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Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
Número 4 (Agosto 2019) Revista Jurídica

Acerca de la defensa técnica eficaz (a propósito del fallo “Iñigo” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación)

Por Federico García Jurado, Prosecretario Letrado de la Defensoría General de la Nación, Ministerio Público de la Defensa.

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Introducción:

Quiero presentar en esta ocasión algunas líneas por donde puede discurrir el debate sobre los alcances de la garantía de defensa en juicio en el marco del proceso penal, o más precisamente acerca de lo que se da en llamar defensa técnica eficaz. Ello teniendo como línea de salida el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, emitido para resolver el caso “Iñigo”1.

El derecho de la persona sometida a proceso penal a ser asistido por un defensor técnico encuentra a estas alturas sustento normativo expreso, y de nivel constitucional, en las previsiones de los arts. 8.2.e de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No es éste el espacio para debatir acerca de la obligación estatal de proveer esa asistencia letrada, pero lo cierto es que el derecho no admite discusión.

Afirma Langevín que la “larga lucha por la consolidación de este derecho se materializa hoy en las formulas normativas que los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y las Constituciones Políticas de todos los países de la región adoptan sin excepciones. Ya no quedan dudas de que la posibilidad real de defenderse de la persecución penal constituye una garantía inherente al Estado de Derecho2.

Más aún, el desarrollo de los procesos de reforma y el avance definitivo hacia el proceso contradictorio, imponen ya la consideración de que la defensa técnica resulta insoslayable para llevar adelante un verdadero juicio. Sin defensa no hay juicio.

Esa defensa no puede ser formal. Los abogados defensores deben actuar con libertad y con diligencia de conformidad con la ley y con las normas y principios éticos de la profesión jurídica. Deben prestar asesoramiento a sus clientes con respecto a sus derechos y obligaciones, así como con relación al funcionamiento del ordenamiento jurídico. Deben prestarles asistencia en todas las formas adecuadas y adoptar las medidas jurídicas que sean necesarias para proteger los derechos y los intereses de sus clientes, y deben prestarle asistencia ante los tribunales judiciales3. Al proteger los derechos de sus clientes y promover la causa de la justicia, los abogados tienen que procurar apoyar los derechos humanos y la libertades fundamentales reconocidos por el derecho nacional e internacional4.

La custodia de esta garantía es estatal.

Cuando un acusado está representado por un abogado de oficio, las autoridades deben garantizar que el abogado nombrado tenga la experiencia y la competencia que requiera el tipo de delito de que se acuse a su cliente5.

Las autoridades tienen el deber particular de tomar medidas para garantizar que el acusado dispone de una representación jurídica eficaz6. Esta declaración del Comité de Derechos Humanos es interesante, pues como órgano de aplicación del PIDCyP tuvo en cuenta el art. 14.3.d del Pacto7. De allí que pueda concluirse que, pese a que los Estados no están obligados a proveer siempre una defensa de oficio, de todas formas la asistencia técnica siempre deberá ser eficaz.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que si el defensor de oficio no es eficaz, las autoridades deben garantizar que cumpla sus deberes o sea sustituido8.

La eficacia incluye la comunicación entre defensor e imputado, el acceso al expediente, el examen de los testigos y el control de la prueba de cargo, así como también posibilidad de controvertir prueba o de producir la propia.

Enseña Maier que aunque nuestra ley procesal no prevea una afirmación positiva del derecho -esencial para la defensa- de comunicación, ese derecho del imputado y de su defensor se desprende de su interdicción excepcional, esto es, de los escasos momentos en los cuales, según la ley, se puede impedir esa comunicación.9

El acceso al expediente, o la asistencia a actos, surge de la idea de que un debate sin la presencia continua del defensor durante todos los actos que lo integran no habilita una sentencia válida. Al mismo tiempo, existe según Maier, “un derecho ‘fuerte’ de asistencia para el defensor en aquellos actos titulados ‘definitivos e irreproducibles’, para cuyo ejercicio se prevé expresamente la notificación al defensor de la oportunidad en la cual ellos serán practicados”10. Agrega que, “la ley, a decir verdad, no sólo prevé en estos casos un derecho para el defensor, sino que impone la representación necesaria del imputado por él.” La razón de ser del vigor de esta facultad “consiste en el hecho de que estos actos, una vez documentados, pueden ser incorporados al debate por su lectura.”11

El reconocido tratadista destaca el derecho a la lectura de las actas. La defensa eficaz tiene que acceder a las actas que contienen la descripción de elementos de prueba o reproducir los registros de otra índole en los que esos actos han quedado registrados. Si se trata de actos definitivos e irreproducibles, también se trata aquí con un derecho absoluto. Empero, si resulta necesaria la reserva de las actuaciones, pues ella encuentra límites en las previsiones legales. Resalta que cualquier ocultación viola el deber de lealtad del instructor para con la defensa y puede, eventualmente, acarrear consecuencias procesales por interdicción prohibida del derecho de defensa.12

Nuestra Corte, a su turno y aclarando el punto relativo a la producción de la prueba, ha sostenido que el art. 18 constitucional impone el debido proceso para que un habitante de la Nación pueda ser penado o privado de sus derechos, y en tal concepto falta el “debido proceso” si no se ha dado audiencia al litigante o inculpado en el procedimiento que se le sigue, impidiéndole ejercitar sus derechos en la forma y con las solemnidades correspondientes.

El caso:

Los hechos del caso puesto a consideración el Tribunal eran los siguientes. Una mujer detenida en prisión domiciliaria había sido condenada por un Tribunal Oral de la provincia de Tucumán. Contra esa sentencia, interpuso un recurso extraordinario federal, que fue rechazado por la Suprema Corte provincial. La resolución no fue notificada a la mujer, quien tomó conocimiento de la situación a través de los medios de comunicación. Interpuso entonces una queja in pauperis manifestando su voluntad de impugnar aquella decisión. La Corte Suprema de Justicia de la Nación remitió el legajo a la Corte tucumana a fin de que el recurso interpuesto por la imputada fuera fundamentado por su asistencia letrada. La defensa desarrolló los fundamentos de la impugnación de manera escueta y sin cumplir con los recaudos formales para la interposición de un recurso de queja.

La Corte, con el voto de todos sus integrantes, devolvió las actuaciones a la Corte Suprema tucumana para que arbitrara los medios necesarios a fin de que se fundamentara técnicamente el recurso interpuesto por la imputada.

Sostuvo que “[E]n materia criminal, en la que se encuentran en juego los derechos esenciales de la libertad y el honor, deben extremarse los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa…”.

Recordó que “La tutela de dicha garantía ha sido preocupación del Tribunal desde sus orígenes, en los que señaló que el ejercicio de la defensa debe ser cierto, de modo tal que quien sufre un proceso penal ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal, al extremo de suplir su negligencia en la provisión de defensor asegurando, de este modo, la realidad sustancial de la defensa en juicio…”.

Específicamente destacó la vigencia de esta garantía cuando se trata de personas privadas de la libertad. Al respecto destacó que “[C]orresponde recordar la seriedad con que ha de atenderse a los reclamos de quienes se encuentran privados de su libertad, los cuales ‘más allá de los reparos formales que pudieran merecer, deben ser considerados como una manifestación de voluntad de interponer los recursos de ley’…”.

Luego se metió de lleno con la sustancia del derecho de defensa y aseveró que la tutela judicial efectiva en este tipo de procesos implica que “[N]o basta para cumplir con las exigencias básicas del debido proceso que el acusado haya tenido patrocinio letrado de manera formal, sino que es menester además que aquel haya recibido una efectiva y sustancial asistencia de parte de su defensor…”. “[E]n una materia tan delicada como es la que concierne a la defensa en sede penal los juzgadores están legalmente obligados a proveer lo necesario para que no se produzcan situaciones de indefensión”. Destacó así no sólo el deber de los defensores sino la obligación de garantía en cabeza de los jueces.

En el caso, se dijo, “[E]l tribunal superior debió haber asumido con mayor prudencia la misión que le compete, en orden a tomar a su cargo el aseguramiento de efectiva tutela de la inviolabilidad de la defensa. Pues, otro modo, quedaría completamente desvirtuado el sentido de la doctrina de este Tribunal según la cual los recursos procesales constituyen una facultad del imputado y no una potestad técnica del defensor…”.

El fallo es breve y contundente. No es rico en doctrina como lo es en señal política: la defensa en juicio es inviolable, y demanda no sólo una intervención formal de un asistente letrado sino el consejo y colaboración material de un defensor técnico. Esta es una garantía básica cuya observancia se encuentra en cabeza de los jueces.

Repaso jurisprudencial del tema en la CSJN:

Un auténtico leading case en la materia constituye la sentencia dictada por el Alto Tribunal en la causa “Núñez, Ricardo Alberto” (Fallos, 327:5095).

La Cámara Quinta en lo Criminal de la ciudad de Córdoba había condenado a Ricardo Alberto Núñez a la pena de seis años de prisión por el delito de lesiones graves, declaración de reincidencia y costas.

Contra tal sentencia, el justiciable interpuso recurso de casación in forma pauperis en el que destacó por lo menos seis puntos diferentes que certificaban el erróneo camino lógico transitado por el juzgador en punto a la redefinición de su propia responsabilidad penal. Cuestionó la inobservancia de las reglas de la sana crítica racional, la calificación jurídica asociada al hecho imputado, la falta de motivación de la sentencia en orden a la concreta mensuración de la pena, la errónea aplicación del art. 58 del Código Penal y los equivocados parámetros utilizados para la unificación de la pena (considerando 12).

Corrida la vista de ley a los efectos de dotar de fundamentación técnica a las manifestaciones articuladas por el encartado, la asesora letrada “…prácticamente transcribió –en forma sintética- la presentación de Núñez antes referida (…). Aclaró que ‘En lo que hace al sustento de los agravios expresados, aunque no compartiera el criterio del expresador…solicito se haga lugar al recurso, por los motivos invocados y sin perjuicio de las razones que suplirá el elevado criterio de V.E., cumpliendo con el deber que el cargo me impone, en resguardo del derecho de defensa en juicio y del debido proceso amparado por el art. 18 de la Constitución Nacional…” (considerando 13).

El recurso fue declarado formalmente inadmisible por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba sobre la base de la falta de fundamentación. Ello, con excepción de un único agravio (aquél referido a los criterios utilizados a los efectos de la unificación de la pena) que, en definitiva, fue rechazado en virtud “…de la interpretación asignada por el tribunal apelado a ese precepto de derecho común…” (considerando 14).

Ocurrido ello, Núñez dedujo un recurso extraordinario federal in forma pauperis, tras lo cual intervino la asesora letrada nuevamente. Sin embargo, la defensora del justiciable sólo se limitó a plantear en tal oportunidad “…la arbitrariedad de la denegación de acceso a la instancia de casación por ‘excesivo rigor formal, en desmedro de la verdad jurídica objetiva emergente de las circunstancias de la causa’, dejando a salvo su parecer en contrario…” (considerando 10, destacado agregado).

El día 14 de febrero de 2003 el Tribunal Superior de la Provincia de Córdoba declaró inadmisible el remedio federal (considerando 3). Al momento de ser notificado de dicho rechazo –esto es, el día 17 de febrero de 2003- Núñez manifestó in pauperis: “Apelo la resolución. Solicito audiencia”, tras lo cual el tribunal cimero provincial “…dio intervención al asesor letrado (…) quien se entrevistó con aquél y se comprometió a compulsar los autos principales para actuar de acuerdo a derecho (…) [pero] lo cierto es que no existen constancias de que esa compulsa se haya hecho efectiva ni tampoco que esa defensa fundamentara un recurso de hecho por denegación del remedio federal ante esta Corte Suprema” (considerando 6, destacado agregado).

Cabe agregar que el propio justiciable remitió a la Corte una presentación en la cual reiteró todos sus reparos a la sentencia condenatoria, tras lo cual intervino la Defensoría Oficial ante esa instancia que, en su respectiva fundamentación técnica, propició la declaración de admisibilidad del recurso “…junto con la nulidad del auto que lo denegó, por haber carecido el interesado de una defensa eficaz que fundara debidamente su reclamo” (considerando 1).

En lo sustancial la mayoría de la Corte, recordó que:

a) “…en materia criminal, en la que se encuentran en juego los derechos esenciales de la libertad y el honor, deben extremarse los recaudos que garanticen plenamente el derecho de defensa (…) de modo tal que quien sufre el proceso penal ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal, al extremo de suplir su negligencia en la provisión de defensor asegurando, de ese modo, la realidad de la defensa en juicio…» (considerando 7);

b) “…los reclamos de quienes se encuentran privados de su libertad, más allá de los reparos formales que pudieran merecer, deben ser considerados como una manifestación de voluntad de interponer los recursos de ley, y que es obligación de los tribunales suministrar la debida asistencia letrada que permita ejercer la defensa sustancial que corresponda…” (considerando 8);

c) “…si bien no es obligación de la asistencia técnica del imputado fundar pretensiones de su defendido que no aparezcan, a su entender, mínimamente viables, ello no la releva de realizar un estudio serio de las cuestiones eventualmente aptas para ser canalizadas por las vías procesales pertinentes, máxime porque se trata de una obligación que la sociedad puso a su cargo (…) ya que no puede imputarse al procesado la inoperancia –a la que ha sido ajeno- de la institución prevista para asegurar el ejercicio de su derecho constitucional, cuya titularidad ostenta exclusivamente y cuya inobservancia puede acarrear responsabilidad al Estado Argentino” (considerando 9) resolvió la presentación del justiciable como sigue.

Así pues y en primer término adujo que ninguno de los extremos mencionados anteriormente había sido mínimamente satisfecho.

A renglón seguido destacó que su intervención en modo alguno podía circunscribirse a las deficiencias advertidas en el procedimiento seguido en la sustanciación de la apelación extraordinaria, pues “…la trasgresión a la defensa en juicio de Ricardo Alberto Núñez que se refleja en esta instancia no es sino producto de la que se verificó en la etapa de casación local, también caracterizada por una intervención meramente formal [de la asistencia técnica]…” (considerando 15).

Cabe aclarar que la Corte no se ha privado de ejercer una fuerte crítica respecto de la actitud desaprensiva de las dependencias del poder judicial local que actuaron durante el proceso en punto a la situación de indefensión por la cual atravesó el justiciable.

En tal sentido, agregó el Máximo Tribunal que:

a) la insuficiencia de asistencia técnica registrada por Núñez debió haber sido corregida por las instancias locales (considerando 16);

b) el rechazo, ora del recurso de casación, ora del extraordinario federal por pretendidas razones formales trasuntó un excesivo rigor ritual que poco se compadece con la situación de indefensión del procesado (considerandos 17 y 18) y con una interpretación regular del llamado derecho al doble conforme (considerandos 21 y 22).

Tras ello, la Corte expresó que:

a) el justiciable estuvo originariamente detenido por más de diez días sin comparecer ante el fiscal que solicitó su detención (considerando 18)

b) tampoco contó en ese ínterin con asistencia técnica letrada (ídem);

c) su defensa fue sustituida en varias oportunidades a lo largo de todo el proceso;

d) se produjo prueba irreproducible sin que la defensa fuera debidamente notificada;

e) se rechazó la pretensión del lego dirigida a cuestionar el auto de prisión preventiva sin reencauzarla jurídicamente;

f) el defensor de confianza de Núñez que actuó en la etapa preliminar “no ofreció prueba y renunció a su mandato 48 hs. hábiles antes de la audiencia de debate…” (considerando 20 in fine). Tras ello fue designada una asesora letrada que al parecer no ofreció prueba alguna.

Para concluir y luego de afirmar que: “La condena no hizo sino acumular nuevos agravios basados en la insuficiencia de la prueba incriminatoria para fundar su responsabilidad por el hecho y, a todo evento, la falta de fundamento en los criterios mensurativos de la pena individual y única impuesta” (considerando 21 in fine), el Tribunal resolvió declarar la nulidad de “todo lo actuado a partir del recurso de casación in forma pauperis (…), que deberá ser resuelto después de que Ricardo Alberto Núñez haya recibido una efectiva y sustancial asistencia letrada de parte de su defensor”.

Por otro lado y a la par de solicitar que se arbitren los medios necesarios para determinar cuáles fueron las circunstancias en “…que permaneció Ricardo Alberto Núñez privado de su libertad por espacio de más de diez días sin contar con asistencia técnica letrada y sin comparecer ante la autoridad fiscal y/o judicial que había solicitado su detención…” (considerando 22 in fine), la Corte recomendó “…que situaciones como las aquí consideradas, que sólo concurren en detrimento de una eficaz administración de justicia, sean evitadas” (considerando 22 in fine).

Reinoso, José Luis” (Fallos, 330:487).

La Sala Primera de la Cámara Primera en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Entre Ríos había condenado a José Luis Reinoso a la pena de doce años de prisión, en función de haberlo considerado autor del delito de privación ilegítima de la libertad calificada.

Contra dicha sentencia, el acusado dedujo in pauperis formae un recurso de casación en el cual planteó varios agravios vinculados con cuestiones de hecho y prueba.

Un día después de lo expuesto, su defensor interpuso una impugnación en la que sólo se agravió por la violación al principio de congruencia. No obstante ello y pese al requerimiento del imputado en este sentido, el tribunal omitió correrle vista al defensor con el objeto de que funde técnicamente la totalidad de los planteos por él deducidos.

Rechazado el recurso de casación, Reinoso impetró una presentación in pauperis a la que calificó como “recurso de nulidad”, motivo por el cual y por simple decreto de presidencia fue desestimada en función de que la resolución objetada no resultaba pasible de ser cuestionada por esa vía. Ocurrido lo expuesto, el justiciable manifestó nuevamente su voluntad de recurrir en numerosas oportunidades, sin que ello haya ameritado la tutela jurídica por parte de los tribunales provinciales.

Llegado el caso al máximo Tribunal, éste hizo lugar al planteo de nulidad formulado por la Defensoría ante la Corte.

Así pues y remitiéndose al dictamen del Procurador Fiscal, el Tribunal entendió que en el caso resultaban aplicables los estándares establecidos en el precedente “Núñez, Ricardo Alberto” (Fallos, 327:5095), en la medida en que ninguna de las manifestaciones in pauperis articuladas por José Luis Reinoso habían ameritado la intervención de una defensa técnica que las canalizara jurídicamente. Es por ello que, tras hacer lugar al planteo interpuesto por la Defensoría Oficial ante esa instancia, la Corte declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del recurso de casación articulado in forma pauperis por Reinoso “…que deberá ser resuelto una vez puesta a salvaguarda la efectiva y sustancial asistencia letrada…” del nombrado.

Montenegro, Raúl Alberto” (Fallos, 330:4471).

La Cámara del Crimen de Onceava Nominación de la provincia de Córdoba había condenado a Raúl Alberto Montenegro a la pena de veinte años de prisión. En tal contexto, también resultaron condenados sus consortes de causa: Romo, Sanz y Oviedo. Contra dicha sentencia, sólo dedujeron recurso de casación las defensas de Sanz y Romo, el que fue rechazado por el tribunal local el día 6 de octubre de 2004. No obstante ello y el día 29 de noviembre de 2004, Raúl Montenegro remitió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una nota manuscrita –in pauperis– por medio de la cual pretendió recurrir la sentencia que lo había condenado. El día 20 diciembre de ese año, el entonces presidente del máximo Tribunal remitió a la justicia local la presentación a los efectos de que se le imprima el trámite de ley. Ocurrido ello, el tribunal cimero provincial decidió rechazar esa presentación in pauperis en la medida en que –a su juicio- resultaba palmariamente extemporánea, pues Montenegro había omitido manifestar su voluntad en las diversas oportunidades en que pudo hacerlo. El día 14 de marzo de 2005, el justiciable recurrió in pauperis esa decisión, motivo por el cual tomó intervención la Defensoría Oficial ante el máximo Tribunal que, en su respectiva fundamentación técnica, planteó la nulidad de todo lo actuado desde el momento en el que las actuaciones ingresaron en el Superior tribunal cordobés, en tanto y en cuanto ese órgano había omitido dar vista a un defensor con el objeto de que cimentara en derecho la voluntad de Montenegro. La Corte Suprema –por mayoría y tras remitirse al dictamen del Procurador Fiscal- hizo lugar a la presentación y, en consecuencia, declaró la nulidad de la resolución que rechazó por extemporánea la presentación de Montenegro.

Para llegar a tal decisión y luego de recordar su tradicional doctrina en punto a los alcances del derecho de defensa y al valor de las presentaciones in pauperis, la Corte entendió que antes de expedirse sobre la procedencia formal de la presentación de Montenegro, el tribunal apelado debió haber otorgado intervención a una asistencia técnica que estuviera en condiciones de fundarla.

Ruiz, Ramón Armando” (Fallos, 333:1469).

La Cámara en lo Criminal de la Cuarta Circunscripción Judicial de Gualeguay (Entre Ríos) había condenado a Ruiz a la pena de ocho años de prisión como coautor de los delitos de robo agravado y portación ilegal de arma de fuego de uso civil en concurso real entre sí.

Ruiz fue notificado de la condena en la audiencia celebrada a tal efecto, sin la presencia de su defensor oficial. El defensor fue notificado de la sentencia condenatoria más tarde en su despacho e interpuso recurso de casación. El Superior Tribunal de Justicia declaró que el remedio procesal había sido interpuesto en forma extemporánea tomando como única fecha de notificación la de la audiencia en la que había estado presente sólo Ruiz. La defensa interpuso recurso extraordinario federal que fue rechazado por el Superior Tribunal con insistencia en su argumento anterior y con la indicación de que la ausencia del defensor oficial de Ruiz en la audiencia de lectura había quedado salvada por la presencia del asistente público del co-imputado, toda vez que a este último le correspondía subrogar al primero según la ley de los Ministerios Públicos.

Contra esa decisión, el justiciable interpuso un recurso de hecho por derecho propio que fue fundado por la Defensoría Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La defensa señaló, en lo que aquí interesa, que el tribunal de juicio debió advertir que la ausencia de defensor técnico en el momento decisivo de tomar conocimiento de la condena colocó a Ruiz en estado de indefensión. Se refirió además que las consideraciones vertidas en el fallo acerca de que la presencia del asistente del otro encausado satisfacía la defensa material de ambos, resultaban inaceptables, en tanto el co-imputado guardaba intereses contrapuestos con Ruiz.

La Corte Suprema –por mayoría y por remisión al dictamen del Procurador General- hizo lugar la queja, aduciendo que no era jurídicamente posible que el mismo defensor se hubiera hecho cargo de la asistencia de ambos imputados (que mantenían intereses contrapuestos entre sí). La Corte reafirmó la regla de que el ejercicio de defensa debe ser cierto, de modo tal que quien sufre un proceso penal debe ser provisto de un adecuado asesoramiento legal.

La defensa pública eficaz en el ámbito del sistema interamericano:

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “el debido proceso se encuentra…íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal…ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa13. La defensa debe ser material y efectiva, y no sólo formal, ya que esa es la única forma de obtener el mayor nivel posible de corrección del derecho y, como consecuencia, una decisión justa.

En ese fallo la Corte IDH estimó que el Estado no puede ser considerado responsable de todas las fallas de la defensa pública, dado la independencia de la profesión y el juicio profesional del abogado defensor. Consideró que, como parte del deber estatal de garantizar una adecuada defensa pública, es necesario implementar adecuados procesos de selección de los defensores públicos, desarrollar controles sobre su labor y brindarles capacitaciones periódicas.

La Corte IDH ha fijado el estándar que rige el control de la efectividad de la defensa y ha dejado en claro que se trata de una responsabilidad a cargo de las autoridades jurisdiccionales, quienes, ante un supuesto caso de asistencia técnica deficiente, deben evaluar “si la acción u omisión del defensor público constituyó una negligencia inexcusable o una falla manifiesta en el ejercicio de la defensa que tuvo o puede tener un efecto decisivo en contra de los intereses del imputado” (párr. 164). Precisó que una discrepancia no sustancial con la estrategia de defensa o con el resultado de un proceso no será suficiente para generar implicaciones en cuanto al derecho a la defensa.

El Alto Tribunal Interamericano se ha ocupado también del tema en precedentes como “Castillo Petruzzi vs. Perú”, “Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador”, “López Álvarez vs. Honduras” y “Tibi vs. Ecuador”.

En “Cabrera García y Montiel Flores vs. México” se había resaltado expresamente que la defensa suministrada por el Estado debe ser efectiva.

Para ello, una de las garantías clave, dijo la Corte, es la de contar con el tiempo y los medios adecuados para prepararla.

En esa ocasión se aclaró que nombrar a un defensor de oficio con el solo objeto de cumplir con la formalidad, sería lo mismo que no contar con defensa técnica, de manera que era insoslayable que ese defensor actuara de manera diligente con el fin de proteger las garantías del acusado y evitar que sus derechos sean lesionados.

Lo que falta:

Señala Gustavo Vitale que “el Ministerio Público de la Defensa debe contar con personas capaces, formadas jurídicamente y, en especial, con cabal manejo de la teoría jurídico-penal y de su puesta en práctica, comprometidas con los principios del Estado Constitucional de Derecho y con el respeto irrestricto de los Derechos Humanos. Para ello debe implementar sistemas de capacitación técnico-jurídica y alentar la participación en jornadas y congresos encaminados a intercambiar ideas sobre la temática jurídica. De la misma manera, debe alentarse la publicación de trabajos que comprometan a los operadores en la defensa de las garantías constitucionales y convencionales (que tutelan los derechos fundamentales de las personas asistidas, frente al poder punitivo del Estado). Con ello, además de buscar siempre la eficacia de la defensa, también se procura controlar la calidad y el contenido de justicia de las decisiones judiciales.14

La tarea por delante es mucha, pues como hemos visto el control aparece ex post y en casos prácticamente flagrantes.

Indica Nicolás Ossola que “el contralor jurisdiccional y el consecuente sistema de penalidades –de aplicación excepcional–llega tarde y se reserva, en general, para casos de extrema negligencia o hasta inexplicable temeridad de los letrados. Esto hace que los sistemas de defensa pública deban estructurar mecanismos propios que tiendan a la optimización, fortalecimiento y control del servicio, como instancia preventiva. Entre otras posibilidades, tienden a dicho objetivo el dictado de instrucciones generales y protocolos de actuación, la creación de áreas temáticas de apoyo, la formación coordinada de equipos de trabajo, la disposición de foros de consulta e intercambio de información y experiencias, la capacitación permanente de los operadores, el análisis con estadística e indicadores, la auditoría interna y externa del organismo y la existencia de canales idóneos para la recepción de reclamos de los asistidos.15

La ley Orgánica de Ministerio Público de la Defensa establece al respecto la autonomía e independencia técnica y busca garantizar los criterios profesionales de quien gestiona el caso. Impone la obligación de los integrantes del organismo de fundamentar las presentaciones judiciales que realice su asistido, salvo que fueren notoriamente improcedentes, en cuyo caso se lo harán saber. Junto a ello, corresponde a un deber específico de los defensores públicos “instar el agotamiento de las vías recursivas a fin de propender a la mejor solución jurídica para sus defendidos o asistidos (art. 42, inc. s), Ley 27149).

El ámbito privado no es más alentador, pues -citando a Alberto Binder- Ossola nos recuerda que “[n]o existen en Argentina mecanismos de control de la calidad de los servicios jurídicos privados. La labor de los abogados sólo será revisada por tribunales disciplinarios en casos extremos de una grosera falta disciplinaria o ética, pero no existen herramientas para monitorear y garantizar estándares mínimos de trabajo, ni corregir problemas estructurales de las prácticas forenses.

Dos reputados Defensores Públicos de la Provincia de Buenos Aires advierten que tal vez “ya sea tiempo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos comience a interpretar hasta el fondo las implicancias organizativas que se deriva de la inviolabilidad de la defensa en juicio y del debido proceso para asegurar la efectividad de la garantía.” A su juicio “hace falta un pronunciamiento sobre la cara interna del debido proceso, que es el derecho de la organización judicial.”16

Síntesis:

La defensa penal no es formal. Las precondiciones para su ejercicio adecuado involucran que el acusado sea notificado personalmente de las decisiones importantes, que cuente con los medios y el tiempo para preparar su caso, y que la defensa técnica estudie seriamente las cuestiones impugnables que puedan surgir de un fallo adverso, más aún en el caso de la defensa oficial porque en esos supuestos es la sociedad la que le impone esa obligación17.

La Corte Suprema se ha preocupado por dejar claro que los órganos jurisdiccionales están obligados a proveer lo necesario para que no se produzcan situaciones de indefensión, incluso en contra de la voluntad del acusado. En materia recursiva, deben suplir las omisiones del recurso cuando la voluntad de impugnar sea expresa, clara y firme.

El derecho de defensa comprende una defensa eficaz, oportuna, realizada por gente capacitada, que permita fortalecer la salvaguarda del interés concreto del imputado.

Más allá de que resulta imposible definir una regla general sobre la defensa eficaz, las omisiones inexcusables y las fallas manifiestas en perjuicio de los intereses del defendido, como puso de resalto la Corte IDH, son pautas rectoras.

El reverso de la moneda es contundente: la violación de las normas que garantizan la vigencia del derecho de defensa puede generar responsabilidad internacional del Estado, en tanto se conecta con el derecho a la protección judicial, el juicio contradictorio y el derecho al recurso como garantía de los acusados.

1 Causa CSJ 344/2017/RH1 “Iñigo, David Gustavo y otros s/ privación

ilegítima de la libertad”, rta. 26 de febrero de 2019.

2 LANGEVIN, Julián Horacio, Sin defensa no hay juicio. Rol de la defensa en los juicios criminales, Bs. As, ed. Fabián Di Plácido, 2014, p. 36/37.

3 Principio 13 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados. Comité de Derechos Humanos (HRC), Observación General 13, párr.9.

4 Principio 14.

5 Principio 6.

6 HRC “Kelly v. Jamaica”, Comunicación 253/1987, 8/4/91.

7 Derecho “A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo.

8 “Ártico”, 13/5/1980, 37 Ser. A 16.

9 MAIER, Julio B. J., Derecho Procesal Penal, II. Parte General, Sujetos procesales, Bs. As., Editores del Puerto, 2003, p. 269.

10 Ibidem, p. 271.

11 Ibidem.

12 Ibidem, p. 273.

13 Corte IDH. Caso “Ruano Torres y otros Vs. El Salvador”.

14 VITALE, Gustavo, Derecho a la defensa eficaz elegida. Carácter subsidiario de la defensa pública y deber de apartamiento, consultado en [www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/12/doctrina44589.pdf].

15 OSSOLA, Nicolás, Observaciones sobre el control de efectividad de la asistencia técnica a partir de la jurisprudencia de la CSJN, Estudios sobre jurisprudencia del Ministerio Público de la Defensa, 2016.

16 HARFUCH, Andrés (et al), La defensa pública penal, Bs. As., ed. Ad-.Hoc, 2016, p. 101.

17 Fallos: 320:854.