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Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
Número 7 (Diciembre 2020)

A 10 años de la sanción de la ley 26.485: Su aplicación en la jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal desde 1/4/2009 al 1/4/2019

Por Clara Santamarina, Prosecretaria de Cámara de la Cámara Federal de Casación Penal.

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  1. Introducción

El 1 de abril de 2009, luego de un debate fundamental para la lucha por los derechos de las mujeres en el Congreso de la Nación Argentina, fue promulgada la “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, n° 26.485 (en adelante, “ley 26.485”, “la ley” o “Ley de Protección Integral”). Se trata de una norma de orden público, trasversal a todas las ramas del derecho1 y responde a la obligación internacional del Estado Argentino de adoptar todas las medidas posibles para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres2.

Se suele pensar que el ámbito de aplicación de la ley 26.485 es el fuero civil o el de familia. ¿Qué sucede en la jurisdicción penal? A partir del análisis y la sistematización de la jurisprudencia del máximo tribunal penal federal de la República Argentina por debajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), esto es, la Cámara Federal de Casación Penal (en adelante, “CFCP” o “La Cámara”), es posible, al menos de modo exploratorio, habilitar reflexiones vinculadas a la recepción y aplicación de la norma en el fuero penal federal.

La CFCP dicta aproximadamente 60003 decisiones por año. Del total de los pronunciamientos dictados durante los primeros 10 años de vigencia de la ley 26.485, únicamente se detectan 224 en los que se aplicó, nombró, o simplemente mencionó la ley. A partir de estas, es posible intentar responder algunas preguntas tales como ¿Cuál ha sido el impacto de la ley de protección integral en las sentencias de la Cámara? ¿Qué magistrados la aplican? ¿En que tipos de causa fue aplicada y en relación a qué tipo de delitos? Habiéndose cumplido los primeros diez años de la promulgación de la ley de Protección Integral, el análisis de su aplicación jurisprudencial permite profundizar el debate sobre esta temática en la jurisprudencia de la CFCP.

  1. Aplicación penal de la Ley de Protección Integral

La violencia y la discriminación contra las mujeres es una problemática actual, vigente, universal. La violencia contra las mujeres y las niñas es la violación de derechos humanos más corroborada alrededor del mundo4. No se trata de una cuestión de moda ni se reduce a un país en particular. El flagelo de la violencia tiene una complejidad tal que impide encontrar una solución sostenida en una única herramienta. Es decir, se necesita un abordaje multidisciplinario, que ataque las distintas aristas que sostienen la desigualdad entre varones y mujeres: cuestiones sociales, económicas, culturales, políticas, y, particularmente, cuestiones jurídicas.

Las enormes dimensiones de tiempo y lugar que atraviesa el flagelo de la violencia, se evidencian a partir de la extensa creación de derecho internacional sobre el tema. Las normas vinculantes son fundamentales para dar pasos firmes en la erradicación de la violencia pues, para dar una respuesta efectiva y coordinada, es primordial contar con una legislación completa. A la luz del derecho internacional, los Estados tienen obligaciones claras de promulgar, aplicar y supervisar la legislación que regula todas las formas de violencia contra la mujer. Estados han adoptado o revisado su legislación en materia de violencia contra la mujer. 5 En ese marco, Argentina se convierte en estado firmante de las convenciones conocidas como “CEDAW” y “Belem Do Pará” y posteriormente, adopta la ley 26.845.

A modo de simplificación, es posible sostener que actualmente una de las posibles estrategias contra la violencia de género brindadas desde el Estado es aquella vinculada con el ámbito del derecho penal. Ello, habida cuenta que la tipificación de los delitos que violan la vida, la salud, el honor, la libertad de las mujeres parece configurarse como principal estrategia para prevenir y erradicar esta forma de violencia. Sobre este punto, Di Corleto sostiene que como parte de un conjunto de medidas que pretendieron revertir la subordinación de las mujeres en la sociedad patriarcal, varios países de la región promovieron importantes reformas legales centradas en el derecho penal.6 Desde el feminismo, el vínculo entre violencia de género y el derecho penal es complejo. La abogada feminista, Julieta Di Corleto sostiene que:

“…con la intención de revertir la creencia de que la violencia de género es un asunto privado, desde la teoría legal feminista se ha reclamado una mayor intervención penal. Dado que el maltrato sexista refuerza y legitima la discriminación, la pena se concibe como un instrumento a través del cual sancionar las conductas de quienes actúan en un ambiente cultural que amplifica los perjuicios para las víctimas. La sanción penal envía un mensaje a la sociedad sobre la importancia de proteger a grupos históricamente desaventajados. Por ello, la razón principal por la cual las feministas forjaron una alianza con el derecho penal fue la necesidad de que la sociedad en general y los operadores de justicia en particular asumieran que la violencia contra las mujeres era conflicto que merecía una atención preponderante”.7

Ahora bien, no cualquier ejercicio de violencia contra una mujer es violencia de género, sino sólo aquélla que se realiza contra una persona por el hecho de pertenecer al género femenino. Esto quiere decir, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención de Belem do Pará la violencia contra las mujeres8. La violencia hacia las mujeres tiene como denominador común la caracterización binaria de los sujetos parte, esto es, la presencia de un sujeto pasivo femenino que es maltratado y en el que el agresor es un sujeto activo masculino (binario varón-mujer). Pero, asimismo, requiere un componente subjetivo: la misoginia que guía la conducta del autor9. Entonces, se trata de identificar aquellos casos en donde las causales del delito involucran el género de la víctima, en los que hay violencia sexista.

Las leyes argentinas penalizan la violencia contra las mujeres, ya sea mediante la tipificación de delitos que específicamente sancionen alguna expresión de violencia de género (como el agravante del art. 80 incorporado por la ley 26.791) como en aquellos que no especifican la cuestión de género pero que, se pueda detectar que la acción delictiva fue motivada por este tipo de violencia, conforme las definiciones previstas en la ley 26.485. Al presente, en nuestro país la violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer esta criminalizada.

Por lo expuesto, en los casos de persecución de delitos referidos a violencia contra las mujeres, el Estado está obligado a investigar los hechos, perseguir a los agresores, procesarlos y, luego de un juicio justo y respetuoso de las garantías del debido proceso, condenar a quien resulte el autor penalmente responsable. Ello, en consonancia con lo previsto en el artículo 7 de la Convención Belem do Pará, que estipula los deberes de los Estados y prevé, en su inciso b, la obligación de “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”.

Ahora bien, ¿La ley 26.485 tiene aplicación concreta en la jurisprudencia penal? Como se sostuvo, se trata de una norma de orden público, de aplicación en todo el territorio del país y debe servir a la justicia penal de diversas maneras10, que incidirá directamente en la operatividad de las políticas de género y en la responsabilidad del poder judicial frente a la obligación de garantizarle a las mujeres el derecho a vivir una vida sin violencia

La norma incluye en su título la palabra “sancionar” y el art. 32 enumera las acciones que puede tomar el juez en caso de que el agresor no cumpla con medidas dispuestas en el marco de un proceso regido por la 26.485 conforme el art. 26. Sin embargo, la propia ley en su art. 41 dispone: “En ningún caso las conductas, actos u omisiones previstas en la presente ley importarán la creación de nuevos tipos penales, ni la modificación o derogación de los vigentes”.

Es por ese artículo que parte de la doctrina ha criticado la norma por considerar que la ley 26.485 es únicamente programática o declamatoria, “…con la grandilocuencia propia de quienes creen que explicitar en las leyes definiciones o conceptos constituye un modo de cambiar la realidad o la naturaleza de las cosas” y que la ley “…no molesta a nadie ni importa un avance en la ejecución de políticas de género que sean suficientemente disuasivas y operativas para evitar actos de discriminación en perjuicio de la mujer. Sus enunciados son meramente dogmáticos (…) se agota en declaraciones de principios11. Asimismo, se ha sostenido que la violencia no se reduce con modificaciones normativas y que la sanción de la ley 26.485 parece indicar un nuevo triunfo del «fetichismo de la ley», esto es, suponer que mágicamente por el solo hecho de haber sancionado una nueva ley, los mecanismos para hacerla efectiva entran a operar.12

Ahora bien, la ley de protección integral debe ser considerada en cada proceso penal que refiera a tipos penales cuyo bien jurídico protegido la integridad física o psíquica de las mujeres (ej. delitos de abuso sexual, trata de personas, lesiones, homicidios), particularmente para que se tomen en cuenta los lineamientos referido a los derechos de la mujer denunciante (previstos en el art. 16) y las medidas de prevención (previstas en el art. 26).

Asimismo, cuando la mujer sea la imputada o condenada penalmente, la ley 26.485 se torna especialmente relevante en relación a la modalidad de violencia institucional. Igualmente, la ley juega un papel importante a fin de valorar la existencia de la causal de legítima defensa (artículo 34, incisos 6 y 7, Código Penal) en los casos de homicidios cometidos por mujeres contra hombres violentos, contemplando las características propias de la violencia doméstica (art. 4, ley 26.485).

Por otra parte, la ley sirve para definir la constitucionalidad y la convencionalidad de algunos institutos procesales (tales como avenimiento, probation, mediaciones, etc.) cuando se traten supuestos de violencia contra las mujeres. En ese sentido, la 26.485 establece expresamente que: “…Quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación”, disposición que también se aplica a las políticas públicas que debe diseñar el Consejo Nacional de la Mujer13, al establecer en el inc. e) del art. 9º que no se admiten “modelos que contemplen formas de mediación o negociación”

En suma, si bien no hay tipos penales creados en la ley de Protección Integral, lo cierto es que en la jurisdicción penal -ordinaria y federal- debería ser aplicada para brindar un servicio de justicia con perspectiva de género que evite causar violencia institucional y re-victimizar a las mujeres que se someten al proceso judicial. A partir del análisis de la jurisprudencia de la CFCP es posible afirmar que ha tenido un -pequeño- impacto en la jurisprudencia penal.

  1. La jurisprudencia de la CFCP en relación a la violencia contra las mujeres: Aplicación de la ley 26.485 durante el período: 1/4/2009 al 1/4/2019

La Cámara Federal de Casación Penal ha debido intervenir en diversas causas en las que se ventilaban hechos de violencia contra las mujeres, ya sea en el marco de causas de delitos ordinarios como federales (según la fecha analizada).14 A lo largo de la última década, la Cámara ha incorporado la perspectiva de género en algunas de sus decisiones, identificando cuando el hecho investigado se vincula con el género. Desde el 1/4/2009 al 1/4/2019 fueron dictaron 224 sentencias15 en la CFCP donde aparece mencionada, nombrada, citada o señalada la ley 26.485. A partir de revisar una por una aquellas, es posible destacar algunos datos:

  • Durante los años 2009 y 2010 no fue citada la ley. Tampoco fue mencionada en los primeros 4 meses del año 2009.

  • En el año 2011 aparece la primera mención de la ley en un caso de suspensión del juicio a prueba16 y recién a partir del 2012 es cuando la norma comienza a incorporarse a la jurisprudencia de la Cámara con mayor alcance, llegando a ser nombrada en 14 causas. Durante el año 2013 se menciona en 24 y en el año 2014 se menciona en 61. Luego, a partir del año 2015 se detecta una disminución: 43 sentencias en el 2015, 42 en el año 2016, 22 en el año 2017 y 17 en el año 2018.

  • De las 224 sentencias, 129 pertenecen a la sala I, esto representa el 57% de las causas. La sala IV dictó el 17% de las sentencias -38 sentencias-, la Sala III el 16% -35 sentencias- y la Sala II el 10% restante, esto es 22.

  • Según el delito investigado en la causa principal17, surge que el 24% de los pronunciamientos que aplican o mencionan la ley 26.485 son causas en donde se imputa el delito de Trata de Personas (53 sentencias) y el 26% son causas en donde se investiga el delito de abuso sexual. Luego, hay 16 casos en donde el delito imputado era homicidio, 14 sentencias en donde se investigaban delitos de lesiones y 10 casos donde se investiga el delito de amenazas.

  • No es posible analizar el delito que se juzgaba en la causa principal en 53 casos18: 5 de habeas corpus, 12 de cuestiones de libertad (temas de ejecución o medidas de coerción) y 36 de probation.

  • En los 5 pronunciamientos de habeas corpus en los que la cuestión de género se verifica, hay 4 casos en donde las solicitantes del habeas corpus eran de género femenino19 y en 1 caso se analizó el derecho de las mujeres que visitaban a los internos y eran obligadas a someterse a requisas intimas para ingresar al complejo penitenciario20. En todos estos casos, se destacan los votos del Dr. Hornos.

  • El 77% de los casos tiene imputados varones21 y un 9% se trata de causas con más de una persona imputada, en donde alguno de los imputados es varón, lo que incrementa a 86% las causas con imputados masculinos.

  • En los 15 casos con mujeres imputadas, hay 9 en donde el delito investigado es trata de personas o tráfico de personas.

  • Hay 7 sentencias referidas a cuestiones de “libertad” (esto es, se analiza casos de excarcelaciones, exención de prisión preventiva, prisión domiciliaria o libertad condicional) que tienen imputados varones. En todos los casos, las libertades solicitadas o el instituto de la prisión domiciliaria fueron denegadas fundamentando esa negativa -entre otras cosas- en el delito que se le imputaba, ya sean casos de delito de trata de personas, casos de violencia doméstica o un caso en donde, si bien la causa principal era por el delito de homicidio, la concubina del condenado se opone a la prisión domiciliaria por existir violencia doméstica.

  • En las 3 sentencias en las que se analizan cuestiones de libertad en donde la imputada era mujer, se trata de mujeres migrantes. Es el Dr. Hornos quien analiza en sus votos con perspectiva de género, las vulnerabilidades de las peticionantes por su condición de mujer, pobre y migrante. En un caso la defensa de la imputada solicitaba la prisión domiciliaria y alegaba haber sufrido violencia doméstica como causal del delito cometido. En los otros dos, se trataban pedidos de expulsión anticipada.

  • En el 92% de los casos en donde fue nombrada o aplicada la ley 26.485 se trataba de causas judiciales en las que la víctima del delito investigado fue de género femenino. Esto incluye causas en donde hubo más de una víctima mujer.

  • Hay únicamente 3 casos en donde se aplicó o mencionó la 26.485 y la víctima era un varón. En estas, el delito investigado era homicidio (consumado o en tentativa) y el delito de abandono de persona seguido de muerte.

Por otra parte, existen algunos lineamientos generales, así como también algunos pronunciamientos particulares que ameritan ser destacados por la concreta aplicación de la Ley de Protección Integral que efectúan. Estos son:

Aplicación de la 26.485 a la luz de los delitos investigados:

La disminución de la cantidad de causas en las que se menciona la 26.485 a partir del año 2015 hace pensar que los delitos ordinarios son más fácilmente asociados con cuestiones de género. Ello, a raíz de que la entrada en funcionamiento de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en el año 2015 implicó que la CFCP deje de intervenir en delitos ordinarios y, consecuentemente, se redujo la aplicación de la norma citada. Los primeros dos años (2015-2017) la CFCP continuaba con la sustanciación de aquellas causas que habían tenido radicación previa en la CFCP. A medida que pasaron los años, la Cámara fue ajustando su intervención a la competencia prevista en el art. 30 bis del CPPN.

De todas formas, ya sea en delitos ordinarios o federales pareciera que la dimensión de “género” como perspectiva a ser valorada es identificada prima facie en delitos de índole sexual, ya sea trata de personas con fines de explotación sexual o en aquellos casos de vulneración a la integridad sexual de las víctimas, pues estos casos representan el 50% de las causas en las que se citó la 26.485.

Por otra parte, en relación al delito “aborto” se destaca que la primera causa – en términos cronológicos- en la que específicamente se analiza la aplicación de ley 26.485 fue la n° 10193, “A.G., Y.” rta. 13/07/2012, reg. 20278 de Sala II. En esa decisión, el Dr. Slokar en su voto, suscribe que la pretensión del fiscal de aprovechar la denuncia de un profesional de la salud (en palmaria violación al deber de guardar secreto) con el fin de no hacer menguar la vigencia del art. 88 y 85 del CP debe ser rechazada en tanto corresponde eliminar aquella práctica, y no dejar de sancionarla. En su voto, desarrolló la noción de violencia institucional prevista en la 26.48522 y sostuvo que permitir la continuación de un proceso originado en la infracción a los derechos de la mujer, sería contrario al deber del Estado Argentino de prevenir, investigar y sancionar los hechos de violencia contra las mujeres y de la obligación impuesta en la Convención Belem Do Pará (art. 7, inc. a).

Por otro lado, en relación a las causas que se referían al delito de homicidio, surge como dato destacable que las únicas tres causas que tienen como víctima a un varón se trata de casos en donde se investiga lo que se conoce como “femicidios vinculados”23 pues de las constancias de la causa aparte el vínculo violento del agresor. El término “femicidio vinculado” es creado por la Asociación Civil “La Casa del Encuentro”24, partiendo del análisis de las acciones del femicida, para consumar su fin: matar, castigar o destruir psíquicamente a la mujer sobre la cual ejerce la dominación. En esta definición se registran dos categorías: personas que fueron asesinadas por el femicida, al intentar impedir el Femicidio o que quedaron atrapadas “en la línea de fuego” y personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer, que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer a quien consideran de su propiedad. Se trata de un término político y no jurídico.

Finalmente, corresponde resaltar la aplicación de la ley 26.485 en el marco de un caso referido al delito de estafa y falsificación de documento público. En el año 2016 la Sala I, resolvió la causa CFP 8676/2012/1/CFC1, “REYES, Eduardo Ángel”, rta. 30/12/2016, reg. 2669/16.1 en la que se discutía el sobreseimiento de Reyes por el delito de estafa en concurso ideal con el de falsificación de documento público. Se investigaba la maniobra pergeñada por Reyes para perjudicar patrimonialmente a quien por entonces era su cónyuge, en tanto se le imputaba al nombrado el haber enajenado un vehículo sin el consentimiento de su ex mujer, quien, en consecuencia, se vio perjudicada al no recibir la parte que le correspondía por la venta del bien. Se había dispuesto el sobreseimiento de Reyes por aplicación del art. 185 del CP que dispone que los cónyuges están exentos de responsabilidad criminal por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren. En la decisión de la Cámara, el primer voto del juez Hornos entendió que los hechos investigados debían ser estudiados bajo una perspectiva de género y realizó un completo desarrollo de las normas internacionales y nacionales que protegen a las mujeres de la violencia económica y patrimonial.25 Así, en un voto con perspectiva de género y un excelente análisis de la normativa, el magistrado concluyó que el artículo 185 del CP transgrede la Convención de Belém Do Pará y la CEDAW.

Aplicación de la 26.485 en cuestiones de libertad:

De la lectura de aquellos pronunciamientos referidos a cuestiones de libertad se destaca la causa FSM 8081/2016/26/CFC1, “LÓPEZ MAGALLANES, Mario Martín”, rta. 23/03/2018, reg. 217/18.4, de Sala IV, en donde se analizó una prisión preventiva domiciliaria revocada por el tribunal ya que la concubina denunció al detenido por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con daño. La CFCP rechazó el recurso de casación de la defensa a la luz de la protección de los derechos de la mujer.26

Aplicación de la 26.485 en casos de suspensión del juicio a prueba:

En los 36 pronunciamientos sobre solicitudes de suspensión de juicio a prueba (también nombrada como “probation”) analizados por la Cámara (en algunos casos estaba concedida, en otros rechazada) en los que se nombró la ley 26.485, se verifica la discusión del fallo de la CSJN “Góngora, Gabriel Arnaldo s/ causa Nº 14.092” del 23/4/2013.

Allí, la CSJN por mayoría, entendió que el artículo 7 de la Convención Belem do Pará, impide los jueces la posibilidad de conceder la probation al imputado acusado de cometer delitos que configuran violencia dirigida contra la mujer. Ello, por considerar que los objetivos de dicho artículo, imponen la necesidad de establecer un «procedimiento legal, justo y eficaz para la mujer», que incluya «un juicio oportuno» lo que impide la adopción de alternativas distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral. En consecuencia, las cuatro salas de la CFCP resuelven los planteos de probation en casos de violencia de género mediante la aplicación de la doctrina “Góngora”, considerando que la obligación del Estado Argentino es garantizar un juicio y evitar medidas de mediación entre la víctima y el agresor. Esta línea jurisprudencial es coincidente con los pronunciamientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.27

Aplicación concreta del articulado de la ley 26.485: arts. 16 y 26:

En lo que refiere a la aplicación y el alcance de la ley de protección integral particularmente se destacan las referidas a amplitud probatoria y medidas precautorias.

Por un lado, la Cámara aplica el art. 16 para habilitar la amplitud probatoria en casos en donde una mujer sea víctima de delitos que han afectado su integridad física y psicológica. Sobre este punto, cabe recordar que Di Corleto sostiene que, si bien la normativa no transformó las reglas generales sobre valoración de la prueba, su incorporación al plexo legal cumplió una función pedagógica importante. Así, afirmó: “…en materia de valoración de la prueba, los cambios se registraron con estas normas muy elementales que, por un lado, reafirmaron el principio de amplitud probatoria ´teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos´ y por otro, exigieron que, al momento de fallar, los jueces tuvieran en cuenta indicios graves, precisos y concordantes que surgieran del contexto”.28

Ahora bien, las defensas acostumbran a argumentar ante la Cámara que las condenas recurridas se basan únicamente en el testimonio de una víctima y que “las palabras no son una prueba suficiente de la materialidad del hecho”29. Sin embargo, tal planteo no suele verificarse efectivamente pues se detecta que -si bien se incorpora el principio de amplitud probatoria- las sentencias no se han dictado sobre la base de una única prueba testimonial, sino que también se suman otras pruebas indirectas incluso recolectadas por vías independientes30. La Cámara ha respondido diversos planteos casatorios referidos a la nulidad de las medidas de prueba valoradas por tribunales orales aplicando el mencionado art. 16, en coincidencia con los estándares de protección plasmados en la Convención Belem Do Pará. Así, la CFCP ha sentado jurisprudencia31 referida a las obligaciones del Estado Argentino en casos en donde se ha ejercido violencia sobre una mujer, en los términos de la ley 26.485. En efecto, sostuvo que la “amplitud probatoria” prevista en el art. 16 inc. I), debe regir la actividad jurisdiccional, bajo riesgo en caso de cercenarse su ejercicio, en la impunidad de las conductas examinadas. En efecto, se sostuvo que la prueba debe ser enmarcada en los lineamientos de la ley de Protección Integral32. Particularmente, se destaca la causa nº 1273/2013, «LUZA MONTALVO, Walter y ot.», reg. 10/2/15, reg. 24415, Sala I, en donde la doctora Figueroa específicamente se refirió a la validez de las declaraciones testimoniales de las víctimas sin estar en presencia de los imputados a la luz de las previsiones de la 26.48533 en un caso de delito de abuso sexual con acceso carnal y amenazas con armas.

Por otro lado, el art. 26 de la ley estipula las medidas preventivas urgentes que podrán ser adoptadas por las y los magistradas/os. En el año 2014 hubo dos pronunciamientos referidos a aquellas medidas cautelares. En la causa n° 379/2013, “VEGA, Ricardo Félix” (rta. 28/4/14, reg. 690/14) la Sala IV debió resolver el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal contra el sobreseimiento de Vega en orden al hecho de abuso sexual agravado por mediar acceso carnal. Se investigaban los hechos de violencia denunciados por la esposa del imputado. Los magistrados Borinsky y Hornos encomendaron al juez de grado el dictado de medidas cautelares previstas en la ley de Protección Integral.34 Contra esta decisión la defensa interpuso recurso extraordinario que fue rechazado.35

En la causa 1906, caratulada “CASTRO, Cristian Rodolfo” (reg. 23951, rta. 7/8/2014 de Sala I), la Cámara debió analizar el planteo de la defensa contra la decisión del Tribunal Oral que, en virtud de un acuerdo de juicio abreviado había resuelto condenar a Castro a una pena de dos años de prisión en suspenso por ser autor penalmente responsable del delito de amenazas coactivas y, además, le impuso la prohibición de acercamiento a menos de trescientos metros del lugar de residencia y trabajo de la mujer víctima del delito por seis meses (en los términos del art. 26, letra a. l, de la ley 26.485). La defensa alegaba que la medida de prohibición de acercamiento era un exceso de jurisdicción, pues no había sido pactada en el acuerdo de juicio abreviado. En ese caso, la doctora Figueroa rechazó el recurso interpuesto y sostuvo que la prohibición de acercamiento fue impuesta Castro de conformidad con lo reglamentado en la ley 26.485, instrumento que tiene como fin «la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales» y no constituye de ningún modo una de las penas previstas en nuestro ordenamiento jurídico interno, de acuerdo con lo normado en el art. 5 del CPN.

Aplicación de la ley 26.485 vinculada al derecho de las víctimas a recibir un trato respetuoso y no ser revictimizadas: las expresiones machistas de defensores/as, la privacidad y la denuncia:

La ley 26.485 en su inc. k del artículo 3 establece que la ley garantiza “Un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto u omisión que produzca revictimización”.

En relación a ello, es posible destacar que las expresiones machistas por parte de letrados/as defensores/as pueden ser identificadas como contrarias al trato respetuoso que debe ser garantizado a una mujer víctima de violencia. En tres casos de la Sala I se propuso remitir testimonios del escrito de la defensa al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), para que tome conocimiento de la falta de respeto perpetrada por los letrados. En la causa 1442/13, caratulada «Giménez, Leandro», rta. 15/09/2015, reg. 24730, el primer voto señaló que el abogado defensor ha utilizado un lenguaje impropio y agraviante en su escrito para descalificar los dichos de dos niñas, lo que constituye una falta de decoro y de respeto a las víctimas36, lo que fue adherido por los colegas y, en consecuencia, se incorporó como el punto II de la parte dispositiva.

Luego, en dos ocasiones, causas: 1273/13, «LUZA MONTALVO»37 (ya citada) y 776/13, «MARSIGLIA, Gabriel Federico», rta 12/2/15, reg. 24458, la doctora Figueroa quedó en minoría cuando sostuvo que la cuestión de la erradicación de todas de las formas de discriminación y violencia contra la mujer reviste una enorme importancia para alcanzar el objetivo de una sociedad justa e igualitaria y por ello, ameritaban enviar una comunicación al CPACF, a fin de que se analice el apego a las reglas de la ética en el ejercicio de la profesión, a la luz de las exigencias que se establecen en las normas de derecho internacional de los derechos humanos referidos a la mujer.

En otro orden de ideas, el trato respetuoso y la no revictimización se vincula con la privacidad de las víctimas. El art. 7 de la ley dispone: “El respeto del derecho a la confidencialidad y a la intimidad, prohibiéndose la reproducción para uso particular o difusión pública de la información relacionada con situaciones de violencia contra la mujer, sin autorización de quien la padece”. En diversos casos la CFCP resolvió utilizar los nombres de las victimas testados, esto es, mediante el uso de mayúsculas. Esta decisión se detecta en casi todas las causas en donde las víctimas sean menores de edad38 y en muchos de las causas de trata de personas con fines de explotación sexual39. Sin embargo, no en todas las sentencias de trata se respeta40 e incluso se ha verificado igual defecto en causas en donde la víctima sufrió delitos contra su integridad sexual, contrariando así lo establecido por ley 26.364 -art. 8- que dispone el derecho a la privacidad y reserva de identidad.

Por último, en relación al trato respetuoso y la no revictimización aparece también la aplicación de la ley 26.485 vinculada a la denuncia realizada en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia (OVD). La Sala I resolvió la causa CCC 28832/2012/TO1/3/CFC1, «ENCINAS AGUILAR, Juan Carlos» (rta. 3/6/2016, reg. 966/16.1) en donde el Fiscal apeló la declaración de la nulidad de todo lo actuado en tanto el Tribunal Oral entendió que la víctima no había instado la acción penal en un caso de abuso sexual con acceso carnal. Ello así, pues el tribunal sostuvo que la OVD no es un organismo con capacidad para recibir la denuncia. El caso consistió en determinar si la exigencia de instancia privada que habilita la jurisdicción del tribunal para juzgar el hecho, se concretó a través de voluntad de la víctima expresada en su manifestación ante la OVD; o, por el contrario, debe prevalecer su segunda declaración, en la cual expresó su negativa de instar la acción penal ante el juzgado de instrucción.

Al momento de resolver, el Dr. Borinsky sostuvo que en la declaración que brindó la víctima ante la OVD se encuentra presente su voluntad de poner en conocimiento de las autoridades judiciales los hechos vinculados con agresiones sexuales sufridas, con la intención de someter los mismos a inspección jurisdiccional. Esta circunstancia resulta suficiente para judicializar el caso y someter al imputado a juicio.41 Luego concluyó que ante la calificación del caso como un supuesto de violencia contra la mujer42 constituye un deber del Estado actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Por su parte, la doctora Figueroa desarrolló en su voto la responsabilidad del Estado en la investigación de los hechos de violencia contra la mujer.43

  1. Reflexiones finales

En materia de legislación referida a la violencia contra las mujeres, a lo largo de los últimos 50 años la comunidad internacional instó a los Estados a adoptar o aplicar las leyes pertinentes, revisarlas y analizarlas periódicamente, haciendo hincapié en la prevención de la violencia y el enjuiciamiento de los responsables; adoptar medidas para garantizar la protección de las mujeres víctimas y la reparación de los daños causados.44

Actualmente, son muy pocas las decisiones en las que la ley 26.485 ha sido aplicada en la jurisprudencia de la CFCP. Se destacan varias sentencias en las que se advierte un análisis normativo en casos de violencia sexista, pero todavía falta mucho. A 10 años de la sanción de la ley es necesario que el fuero penal federal continúe el camino de creación de jurisprudencia que promueva los objetivos de la ley y brinde respuestas efectivas desde el poder judicial en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

1 BELLOTI, Margarita Inés (2012), La ley 26.485 como recursos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Pensamiento Penal, recuperado en:

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/doctrina33396.pdf

2 La norma es fruto de una adaptación y coordinación con el resto del plexo normativo vigente, incluyendo las convenciones internacionales que inspiraron la sanción de esta norma: la CEDAW, y la Convención de Belém Do Pará; la primera con jerarquía constitucional y ambas plenamente operativas en virtud de los artículos 31 y 75, inciso 22), de la Constitución Nacional, que les da jerarquía superior a las leyes.

3 Dato aproximado a partir de la información de Sala IV, consultado en: [https://www.cij.gov.ar/nota-33100-Informe-anual-de-la-Sala-IV-de-la-C-mara-Federal-de-Casaci-n-Penal-.html]

4 Hasanbegovic, Claudia (2013) Barriendo Mitos.Cifras sobre Violencia contra la Mujer,El Reporte Judicial N29, pág.2

5 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División para el Adelanto de la Mujer (2010), MANUAL de legislación sobre la violencia contra la mujer, ST/ESA/329, Naciones Unidas, Nueva York, recuperado en: https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook-for-legislation-on-VAW-(Spanish).pdf

6 En particular, la autora describe que el primero de los cambios fue la eliminación del requisito de la resistencia en el delito la violación, luego se incluyó el delito de trata de personas, y por último, se incorporó la figura del femicidio (o su tipificación como agravante) como uno de los crímenes de género más sensibles. Ver en: Di Corleto, Julieta (2013) Medidas alternativas a la prisión y violencia de género en GÉNERO, SEXUALIDADES Y DERECHOS HUMANOS, Revista Electrónica Semestral del Programa Mujeres, Género y Derechos Humanos, Estrategias e iniciativas para el avance de los derechos humanos DOSSIER: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO,VOL. I Nº 2

7 Di Corleto, Julieta (2013), pág. 6

8 Corte IDH, Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009, par. 279. En el mismo sentido: Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009, párr. 295.

9 BUOMPADRE, Jorge Eduardo, Los delitos de género en la reforma penal (Ley Nº 26.791), Revista de Pensamiento Penal, recuperado a partir de: http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2013/02/doctrina10.pdf

10 BELLOTI, Margarita Inés, (2012)

11 ZANNONI, Eduardo A., Reflexiones a propósito de la ley 26.485 y las perspectivas de género, la no discriminación y el discurso jurídico, recuperado a partir de: http://dspace.uces.edu.ar:8180/jspui/bitstream/123456789/717/1/Reflexiones_Zannoni.pdf

12 BIRGIN, Haydee (2009), Algunos comentarios sobre la ley nro. 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en Violencia de Género en ámbitos públicos y privados. Edición especial El Dial.com Biblioteca Jurídica Online

13 El Consejo Nacional de las Mujeres fue convertido en Instituto Nacional de las Mujeres y desde diciembre del 2019 se gestiona desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

14 Previo al mes de marzo del año 2015 (fecha de la entrada en funcionamiento de la CNCP) la CFCP tenía competencia en causas de delitos ordinarios que tramitaran bajo la jurisdicción de CABA y, también, de los delitos federales de todo el país. A partir del 2015 únicamente se mantiene la competencia de la Cámara en causas que versen sobre delitos federales (cfr. art. 33 del C.P.P.N.).

15 Es importante hacer una aclaración respecto al término “sentencias” utilizado. La noción apropiada es “pronunciamientos” o “decisiones” en tanto en algunos casos se tratará de sentencias, pero en otros se tratará de resoluciones.

16 Causa N° 13.810, “Bulanikián, Leandro Antonio s/ recurso de casación”, reg. 19.270, rta. 8/9/2011, Sala II; en donde la defensa menciona la ley en su presentación de breves notas prevista en el art. 468 del C.P.P.N.

17 Si se utiliza una “categoría marco” para cada delito (considerando que en la causa quizás se imputaron más de una calificación a los imputados, pudiendo existir diferentes hechos o un concurso ideal) se pueden dividir las causas según el delito investigado en el expediente principal. En concreto se desarrolla cada categoría:

  • Abuso sexual”: incluye causas en donde se imputa el delito de abuso sexual simple; abuso sexual agravado; promoción de la corrupción de menor; rapto en concurso real con abuso sexual; robo agravado en concurso real con abuso sexual; lesiones, amenazas coactivas y delito de hurto en concurso con abuso sexual.

  • Amenazas”: son casos de delito de amenazas simples; amenazas coactivas; amenazas coactivas agravadas por uso de armas; amenazas en concurso con desobediencia.

  • Estafa”: Incluye casos de estafa reiterada, de tenencia ilegítima de Documento Nacional de Identidad ajeno reiterada y extorsión en concurso real; estafa en concurso real con falsificación de documento público.

  • Estupefacientes”: Una de las causas era un caso de entrega de estupefacientes y la otra era un transporte.

  • Facilitación de la prostitución”: en un caso se investigaba la figura simple y en otro la promoción y facilitación de la prostitución de personas menores de edad doblemente agravado.

  • Homicidio” se incluye en esta categoría casos de homicidio simple; homicidio agravado; homicidio en concurso ideal con lesiones y amenazas; Lesiones graves en concurso con homicidio culposo.

  • Lesiones”: causas donde se imputa el delito de lesiones leves, agravadas, calificadas, en concurso con amenazas.

  • Privación de la libertad”: Una de las sentencias analizaba el delito de privación de la libertad doblemente agravada; el otro caso era un hecho de privación de libertad en concurso con lesiones, en concurso real con hurto y amenazas.

  • Tráfico de personas”: una sentencia investigaba el delito de tráfico ilegal de personas y en otro caso era un hecho de facilitación de la permanencia ilegal de una ciudadana extranjera.

  • Trata de personas”: se trata de sentencias que involucraron el delito de trata de personas tipificada en el art. 145 bis y 145 ter, en su figura simple o agravada, en concurso con el delito de administración de una casa de tolerancia; con promoción a la prostitución de una menor; explotación económica de la prostitución; tenencia de estupefaciente; facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el territorio. Así mismo se puede destacar que en una causa de condena por trata de personas se concedió a dos de los imputados una probation (causa Aranda).

18 Si bien en algunos de estos pronunciamientos se menciona o surge el dato del delito imputado en la causa principal, se trata de incidentes en los que se discute un instituto o una acción diferente que no se vincula directamente con el delito que se le atribuye al imputado/a o condenado/a.

19 Las causas n° 32, “Beltrán Flores Rosemary y otros”, reg. 20928, rta. el 30/4/2013 de sala I, n° FLP 58330/2014/CFC1, “Internas de la Unidad n° 31 del SPF”, rta. 4/12/2015, reg. 2326/15.4 de Sala IV; n° FLP 51010899/2012/CFC1, “LUNA VILA, Diana”, rta. el 20/10/2106, reg. n° 1337/16.4, de Sala IV y n° FTU 1817/2016/CFC1, “CARO, Cecilia Patricia”, rta. el 23/3/2017, reg. 210/17.4 de Sala IV

20 causa n° FLP 32210/2017/CFC1, “Internos Unidad nro. 19”, rta. 18/5/2018, reg. 390/18 de Sala I

21 A partir del estudio de las causas, se identificó un caso en donde la persona imputada es nombrada como varón, la caratula de la causa lo identifica como varón, es juzgado como varón, pero de la lectura de la sentencia surge que la persona se auto percibía como mujer: Causa 1581/2013, “JOYA PORTOCARRERO Marcos Víctor s/ recurso de casación”, reg. 869/14, rta. 23/05/14, Sala I

22 En su voto el Dr. Slokar sostiene: “Otro temperamento, en lugar de combatir fomentaría las prácticas de violencia institucional contra las mujeres (…) Así las cosas, permitir la continuación de un proceso originado en la infracción a los derechos de la mujer, aún si se limitara a la obligación de comparecer como testigo, sería contrario al deber del estado argentino de prevenir, investigar y sancionar los hechos de violencia contra las mujeres (art. 7.b de la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ratificada por ley 24.632, B.O. del 9/04/1996), y de la obligación impuesta en el art. 7.a del mismo tratado: “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación”. El estado argentino incumpliría con sus obligaciones internacionales si permitiera que, como consecuencia de la violencia institucional y obstétrica padecida por una mujer, se pudiera iniciar un proceso penal contra ella o se la constriñera a testimoniar sobre un suceso de su vida que solo fue conocido por el estado a partir de la violación del secreto profesional, puesto que profundizaría y repetiría la intromisión indebida en la intimidad de la mujer y frustraría su derecho a acceder a un servicio de salud que respete su dignidad”.

23 En la causa 12328 bis, “Golenderoff, Alejandro”, rta. 17/09/12, reg. 20679 de Sala II, se revisó la condena entendiendo que se trató de un “Femicidio Vinculado” en grado de tentativa, en tanto la víctima era un bebé de once meses al momento del hecho y el concubino de la madre de ese bebe fue el agresor. Así, el caso fue analizado con perspectiva de género, entendiendo el contexto de violencia. Luego, en la causa 15821, “TORTI, Gabriel Alejandro”, rta. 27/12/13, reg. 22905, de Sala I, se analizó otro caso de femicidio vinculado, en donde la víctima era la ex pareja (y padre del hijo) de quien era la pareja de Torti. Por último, en la causa 9125, “Kalyna, Silvia Noemí”, rta. 21/2/13, reg. 50/2013 de Sala II, se investigó la muerte del hijo de la imputada Kalyna y fue encontrado autor la pareja de esta. A la imputada se la acusa de abandono de persona y el voto del Dr. Slokar efectúa un profundo análisis del vínculo de violencia entre la imputada y el agresor.

25 En particular, el Dr. Hornos sostuvo que: “En el ámbito nacional y siguiendo los parámetros convencionales anteriormente reseñados, la ley de Protección Integral a las Mujeres, ley nº 26.485 promulgada el 1/4/2009, enumeró en el artículo tercero los derechos protegidos, dentro de los cuales se hace mención a: “La integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial” (…) Luego, sostiene que: “Aplicada esta Legislación Vigente al caso de autos, fácil resulta concluir en que la conducta desplegada por Reyes orientada a defraudar los derechos patrimoniales de su cónyuge, para lo cual falsificó su firma y su identidad y, en consecuencia, privó a Graciela Nora Montero del dinero que le correspondía por su parte del vehículo, constituye violencia de género del tipo económica y bajo la modalidad de violencia doméstica (artículos 5.4.a y 6.a de la ley 26.485). En este escenario, debe también resaltarse que el desarrollo de la maniobra investigada estuvo rodeado de prejuicios asociados a estereotipos discriminatorios hacia la mujer (art. 6 de la Convención Do Pará y art. 5 inciso a) de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer). En efecto, debe señalarse que el imputado, en orden a consumar la maniobra, falsamente afirmó que la ausencia de su mujer ante el comprador del vehículo se debía a un supuesto “cuadro depresivo” de la mujer a raíz del conflicto matrimonial (ver en tal sentido la resolución del juez de grado a fs. 4). Versión de los hechos que no se corresponde con las pruebas obrantes en el expediente, en particular, ante los firmes dichos de la parte querellante. En esta dirección, el descalificativo empleado por el imputado para describir una falsa situación, se corresponde con un estado estereotipado de la mujer con dolencias psiquiátricas y, por ende, de superioridad del sexo masculino, que es preciso erradicar de la sociedad en orden a alcanzar la igualdad de género, como mandato constitucional y convencional imperativo”.

26 En el caso, el imputado estaba con prisión preventiva mientras se lo investigaba por el delito de delito de doble homicidio agravado por haber mediado precio o promesa remuneratoria y con el concurso premeditado de dos personas. Por cuestiones de salud, se le concede la prisión domiciliaria y se fija como lugar de residencia el domicilio de su concubina quien, posteriormente, lo denuncia razón por el cual el tribunal actuante resuelve revocar el beneficio oportunamente otorgado

27 El MESECVI sostiene: “El Comité de Expertas/os se ha pronunciado en contra de esta práctica, al poner énfasis en que los mecanismos de mediación o conciliación no deben ser usados previo a un proceso legal, sea que éste se instaure o no, y en ninguna etapa del proceso legal y de acompañamiento a las mujeres víctimas. La CIDH también rechaza la conciliación en los casos de violencia contra las mujeres. Estima que la conciliación asume que las partes involucradas se encuentran en igualdad de condiciones de negociación, lo cual generalmente no es el caso en el ámbito de la violencia intrafamiliar. La mediación aumenta el riesgo físico y emocional de las mujeres por la desigualdad en las relaciones de poder entre la víctima y el agresor. Los acuerdos generalmente no son cumplidos por el agresor y éstos no abordan las causas y las consecuencias de la violencia en sí. En síntesis, considerando las desiguales condiciones de poder entre hombres y mujeres, la conciliación, la mediación y otros métodos orientados a resolver extrajudicialmente casos de violencia contra las mujeres deben ser erradicados porque perjudican a las mujeres por encontrarse en una situación de desventaja y desigualdad, y obstaculizan su derecho de acceder a la justicia y a la eventual sanción del agresor y reparación del daño”. Ver en: Inter-American Commission of Women. Follow-up Mechanism to the Belém do Pará Conventio (MESECVI). “Guía para la aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”, (OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.L/II.6.14), pág. 49

28 Di Corleto, Julieta, (2017), Igualdad y Diferencia en la valoración de la prueba: estándares probatorios en casos de violencia de género en “Género y Justicia Penal”, 1era ed., CABA, Didot, pág. 286

29 Di Corleto, Julieta, (2017), pág. 292

30 Di Corleto, Julieta, (2017), pág. 305

31 A modo de ejemplo, se pueden mencionar algunos pronunciamientos en donde se refiere esta cuestión: causa FCR 94006538/2010/TO1/CFC1, «BARRIONUEVO Celio Cándido y ot», rta. 24/11/16, reg. 2269/16.1, CCC 14242/2013/1/1/CFC1, «C.,M.A.», rta. 29/12/16, reg. 2631/16.1., causa FPA 6851/2014/TO1/CFC1, “MARTÍNEZ, Carlos José”, rta. 29/03/17, reg. 159/17; 1054/2013, “HOLUBICHY, Alberto Esteban”, rta. 11/07/14, reg. 1473.14.4, 1941/13, “CAMPUSANO, José Alberto”, rta. 01/10/14, reg. 1980/14.4; . 431/2013, “LAIME, Walter Oscar”, rta. 11/07/14, reg. 1466/14.4, 15717, “GUITIAN, Daniel Alfredo”, rta. 15/5/14, reg. 894.14.1 y CCC 3044/2012/TO1/CFC1, «OLIVARES VENTURA, Jhonny David», rta. 23/11/2015, reg. 2008/15, entre otros

32 A modo de ejemplo, el Dr. Borinsky en la causa nº CCC 3044/2012/TO1/CFC1, “Olivares Ventura, Jhonny David s/recurso de casación”, rta. 23/11/2015, reg. 2008/15, Sala III ha sostenido: “…hechos como los ventilados en autos resultan enmarcados en situaciones de violencia doméstica, en los términos de la ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres; por lo que los elementos de prueba reunidos a lo largo del presente proceso deben ser examinados bajo la directriz que establece dicha normativa. En efecto, se ha reconocido como garantía de las víctimas la amplitud probatoria en el procedimiento, dado que los actos de violencia doméstica por lo general se desarrollan en un ámbito de privacidad (tal como ocurrió en el caso) que condiciona la posibilidad de contar con testigos ajenos al conflicto (art. 16 inc. ―I y Art 31 de la mentada ley). Entiendo que además la decisión del tribunal de juicio acata la obligación del Estado Argentino de ―Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación, como así también de ―Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación (incisos c y d, art. 2º de la ―Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer). En consonancia con dicha normativa, la ―Convención Interamericana para sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, denominada ―Convención de Belém Do Pará, establece distintas obligaciones en el art. 7, entre ellas: inciso b: ―actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer…”

33 Así, la magistrada sostuvo en su voto: “…luego de haber escuchado al Fiscal sobre el punto, el Tribunal resolvió que en base a la normativa procesal aplicable y al informe presentado por el Director General de la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito, la petición de las testigos de declarar sin la presencia de los imputados se concilia con la ley 26.485 de protección a las mujeres, reglamentaria de las normas internacionales de rango constitucional, “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” y “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”.

34 El voto del Dr. Borinsky sostiene: “…encuentro adecuado encomendar al magistrado de grado el dictado de las medidas cautelares previstas en las leyes 24.632 y 26.485 conforme las particulares características del caso” y luego, el doctor Hornos adhirió a la propuesta y solicitó que “…se imponga, en carácter de medida preventiva, a R. F. V. la obligación de abstenerse de relacionarse o tomar contacto por cualquier medio con O.B. B., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, inciso “a”, apartado a.1., de la Ley de Protección Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.

35 Causa 379/2013, rta. 30/6/14, reg. 1402.14.4

36 El voto del juez Vázquez sostuvo: “…a mi juicio, el abogado de la defensa ha utilizado un lenguaje impropio y agraviante a lo largo de su escrito para descalificar los dichos de dos niñas de 9 y 11 años de edad, faltando al decoro y al respeto debido a las víctimas; les ha dado un trato que no se compadece con la dignidad de las víctimas ni con los principios que buscan evitar la estigmatización y la revictimización que supone el contacto con el proceso. De ese modo y teniendo en consideración lo afirmado por la jueza Highton de Nolasco en el fallo “Gallo López” antes citado en punto a que los jueces deben adoptar las medidas adecuadas para moderar los efectos negativos del delito –victimización primaria- y procurar que el daño sufrido no se vea incrementado como consecuencia del contacto con el sistema de justicia –victimización secundaria- en todas las fases del procedimiento penal, deben proteger la integridad física y psicológica de la víctima, considero adecuado remitir testimonios del escrito de fs. 389/411 y de la presente sentencia al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, para que tome conocimiento

37 En su voto, la Dra. Figueroa sostuvo: “habré de agregar que lo que debe comprenderse es que la cuestión de la erradicación de todas de las formas de discriminación y violencia contra la mujer reviste una enorme importancia para alcanzar el objetivo de una sociedad justa e igualitaria, para lo cual tanto las agencias de Estado como los ciudadanos en general deben tener en consideración estos paradigmas al desarrollar las actividades que corresponden a sus respectivas incumbencias, por ejemplo en el presente caso, los letrados defensores. Es que los objetivos y compromisos que se plantean en este marco normativo internacional de los Derechos Humanos que he relevado implican también un cambio social, que debe alcanzar a todos y provenir de todos los miembros de la comunidad. Por todo esto, entiendo que cabe señalar a los letrados defensores que un ejercicio de la defensa ajustado a las normas de ética profesional resulta absolutamente incompatible con la transformación del expediente en una plataforma de humillación y exposición pública de la víctima. En este sentido, entiendo que cabe exhortar a todos los profesionales que intervengan en casos en que se encuentra comprometidas cuestiones tan delicadas (como la sexualidad, el pudor, la imagen de las víctimas), a ejercer sus roles con el máximo respeto y consideración respecto de las mujeres, y de todas las personas en general, evitando así la reproducción de conductas discriminatorias en contra de ellas. De tal manera, considero que la presentación de fotos de las mujeres expuestas en situaciones de alto contenido sexual y/o erótico expuestas a simple vista acompañando la presentación de la defensa (….), sumado a los reiterados usos de mecanismos retóricos como la ironía por parte de los letrados con la aparente intención de desprestigiar a las mujeres víctimas de los delitos cometidos en contra de su integridad sexual y con especial incidencia como actos de violencia de género, constituye un exceso que no puede pasar desapercibido para los jueces que integramos esta Cámara, ni para el organismo que regula y controla el ejercicio de la profesión de abogados. Por tal motivo, considero apropiado enviar una comunicación al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en el que se encuentran inscriptos los abogados particulares intervinientes…”

38 Existen excepciones, tales como la causa 1941/13, “CAMPUSANO, José Alberto”, reg. 1980.14.4, rta. 1/10/14, de Sala IV en donde el nombre de la menor no está testado.

39 En esta línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sugerido en sus “Lineamientos básicos de buenas prácticas comunicacionales” que “en caso de que las sentencias mencionasen a menores de edad o tratasen cuestiones alcanzadas por el derecho a la intimidad de las personas, los datos permanecerán reservado”, consultad en: [ https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/files/prensa/CSJN%20-%20Guia%20Buenas%20Practicas%20para%20el%20tratamiento%20y%20difusion%20de%20la%20informacion%20judicial.pdf ]

40 A modo de ejemplo: causa 1154/2013, «Novello, Edgardo D. y otro s/recurso de casación», reg. 24841, rta. 29/12/2015, Sala I, causa nº FRO 74029618/2010/4/CFC1 “ANDRADA, Hugo Viterbo; ANDRADA Walter Omar s/recurso de casación”, rta. 17/7/2015, reg. 1467.15/1, Sala IV.

41 En su voto, el Dr. Borinsky sostuvo: “la conclusión que se sigue del fallo impugnado, silencia la libre manifestación de voluntad que efectuó V.M.D al concurrir a una oficina especializada del Poder Judicial de la Nación —atendida por funcionarios judiciales y distintos profesionales auxiliares, las 24 horas del día los 365 días del año— para brindar orientación y respuestas a víctimas de Violencia Doméstica (Acordadas 39/06 y 40/06 de la C.S.J.N.). Nótese, en esta dirección, que la causante concurrió a la mencionada Oficina a denunciar al imputado por amenazas, agresiones físicas y sexuales, haciendo explícita su voluntad de instar la acción penal «por la violencia física y sexual» sufrida (cfr. fs. 5/6). En su razón, contrariamente a lo señalado por el colegiado de la instancia anterior, en la declaración brindada por V.M.D ante la Oficina de Violencia Doméstica de la C.S.J.N. se encuentra presente la voluntad de la víctima de poner en conocimiento de las autoridades judiciales los hechos vinculados con agresiones sexuales de los que fue objeto, con la intención de someter los mismos a inspección jurisdiccional. Esta circunstancia resulta suficiente para judicializar el caso y someter al imputado a juicio (…) el reglamento de la OVD de la C.S.J.N prevé expresamente el supuesto en el que una víctima de abuso sexual concurra a dicha oficina a fin de relatar un caso de abuso sexual y manifieste su voluntad de instar la acción penal (art. 28, cuarto párrafo de la Acordada 40/06)”.

42 Sobre este punto, en su voto afirmó que: “…ante el vínculo que existe entre la víctima e imputado —resultan ex pareja y poseen un hijo en común— se aprecia un supuesto de violencia familiar, en el que el Estado tiene el deber de cumplir con su obligación de tutela real y efectiva de las pautas establecidas en Ley 26.485, que contempla el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia.”

43 La Dra Figueroa sostuvo: “Entiendo que la opinión Fiscal a favor de la continuación de estas actuaciones, a la que la suscripta adhiere en el presente voto, acata la obligación del Estado Argentino de «Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación» , como así también de «Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación» (incisos c y d, art. 2° de la «Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer»). Nuestro país ha sancionado el 11 de marzo de 2009 —promulgación del 1/4/09-, la ley 26.485 de «Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales». En ella se han establecido las obligaciones del Estado Argentino frente a casos como el que nos ocupa, donde se ha ejercido violencia física y psicológica sobre una mujer, en los términos elaborados en su art. 52, acorde a lo dispuesto en el art. 2 punto b) de la Convención de Belém do Pará antes citada. En tal sentido, la ley citada exige en su art. 16 de parte de los organismos estatales que se garanticen a las mujeres, no sólo «todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley y las leyes que en consecuencia se dicten», sino también, y particularmente aplicable al caso, los siguientes derechos y garantías: (….) y «A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos» (inc. I)”.

44 VICENTE, Adriana VORIA, María Andrea (2016), ¿Protegidas o desprotegidas? La integridad de las mujeres en relación a las medidas de protección urgentes establecidas por la Ley 26.485 en Argentina, STUDIA POLITICÆ Número 39, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, de la Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, Pág. 3