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domingo 27 de septiembre de 2020 - 12:56:08 AM
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
Comunicados

La prioridad debe ser siempre la vigencia del servicio de Justicia

Con motivo de la posición asumida por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, primero con la conformación de las denominadas patrullas sanitarias, y en el día de ayer con su nuevo comunicado de prensa, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional estima prudente y necesario fijar su posición.

Los/as magistrados/as y funcionarios/as del Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos han sido respetuosos y acatado la decisión de las máximas autoridades de este poder del Estado, en punto a que las actividades que deben cumplirse de modo presencial durante la feria extraordinaria resulten asumidas prioritariamente por éstos/as.

A partir de tal circunstancia, magistrados/as y funcionarios/as en muchos casos ejecutan -sin exteriorizaciones públicas ni reclamos- tareas de limpieza, diligenciamiento de oficios, vistas y pases, y varias cuestiones administrativas básicas que se suman a las que les resultan propias y exclusivas por imperio de la Constitución Nacional, la ley y los reglamentos de cada fuero.

Pero ante la posición pública asumida por el gremio en términos amenazantes y descentrados de lo que debería ser el objetivo común: mantener la vigencia del servicio de justicia de la manera más eficiente posible, nos encontramos en la obligación de dejar en claro que los derechos a la vida y la salud, tanto propios como del entorno familiar, no reparan en jerarquías funcionales. Alcanza con la simple -y a la vez grandiosa- condición de persona humana para poder gozarlos y exigirlos en pie de igualdad con cualquier semejante.

En cumplimiento de nuestras obligaciones continuaremos respetuosos de la instrucción impartida por la CSJN, PGN y DGN en ese sentido, pese a que en el universo de tareas que se han declarado esenciales y por ende eximidas del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el único criterio que rige para impedir el trabajo presencial es la inclusión del trabajador en alguno de los grupos de riesgo definidos por la autoridad sanitaria. Incluso advertimos que las autoridades de superintendencia, aun ante situaciones de necesidad funcional, han preferido hasta la fecha no convocar a los Jefes de Despacho, quienes a partir de la sanción de la ley n° 27.546, quedaron comprendidos en el detalle legal de los cargos de funcionario/a.

Pero tal conducta, inspirada en el entendimiento de que la extraordinaria coyuntura que nos rige requiere extrema comprensión y tolerancia, en modo alguno debe interpretarse como asentimiento de situaciones inequitativas y abusivas. Por todo ello, resulta adecuado exhortar a todos los operadores desde cada una de las funciones que nos corresponden a continuar honrando el servicio de justicia.

Enrique Comellas                                                                                                        Marcelo Gallo Tagle

Secretario General                                                                                                         Presidente