Medio Ambiente y Derechos Humanos

por María José Fauda, Secretaría de Leyes Especiales, Juzgado Federal de Río Cuarto (Pcia. de Córdoba)

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Sumario: la autora analiza los principales aspectos de la reciente Opinión Consultiva Nº 23/17, fechada 15 de noviembre de 2017, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la solicitud formulada por el Estado Colombiano, en la que se vincula la protección del medio ambiente con los derechos humanos fundamentales. El documento constituye, en expresiones del propio Tribunal, una de las primeras oportunidades, para referirse, de manera extendida, a las obligaciones estatales que surgen de la necesidad de protección del medio ambiente bajo la Convención Americana, reconociéndose una innegable relación de interdependencia e indivisibilidad entre Derechos Humanos, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Los derechos humanos se basan en el respeto de atributos humanos fundamentales como la dignidad, la igualdad y la libertad. La realización de esos atributos depende de un medio ambiente que les permita florecer. Al mismo tiempo, la protección eficaz del medio ambiente depende con frecuencia del ejercicio de derechos humanos que son vitales para la formulación de políticas informadas, transparentes y adecuadas”1

Marco Convencional

De modo extenso, y con valiosas consideraciones, que no pretenden ser agotadas en este análisis, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ejercicio de su competencia consultiva, acordada por el art. 64.1 de la Convención Americana, refiere que su propósito es coadyuvar a los Estados Miembros y a los Órganos de la OEA para que cumplan de manera cabal y efectiva sus obligaciones internacionales en la materia, definiendo y desarrollando políticas públicas en Derechos Humanos.

La Opinión Consultiva en análisis alude al Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador, art. 11) y Pacto de San José de Costa Rica (art. 26) como fuentes normativas que consagran el derecho a un medio ambiente sano, entendido como derecho autónomo con connotaciones tanto individuales como colectivas, considerando que entre los derechos particularmente vulnerables a afectaciones ambientales se encuentran los derechos a la vida, integridad personal, vida privada, salud, agua, alimentación, vivienda, participación en la vida cultural, derecho a la propiedad y el derecho a no ser desplazado forzadamente.

Resalta la instancia regional que, el derecho al medio ambiente sano, como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos.

Advierte la Corte una tendencia a reconocer personería jurídica y por ende derechos a la naturaleza no sólo en sentencias judiciales sino incluso en ordenamientos constitucionales, citándose los casos del Preámbulo de la Constitución Boliviana y el art. 71 de la Constitución Ecuatoriana 2.

Se mencionan a lo largo del análisis, antecedentes que aluden a la relación medio ambiente sano y protección de derechos humanos, tanto en el ámbito Americano cuanto en el Sistema Europeo y Africano de protección, haciéndose notar que los daños ambientales se dejarán sentir con más fuerza en los sectores de la población que ya se encuentran en situaciones vulnerables.

Tras referir acerca de la consulta específica del caso, concluye señalando, entre otros tópicos, que los Estados parte de la Convención Americana, tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos consagrados en dicho instrumento a toda persona bajo su jurisdicción y que el ejercicio de ésta acarrea responsabilidad estatal por las conductas que le sean atribuibles y que se aleguen violatorias de los derechos allí consagrados.

Enuncia la opinión consultiva un extenso catálogo de obligaciones y deberes a asumir por los Estados, siendo, a mi criterio, los puntos de mayor gravitación los que seguidamente se señalan.

Prevención de Daños- Estudios de Impacto Ambiental

Respecto de la obligación de garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana, señala la Corte que el deber de prevención abarca las medidas que los Estados promuevan en salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y susceptibles de acarrear sanciones e indemnizaciones por sus consecuencias perjudiciales.

En el ámbito del derecho ambiental, precisa, que el principio de prevención forma parte del derecho internacional consuetudinario, e implica para los Estados la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados.

Considerando que frecuentemente no es posible restaurar la situación existente antes de la ocurrencia de un daño ambiental, indica que la prevención debe ser la política principal respecto de la protección del medio ambiente, desarrollando de modo profuso aspectos tales como el ámbito de aplicación de la obligación de prevención, tipo de daño que se debe prevenir, y medidas que deben adoptar los Estados para cumplir la referida obligación.

Concluye advirtiendo que a efectos de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal, los Estados tienen la obligación de prevenir daños ambientales significativos.

En el marco de la obligación de prevención que los Estados deben cumplir, la Corte se pronuncia sobre la necesidad de llevar a cabo estudios de impacto ambiental, tema al que reconoce haberse referido anteriormente respecto de actividades desarrolladas en territorio de comunidades indígenas, estableciendo que el objetivo de esos estudios no es únicamente tener alguna medida objetiva del posible impacto sobre la tierra y las personas, sino también asegurar que los miembros del pueblo tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los ambientales y de salubridad para que puedan evaluar si aceptan el plan de desarrollo o inversión propuesto, con conocimiento y de forma voluntaria.

En la presente ocasión, el Tribunal Regional advierte que la obligación de llevar a cabo un estudio de impacto ambiental existe también en relación con cualquier actividad que pueda causar un daño ambiental significativo; con invocación de la Declaración de Río y legislación de numerosos Estados, reconoce la calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.

Refiere que la Corte Internacional de Justicia ha indicado –en el caso de las plantas de celulosa sobre el Río Uruguay (Argentina vs. Uruguay del año 2010)- que el deber de debida diligencia implica llevar a cabo un estudio de impacto ambiental cuando existe un riesgo de que una actividad propuesta pueda tener un impacto adverso significativo en un contexto transfronterizo y, particularmente, cuando involucra recursos compartidos, residiendo esta obligación en el Estado que planea llevar a cabo dicha actividad o bajo cuya jurisdicción se va a llevar a cabo la actividad.

La Corte afirma el carácter obligatorio del estudio de impacto cuando se esté ante una actividad que implica riesgo de daño significativo, siendo independiente si se trata de un proyecto realizado directamente por el Estado o por personas privadas, debiendo los mismos realizarse conforme a los estándares internacionales y buenas prácticas al respecto, puntualizando ciertas condiciones que deben cumplir dichos estudios de impacto ambiental, las que pueden sintetizarse en las siguientes:

Llevarse a cabo antes de la realización de la actividad: debiendo ser concluido de manera previa a ésta o antes del otorgamiento de los permisos necesarios para su realización. El Estado debe garantizar que no se emprenda ninguna actividad relacionada con la ejecución del proyecto hasta que el estudio de impacto ambiental sea aprobado por la autoridad estatal competente.

Realizado por entidades independientes bajo la supervisión del Estado: sin perjuicio de quien los realice (propio Estado o entidad privada), en ambos casos, es el Estado quien en el marco de su deber de supervisión y fiscalización, debe asegurarse que el estudio se realizó correctamente. Debe igualmente el Estado tomar las medidas para asegurar la independencia de las entidades privadas, si son éstas las que lo llevan a cabo. El Estado debe asimismo tomar en cuenta el impacto que pueda tener su proyecto en sus obligaciones de derechos humanos.

Abarcar el impacto acumulado: que han generado los proyectos existentes y los que vayan a generar los que hubieran sido propuestos. Refiere que en caso de proyectos relacionados deben tomarse en cuenta tanto los estudios principales cuanto los asociados. Debe tomarse en cuenta el impacto causado por otros proyectos existentes.

Participación de las personas interesadas: toma nota de los objetivos y principios de los estudios de impacto ambiental adoptados por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente de 1987, en los que se establece que los Estados deberían permitir que expertos y grupos interesados puedan hacer comentarios a los estudios de impacto ambiental. Si bien estos principios no son vinculantes, son recomendaciones de un ente técnico internacional que deberían ser tomadas en cuenta por los Estados.

Se destacan en el punto las disposiciones de Ley Argentina 25.675, que en el art. 21 prevé la participación ciudadana.

Considera la Corte que la participación del público interesado permite realizar un examen más completo del posible impacto que tendrá el proyecto o actividad, así como si afectará o no derechos humanos. Es recomendable, opina, que los Estados permitan que las personas que pudieran verse afectadas o, en general cualquier persona interesada tengan oportunidad de presentar sus opiniones o comentarios sobre el proyecto o actividad antes que se apruebe, durante su realización y después que se emita el estudio de impacto ambiental.

Respetar tradiciones y cultura de los pueblos indígenas: cuando pueda afectarse su territorio, y a partir de la consideración a la conexión intrínseca que los integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen con el mismo.

Contenido de los Estudios de Impacto Ambiental: dependerá de las circunstancias específicas de cada caso y el nivel de riesgo que implica la actividad propuesta, estimando que los Estados deben determinar y precisar, mediante legislación o mediante el proceso de autorización del proyecto, el contenido específico que se requiere.

Principio de Precaución

A partir del parágrafo 175 de la Opinión Consultiva en análisis, la Corte IDH desarrolla el principio de precaución, destacando que, en materia ambiental, se refiere a las medidas que deben adoptarse en casos donde no existe certeza científica sobre el impacto que pueda tener una actividad en el medio ambiente.

Menciona tratados internacionales, normativa interna de los Estados –con cita, nuevamente de la Ley General del Ambiente de Argentina- y jurisprudencia, referidos al principio precautorio.

Asimismo, establece que al interpretar la Convención, como ha sido solicitado en este caso, debe siempre buscarse el “mejor ángulo” para la protección de la persona. Por lo tanto, entiende que los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica.

Sentencia que, deben adoptarse las medidas que sean “eficaces” para prevenir un daño grave e irreversible, anotando en este punto que el contenido de este principio varía dependiendo de la fuente; sin embargo, de acuerdo a las formulaciones más comunes en los instrumentos internacionales más relevantes y la normativa interna de la región, el principio de precaución es aplicable cuando exista un peligro de daño grave e irreversible, pero no se tenga certeza científica absoluta al respecto. En este sentido, formula una distinción respecto del nivel de daño que se requiere, el que deberá ser mayor que el estándar aplicable a la obligación de prevención; se requiere un riesgo de daño significativo.

El principio enunciado, ha sido receptado, como se dijera en la opinión aquí analizada, en diversos instrumentos y declaraciones internacionales correspondiendo sólo a título de ejemplo mencionar la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro de 1992, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Con cita de Tribunales Internacionales se indica que el enfoque de precaución ha iniciado una tendencia a formar parte del derecho internacional consuetudinario y es parte integral de la obligación general de debida diligencia, la cual obliga al estado de origen a tomar todas las medidas apropiadas para prevenir el daño que pueda resultar de actividades que realice, aplicando, esta obligación en situaciones donde la evidencia científica referente al alcance y potencial impacto negativo de la actividad sea insuficiente pero existan “indicadores plausibles de los riesgos potenciales”3.

Un necesario paréntesis en el análisis de la decisión regional, y dada la mención que allí se realiza de Ley General de Ambiente Argentina, conduce la mirada de la temática en desarrollo hacia la previsión normativa del orden vernáculo. Así, la adopción del principio precautorio en el art. 4 de la Ley 25.675, indica que todo daño a la salud o al medio ambiente debe ser evitado o minimizado a través de medidas de carácter preventivo; expresamente se consigna que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación anota que “A la luz del principio precautorio, cuando haya peligro de daño grave e irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente –art. 4° de la ley 25.675. El juicio de ponderación al que obliga la aplicación del principio precautorio exige al juez considerar que todo aquel que cause daño ambiental es responsable de restablecer las cosas al estado anterior a su producción (art. 41 de la Constitución Nacional, art. 27 de la Ley 25.675 y art. 263 del Código de Minería”4

Obligaciones de Procedimiento

Otro segmento interesante de la Opinión Consultiva Regional aquí analizada, está dado por el grupo de obligaciones que la Corte IDH denomina de procedimiento, en la medida que respaldan una mejor formulación de las políticas ambientales. Se alude a jurisprudencia de la instancia regional 5 que ha reconocido el carácter instrumental de ciertos derechos de la Convención Americana, tales como el derecho de acceso a la información, en la medida en que permiten la satisfacción de otros derechos en la Convención, incluidos el derecho a la salud, la vida o la integridad personal.

A partir de su calificación6, se desarrollan las obligaciones de procedimiento en relación al medio ambiente, encontrándose dentro de su detalle las que siguen:

Acceso a la información: conforme interpretara con anterioridad la Corte IDH en su precedente “Claude Reyes” entre otros, el art. 13 de la Convención protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones del Pacto de San José de Costa Rica.

En la presente ocasión, consigna que los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar el acceso a la información relacionada con posibles afectaciones al medio ambiente. Esta obligación debe ser garantizada a toda persona bajo su jurisdicción, de manera accesible, efectiva y oportuna, sin que el individuo solicitando la información tenga que demostrar un fin específico

En el marco de la protección del medio ambiente, esta obligación implica tanto la provisión de mecanismos y procedimientos para que las personas individuales soliciten la información, como la recopilación y difusión activa de información por parte del Estado. Este derecho no es absoluto, admite restricciones legales, que respondan a un objetivo permitido por la Convención Americana y sean necesarias y proporcionales para responder a un interés general en una sociedad democrática.

Participación Pública: “…representa uno de los pilares fundamentales de los derechos instrumentales o de procedimiento…”, principia enunciando la Corte Regional, con cita del art. 23.1. a) de la Convención Americana, que consagra el derecho a la participación de los ciudadanos en la dirección de asuntos públicos. Respecto a la temática ambiental, dice la Corte que la participación representanta un mecanismo para integrar las preocupaciones y el conocimiento de la ciudadanía en las decisiones de políticas públicas que afectan al medio ambiente. Se destaca que la participación en la toma de decisiones aumenta la capacidad de los gobiernos para responder a las inquietudes y demandas públicas de manera oportuna, construir consensos y mejorar la aceptación y el cumplimiento de las decisiones ambientales. Alude a los momentos en que el Estado debe garantizarla; debiendo ser efectiva desde las primeras etapas del proceso de adopción de decisiones. Finalmente, y en relación a los mecanismos de participación menciona audiencias públicas, notificación y consultas, participación en procesos de formulación y aplicación de leyes, así como mecanismos de revisión judicial, esto último con cita de sistemas jurídicos internos de varios estados de la OEA7.

Acceso a la justicia: comprende la obligación de los Estados de suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción8.

Concretamente en materia ambiental, refiere a la sazón, que el acceso a la justicia permite al individuo velar por que se apliquen las normas ambientales, siendo un medio para remediar cualquier violación a los derechos humanos que hubiera sido causada por el incumplimiento de normas ambientales, incluyendo los recursos y la reparación.

El acceso a la justicia garantiza la plena realización de los derechos a la participación pública y al acceso a la información, a través de los mecanismos judiciales correspondientes.

Con mención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos9, se refiere a la obligación positiva de establecer un procedimiento efectivo y accesible para que los individuos puedan acceder a toda la información relevante y apropiada, facilitando así la evaluación de los riesgos provenientes de actividades peligrosas, resaltándose, respecto a la participación pública que los individuos deben tener la posibilidad de recurrir judicialmente cualquier decisión, acto u omisión respecto de los cuales estimen que, al tomarse la decisión o adoptarse la conducta, no se concedió suficiente atención a sus intereses u opiniones.

En consideración al plexo ambiental internacional, plasmado en diversos instrumentos internacionales10, la Corte IDH establece que los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a la justicia en relación con las obligaciones estatales para la protección del medio ambiente que han sido enunciadas; en este sentido, los estados deben garantizar que los individuos tengan acceso a recursos, sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal, para impugnar cualquier norma, decisión, acto u omisión de las autoridades públicas que contraviene o puede contravenir las obligaciones de derecho ambiental; para asegurar la plena realización de los demás derechos de procedimiento, es decir, el derecho al acceso a la información y la participación pública, y para remediar cualquier violación de sus derechos, como consecuencia del incumplimiento de obligaciones de derecho ambiental.

Se contempla igualmente el acceso a la justicia en casos de daños transfronterizos cuando existe una relación de causalidad entre el proyecto o actividad realizada, o por realizar, en su territorio y la afectación de los derechos humanos de personas fuera de su territorio, debiendo los Estados garantizar el acceso a la justicia a las personas potencionalmente afectadas por daños transfronterizos originados en su territorio. Adicionalmente, en virtud de la obligación general de no discriminar, los Estados deben garantizar el acceso a la justicia a las personas afectadas por daños transfronterizos originados en su territorio sin discriminación en razón de la nacionalidad, la residencia o el lugar en que haya ocurrido el daño, citándose tratados e instrumentos internacionales que prevén la aplicación no discriminatoria para personas posiblemente afectada que no se encuentran en el territorio del Estado de origen 11.

Control de Convencionalidad

La Opinión Consultiva 23/17 contiene otro aspecto a destacar, el que está dado por su alusión al Control de Convencionalidad en materia consultiva, y las obligaciones estatales en materia ambiental, ello en referencia al impacto interno que su decisión pudiere tener para otros Estados que no sean los requirentes de la consulta.

En tal cauce y dando marco a las cuestiones que seguidamente desarrolla, la Corte estima necesario recordar que “…conforme al derecho internacional, cuando un Estado es parte de un tratado internacional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dicho tratado obliga a todos sus órganos, incluidos los poderes judicial y legislativo, por lo que la violación por parte de alguno de dichos órganos genera responsabilidad internacional para aquél. Es por tal razón que estima necesario que los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad para la protección de todos los derechos humanos, también sobre la base de lo que señale en ejercicio de su competencia consultiva, la que innegablemente comparte con su competencia contenciosa el propósito del sistema interamericano de derechos humanos, cual es, “la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos”12.

Someramente recordemos, que la doctrina del Control de Convencionalidad cobró aceptación plenaria en el seno de la Corte Interamericana en el caso «Almonacid Arellano» indicándose en aquellos inicios como destinatario del mismo al Poder Judicial. Concretamente se consigna en la referida sentencia que: «La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de «control de convencionalidad» entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana»13.

Doctrinariamente se explica que “La lógica de funcionamiento del nombrado mecanismo sería la siguiente: la Corte IDH fija un criterio o estándar (que es un umbral cuyo alcance puede ser ampliado por las jurisdicciones internas, tomando al principio pro persona como fuente nutricia) y, control de convencionalidad mediante, los órganos competentes locales lo aplican (en la medida de lo aplicable) en los casos concretos que se les presenten. Así, se aligera prospectivamente la carga de trabajo del Tribunal Interamericano, relevándolo de un conjunto de casos que pueden y deben ser asumidos por magistrados y demás autoridades competentes en los órdenes internos, siempre dentro del marco de sus respectivas atribuciones. De tal manera, la exigencia del control de convencionalidad intraestatal obedece a la dinámica de irradiación de la jurisprudencia de la Corte IDH hacia los Estados que han aprobado y ratificado la CADH y reconocido la jurisdicción contenciosa de ese Tribunal”14 .

Conclusiones

La Opinión analizada es rica en temáticas; algunas, ratificando líneas ya trazadas por la instancia regional, otras, abordando desde enfoques novedosos aspectos en los que se entrelazan, vinculan y retroalimentan derechos humanos y medio ambiente.

Finalmente, y dado que la decisión consultiva se asume por unanimidad, también son puntos a analizar, los considerados en los votos concurrentes de los Jueces que discrepan con la mayoría sobre la inclusión del derecho al medio ambiente en la categoría de los Derechos Económicos Sociales y Culturales y su justiciabilidad directa ante el Sistema Interamericano.

Como cierre, advierto que la Corte IDH propugna en su decisión, una repercusión amplia de sus consideraciones, toda vez que con invocación del interés general que revisten sus opiniones consultivas, destaca que no procede limitar el alcance de las mismas a unos Estados específicos, trascendiendo las cuestiones planteadas en la solicitud, el interés de los Estados parte del Convenio de Cartagena, siendo de importancia para todos los Estados del planeta15.

De ello, la necesidad de seguir profundizando sobre los lineamientos aquí trazados, en vista al valor indiscutible que el ambiente posee como bien jurídico fundamental en la realización de un plan de vida digno.

El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y condiciones adecuadas de vida, en un ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras…” 16

1 Consejo de Derechos Humanos, Informe preliminar del Experto independiente Knox, John citado en parágrafo 51 de la Opinión consultiva 23/17 Corte IDH.

2 Parágrafo 62 OC23/17 Corte IDH

3 Tribunal Internacional del Derecho del Mar, Opinión Consultiva de 1 de febrero 2011.

4 CSJN “CRUZ, Felipa y Otros c/Minera Alumbrera Limites y Otro s/Sumarísimo”, 23/2/2016.

5 FURLAN y familiares Vs. Argentina, 31 de agosto de 2012

.

6 Parágrafo 211 OC 23/17

7 Parágrafo 232 y cita 530.

8 Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras

9 TEDH, GUERRA y otros Vs. Italia del 19 de febrero de 1998, párrafo 60 , Caso TASKIN y otros Vs. Turquía del 10 de noviembre de 2004, párrafo 119.; citas en notas 489 y 533 OC 23/17.

10 Véase parágrafo 236

11 Ejemplo Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos de la Navegación, entrada en vigor el 17 de agosto de 2014, art. 32, entre otros citados en nota 538.

12 Parágrafo 28 O.C.23/17

13 Corte Interamericana de Derechos Humanos “Almonacid Arellano y otros vs CHILE” 26/9/2006. Parágrafo 124.

14

 BAZAN, Víctor, “Control de Convencionalidad influencias jurisdiccionales recíprocas”, La Ley 4 de abril de 2012.

15 Parágrafo 35 OC 23/17

16 Principio 1 Declaración de Estocolmo 1972