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Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
Número 6 (Junio 2020)

Unificación de penas y condenas. Análisis del Art. 58 del Código Penal

Por Ignacio Martinez Murias, Prosecretario Administrativo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nro. 25

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Sumario: El artículo trata acerca del Art. 58 del CP, supuestos para la unificación de penas, condenas y sentencias y las consecuencias jurídicas de su aplicación.
También analiza el autor la interpretación de la jurisprudencia a partir del fallo Romano de la CSJN respecto de la procedencia o no de la unificación de una pena que se encuentra vencida al momento del dictado de una nueva sentencia, por un hecho cometido durante el cumplimiento de aquella.

I) Introducción:

El artículo 58 del Código Penal de la Nación regula los supuestos de unificación. Lo defino así, a modo de concepto genérico, en razón de que admite tres especies en su aplicación: penas, condenas y sentencias.

Usualmente, en la práctica judicial no son frecuentes los casos en los que esta diferenciación se establece de forma clara. Por el contrario, generalmente, en los puntos dispositivos de los pronunciamientos se consigna “pena única”, pero no siempre esa denominación resulta correcta.

Esta diferencia semántica tiene como presupuesto diversas situaciones procesales y en su aplicación consecuencias jurídicas disímiles, las que interné clarificar en el presente trabajo. Para ello, enunciaré los supuestos previstos por el legislador y los casos en los que proceden.

Se verá cómo, a partir del fallo Romano1 de la Corte Suprema Justicia, la jurisprudencia se ha pronunciado respecto de si resulta posible la unificación de una o varias penas vencidas al dictarse el nuevo pronunciamiento por un hecho cometido durante el cumplimiento de la primera sanción y qué sucede cuando su aplicación es a instancia de parte. Además, se analizará desde ese ángulo el supuesto de unificación de condenas.

De acuerdo a los diversos fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se alertará al lector acerca de la responsabilidad en la que pueden incurrir los jueces en aquellos casos en los que debiendo unificar por mandato legal omiten dicho acto procesal, tal como se resolvió en el fallo González, Leonardo Ezequiel2, en el cual la Corte ordenó finalmente la unificación de las sentencias.

Por último, explicitaré las conclusiones de acuerdo a la interpretación del fallo Romano y a los posteriores pronunciamientos de la Corte en la materia que, adelanto, habilitan a señalar que las normas que rigen la materia deben ser entendidas de forma conjunta y armónica, de manera tal que ninguna quede privada de operatividad.

II) Unificación. Presupuestos para su aplicación.

El artículo 58 del Código Penal brinda el ámbito de aplicación de las unificaciones de penas, condenas y sentencias.

En palabras de D´Alessio “…el artículo persigue una doble finalidad. En primer lugar, tiende a asegurar el cumplimiento de las reglas del concurso material (arts. 55 y 57), cuya observancia y aplicación uniforme en todo el país podría resultar ilusoria como consecuencia de la pluralidad de jurisdicciones y la coexistencia de leyes procesales diferentes…Por otro lado, garantiza la unidad penal en todo el territorio, evitando que un condena múltiple en jurisdicciones distintas o en épocas sucesivas quede sometido a un régimen punitivo plural a diferencia de quien en igualdad de condiciones fue juzgado por un único tribunal que aplicó sin dificultad la dispuesto en los arts. 55 a 57…” 3 .

El primer supuesto que la norma establece comprende tanto la unificación de penas como de condenas. Su elemento distintivo es el espacio temporal en que acaece el injusto penal tratado en la decisión a unificar.

Si la comisión del hecho es anterior al dictado de la primera sentencia –firme- habrá una unificación de condenas, mientras que si es posterior al acto procesal de declara la firmeza del primer fallo, pero anterior a su vencimiento, se tratará de una unificación de penas.

En ambas situaciones el Código exige, como presupuesto para la unificación, que luego de una condena pronunciada por sentencia firme se deba juzgar a la misma persona que esté cumplimiento pena por otro hecho distinto.

Sobre este punto corresponde clarificar las siguientes circunstancias:

1) La unificación puede acaecer por la comisión de un nuevo delito dentro del plazo de cuatro años establecido en el Art. 27 del Código Penal, lo que requiere, de acuerdo a la norma, la imposición previa de una pena firme, cuyo cumplimiento haya sido dejado en suspenso. La nueva sanción deberá revocar la condicionalidad de la pena anterior y ser indefectiblemente de efectivo cumplimiento.

2) La sanción única podría comprender sólo penas de efectivo cumplimiento. Esto ocurriría cuando el condenado o condenada recuperara su libertad por cualquiera de los diversos institutos procesales previstos y antes del vencimiento de la pena incurriera en una reiteración de un hecho delictivo que culminara con el dictado de una nueva pena. También podría darse en el supuesto de que un sujeto aún privado de su libertad cometiera un nuevo hecho “intra muros”.

Jurisprudencialmente el quid de la cuestión, en este punto, radica en el espacio temporal en que se dicte la nueva condena. Mientras que la última sanción se dicte con anterioridad al vencimiento de la pena primigenia, no existe discusión alguna: corresponde la unificación de las penas e incluso debe dictarse de oficio.

Surge de la práctica judicial una discrepancia cuando la nueva sentencia se dicta con posterioridad al vencimiento de la primera sanción.

Dos respuestas judiciales pueden encontrarse a la cuestión.

Una entiende que no procede la unificación, debido a que al momento del dictado de la segunda condena la primera se encontraría agotada, siendo por dicha razón que la unificación ha perdido virtualidad. Fundamenta su postura en lo normado en el artículo 16 del Código Penal4 y en el principio de cosa juzgada que impediría la unificación. Apoya su opinión en la doctrina que emana del fallo Romano de la CSJN. Esta posición admite, sin embargo, la unificación a instancia de una de las partes interesadas, siempre que no sea perjudicial para la parte imputada.

Otra postura considera que corresponde la unificación aun de oficio. En este caso la interpretación es que prevalece el “ius puniendi”. De esta manera, si bien el dictado de la sanción es posterior al vencimiento, la nueva sentencia configura a ese hecho como un delito y con ello la certidumbre de que mientras estaba cumpliendo la primera condena se cometió un nuevo injusto penal y otorga la base de la unificación con la segunda condena. Destaca que el Art. 16 del Código de Fondo necesariamente debe analizarse en relación al resto del cuerpo normativo.

En ese supuesto prevalece la fecha de comisión del hecho y se retrotrae el análisis de la cuestión a dicho espacio temporal. También, en esa inteligencia, corresponde la revocación del instituto que hubiera habilitado la libertad (asistida o condicional).

3) Los motivos para que se disponga una unificación de condenas son procesales. Puede ocurrir que tramiten dos o más procesos en diferentes jurisdicciones; o bien, que se encuentren bajo el mismo ámbito jurisdiccional en diferentes instancias procesales que no permitieran la intervención de un único y mismo juzgador.

De forma coloquial los operadores judiciales se refieren a “procesos paralelos” aludiendo a los que en algún momento coexistieron “en trámite” sin que hubiera recaído sentencia firme en ninguno de ellos.

En la práctica se verifica cuando un imputado se viera involucrado en un nuevo proceso judicial registrando ya en su contra una condena que no ha adquirido firmeza. Se presentaría, también, el caso cuando una persona registrara un proceso en trámite bajo el sistema ordinario y resultara condenado, por un nuevo hecho, bajo el proceso sumarísimo de flagrancia.

Respecto de la unificación de condenas, parte de la doctrina entiende que la unificación procede en toda circunstancia -incluso de oficio- en razón de que la sola violación a las reglas del proceso pone en crisis el argumento de la cosa juzgada. Para esta postura, lo importante no es la fecha de vencimiento de la condena a unificar sino, por el contrario, la fecha de comisión de los procesos por las reglas del concurso.

Esta cuestión fue abordada por el Dr. Daniel Morin al efectuar su voto en un caso en el que la defensa se agravió por la unificación que realizara el Tribunal de Juicio. Al respecto dijo: “…La condena única en los supuestos de concurso real es obligatoria en cualquier caso porque tal concurso existe “desde que se comete el segundo delito y no desde que se pronuncia la sentencia”. En esta línea, se ha sostenido que “cuando la ley se está refiriendo a la exigencia de que el autor esté cumpliendo pena, no puede referirse nunca a la hipótesis del concurso real, en que el deber de imponer una única condena surge en el momento de comisión del segundo delito; luego, corresponde entender que la exigencia de cumplimiento actual de pena está estrictamente limitada al caso de mera unificación de penas, que es donde tiene sentido”. Las circunstancias apuntadas –relación de concurso real entre los hechos juzgados en ambas jurisdicciones y violación a las reglas de dicho concurso conducen a considerar irrelevante el hecho de que una de las penas impuestas -la de la jurisdicción de San Isidro- se haya agotado con anterioridad a la existencia de un sentencia firme en el marco de la causa del Tribunal Oral en lo Criminal n° 9, ya que tal circunstancia sólo podría incidir en un supuesto de unificación de penas, pero no en uno de unificación de condenas, como el presente…” 5.

El segundo supuesto que la norma contempla es la unificación de sentencias que tiene lugar a pedido de parte cuando se hayan dictado dos o más sentencias firmes en violación a las reglas del concurso.

D´Alessio indica que: “…la hipótesis remite a algunos de los dos supuestos anteriores –unificación de condenas o unificación de penas- … Es decir que la regla que se comenta se torna operativa cuando el tribunal que pronunció la segunda sentencia no haya unificado, violando lo mandado por el art. 58 en su primera disposición…” 6.

De la Rúa en su obra sostiene que la violación a las reglas de concurso puede ocurrir por ignorancia u omisión.7

Por ello, cuando se hayan dictado dos o más sentencias firmes violando las reglas del concurso la unificación de sentencia opera como el género, mientras que las especies son las unificación de penas o condenas.

III) Consecuencias en la unificación de penas y condenas.

Las diferencias entre la unificación de penas y condenas son importantes por las consecuencias jurídicas que conllevan.

En la primera, las penas no pierden su individualidad, razón por la que la lógica indica que correspondería aplicar el sistema composicional para estimar la pena única, debido a lo que el juzgador debe mensurar. Ello implica -por oposición- desechar la suma lisa y llana de las sanciones previas, procesalmente denominada suma aritmética, y afirmar que la sanción única nunca podría ser menor a ninguna de las penas impuestas, ya que de máxima podría procederse a una absorción total de la última sanción.

Si bien no resulta prudente aseverar criterios generales y cada caso exige su análisis particular, no existe impedimento legal para que se opte por el sistema aritmético, siempre que se fundamente de acuerdo a los parámetros que la ley exige.

A la hora de mensurar la pena única, los magistrados cuentan con los parámetros establecidos en los artículos 40 y 41 del Código Penal:

a) modalidad de comisión de los hechos juzgados.

b) atenuantes y agravantes impuestas en la pena o penas a unificar.

c) condiciones personales del autor.

e) conflictos previos con la ley.

e) declaración de reincidencia, Etc.

De esta manera se determina el quantum. Resulta necesaria la realización de una entrevista de “visu”, máxime si ha transcurrido un plazo prolongado desde el primer pronunciamiento de condena.

Si por el contrario, correspondiera la unificación de condenas, la situación varía de forma sustancial porque se aplican las normas que rigen el concurso real de los delitos (Art. 55 y 57 del Código Penal).

La posterior sentencia emerge como una nueva sanción única que arrastra los efectos de las anteriores, perdiendo por ello su singularidad las sanciones para dar lugar a una diferente condena única.

En ese caso, el magistrado partiría de otro parámetro que se lo brindan las reglas de concurso real para determinar el monto de la nueva condena, sin que ello implique que los hechos juzgados puedan ser modificados en cuanto a sus bases fácticas ni a las calificaciones legales otorgadas.

Para establecer el quantum de pena, el magistrado debería tener en consideración:

a) la escala penal de cada delito juzgado, con aplicación de las reglas del concurso: el mínimo mayor y la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos.

b) las características del hecho o hechos juzgados.

c) condiciones personales del imputado.

d) pronóstico de reinserción social en caso de que estuviera en detención, Etc.

Más allá de lo expuesto, no parece lógico que la nueva condenación omita tener en consideración la condena previamente impuesta, diluyéndola así por completo. Dicha situación, claro está, quedará a criterio de los magistrados que incluso podrían modificar la modalidad de ejecución impuesta en la condena con la que se unifica.

La Cámara Federal de Casación Penal señaló: “…en los casos de unificación de condenas, las penas impuestas en cada uno de los pronunciamientos a unificar debe tener un peso específico trasladable en la determinación de la pena en concreto (pena única), pues de lo contrario procederíamos contrariamente a lo marcado por la ley sustantiva, desconociendo el concurso real entre los hechos sentenciados, y diluyendo las sanciones penales impuestas en los fallos en cuestión…” 8.

III) Precedente dictado por la CSJN: fallo Romano.

En el caso “Romano” 9 la Corte Suprema Justicia de la Nación dejó sin efecto una unificación de penas impuesta por el -entonces- Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 25 que había sido dictada pese a que en el acuerdo de juicio abreviado, presentado por las partes, no se había propuesto dicha unificación (Art. 431 bis del Código de Rito). El Tribunal Nacional también había resuelto revocar la libertad condicional concedida a Romano en el proceso que se unificó.

La defensa fundó el recurso de queja en los siguientes agravios: 1) que la pena única no fue parte del acuerdo del juicio abreviado; 2) violación del derecho de defensa al optar el Tribunal por unificar la pena siguiendo el método más estricto, suma aritmética, sin explicar los fundamentos y sin tener en cuenta que la pena anterior se encontraba agotada y 3) omisión de escuchar previamente al imputado.

El Tribunal de juicio, al fallar de esa manera, consideró que la exigencia de pedido de parte, citada en el Art. 58 del Código Penal, no integraba el supuesto en razón de que la unificación correspondía ser declarada de oficio y por ello, para la defensa, era previsible que se procediera a la unificación.

La Corte -por mayoría- dejó sin efecto el pronunciamiento recurrido. Destacó que la unificación tuvo su génesis en el acuerdo en el que el representante del Ministerio Público Fiscal ningún interés había manifestado sobre el punto. Que esa circunstancia resultaba una pauta razonada de que la defensa no esperaría el dictado de una pena única o de mínima de que se le correría vista en caso de que sucediera (considerando 6º).

Además, ponderó de forma negativa, el hecho de que se le impuso la unificación con la interpretación más severa posible –suma aritmética- sin explicar el por qué. Agregó que por imperio del Art. 18 de la Constitución Nacional los jueces al fallar deben no sólo expresar los motivos de la “responsabilidad o irresponsabilidad del procesado” sino también en las que se apoyan la “naturaleza o intensidad de la consecuencia jurídica correspondiente” (considerandos 7º y 8º).

En relación al tema expuesto acerca de la posibilidad o no de proceder a la unificación de penas vencidas, los Dres. Lorenzetti, Juan Maqueda y E. Raúl Zaffaroni, en los considerandos 9º y 10º de su voto conjunto pusieron de resalto que la unificación se dictó pese a que la pena fijada en el pronunciamiento primigenio se encontraba extinguida, siendo que dicho dato se desprendía de la propia sentencia puesta en crisis.

En tal sentido sostuvieron: “…cabe concluir también que la sentencia unificatoria se apoya en una exégesis (reseñada en el anteúltimo párrafo del primer capítulo del dictamen que antecede) que contradice lo dispuesto por art. 16 del Código Penal (en cuanto establece que la pena queda extinguida una vez transcurrido el término de la condena sin que la libertad condicional haya sido revocada) y pretende dejar sin efecto una decisión anterior firme del juez de ejecución que tuvo por operado el vencimiento de la pena impuesta en la causa nº 487/8, lo que configura un caso de arbitrariedad que la descalifica como acto judicial…”.

Respecto de este punto –vencimiento/unificación- los Dres. Fayt y Petrachhi no incluyeron en su voto conjunto los considerandos 9º y 10º reseñados, mientras que las Dras. Highton de Nolasco y Argibay entendieron que el agravio relativo a la defensa en juicio no había sido sustentado en forma autónoma y suficiente por lo cual propiciaron el rechazo de la queja.

Desde otro ángulo, en el caso “González” 10 la Corte Suprema de Justicia llamó la atención a los magistrados intervinientes en la etapa oral del fuero nacional en razón de que omitieron cumplir con una obligación legal en detrimento del derecho de todo procesado a obtener una pronta y definitiva resolución acerca de la sanción de que debería purgar el condenado.

La Corte se adentró en la cuestión de competencia que se suscitó entre el –entonces- Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 28 y el Tribunal en lo Criminal Nro. 1 del departamento judicial de la Matanza.

Conforme se desprende del dictamen del procurador, el Tribunal Nacional a través de un acuerdo de juicio abreviado condenó al imputado a la pena de dos años y dos meses de prisión y costas en orden al delito de amenazas coactivas reiteradas y lo declaró reincidente, en conocimiento de que con anterioridad había sido condenado por la justicia provincial a la pena única de siete años de prisión, accesorias legales y costas.

A pedido de parte, el Tribunal extrajo testimonios a fin de que el Tribunal provincial se expidiera sobre la aplicación del Art. 58 del Código Penal.

La controversia respecto de la competencia tuvo lugar en razón de que el Tribunal en lo Criminal Nro. 1 de la Matanza rechazó entender en la unificación en base que el -entonces- Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 28 tuvo conocimiento de la sanción impuesta en primer lugar y por ello le correspondía proceder a la unificación por haber dictado la última condena, mientras que éste último sostuvo que correspondía la unificación al Tribunal que había impuesto la pena más grave, es decir el provincial.

La Corte, remitiéndose a los fundamentos y conclusiones del Procurador, dejó clara la cuestión: corresponde la unificación al Juez que dictó la última sentencia cuando se deba juzgar a una persona que está cumpliendo pena impuesta por sentencia firme en razón de un delito distinto, siendo esta la primera parte del Art. 58.

Sin perjuicio de dicha regla, al no haber procedido el Tribunal Nacional conforme a aquella disposición impuso la aplicación contenida en el segundo apartado de la norma y decidió que correspondía a la justicia provincial –por haber impuesto la pena mayor- expedirse respecto de la unificación de ambas condenas.

Este precedente, también, fue invocado en los fallos “Placencia Montoya” 11 y “Campo Luciano Javier”12 dictados recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se resolvió de idéntica manera cuestiones de competencia que se suscitaron entre diversos órganos jurisdiccionales.

V) Conclusión:

Esta presentación tiene por fin delimitar los supuestos contemplados en el Art. 58 del Código Penal y explicar al lector sus presupuestos y consecuencias jurídicas.

Puse de resalto la situación que se presenta a la hora de proceder a la unificación de penas en aquellos supuestos en los que, si bien el nuevo delito acaeció durante el cumplimiento de la sanción impuesta anteriormente, la misma se encuentra vencida al momento del dictado de la segunda sentencia.

Lo que parece un juego de palabras encierra, en los actores judiciales, una cuestión que para parte de la doctrina fue zanjada con el fallo Romano, pero lo cierto es que el precedente admite, también, una interpretación diferente.

Como expuse, dicho fallo se refiere a lo inapropiado de proceder a la unificación de la pena, por encontrarse vencida al momento del dictado, en los considerandos números 9º y 10º, los que únicamente fueron suscriptos por los Dres. Lorezetti, Maqueda y Zaffaroni, mientras que la mayoría de la integración de la Corte -de ese entonces- por diversos argumentos no los incluyó. Esta posición fue señalada por el Dr. Alberto Huarte Petite al momento de dictar sentencia en los autos Prieto Quiroga cuando integraba el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nro. 1 13.

Esa circunstancia permite afirmar que la conclusión arribada en dichos considerando de que la pena única dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 25 se apoyó en una exégesis que contradijo lo dispuesto por el Art. 16 del Código Penal, no fue la postura unánime de la Corte14.

Por el contrario, la Corte tuvo acuerdo respecto de que en el fallo en cuestión se incurrió en una violación al principio de defensa, por cuanto el Tribunal al dictar sentencia se había excedido respecto de la petición formulada -monto de pena- por el representante del Ministerio Público Fiscal, que contó con la conformidad de la defensa.

Esa fue, en definitiva, la crítica central del fallo que nulificó la sentencia: se sorprendió al imputado en su estrategia defensiva. Incluso se destacó que otra hubiera sido la situación si al menos se hubiera sustanciado la unificación en cuestión.

De suyo advierto que por la teoría de los actos propios y la naturaleza del instituto previsto en el Art. 431 bis del Código de Procedimiento Penal el imputado no podría verse sorprendido por lo previamente acordado, pero sí por lo que no se incluyó en el acuerdo. No puede verse procesalmente sorprendido. Dicha particularidad no se presenta únicamente respecto del monto de la pena propuesta y acordada por las partes, sino también podría surgir al imponerse alguna consecuencia no incluida en el acuerdo de juicio abreviado (verbigracia: decomiso de un bien, tareas comunitarias, Etc.).

La interpretación opuesta del caso Romano, admite, sin embargo, la unificación de una pena vencida cuando es solicitada a instancia de parte y alguna corriente jurisprudencial la hace extensiva a que no resulte contraria a los intereses del condenado.

Esta última consideración se contrapone con los acuerdos de juicios abreviados suscriptos en la práctica por los imputados mediante los cuales solicitan la unificación y la revocación de los beneficios concedidos en las sanciones previas y no por ser dichas consecuencias jurídicas perjudiciales para ellos podrían considerarse nulos.

El representante del Ministerio Público Fiscal, en el marco de un debate, podría al solicitar la pena que se la unifique por darse el supuesto en estudio y la defensa, por su parte, en su alegato argumentar su posición en contrario. De esta manera, se aseguraría la sustanciación exigida en el fallo Romano y se garantizaría el principio de defensa e igualdad de las partes, no encontrado el Tribunal impedimento legal alguno para proceder a la unificación, si así lo entendiera.

Como se dijo anteriormente el artículo 16 del Código Penal reza que transcurrido el término de la condena sin que la libertad condicional sea revocada conlleva a que la pena quede extinguida, pero esa interpretación no puede ser exegética ni desinteresada del resto del articulado del Código. El cuerpo normativo integra un conjunto de normas que deben ser concatenadas en la aplicación de los diversos institutos, de forma tal que ninguna pierda operatividad y se mantenga la congruencia del sistema penal.

En esa inteligencia el vencimiento está supeditado al cumplimiento de las normas del Art. 13 del Código de Fondo, de manera que si el imputado no cumplió con las disposiciones de ese artículo, la pena no podría considerarse vencida, cuanto menos con los efectos que prevé el artículo 16 del C.P. Tampoco pueden perderse de vista lo dispuesto por el Art. 56 de la ley 24.660 – consecuencia dispuesta por la comisión de un nuevo delito- y lo propio respecto del instituto de la libertad condicional en el Art. 15 del C.P.

Lo cierto es que, en el caso, la unificación procedería como consecuencia del accionar del imputado, quien se vio involucrado en un hecho delictivo antes del vencimiento de la primera condena y si bien, en estos casos podría existir demora del Estado, no puede soslayarse que la nueva sanción, reitero, tendría origen en la acción disvaliosa del propio condenado y cristaliza de esa manera el incumplimiento asumido en el marco de la pena primigenia.

A eso se le adiciona que el Art. 15 eventualmente perdería operatividad en aquellos casos en los que el nuevo hecho fuera cometido en una fecha próxima al vencimiento de la sanción, en razón de que el curso del proceso, por el nuevo delito, siempre habrá de exceder temporalmente la duración de la pena que le restaba por cumplir.

Desde otro ángulo, en caso de no proceder a la unificación el condenado computaría el mismo tiempo de detención en las dos sentencias: para agotar la pena anterior y cumplir con la nueva. Eso escapa a la lógica y de ser así correspondería que una vez agotada la primera sanción comenzaría, desde ese momento, a computar el tiempo para la segunda. Entiendo ello, ya que la posición de una persona que reincide en su proceder contrario a las normas del Código Penal, no podría ser más ventajosa respecto de aquélla que cumple íntegramente su sanción sin incurrir en un nuevo delito.

Resulta clarificador, en este aspecto, lo dicho por el -entonces- magistrado Luis M. García al fallar en un caso que si bien se determinó que la pena a unificar no se encontraba vencida, se pronunció respecto de la pertinencia de la revocación de la libertad condicional con posterioridad a la fecha de agotamiento de la sanción en que se la concedió: “…El agravio no puede ser de recibo, lo que acarrea la revocación es la comisión de nuevo delito según el art. 15, primer párrafo, CP; la fecha de la sentencia de revocación no tiene en principio relevancia, salvo el caso de extinción de la pena por prescripción, y el art. 16 CP, que declara que “transcurrido el término de la condena […] sin que la libertad condicional haya sido revocada, la pena quedará extinguida”, no puede ser leído sino en conexión con la primera disposición. La comisión de un nuevo delito mientras se está gozando de una libertad condicional es la condición de la revocación de ese beneficio…” 15.

Para finalizar, como pauta de interpretación y dato objetivo resulta pertinente señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el mes de septiembre del año 2016 ha citado en cinco diferentes fallos el precedente Romano (331:2343).

En cuatro de ellos, dictados en el año 2017, fue citado por los Dres. Lorenzetti y Maqueda en sus votos conjuntos, que en todos los casos conformaron la disidencia, mientras que la mayoría del Tribunal se expidió en los términos del Art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dejando en consecuencia firme los pronunciamientos recurridos. El restante fallo fue dictado en el año 2018 y sólo contó con la disidencia del Dr. Lorenzetti 16.

A poco que se procede a la lectura de las resoluciones recurridas, dictadas por la Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de Casación, se advierte que los agravios dirigidos contra aquellas fueron unificaciones dictadas -a pedido de la fiscalía en los fallos Benítez, Echeverría y Silvestre- con penas vencidas a la fecha del pronunciamiento, pero por hechos cometidos durante el cumplimiento de las sanciones que se unificaron.

En el caso Velasco se planteó, por oposición, la misma cuestión. La Cámara hizo lugar al recurso de casación presentado por la Fiscalía, ordenándose cumplir con la unificación omitida la cual había sido solicitada por aquella parte al suscribir con el imputado y su defensa un acuerdo de juicio abreviado, pese a que el enjuiciado había presentado su disconformidad con la unificación.

El fallo Fonseca Giménez, incluso, abre un interrogante respecto de si la unificación procede de oficio por cuanto el Tribunal de juicio había decidido la improcedencia de la forma de cumplimiento prematuro previsto en el art. 35 inc. e, de la ley 24.660 por una unificación de condenas pendiente. La defensa en su recurso se agravió en razón de que, a su entender, la unificación de penas era equivocada por no haber sido solicitada por las partes.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió, por mayoría, rechazar el recurso y respecto del agravio dirigido por la defensa contra la posibilidad de una unificación en curso expresó que “…no eran actuales y que el razonamiento del tribunal para denegarla luce ajustados a derecho…”., rechazo este último vinculado a la aplicación de un instituto morigerado de ejecución punitiva.

Por ello, advierto que la postura mayoritaria de nuestro máximo Tribunal con la integración de aquel entonces y la actual es la misma: la unificación procede siempre que la defensa sea escuchada previamente y aun cuando el resultado sea contrario a los intereses de dicha parte. De no ser así la mayoría de la Corte se hubiera expedido en el mismo sentido en que lo hicieron los ministros que formaron en todas las ocasiones la disidencia, quienes se remitieron al fallo Romano y ordenaron dejar sin efecto los pronunciamientos.

Por todo ello, concluyo que no es correcto, mediante una aislada y literal interpretación del artículo 16 del Código Penal, considerar extinguida o vencida una sanción penal por el mero transcurso del tiempo, con independencia de la circunstancia de que el condenado violó el instituto con el que se había sido previamente beneficiado, así como también que si bien la unificación podría ser dictada aun de oficio en estos casos, siempre resulta prudente escuchar de forma previa a la defensa para asegurar el ejercicio de su derecho.

1 Dictado el 28 de octubre de 2008 en los autos R. 804. XL. RECURSO DE HECHO, caratulado: “Romano Hugo Enrique s/ causa n 5313”.

2 Dictado el 24 de octubre de 2017, en los autos CCC 54.216/2013/TO1/2/CS1 caratulados: “González, Leonardo Ezequiel s/ amenazas. Damnificado: Paz, Melina Anabella”.

3 D´ALESSIO, Andrés José., “Código Penal de la Nación, Comentado y Anotado”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2014, pág. 918.

4 Transcurrido el término de la condena, o el plazo de cinco años señalado en el artículo 13 sin que la libertad condicional haya sido revocada, la pena quedará extinguida.

5 Fallo del 16 de septiembre de 2016 dictado por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, causa n° CCC 64476/2001/TO1/4/CNC1-CFC3, caratulada “Seballos, Adrián Gabriel s/ recurso de casación con cita del magistrado de la obra (Cfr. ZAFFARONI, EUGENIO R.; ALAGIA, ALEJANDRO Y SLOKAR, ALEJANDRO, “Derecho Penal. Parte General.”, 2° ed., Ediar, Buenos Aires, 2002, p. 1019/1020)

6 Págs. 937/938 de la obra del autor citada.

7 Código Penal Argentino. Parte General, Astrea, Buenos Aires, 1990, pág. 1022.

8 Fallo “Callupe Guamar, Francisco s/ recurso de casación”, causa CFP 5289/2014/TO1/CFC2, rta. 25/10/2018, reg. 1184/16, voto de la Dra. Ana María Figueroa.

11 dictado el 18 de febrero de 2020, competencia CFP 10348/2013/PL1/7/CS1 caratulado: “Placencia Montoya, Brian Freddy y otros s/infracción ley 25. 891.

12 dictado el 27 de febrero de 2020, competencia CSJ 17/2019/CS1, caratulado: “Campo, Luciano Javier s/ privación ilegal de la libertad (art. 144 bis, inc. 1 del C.P).

13 Fallo dictado el 17 de noviembre de 2016, en el marco del expediente 14.982/2016/TO1, RI 5471 seguida contra Carlos Alberto PRIETO QUIROGA u Orlando Francisco CORIA.

14 La exégesis citada fue reseñada en el anteúltimo párrafo del primer capítulo del dictamen del Procurador que reza: “…en ese sentido, expresó que no controvierte la doctrina de ese tribunal, según la cual la mencionada regla de unificación del artículo 58 del Código Penal «toma en cuenta la vigencia de la primera condena, por una parte, y la fecha del nuevo hecho, de otra. De modo tal que, cometido el nuevo hecho antes de extinguirse las penas anteriores por su cumplimiento (como se verifica en el caso de autos), ya rige la mencionada regla aunque el curso del proceso por el nuevo delito exceda temporalmente la duración de aquella pena» (fs. 90 vta.)…”.

15 Fallo de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I, de fecha 27 de marzo de 2018, Reg. n° 310/2018, causa n° CCC 81598/2001/TO1/CNC1, caratulada “DONOSO, Rodrigo Sebastián s/ revocación de libertad condicional”.

16 CCC 10463/20l3/TO1/2/RH1 en los autos: “Velasco, Carlos Leandro si robo de automotor o vehiculo en la vía pública y hurto con escalamiento” de fecha 26 de septiembre de 2017.

FSA 32000378/2012/TO1/2/1/RR1 en los autos “Silvestre, Osear Walter s/ infracción- ley 23.737” de fecha 5 de diciembre 2017.

CCC 23085/2013/TO1/1/1/1/RH2 en los autos: “Fonseca Giménez, Aldo Javier s/ robo de automotor o vehiculo en la vía pública” de fecha 5 de septiembre de 2017.

CSJ 3339/2015/RH1 en los autos “Benítez, Sergio David s/ robo con armas”, de fecha 5 de septiembre de 2017.

CCC 55000/2014/TO1/5/1/RH1 en los autos “Echeverria, Jonathan Alejandro s/ robo” de fecha 22 de marzo de 2018.