20 C
Buenos Aires
miércoles 30 de septiembre de 2020 - 2:09:04 PM
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
Número 7 (Octubre 2020)

El instituto de criterio de oportunidad en el Código Procesal Penal Federal

Por Raúl Alejandro Roust, Secretario del Juzgado Federal de Campana.

Descargar pdf

  1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo tiene por objeto realizar un análisis del conocido instrumento “criterio de oportunidad” establecido en el C.P.P.F., a través del cual determinaremos cuáles son sus alcances y limitaciones.

Para ello, a fin de comprender el espíritu del mismo, comenzaremos realizando una síntesis del contexto del cual surge la necesidad de su instauración y luego pasaremos a estudiar de qué modo se empleará y cuáles son las conductas delictivas que contempla el Art. 31 de la norma aludida para la aplicación de dicho criterio.

En ese orden, cabe recordar que el proceso penal es el procedimiento de carácter jurídico mediante el cual un órgano estatal aplica una ley de tipo penal en un caso específico. A su vez, esta ley penal es la que describe qué conducta será punible y establece qué tipo de sanción se le aplicará a quien incurra en la misma. En este sentido, las acciones por parte del Estado que se desarrollan en el marco de estos procesos están orientadas a la investigación a fin de determinar el sujeto que carga con la responsabilidad penal, qué tipo de participación tiene el mismo, establecer qué calificación legal aplica al caso, y cuando corresponda, disponer la sanción que apareja dicha conducta tipificada como delito en el Código Penal.

A propósito, el Art. 71 del C.P. establece que, sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción penal previstas en la legislación procesal, deberán iniciarse de oficio todas las causas penales, con excepción de las que dependieren de instancia privada y las acciones privadas. En igual sentido, el Art. 274 del ritual, sanciona la omisión por parte de los funcionarios públicos que, faltando a la obligación de su cargo, dejaren de promover la persecución y represión de los criminales.

En virtud de lo señalado podemos afirmar, entonces, que de ello se desprende la obligatoriedad por parte del sistema judicial de investigar y accionar en búsqueda de la verdad material que esconden las conductas que podrían encuadrar en un delito y, por ende, ser pasibles de una sanción.

Sin embargo, es importante destacar que la práctica demuestra la dificultad de perseguir todos y cada uno de los delitos que se cometen día a día con la profundidad que merecen. Desde hace muchos años, es sabido que el sistema penal argentino se encuentra atravesando una profunda crisis debido al colapso de causas en curso provocada, entre otras cosas, por un fuerte crecimiento delictivo. Esto genera que el aparato judicial se vea incapaz de responder de forma satisfactoria a todas aquellas causas que se inician a diario, de las cuales muchas versan sobre delitos de poca envergadura.

En razón de ello, atento a la necesidad de obtener resultados más eficientes, de manera pronta y ágil, es que surge la búsqueda por parte del sistema, de adoptar otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos en los que, mediante la mínima intervención judicial posible, se le de tratamiento a determinados hechos delictivos.

Dentro de estas alternativas surge el instituto del principio de oportunidad. Éste último pone en cabeza del organismo encargado de la persecución penal, la posibilidad de dispensar de ese seguimiento, como respuesta a los casos de criminalidad leve, que representan un gran caudal de causas judiciales.

En ese orden de ideas, Maier señala que“…la propuesta política que afirma la oportunidad en el ejercicio de la persecución penal no es más que una de las herramientas para racionalizar el sistema…la regulación legislativa de los criterios de selección puede servir de auxilio efectivo para corregir disfunciones del sistema penal. En primer lugar, puede ser una herramienta eficiente del principio de igualdad, al corregir el efecto selectivo clasista de un sistema formal que, adherido al principio de legalidad, ignora por completo su propia selectividad real. En segundo lugar, contribuirá a la transparencia del sistema y de la forma, modo y efecto con los cuales se opera la selección”.1

En palabras de Adrián Marchisio, el principio de oportunidad «consiste en la facultad que posee el órgano público encargado de la persecución penal, de prescindir de ella por motivos de utilidad social o razones de política criminal”2 mientras que para Enrique Bacigalupo, es «todo tratamiento penal diferenciado del conflicto social representado por el hecho delictivo»3.

Por su parte, Alberto Bovino señala que “Se trata de la posibilidad de disponer de la acción penal pública, sólo en los casos y bajo las condiciones previstas por la ley. Por fuera de ella, no hay facultades discrecionales por parte de los fiscales para suspender, interrumpir o hacer cesar la persecución penal”4.

Pues en razón de las citas que anteceden, es que podemos en principio, observar que para la doctrina el fundamento de este principio puede deberse a diversas causas, de índole políticas y/o sociales, más allá de los beneficios a nivel práctico que tendría para justicia.

Ahora bien, adentrándonos en el tema que nos ocupa, veamos cómo se encuentra establecido este principio en el C.P.P.F. Actualmente nos encontramos en un contexto normativo en el cual el Congreso de la Nación el 6 de diciembre del año 2018 sancionó la ley Nº 27.482 a través de la cual aprobó el C.P.P.F., cuya implementación se inició el 10 de junio del año 2019 en las jurisdicciones de Salta y Jujuy5. Esta implementación se encuentra a cargo de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación (en adelante la Comisión), creada con el objeto de que evalúe, controle y proponga toda otra modificación y adecuación legislativa pertinente, y que, a su vez, establezca un cronograma para que su implementación sea progresiva en los distintos distritos de la justicia federal.

Sin perjuicio de que no nos detendremos en el análisis de las modificaciones que apareja el nuevo código ni tampoco en la implementación progresiva que se previó del mismo, recordaremos, que a fin de que no se configuren situaciones de desigualdad durante su proceso de implementación, la Comisión a través de la Resolución 2/2019 dispuso la aplicación de los arts. 19, 21, 22, 31, 34,54, 80, 81, 210, 221 y 222 del mentado Código6. Ello, por entender que los mismos proporcionan una mayor amplitud en el goce de las garantías constitucionales y por otro lado no van en contra del espíritu del sistema procesal establecido en el C.P.P.N.

  1. DISPONIBILIDAD DE LA ACCIÓN

En esta línea de pensamiento, el Art. 22 del C.P.P.F., establece que “los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social”.

En relación a la normativa citada, Daray sostiene que: “el texto del precepto, al aludir “conflicto surgido a consecuencia del hecho punible”, muestra al legislador enrolado en la idea de que el delito representa, en su base, un conflicto social del que nace un conflicto de intereses, que debe ser pacificado. Esa pacificación necesita instrumentos y reglas de interpretación aptas para su más eficaz aplicación. Así, la norma acerca una regla básica y precisa de entendimiento para los operadores del sistema: la solución que adopten debe ser la más adecuada al restablecimiento de la paz social”7.

En virtud de ello, podemos inferir que las soluciones a las que hace alusión el artículo mencionado son las contempladas en el Art. 30 del código señalado. Dicha norma faculta al representante del Ministerio Público Fiscal a disponer de la acción penal en algunos casos específicos, que los enumera en: conciliación, suspensión del proceso a prueba, criterios de oportunidad y conversión de la acción.

Para mayor abundancia, respecto la aplicación de los criterios de oportunidad, la propia norma establece sus limitaciones, detallando en qué casos no se podrá prescindir de la acción penal ni total ni parcialmente. Veamos:

  • Cuando el imputado al que se le reprocha el delito, fuera un funcionario público y el mismo fuere cometido en el ejercicio de su función o en razón de su cargo.

  • En aquellos casos en que el hecho reprochado sea cometido en un contexto de violencia doméstica.

  • Cuando el motivo de comisión del delito sea por razones discriminatorias.

  • En los que casos que la aplicación de la disponibilidad sea incompatible con previsiones de instrumentos internacionales, leyes o instrucciones generales del Ministerio Público Fiscal fundadas en criterios de política criminal.

  1. CRITERIO DE OPORTUNIDAD EN EL C.P.P.F.

Ahora bien, como hemos mencionado en el punto anterior uno de los supuestos en los cuales el representante de la vindicta pública podrá disponer de la acción penal es a través de la aplicación del criterio de oportunidad consagrado en el Art. 31 del C.P.P.F. Dicha facultad podrá ser aplicada a la totalidad de los hechos que sean materia de investigación o bien respecto de alguno de ellos y en igual sentido, respecto de los imputados.

Asimismo, el mentado artículo establece cuáles serán los supuestos de aplicación:

a) Si se tratara de un hecho que por su insignificancia no afectara gravemente el interés público;
b) Si la intervención del imputado se estimara de menor relevancia, y pudiera corresponder pena de multa, inhabilitación o condena condicional;
c) Si el imputado hubiera sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que tornare innecesario y desproporcionada la aplicación de una pena y;
d) Si la pena que pudiera imponerse por el hecho careciera de importancia en consideración a la sanción ya impuesta a la que deba esperarse por los restantes hechos investigados en el mismo u otro proceso, o a la que se impuso o se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero”.

  1. Si se tratara de un hecho que por su insignificancia no afectara gravemente el interés público.

Cuando el ritual menciona “hecho que por su insignificancia no afectara…” podemos decir que se refiere a aquellas trasgresiones de carácter leve, en relación a la poca trascendencia de las consecuencias o posibles consecuencias, que generó o pudo generar la acción objeto de reproche.

Si bien no existen bienes jurídicos insignificantes que resultaren afectados por conductas que se encuentran tipificadas como delitos, se busca hacer hincapié en la poca trascendencia de la afectación producida como consecuencia del hecho reprochado, en comparación con la producida por otras conductas que acarrean lesiones más graves. Claro está que cada caso debe ser evaluado en concreto y en su contexto, ya que la misma conducta en otras circunstancias puede implicar lesiones completamente distintas.

Hay quienes sostienen que para que exista un reproche sobre una conducta prohibida, es necesario que esta produzca un daño relevante a nivel social, porque carecería de sentido castigar las mismas cuando sus consecuencias sean mínimas, más allá de que se configure de igual modo el presupuesto de tipicidad. Es en estos casos, en que la sanción penal resultaría injustificada, más allá que se trate formalmente de una acción típica, es que

Es sabido que no existen bienes jurídicos insignificantes o irrelevantes, sino lo que no tiene trascendencia es el grado de afectación que se produce en aquéllos. Ello lleva al aserto que no existen delitos insignificantes, sino que lo que es de dicha calidad es un hecho, pero la intrascendencia – para el bien jurídico – de un hecho debe analizarse en el contexto causal, debido a que el hecho puede ser insignificante en un contexto determinado y no serlo en otro. Vale decir que la cuestión debe dilucidarse en cada caso en particular de conformidad a las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

En tal sentido, Gustavo Vitale, refiere que: “La sanción penal no encontraría justificativo alguno en caso de ser impuesta a quienes han ejecutado conductas que, pese a concordar formalmente con las descriptas en la ley penal no están destinadas a producir a los bienes jurídicos algún daño de determinada magnitud. Desde el punto de vista de la teoría de la pena, no puede afirmarse que, en relación a hechos mínimos, cumple ella alguna finalidad”8.

Por otra parte, Solimine, entiende que: “…bajo este criterio de ‘insignificancia procesal’, el fundamento central radica en la orientación de la capacidad operativa del aparato de persecución penal hacia los hechos más trascendentes, razón por la cual la discusión ya no pasa por la entidad o significación del hecho como delito, sino en el menor interés que suscita”9

En este sentido, se interpreta que el criterio de oportunidad respecto de los hechos de insignificancia procesal tiene su sustento en la capacidad que posea el Estado para perseguir los mismos, donde va a primar la persecución de delitos que impliquen un mayor daño social, frente a aquellos de menor lesividad, o interés social. De esta manera, se busca el mejor aprovechamiento de los recursos estatales, que serán destinados a hacer frente a casos de mayor relevancia.

  1. Si la intervención del imputado se estimara de menor relevancia, y pudiera corresponder pena de multa, inhabilitación o condena condicional. 

Este supuesto apunta a la poca relevancia de la participación del imputado en el hecho, y en ese orden, a la poca contribución del mismo para la realización de la conducta delictiva.

De todos modos, no aplica para cualquier caso, ya que el apartado estipula que será respecto de delitos en los que la pena sea de multa, inhabilitación o condena condicional.

Daray, sostiene que: “En esta hipótesis el legislador fundamenta la viabilidad del instituto en la menor relevancia de la intervención del imputado en el hecho. Se trata de casos de mínima contribución que refleja una menor cuantía de culpabilidad, que a su vez torna desproporcional o desaconsejable la intervención del poder punitivo del estado”. 10

Por otra parte, cabe resaltar que es el propio inciso el que establece el limite a la facultad otorgada al Ministerio Público Fiscal, ya que no solamente procederá cuando la intervención del imputado en el hecho objeto de reproche sea mínima, sino que además deberá tratarse de delitos con pena de multa e inhabilitación o en los casos que pudiera aplicarse una condena de ejecución condicional.

c) Si el imputado hubiera sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que tornare innecesario y desproporcionada la aplicación de una pena.

El presente inciso contempla el supuesto de la “pena natural”. La pena natural está relacionada con aquellos casos en los cuales el autor del hecho, al momento de cometer el mismo termina sufriendo un daño físico y/o moral grave, ya sea por su propio accionar o por la intervención de un tercero. Este inciso será de aplicación tanto para delitos dolosos o culposos.

En esta lógica, se entiende que, de aplicarse la sanción punitiva prevista para el delito cometido, se estarían violentando los principios de proporcionalidad y razonabilidad, ya que el reproche ha sido compensado por las consecuencias que resultaron del hecho con respecto al imputado, que para aquel tienen efectos similares a una pena. De los ejemplos más claros podemos señalar al conductor imprudente que provoca lesiones o la muerte de sus familiares, o el propio autor queda parapléjico.

Zaffaroni, entiende que: “se llama poena naturalis el mal grave que el agente sufre en la comisión del injusto o con motivo de éstede componerse la pena estatal sin referencia a esta pérdida, la respuesta punitiva alcanzaría un quantum que excedería la medida señalada por el principio de proporcionalidad entre delito y pena, sin contar con que lesionaría seriamente el principio de humanidad, y que también extremaría la irracionalidad del poder punitivo, pues llevaría hasta el máximo la evidencia de su inutilidad”11.

Asimismo, agrega que: “la pena natural es la que se “autoinflige el autor a raíz de la comisión del delito, sea porque directamente se causa a sí mismo la pérdida o porque lo hacen terceros con motivo de su autopuesta en peligro; por ello es indistinto que el autor se lesione gravemente al manipular un explosivo o que esa lesión sea impuesta por la autoridad mediante un disparo de arma de fuego en cumplimiento de un deber”12.

d) Si la pena que pudiera imponerse por el hecho careciera de importancia en consideración a la sanción ya impuesta a la que deba esperarse por los restantes hechos investigados en el mismo u otro proceso, o a la que se impuso o se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero.

A través de este supuesto se dispondrá del criterio de oportunidad, en aquellos casos en que sean de bajo interés estatal, a fin de dar prevalencia a aquellos de mayor interés, o que se encuentren mejor probados.

Es decir, aplicará en situaciones en que haya procesos que se encuentren tramitando de forma simultánea, o bien en un mismo proceso en el cual se imputan varios hechos, priorizando el de mayor gravedad o mayor probabilidad probatoria por sobre el de menor gravedad. De esta manera se intenta evitar recargas en el sistema penal optimizando de la mejor manera sus recursos.

  1. LA DISPONIBILIDAD DE LA ACCIÓN Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

Actualmente como sociedad, tanto a nivel local en nuestro país, como en muchos otros del mundo, la problemática que enviste la violencia de género se visualizó con mayor claridad y comenzó a ser además de escuchada, tratada como una de las prioridades en agenda, tanto a nivel social, como político.

En razón de la profundidad y complejidad del tema, si bien no nos adentraremos en los detalles del mismo, cabe poner el foco en una de las limitaciones a la disponibilidad de la acción que tiene el representante del Ministerio Público Fiscal que contiene el último párrafo del art. 30 del C.P.P.F, dónde establece que no podrá prescindir ni total ni parcialmente de la acción penal, cuando se trate de un episodio dentro de un contexto de violencia doméstica.

En concordancia con lo dispuesto por el artículo recién mencionado, en nuestro país no es posible aplicar métodos alternativos de resolución de conflictos tales como la mediación o conciliación frente a problemáticas de violencia de género, según lo dispuso la ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”.

La mentada ley en esa inteligencia, en su art. 9 inc. e) determina el deber del Estado -a través del Consejo Nacional de Mujer- de “…garantizar modelos de abordaje tendientes a empoderar a las mujeres que padecen violencia que respeten la naturaleza social, política y cultural de la problemática, no admitiendo modelos que contemplen formas de mediación o negociación”.

Es clara la intención del legislador de apartar este tipo métodos en conflictos de violencia de género, conforme surge del art. 28 que: “…Quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación”. En ese orden de ideas, el art. 16 en sus incisos f y g, dispuso que las audiencias deben ser separadas bajo pena de nulidad, a fin de evitar la re-victimización de quién ha sido justamente, víctima de violencia de género, con el objeto de proteger su intimidad, garantizar la confidencialidad y que reciba un trato humanizado.

Por otro lado, la propia ley de Mediación y Conciliación (ley Nº 26.589) deja claro lo hasta aquí expuesto, cuando dispone en su art. 32 que “Si durante el proceso de mediación familiar el mediador tornase conocimiento de circunstancias que impliquen un grave riesgo para la integridad física o psíquica de las partes involucradas o de su grupo familiar, dará por concluida la mediación. En caso de encontrarse afectados intereses de menores o incapaces, el mediador lo pondrá en conocimiento del Ministerio Público de la Defensa a fin de que solicite las medidas pertinentes ante el juez competente”.

Ahora bien, no podemos ignorar que más allá de las mentadas disposiciones, el art. 5 de la ley de Protección de Violencia Familiar (ley Nº 24.417, sancionada en el año 1994) dispone que “El juez, dentro de las 48 horas de adoptadas las medidas precautorias, convocará a las partes y al ministerio público a una audiencia de mediación instando a las mismas y su grupo familiar a asistir a programas educativos o terapéuticos, teniendo en cuenta el informe del artículo 3”.

Lo allí establecido, si bien se opone al espíritu las leyes hasta aquí estudiadas, y a la intención del legislador de proteger a la víctima de su agresor al llamar a las partes a audiencia de “mediación” instando a que el grupo se someta a diversos programas en conjunto.

De todos modos, cabe aclarar que tal como lo dispone el art. 42 de la ley 26.485, “la Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, será de aplicación en aquellos casos de violencia doméstica no previstos en la presente ley”, por lo que lo dispuesto en el art. 5 de la ley 24.417 a final de cuentas aplicaría para ciertos casos puntuales que se encuentran por fuera del alcance de la ley 26.485.

Ello no quita, que la coexistencia de las dos normas abra diversas interrogantes respecto de si las mismas son compatibles, o si se contradicen dejando al menos, una ventana abierta para que audiencias de este tipo se lleven a cabo sin ponderar el cuidado de la víctima en un contexto como es el de la violencia.

  1. APLICACIÓN DEL INSTITUTO Y EFECTOS

Desde el punto de vista práctico, tal como hemos mencionado, solo el Ministerio Público Fiscal tiene la potestad de disponer la aplicación de un criterio de oportunidad, a fin de resolver un conflicto de forma alternativa, en los casos que se han descripto anteriormente, y con dichas limitaciones y alcances.

Ello, se ejecutará según los dispuesto en el Art. 248 del C.P.P.F. que establece que recibidas las actuaciones que dieran origen a la causa, el Ministerio Público Fiscal, tendrá un plazo de quince (15) días para desestimar la instancia por existencia de delito, archivar la causa, iniciar la investigación, formalizar la misma, aplicar un procedimiento especial que prevea el código, o bien, aplicar un criterio de oportunidad o disponibilidad.

Ahora bien, si decidiera formalizar la investigación preparatoria y solicitarle al Juez la realización de una audiencia con el imputado, su defensa y demás partes del proceso. Finalizada la audiencia, el Fiscal perderá la facultad de aplicar un criterio de oportunidad al caso en cuestión.

Cabe mencionar, que conforme lo dispone el Art. 251 del C.P.P.F, el criterio de oportunidad se aplicará de oficio, o a petición de parte, cuando se den las condiciones que se describieron en el presente artículo.

Si la petición de parte fuere rechazada y existieran nuevas circunstancias que tornaran procedente la aplicación de algún criterio de oportunidad, tanto el imputado como su defensa podrán volver a solicitarlo.

Si aplicara el criterio y se dispusiera adoptarlo al caso concreto (ya sea de oficio o a pedido de parte) se declarará que se prescinde de la persecución penal pública y se le comunicará dicho decisorio a la defensa y a la víctima, haciéndole saber sus facultades.

Pues el principal efecto que producirá su aplicación, es la extinción de la acción penal y sobreseimiento del imputado. No obstante, respecto dicha decisión, la víctima tendrá la facultad de solicitar al fiscal superior la revisión de la misma, en el plazo de tres (3) días, la que será resulta en el mismo plazo -aún si no hubiera intervenido en el procedimiento como querellante- (Art. 80, inc. j del C.P.P.F).

Si el fiscal revisor hiciera lugar a lo solicitado por la víctima, entonces continuara la investigación sobre el/los imputado. Por el contrario, si la decisión fuera confirmada, la víctima estará habilitada a convertir la acción penal pública en acción privada dentro de los sesenta (60) días de comunicada. (Arts. 32 y 252 del C.P.P.F).

En los casos en que no haya víctimas identificadas en la causa, la decisión de aplicar un criterio de oportunidad deberá ser confirmado por el Fiscal superior, que, en caso de no confirmarla, la investigación seguirá su curso.

Ahora bien, la negativa por parte del Ministerio Público Fiscal de no aplicar un criterio de oportunidad es una decisión que no es susceptible de revisión alguna.

Es dable aclarar, que como sabemos, aún el C.P.P.F no se ha implementado en su totalidad, y por ende, si bien la normativa prevé que se aplique del modo recién descripto, de momento no podemos afirmar que funcione de esa manera en la práctica. Veamos que se dispuso al respecto:

El 13 de noviembre del año 2019, a través de la Resolución 2/2019 dictada por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del C.P.P.F, determinó la implementación de los arts. 19, 21, 22, 31, 34,54, 80, 81, 210, 221 y 222 del mentado Código, y la jurisprudencia no tardó en dividirse a la hora de aplicarla, o de declarar su inconstitucionalidad, pero aquel es un asunto en el que no entraremos en mérito a la brevedad.

En esa dirección, dicho cuerpo resaltó con relación a las normas que comenzarían a implementarse (respecto métodos alternativos de solución de conflictos y criterios de oportunidad, entre otros) que resultan compatibles con el C.P.P.N que aún rige, por lo que dichas figuras traerían un mayor goce de garantías constituciones para todos los justiciables de manera uniforme en todo el territorio nacional, permitiendo que el sistema judicial de prioridad a los temas más complejos, y facilitando una mejor gestión de la carga de trabajo.

Sin embargo, la facultad del Fiscal de prescindir de la acción penal total o parcialmente en los casos que se cumplan los requisitos y límites contenidos en el art. 31 del C.P.P.F, como se ha mencionado, tiene un procedimiento específico para el control de la decisión que adopte, que se rige por otros artículos (arts. 251 y 252 del C.P.P.F) respecto los cuales no se dispuso su implementación como fue en el caso del art. 31 del ritual.

En virtud de ello y a fin de poder aplicar este instituto en el marco del C.P.P.N que rige hoy, la Procuración General de la Nación en fecha 25 de noviembre de 2019 dictó la Resolución PGN 97/19 en la que regula el mecanismo de adopción de un sistema de revisión interno que asegure los derechos de las víctimas, estableciendo que cuando el Fiscal decida aplicar un criterio de oportunidad, deberá notificar a la víctima que podrá requerir fundadamente dentro del plazo de tres días su revisión ante el fiscal superior, y cuando no haya víctimas identificadas, también el fiscal superior deberá confirmarla o no dentro del plazo de tres días.

En aquellos casos en que el fiscal superior confirme la aplicación del criterio de oportunidad, en concordancia con el C.P.P.N vigente, la causa será remitida al órgano jurisdiccional competente para que el magistrado una vez analizada la razonabiidad de la petición, resuelva la extinción de la acción penal, y en efecto, dicte el sobreseimiento.

En la Resolución de mención, se reglaron además diversas pautas de aplicación a nivel práctico y finalmente dispone que los criterios de oportunidad contenidos en el art. 31 del C.P.P.F serán aplicados por el Ministerio Público Fiscal de la Nación en las jurisdicciones que rige el C.P.P.N en los términos allí establecidos.

En conclusión, podemos decir que este instituto lo que busca es la obtención de resultados más eficientes por parte de la justicia, al priorizar la destinación de los recursos del sistema judicial, para casos de mayor envergadura, poniendo foco en la descongestión de la justicia, dando una solución alternativa a conflictos de menor relevancia en los casos que se prevé.

1 Maier, Julio B.,  Derecho Procesal Penal. I. Fundamentos, 1º ed., Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 2016, Tomo I, pág. 797.

2 Marchisio, Adrián, El Juicio Abreviado y la Instrucción Sumaria, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1998, pág. 50.

3 Bacigalupo Enrique, Descriminilización y Prevención. Poder Judicial, Número Especial, Madrid 1987, pág. 14.

4 Citado en Solimine, Marcelo A., “Bases del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Ley 27.063”, Buenos Aires, Editorial Ad Hoc, 2015, pág. 123.

7 Daray, Roberto, Código Procesal Penal Federal – Análisis doctrinal y jurisprudencial -, Buenos Aires, Editorial Hammurabi, 2019, pág.130.

8 Vitale Gustavo, El principio de insignificancia y error, Universidad Nacional del Comahue, 1988, pág. 39, citado por Cornejo Abel, Teoría de la insignificancia, Buenos Aires, ed. Ad-Hoc, 1997, pág. 57/58.

9 Solimine Marcelo, Bases del nuevo Código Procesal Penal. Ley 27.063, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 2015, pág. 127.

10 Daray, Roberto, Código Procesal Penal Federal – Análisis doctrinal y jurisprudencial -, Buenos Aires, Editorial Hammurabi, 2019, pág.158.

11 Zaffaroni Raúl, Alagia Alejandro, Slokar Alejandro, Derecho Penal. Parte General, Bs. As., Ediar, 2000, pág. 952.

12 Zaffaroni Raúl, Alagia Alejandro, Slokar Alejandro, Derecho Penal. Parte General, Bs. As., Ediar, 2000, pág. 953.