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miércoles 2 de diciembre de 2020 - 1:05:35 AM
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
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El rol de la ejecución penal en el nuevo Código Procesal Penal Federal

El jueves 12 de noviembre fue el turno del rol de los jueces y de los Ministerios Públicos en la ejecución penal. Los oradores fueron Gustavo Hornos (Vicepresidente de la Cámara Federal de Casación Penal y Presidente del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles), Benjamín Sola (Defensor Público Coadyuvante de Salta y Jujuy e integrante de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación), Pilar Parra (Secretaria de ejecución del Tribunal Oral Federal de Jujuy) y Marcelo Peluzzi (Juez Nacional de Ejecución Penal de la Capital Federal). La jornada fue moderada por Corina Paulucci, Secretaria de ejecución del Tribunal Oral Federal nº 2 de Rosario.

Tras una introducción en la que repasó los ordenamientos procesales con los que trabajó en su dilatada trayectoria, Gustavo Hornos señaló que “el nuevo Código Procesal Penal pone ante el juez de ejecución penal una serie de deberes muy importantes: la posibilidad de modificar la sentencia, unificar penas y condenas en los casos que corresponda, de realizar el cómputo, de accionar sobre los derechos de la víctima. Visitar las instituciones carcelarias. Se trata de un cambio cultural importante, donde el juez va a acceder a un rol mucho más activo, con una competencia ampliada. Es la humanización del poder”.

Asimismo, fue optimista respecto de los resultados de la implementación de cara a la sociedad: ”Estaremos ante procesos más breves y ágiles. No hay ninguna justificación para que un proceso dure lo que demoran actualmente. En ese sentido, el valor del juez cuando una persona entra a la cárcel es enorme. Cómo se va a ejecutar la pena es un reflejo de la sociedad”.

Benjamín Sola y Pilar Parra, quienes trabajan con el nuevo Código desde mediados de 2019, destacaron la agilidad y la celeridad de dicho proceso, la informalidad en la tramitación, y dieron detalles sobre un caso particular de un condenado que solicitó la prisión domiciliaria por haberse infectado de covid-19. “En solo tres días ya estábamos realizando la audiencia, frente a los 30 días que implicaba en el Código viejo”. En esta etapa advirtieron que el rol de la defensa es fundamental.

Parra, aclaró que la oficina judicial funciona ayudando y colaborando con la actividad  jurisdiccional, pudiendo realizar decretos de mero trámite, como también gestionar y coordinar con las partes los registros de las audiencias y las estadísticas. Se encarga además de receptar el formulario enviado por mail, arma la carpeta judicial, y fija fecha y hora de audiencia, notificando a las partes, al penal y le informa al juez, brindándole un resumen de los intervinientes y del objeto de la solicitud que, en la mayoría de los casos, se inicia conforme el art. 380 CPPF pero que podría ser por unificación de pena de acuerdo al art. 373.- Señaló que el juez recién toma conocimiento del caso el día de la audiencia, y presentadas las pruebas, debe tomar una decisión en forma inmediata, o luego de un breve cuarto intermedio. El subdirector o empleado de la oficina judicial debe estar presente y atento a lo que suceda en dicho acto para tener un registro fílmico y escrito e incorporarlo al lex 100. Allí se plasmará la hora exacta de inicio y finalización, los minutos de exposición de cada parte y estar atento a lo que resuelva el juez ya que de allí deberá librar los oficios pertinentes a cada organismo y practicar las notificaciones.

En esa línea, Marcelo Peluzzi resaltó que “la oralidad sin dudas permitirá la inmediatez, la posibilidad de ser escuchado, y la concentración de actos. En la actualidad todo se tramita por incidencia escrita con muchas demoras, y este sistema no permite que la persona condenada se entere de cuando empezó el trámite, si llegaron los informes, qué medidas se solicitaron, quien las está haciendo, y recién toma noticia con la notificación de la culminación del proceso meses después”.

A modo de conclusión, definió que el juez “tendrá una posición más expectante, ya no va a ser proactivo como hasta ahora y a diferencia de las instancias anteriores, acá la defensa va a ser la que tome ese rol pero con la ventaja de que habrá claridad en los roles que tienen las partes. El juez verá acotada su jurisdicción siendo imparcial, de garantías y sólo resolverá los casos que las partes le presenten, ya que se trata de un sistema adversarial donde el juez no puede producir prueba alguna.

Consideró que debe repensarse toda la estructura del sistema de ejecución, por ejemplo, en cuanto a la gestión documental, al aumento de la cantidad de Fiscales (uno por cada Juez), a la adecuación de los sistemas informáticos de los Ministerios Públicos con los del Servicio Penitenciario, y que éste también aumente la capacidad de terminales de videoconferencia para que las audiencias puedan concretarse sin demoras y sin interponerse entre las tantas que van a haber cuando todo se tramite vía oral”. Finalizó la exposición señalado que se trata de un importante cultura al que debemos adaptarnos.

La moderadora de la jornada, Corina Paulucci, señaló que en virtud de las múltiples inquietudes y preguntas que quedaron pendientes, y el interés de la temática, sería de utilidad llevar a cabo a principios de 2021 otra actividad académica para debatir las cuestiones relevantes.

Diego Barroetaveña, a cargo de la organización de las Jornadas, al cierre agradeció a los panelistas, a la moderadora y valoró mucho la gran participación de todos los estamentos y de la distintas Seccionales de las Provincias.