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Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
Número 7 (Octubre 2020)

Argentina y la tendencia al Estado policial. De cómo desarrollamos el concepto “Actitud sospechosa”.

Por Ignacio Calvi1 y Eliana G. Lugo2.

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  1. Introducción

Ante una nueva radicación de un sumario ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH)3 iniciada como consecuencia de la detención de personas4 sin orden judicial ni situación de flagrancia, nos interpela a pensar el derecho a la libertad personal consagrado en la Constitucional Nacional y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esta situación adquiere especial relevancia cuando fuerzas policiales5, argumentando precisamente «actitud sospechosa» en los ocupantes de un vehículo, inician una persecución que culmina con la muerte de cuatro adolescentes. Más tarde la investigación derivó en otros supuestos, pero la información policial inicial indicó que el origen del procedimiento se debió a esa situación.

Nuestro país no es, lamentablemente, nuevo en esta problemática, ya que se citan los informes efectuados de sus visitas por funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas, donde hacen hincapié en estas prácticas policiales aplicadas sobre la franja más vulnerable de la población, como desocupados, inmigrantes en situación irregular, personas con antecedentes, y reclamó que debe sancionarse cualquier desviación hacia comportamientos racistas, xenófobos, homofóbicos u otros incompatibles con la plena vigencia de los derechos humanos6.

La alegada “actitud sospechosa” resulta la matriz común de ambos casos: la de Carlos Alberto Fernández Prieto corresponde a una detención presuntamente ilegal y arbitraria de mayo de 1992, mientras que la de Carlos Alejandro Tumbeiro a otra detención de similares características de enero de 1998. Esta circunstancia más las violaciones por las que se reclamaba fueron vistas por la Comisión como que merecían su acumulación, lo que así ordenó7.

Analizaremos de qué modo se plantea una falsa dicotomía entre garantías procesales y los “derechos de los ciudadanos a la seguridad”, otorgando a los agentes de las fuerzas de seguridad ciertas facultades que se presentan como implícitas pero que no se desprenden de normativa vigente.

  1. Desarrollo. Los casos, la normativa nacional y la jurisprudencia internacional

Respecto de los casos llevados ante la Corte IDH, cabe mencionar que el Estado alegó que no es responsable internacionalmente en tanto las detenciones fueron legales y acordes con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”). El Estado sostuvo que la decisión de los agentes policiales de interceptar los vehículos donde se encontraban los señores Fernández y Tumbeiro se debió a su “actitud sospechosa”. Indicó que el arresto y posterior inicio de procesos penales en contra de las presuntas víctimas se debió a que se incautaron drogas y armas en sus vehículos. Agregó que los procesos penales y las consecuentes condenas se realizaron respetando las garantías del debido proceso.

A pesar de ello, y tras analizar la información disponible, la Comisión concluyó que el Estado argentino es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, garantías judiciales y protección judicial, establecidos en los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 11.2 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Carlos Alberto Fernández Prieto y Carlos Alejandro Tumbeiro8.

Tal como se advierte, las detenciones no responden a una orden judicial o situación de flagrancia, sino que se basan en una alegada «actitud» que generalmente está basada más que nada en ciertas características de las personas: se indican en este marco a aquellos de condición humilde, los inmigrantes, los vendedores ambulantes o las personas en situación de calle, es decir determinados sectores sociales que por su apariencia están más expuestos a resultar detenidos, mostrando ello una práctica discriminatoria en el actuar policial.

El accionar desarrollado, y avalado por el Estado, constituye una violación al derecho a la libertad personal que protege tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, art 7) como así también la Constitución Nacional argentina (art 18).

La necesidad de prevenir la comisión de delitos que reclama la seguridad de la comunidad, y el respeto a los derechos humanos de las personas, no deben ser entendidos como excluyentes uno de otro, sino como una limitación que, desde la teoría, no presenta mayores problemas. Ahora, en la práctica queda en manos de personal policial que en su mayoría no cuenta con la capacitación suficiente para determinarlo por sí mismos.

En este sentido, los protocolos de intervención en Argentina aunque en general afirman que se tendrá en cuenta que el accionar del personal policial debe ajustarse en un todo a la Constitución Nacional, el derecho interno y los protocolos vigentes, lo cierto es que no aparece de modo claro explicado el concepto de “actitud sospechosa” que lleva, una vez más, al Estado a tener que dar respuestas ante el máximo tribunal regional en materia de derechos humanos, cuyas interpretaciones de la Convención resultan de vital importancia para el derecho argentino.

Cabe recordar el célebre caso Simón9, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las llamadas leyes de obediencia debida y punto final. En esta causa, la Corte reconoció importantes principios acuñados por el derecho internacional, principalmente, que los crímenes de lesa humanidad resultan imprescriptibles, aun cuando puedan ir en contra de ciertas garantías constitucionales como la cosa juzgada y la prohibición de retroactividad de la ley penal más grave.

Al respecto, la mayoría de la Corte se ocupa de remarcar no solo el compromiso asumido por nuestro país a partir de la incorporación de Convenciones específicas sobre esta materia (tal el caso de la Convención sobre represión y sanción del delito de genocidio) sino, fundamentalmente, el carácter de normas de ius cogens que le asigna el derecho internacional a la protección de los derechos más importantes que hacen a la dignidad de la persona humana. Más aún, estos principios ya vienen siendo reconocidos desde tiempo inmemorial por la costumbre internacional, que es también fuente principal del Derecho Internacional Público y por lo tanto también constituye fuente obligatoria de aplicación en el ámbito interno. Dijo al respecto el máximo Tribunal «ya en la década de los años setenta, esto es, para la época de los hechos investigados, el orden jurídico interno contenía normas (internacionales) que reputaban a la desaparición forzada de personas como crimen contra la humanidad. Estas normas, puestas de manifiesto en numerosos instrumentos internacionales regionales y universales, no sólo estaban vigentes para nuestro país, e integraban, por tanto, el derecho positivo interno, por haber participado voluntariamente la República Argentina en su proceso de creación, sino también porque, de conformidad con la opinión de la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional más autorizada, dichas normas ostentaban para la época de los hechos el carácter de derecho universalmente válido (ius cogens)…. En el marco de esta evolución, una vez más, la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico interno de la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas -que en su art. 7 declara imprescriptible ese crimen de lesa humanidad- ha representado únicamente la cristalización de principios ya vigentes para nuestro país en virtud de normas imperativas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.»

Debemos recordar que la CADH establece que tanto la CIDH como la Corte IDH “…son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes de esta Convención”. También es preciso detallar que aquellos Estados, como Argentina, que además de haber ratificado la CADH, reconocieron la competencia de la Corte IDH sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la CADH, ante una denuncia, la necesaria intervención de la CIDH con carácter previo a un eventual acceso a la Corte IDH torna evidente e indispensable que las decisiones que elabore la CIDH precisen su cumplimiento. De no ser así, el tránsito por la CIDH, que es requisito previo e ineludible para un posible y posterior acceso del caso a la Corte IDH, se convertiría en una etapa estéril y en un dispendio procesal sin eficacia10.

Así, en el informe 129/17 (caso 12315) realizado por la CIDH recomendó al Estado Argentino: “Disponer las medidas legislativas, administrativas o de otra índole para evitar la repetición de las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe. En particular: i) el Estado deberá asegurar que la legislación que regula la facultad de detener y requisar personas en la vía pública sobre la base de una sospecha de que está cometiendo un delito, se base en razones objetivas e incluya exigencias de justificación de dichas razones en cada caso; ii) el Estado deberá adoptar medidas para capacitar debidamente al personal policial a fin de evitar los abusos en el ejercicio de la mencionada facultad, incluyendo capacitaciones en la prohibición de ejercerla de manera discriminatoria y con base en perfiles asociados a estereotipos; y iii) el Estado deberá asegurar la existencia e implementación de recursos judiciales efectivos frente a denuncias de abusos policiales en el contexto de la mencionada facultad.”

Adentrándonos en la normativa vigente, podemos analizar el art. 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación señala que los procedimientos sin previa orden judicial podrán realizarse con la «concurrencia de circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente permitan justificar dichas medidas respecto de persona o vehículo determinado».

Es por ello que el «Protocolo General de Actuación para la realización de allanamientos y requisas personales» para los casos de carencia de orden judicial establece que debe haber «Indicios suficientes fundados en información y/o conductas previas que permitan inferir que la persona sobre la cual recaerá la medida, haya cometido, se encuentre cometiendo o pueda cometer un ilícito penal»11.

La norma en cuestión es, al menos liminalmente y aunado a las falencias en la formación policial, un tanto vaga y no permite un análisis de razonabilidad eficaz. Que «existan indicios» sin duda es una frágil definición en orden al ya mencionado principio de tipicidad que requiere el art 7.2 de la Convención Americana, que obliga a los Estados a establecer tan concretamente como sea posible las causas y condiciones de la privación de la libertad.

Como se explicó recién, es deber del Estado proveer de suficiente capacitación a su personal policial, de modo contrario podría dejar a la ciudadanía expuesta a detención arbitraria y violatoria del art. 7.3 de la Convención.

La suscripción de convenios internacionales reconociendo derechos a los ciudadanos no puede redundar en meras declaraciones bienintencionadas sino que exige la adopción de medidas concretas para su efectivización. Más aún cuando se trata de reformas a normativas internas, capacitación al personal policial lo que no implicar erogaciones presupuestarias que pongan en riesgo el erario público.

Tanto la Comisión como la Corte IDH han sido contundentes en sostener que, conforme el art. 7.2 de la Convención, para afectar el derecho a la libertad personal debe hacerse en el marco del principio de tipicidad, esto es que el Estado haya establecido tan concretamente como sea posible y con anterioridad, las causas y condiciones de la privación de la libertad física. De esa manera, de no cumplirse con esos requisitos, generará que la privación sea ilegal y contraria a la Convención Americana.

La Corte IDH ha indicado en cuanto al derecho a no ser privado de libertad ilegalmente establecido en el artículo 7.2 de la Convención, que el mismo “reconoce la garantía primaria del derecho a la libertad física: la reserva de ley, según la cual, únicamente a través de una ley puede afectarse el derecho a la libertad personal”12. La reserva de ley que se requiere para afectar el derecho a la libertad personal de conformidad con el artículo 7.2 de la Convención es que debe forzosamente ir acompañada del principio de tipicidad, que obliga a los Estados a establecer, tan concretamente como sea posible y “de antemano”, las “causas” y “condiciones” de la privación de la libertad física. Por ello, cualquier requisito establecido en la ley nacional que no sea cumplido al privar a una persona de su libertad, generará que tal privación sea ilegal y contraria a la Convención Americana13.

La CIDH ha destacado de modo contundente al Estado argentino que el incorrecto proceder de las fuerzas policiales constituye una de las principales amenazas para la vigencia de la libertad y la seguridad individual14. Por ello, los Estados deben adoptar medidas destinadas a efectos de asegurar que los agentes policiales desempeñen sus funciones de una manera garante de los derechos humanos y, en particular, que las detenciones realizadas se efectúen conforme establece la legislación interna. Ello, conforme propios antecedente de la CIDH, no significa que se pretenda limitar la actividad policial legítimamente orientada a la protección de la seguridad ciudadana como manifestación del bien común en una sociedad democrática15.

En igual sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH) ha indicado que en materia de privación de libertad es particularmente importante el cumplimiento del principio general de seguridad jurídica, lo que implica que las condiciones que sustentan la privación de libertad bajo el derecho nacional deben estar claramente definidas y que la aplicación de la legislación en si misma sea previsible. Según el mismo Tribunal, el estándar de legalidad del Convenio Europeo requiere que la legislación sea lo suficientemente precisa para permitir que la persona pueda prever, a un grado que sea razonable en las circunstancias, las consecuencias que una acción específica pueda implicar16.

Bien claro queda en el sistema interamericano, que ello no pretende limitar la actividad policial legítimamente orientada a la protección de la seguridad ciudadana, pero nadie puede ser sometido a detención por métodos que puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo. Es necesario que la ley interna, el procedimiento aplicable sean, en sí mismos, compatibles con la Convención17

El TEDH ha indicado que esta «sospecha razonable» presupone la existencia de hechos o información que podría satisfacer a un observador razonable; que esté basada en fundamentos genuinamente objetivos es parte esencial de la salvaguarda contra arresto y detención arbitraria. Pero lo que debe resaltarse es que para el Tribunal Europeo el hecho que la sospecha se sostenga sólo en la «buena fe», es insuficiente18.

El mismo Tribunal profundiza en la cuestión, señalando que existe un claro riesgo de arbitrariedad y discriminación en el otorgamiento de una facultad tan amplia a un funcionario policial, cuando se ha comprobado que existen el ejercicio de esa facultad ilimitada impacta de manera diferencial según cuál sea el grupo social afectado19

  1. Recomendaciones de organismos internacionales a la Argentina sobre la temática. “¿Ud. no aprende verdad?”

Oportunamente, al momento de hacer el informe con recomendaciones, la CIDH señaló que diversas entidades del sistema universal se han pronunciado sobre las detenciones efectuadas en Argentina sin orden judicial o situación de flagrancia. Al respecto, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas realizó una visita a Argentina en 2003 y señaló lo siguiente: La Constitución Nacional establece en su artículo 18 que «Nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente». Sin embargo, los funcionarios y auxiliares de la policía tienen la facultad de arrestar o aprehender personas que consideran intentan cometer un delito. La ley procesal penal provincial establece las bases y condiciones para tales arrestos. Debe existir una sospecha razonable o causa probable acerca de la comisión de un delito.

La Ley 23.950 de 1991 concede a los funcionarios policiales una amplia discrecionalidad para detener a personas. Sin embargo, dicha facultad está condicionada a demostrar la existencia de un grado de sospecha razonable. En la práctica muchas personas son arrestadas simplemente porque merodeaban por el lugar, porque no justificaban su permanencia en un lugar determinado o porque carecían de dinero para comprar. Los casos más frecuentes tienen relación con controles de identidad. Según representantes de diferentes grupos sociales, estas acciones policiales tienen un efecto intimidatorio sobre el ciudadano común y corriente. Se alega que la policía detiene y revisa vehículos y hace descender los pasajeros de vehículos de transporte público para controlar sus identidades y revisar sus pertenencias.

Se ha encontrado con numerosos casos en los que, incentivados los agentes policiales por la necesidad de mostrar efectividad ante la ola de delincuencia, han inventado y fabricado casos a través de la detención de personas inocentes, tras haber informado de resultados exitosos en la persecución de un delito. La capacidad de respuesta de las personas que son víctimas de estas situaciones es casi nula por tratarse en la gran mayoría de los casos de la franja más vulnerable de la población: desocupados, mendigos, inmigrantes ilegales, personas con antecedentes. El patrón de los casos es trasladar a estas personas a un determinado lugar, «plantar» evidencias, atribuir sustracciones, etc.20.

A partir de la información recabada el Grupo de Trabajo recomendó al Estado argentino: (…) supervisar estrictamente la actuación de los oficiales y agentes de policía, particularmente en lo relativo a sus facultades de ordenar arrestos y detenciones. Particular atención debe prestarse a la práctica delictiva de fraguar procedimientos con el objeto de mejorar la imagen de la policía ante la sociedad a costa de enviar a prisión a civiles inocentes. El trabajo que realizan en ese sentido los agentes del Ministerio Público debe ser incentivado y apoyado. Asimismo, debe sancionarse cualquier desviación hacia comportamientos racistas, xenófobos, homofóbicos u otros incompatibles con la plena vigencia de los derechos humanos que la policía está llamada a asegurar21.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos en sus Observaciones Finales sobre Argentina de 2010 informó sobre la persistencia de la situación: El Comité expresa nuevamente su preocupación por la subsistencia de normas que otorgan facultades a la policía para detener personas (…) sin orden judicial anterior ni control judicial posterior y fuera de los supuestos de flagrancia, por el único motivo formal de averiguar su identidad, en contravención, entre otros, del principio de presunción de inocencia (…). El Estado parte debe tomar medidas con miras a suprimir las facultades de la policía para efectuar detenciones no vinculadas a la comisión de un delito y que no cumplen con los principios establecidos en el artículo 9 del Pacto [Internacional de Derechos Humanos, el cual consagra el derecho a la libertad personal]22.

Posteriormente, en 2016, el Comité reitera su preocupación por la normativa y prácticas de la policía para detener a personas con el objeto de averiguar su identidad sin orden judicial anterior y por un largo periodo de tiempo (…). El Estado parte debe tomar todas las medidas necesarias, incluyendo medidas legislativas, con el fin de combatir eficazmente las detenciones no vinculadas a la comisión de un delito23.

A esto, debe sumarse el hito de mayor importancia en la materia de trato al momento en relación a la Argentina, la Corte Interamericana indicó en el Caso Bulacio vs. Argentina lo siguiente: (…) en la época de los hechos [1991], se llevaban a cabo prácticas policiales de detención indiscriminada, que incluían las denominadas razzias, las detenciones por averiguaciones de identidad y las detenciones conforme a edictos contravencionales de policía24.

Tanto el Centro de Estudios Legales (CELS) y como Human Rights Watch indicaron (en su informe conjunto de 1998) sobre inseguridad policial: “Las policías tienen (…) atribuciones que les permiten detener personas en forma discrecional, a través del juzgamiento de faltas contravencionales y de la facultad de detención por averiguación de identidad o antecedentes. Estas facultades están sustentadas en la presunción de la existencia de un estado predelictual en amplios sectores de la sociedad y en la suposición de que la policía tiene la capacidad de diagnosticar e intervenir sobre él. Ello resulta en que esta función policial de seguridad termina “contaminando” las tareas de investigación judicial, a la que aplican la arbitrariedad de los criterios utilizados para detener y demorar personas estereotipadas como “sospechosas”.25

Las detenciones efectuadas por personal de las comisarías se realizan en la gran mayoría de los casos aduciendo que la persona “no justifica su permanencia en el lugar” o que está “merodeando en actitud sospechosa” o que “no puede acreditar su identidad», o bien que “demuestra actitudes de nerviosismo / intranquilidad, intentando pasar desapercibido ante la presencia policial”, según consta en los libros de los juzgados. En todos los casos se trata de jóvenes reunidos en las esquinas con amigos (…), parejas en plazas, personas de condición humilde esperando colectivos, etc., esto es, situaciones que el vocabulario policial suele clasificar dentro del «estado predelictual» o “estado de sospecha”.26

Nótese que, a pesar del tiempo que tiene aquel informe conjunto, si bien la situación ha ido mejorando de modo alguno alcanza para sostener un estándar aceptable que sea coherente con los compromisos internacionales asumidos por Argentina y que cumpla con las interpretaciones realizadas por el máximo tribunal regional en la materia, en tanto su interpretación resulta vital a efectos de evitar incurrir en responsabilidad internacional.

La CIDH también destaca que instituciones nacionales se pronunciaron sobre esta situación. Así, la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires emitió una resolución en 2012 en la cual indicó lo siguiente: “(…) en la mayoría de los casos analizados el uso de esta atribución (conferida por la ley nacional 23.950, llamada “detención por averiguación de identidad”), es automática. Las personas identificadas no se encontraban cometiendo, ni se entiende que pudieran cometer, un acto delictivo o contravencional por lo que no habría razón por la que se requiera su identificación, solo eran pobres en situación de calle y parecería ser esa la condición que en los hechos habilitaba a los efectivos policiales a actuar”27.

Pese a los informes realizados por la Comisión IDH en la materia, el Estado no ha realizado reformas estructurales que permitan una solución por cuanto el Comité de Derechos Humanos de la ONU informó en 2010 sobre la persistencia de la situación28  para luego ya en 2016 señalar enfática que «El Estado debe tomar todas las medidas necesarias, incluyendo medidas legislativas, con el fin de combatir eficazmente las detenciones no vinculadas a la comisión de un delito»29.

IV. A modo de conclusión.

El Estado debe asumir que es insuficiente la legislación en lo atinente a la regulación de la facultad de detener y requisar personas sobre la base de una «actitud sospechosa» o «existencia de indicios» no explicitados. No debería esperarse una nueva condena por este tema contra el país sino asumir un rol activo, modificando el estado de cosas.

Este procedimiento debe realizarse exclusivamente cuando hay razones objetivas y una  debida justificación de dichas razones en cada caso, teniendo en cuenta que sólo la buena fe no alcanza.

A su vez, se debe asumir que la legislación no alcanza si no se capacita debidamente al personal policial para evitar abusos en el ejercicio de la facultad de detener y requisar. Como bien sostiene la CIDH en el Informe aquí mencionado, esta capacitación debe incluir la prohibición de ejercer esa facultad de manera discriminatoria y con base en perfiles asociados a estereotipos.

La Convención Americana integra el bloque constitucional federal30 y lo deseable es que lo asuman tanto el personal policial como quienes deben asegurar su cumplimiento y ejercer el control de convencionalidad, porque cada uno de ellos puede poner en riesgo la responsabilidad internacional de nuestro país.

1 Abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Especialista en Derecho Penal por la Universidad

Torcuato Di Tella (UTDT) y aspirante a Magister por la misma Universidad, docente de la materia “Derecho Penal III” de la Universidad de Morón, y Secretario del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nro. 2 de Morón.

2 Abogada por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), Especialista en Derecho Penal por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), y Oficial del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nro. 2 de Morón.

3 Notificada el 6 de febrero de 2019.

4 Comisión IDH, Informe 129/17, Caso 12.315, “1. El 30 de julio de 1999 y 31 de marzo de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”, “la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió dos peticiones en las cuales se alegó la responsabilidad internacional de la República de Argentina (en adelante “el Estado”, “el Estado de Argentina”, “el Estado argentino” o “Argentina”) por las alegadas detenciones ilegales y arbitrarias en perjuicio de Carlos Alberto Fernández Prieto y Carlos Alejandro Tumbeiro en mayo de 1992 y enero de 1998, respectivamente, por parte de agentes de la Policía de Buenos Aires. La Defensoría General de la Nación, como parte peticionaria, indicó que las detenciones no tuvieron una orden judicial ni se efectuaron bajo flagrancia sino que se basaron exclusivamente en presuntas actitudes sospechosas de las presuntas víctimas.”

5 La denominada Masacre de San Miguel del Monte, en la que fallecieron cuatro adolescentes ocurrida durante la madrugada del 21 de mayo de 2019, en la ciudad de MontePcia. Buenos AiresArgentina, resultante de la persecución y tiroteo realizados por miembros de la policía bonaerense sobre el vehículo que utilizaban los jóvenes.

6 ONU, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Informe sobre visita a la Argentina, 23 de diciembre de 2003.

7 CIDH, Informe 129/17, Caso 12.315, Fondo, Carlos Alberto Fernández Prieto y Carlos Alejandro Tumbeiro, Argentina, 25 de octubre de 2017.

8 Idem cita anterior

9 Fallos CSJN 328:2056

10 Arts. 33, 44 y 62 de CADH y el Fallo “Giroldi” de CSJN

11 De aplicación para las Fuerzas de Seguridad nacionales, indica en su Título II – Pautas Específicas de Actuación, 6.4 Requisa sin Orden Judicial.

12 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 56. Ver también: CIDH. Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. 31 de diciembre de 2009, párrs. 144-146.

13 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 55. Ver también: CIDH. Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. 31 de diciembre de 2009, párrs. 144-146.

14 CIDH, Demanda ante la Corte IDH, Walter David Bulacio, Argentina, 24 de enero de 2001, párr. 61.

15 CIDH, Demanda ante la Corte IDH, Walter David Bulacio, Argentina, 24 de enero de 2001, párr. 62.

16 TEDH. Caso Del Río Prada v. España, Sentencia de 21 de octubre de 2013, párr. 125; Caso Creangă v. Rumanía, Sentencia de 23 de febrero de 2012, párr. 120; y Caso Medvedyev y otros v. Francia, Sentencia de 29 de marzo de 2010, párr. 80.

17 Corte IDH, Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C, No. 251.

18 TEDH, caso Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, Sentencia del 13 de octubre de 2014.

19 TEDH, caso Gillan y Quinton v. Reino Unido, Sentencia del 28 de junio de 2010

20 ONU, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Informe sobre visita a Argentina, 23 de diciembre de 2003, párrs. 42-47.

21 ONU, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Informe sobre visita a Argentina, 23 de diciembre de 2003, párr. 71.

22 ONU, Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales sobre Argentina, 31 de marzo de 2010, párr. 15.

23 ONU, Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales sobre Argentina, 10 de agosto de 2016, párrs. 17-18.

24 Corte IDH. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 69.

25 CELS y Human Rights Watch, La inseguridad policial: Violencia de las fuerzas de seguridad en la Argentina, 1998, pág. 45.

26 CELS y Human Rights Watch, La inseguridad policial: Violencia de las fuerzas de seguridad en la Argentina, 1998, pág. 49.

27 Anexo 3. Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Resolución 1135/2012.

28 ONU, Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales sobre Argentina, 31 de marzo de 2010

29 ONU, Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales sobre Argentina, 10 de agosto de 2016.

30 Art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional.