://youtu.be/dDT8pGt_SRc], (visita del 14 de junio de 2020).

9 (i) E.D., 171-373; Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal: Expte. 130.034/2010, “Coria de Soler, Lidia c/ Yagi Senritsu … s/ daños y perjuicios”; 11 de marzo de 2011 -bienes del museo privado de la inmigración gallega- o (ii) caso de supuesta defraudación por retención indebida de obras del artista plástico León Ferrari en que intervino el Tribunal Oral en lo Criminal 10 de Buenos Aires, consultado en [https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/sobreseyeron-al-periodista-gabriel-levinas-por-la-retencion-indebida-de-cuadros-de-leon-ferrari/ -visita del 8 de julio de 2020-)].

10 (i) Robo de la Biblioteca Nacional, Sala del Tesoro, de un ejemplar de la primera edición (1923) autografiado de “Fervor de Buenos Aires”, de Jorge Luis Borges -juzgado criminal y correccional federal 4 de Capital, causa c. 1109/2000 (inédito)-; o (ii) juicio de revocación de la donación al Museo Nacional de Bellas Artes que tramitó ante la justicia en lo civil y comercial federal de la Capital Federal -reseña completa del caso “colección Uriarte-Piñeiro” en Fallos 319:378-.

11 De 1869 es la primera de las leyes que entiendo protectoras del patrimonio cultural -ley nacional 323, que dispuso comprar la casa histórica de Tucumán para “la conservación del edificio por cuenta del Gobierno Nacional”-. Las leyes referidas a objetos o sitios en particular son innumerables; su mención excede a este trabajo.

12 Daniel Schávelzon, reconocido arquitecto y arqueólogo citadino, dijo que “La legislación existente en los aspectos patrimoniales es enorme y crece día a día, se hace más compleja en la medida en que se encuentran nuevos vericuetos, temas y problemas, en que se ajustan detalles …” (en El laberinto del patrimonio cultural. Cómo gestionarlo en una gran ciudad. Buenos Aires, APOC -Asociación del Personal de los Organismos de Control-, 2008, pág. 233).

13 NINO, Carlos; Un país al margen de la ley, Buenos Aires, Ed. Ariel, 2005. Retomó el tema, entre otros, Carlota JACKISCH en La anomia, una patología social argentina, La Nación, Suplemento ENFOQUES, 28 de septiembre de 1997, donde dejó expuesto que “No cumplir con la ley en todas sus formas ya es más que una avivada en nuestro país. Se ha convertido en una cultura fuertemente arraigada que sólo conduce a la desorganización social. … las normas existen, aunque es cierto que a veces la yuxtaposición de las mismas o su carácter contradictorio ofrecen la excusa para evitar su cumplimiento”.

14 Profundizar sobre los motivos de ese error de conceptualización sobre bienes tan importantes para la comunidad, desde un abordaje científico o empírico, es imposible en este espacio reducido.

15 Idea expuesta por Corrado Cattesi, coordinador de la Unidad de Obras de Arte de la Secretaría General de INTERPOL -Lyon, Francia-, el pasado 8 de octubre en su disertación en el CURSO SOBRE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL –VI EDICIÓN, virtual. Organizadores Ministerios de Seguridad y Cultura de la Nación, INTERPOL y UNESCO, sede Montevideo.

16 GRAW, Isabelle; ¿Cuánto vale el arte? Mercado, especulación y cultura de la celebridad. 1° edición, 1° reimpresión. Buenos Aires, Mardulce, 2013; LÓPEZ ANAYA, Jorge; La cara oculta de los coleccionistas. LA NACIÓN, Sección Cultura, 1 de abril de 2007, pág. 6. SÁNDEZ, Fernanda; Robo de arte en Argentina. Tesoros en fuga. Revista BRANDO, Buenos Aires; 03-2018, n° 144, pág. 81. SCHÁVELZON, Daniel. El expolio del arte en la Argentina. Robo y tráfico ilegal de obras de arte. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1993.

17 BASCHETTI, Roberto; Un proyecto de ley olvidado: Por la defensa del patrimonio cultural. La Biblioteca, Revista fundada por Paul Groussac; nro. 1, verano 2004/2005, Buenos Aires, R. Argentina; pág. 208/213 y MORANDINI, Norma; Proyecto de Ley: PATRIMONIO CULTURAL; en [www.normamorandini.com.ar], (visita: 24 de mayo de 2018).

18 Hace 10 años abordé este tópico en Un delito olvidado en “y considerando” –revista de la AMFJN-, Buenos Aires, año 14, nro. 90, pág. 23/27. El reglamento y la modificación de la ley para mejorar su capacidad disuasiva o para actualizar algunas de sus previsiones y penas, siguen ausentes.

19 Ver los pormenores del robo en el Museo Histórico Nacional del reloj de Manuel Belgrano en la mención disponible en [https://www.cij.gob.ar/nota-6673-Condenan-a-banda-que-robaba-en-museos–entre-ellos–las-monedas-de-oro-del-Banco-Naci-n.html] -visita del 8 de julio de 2020-.

20 El sentido de esta expresión de Tomás Oneto -publicada en LA LEY, 1981-D, 1981- indica que lamentablemente en este aspecto no hemos avanzado como sociedad.

21 El reloj de Manuel Belgrano robado del Museo Histórico fue ofrecido en venta a través de la web, no se lo recuperó pese al empeño de las autoridades; fue vendido y los ladrones lo transformaron en un minibus Mercedes Benz, tipo Sprinter 413, utilizada para transporte de escolares; cárcel a autores, pena en suspenso para encubridores y recupero y subasta de la Sprinter no guardan proporción con el daño causado al patrimonio cultural de la Nación. La investigación fue exitosa y la condena aún (2020) se cumple; pero el patrimonio cultural fue expoliado.

22 Quiero rescatar que desde la década de 1940 las leyes a que nos referimos puntualmente prefieren la tutela anticipada a la sanción criminal por el daño o el tráfico ilícito. Lo que hoy es habitual, pues la idea se ha generalizado y el tema está relacionado con el derecho ambiental -eminentemente preventivo-, en la cultura jurídica de aquella época significó un avance destacable y una idea innovadora.

23 En Buenos Aires es tan común el coleccionismo y compraventa de libros antiguos que existen muchas librerías y negocios especializados, los que están asociados – [https://alada.org.ar/eventos/feria] (visita del 15 de julio de 2020); los remates promocionados de obras de arte se realizaron y realizan sin inconvenientes y solo tienen control del Estado a los fines tributarios, [http://www.sarachaga.com.ar/catalogosanteriores.html] o [http://www.galarroyo.com/] (visitas del 16 de julio de 2020). En esta línea, recuerdo haber sido testigo, durante el remate de la biblioteca de Antonio Carrizo, de una puja fenomenal entre dos coleccionistas; en agosto de 2014, el vencedor pagó $410.000 por un buen ejemplar de la primera edición de “Facundo”, equivalente a 29.000 ó 34.000 dólares americanos según el fluctuante cambio de la época.

24 La aclaración no es vana, pues aún existen objetos de profundo simbolismo cuya existencia y radicación no fueron denunciadas y se advierte su existencia cuando son ofrecidos a la venta pública (cfr. causa 17.839/2007, “W.P., Marcelo …”,juzgado criminal y correccional federal 8, secretaría 16 de Cap. Federal, inédito) o cuando se pretende exportarlos (c. “Rotundo”, juzgado nacional en lo penal económico 6 de la Capital -traslado para su remate en Roma de bienes de Juan D. Perón y Eva Duarte de Perón en 2004-, causa 476/2004, resolución de sobreseimiento del imputado, 2 de mayo de 2005, inédita).

25 Si son demostraciones de arte callejero es difícil aceptar que sean al mismo tiempo una conducta criminal; pero la cierto es que la ley es taxativa en marcar su erradicación de los inmuebles protegidos, art. 8.3 de la ley 12.665.La discusión entre el Derecho y el mundo de las artes plásticas no está zanjada.

26 El monto máximo de pena es de 0,0000001 pesos. Si se ríen al leerlo, hacen bien. Remito al análisis completo de ítem en Un delito olvidado, ya citado. Por este motivo las imputaciones que se inician ante la justicia en lo criminal y correccional federal de la Capital resultan sobreseídas.

27 Por citar sólo un ejemplo actual: a través del sitio público [www.mercadolibre.com] se ofreció a la venta un caparazón de gliptodonte en u$s 150.000; causa CFP 14.070/2016/3/CA1, resolución de la Sala II de la Cámara Federal del 7 de diciembre de 2017 que confirmó el auto de procesamiento del oferente.

28 De la Riva, Ignacio M.; “La protección del patrimonio cultural en el derecho argentino”. En AAVV, “El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica”; coord. Fernando López Ramón. 1° ed., Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, Colección MONOGRAFÍAS. 2017 y EL HAIBE, Marcelo; “El tráfico de bienes culturales avanza detrás de las drogas y las armas”, ya citado.