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viernes 6 de diciembre de 2019 - 11:38:21 AM
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
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Una misión de trabajo de la OEA se reunió con magistrados en la Asociación

Una misión de especialistas de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue recibida en la AMFJN, en el marco de un proyecto de estudio de diagnóstico regional acerca de la aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento en delitos relacionados con drogas, con foco en la perspectiva de género. Los visitantes se reunieron en el Auditorio 1 de nuestra sede con jueces penales de instrucción y de ejecución, así como también con representantes de los ministerios públicos, en un encuentro de sensibilización para magistrados que, en su caso, podrán voluntariamente adherir a participar en el proyecto. Los especialistas son Tania Gordillo, Adriana Henao, Pernell Clarke y Luis Suárez, quienes pertenecen a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), oficina de la OEA cuya misión es colaborar con los estados miembros en el combate al narcotráfico y en el tratamiento de las consecuencias sanitarias, sociales y penales del uso de drogas. Este proyecto involucra, además de la Argentina, a otros cuatro países: Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Jamaica.
La jueza de ejecución penal Jimena Monsalve, quien acompaña a la misión durante su visita a la Argentina, explicó que “a la OEA le interesa contribuir con la obtención de evidencia científica que permita mejorar los resultados en los procedimientos judiciales. En este caso, el proyecto tiene ver con los delitos asociados al consumo problemático de sustancias y el objetivo es evaluar las medias alternativas al encarcelamiento en delitos vinculados a las drogas, con perspectiva de género y diversidad. Apuntaría a observar no especialmente aspectos cuantitativos, sino lo cualitativo: cómo se desarrollan estos procesos y qué le sucede a quien lo transita. Ademas, a CICAD le interesa especialmente la Argentina porque en nuestro país ha habido un proceso legislativo y social muy importante vinculado a las cuestiones de género y diversidad y la normativa en la materia está muy consolidada, lo que es un punto a favor. Ahora, seria de interés observar cómo se aplican esas leyes, cruzándolas con el problema del consumo”.
El juez de instrucción Martín Peluso, cuyo juzgado podría ser uno de los participantes, contó que “somos varios los juzgados de instrucción que estamos interesados en formar parte. En la primera etapa el seguimiento se haría durante unos meses y luego habría un relevamiento final. Va a ser muy importante la recolección de datos, principalmente porque no hay por ahora información científica o números reales sobre este tema”.
Monsalve agregó que un estudio de estas características serviría “para evaluar los procedimientos y saber si estas herramientas alternativas al encarcelamiento que tenemos se podrían utilizar mejor y qué otras políticas de sensibilización sería interesante afianzar.”
Los participantes destacaron la oportunidad de desarrollar el trabajo transversal que involucra a integrantes del Poder Judicial y los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, en conjunto con el apoyo institucional de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN). También valoraron el acompañamiento de Magdalena Laiño Dondiz, jueza de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, tribunal de alzada tanto para los procedimientos de flagrancia como para la aplicación de medidas alternativas durante la ejecución, en los casos de suspensión de juicios a prueba, que representan un gran caudal en esa instancia. En la reunión participaron Paula Asaro, vicepresidente de la AMFJN en representación del Ministerio Público Fiscal, y Ricardo Lombardo, Defensor Público Oficial a cargo de la Unidad de Flagrancia.