La razonabilidad del tiempo en el proceso penal

por Juan Martín Nogueira (Fiscal Ad Hoc de la Unidad Fiscal Federal de la ciudad de La Plata)

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Sumario: El autor aborda la problemática del plazo razonable como garantía del debido proceso. A través de un análisis de la normativa aplicable y las pautas establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desarrolla todos aquellos lineamientos que permiten identificar conceptualmente la cuestión, calificar una situación como violatoria de tal garantía, estableciendo a su vez las consecuencias jurídicas que trae aparejado ello, esencialmente a través del instituto de la prescripción de la acción penal.

I

El derecho a un plazo razonable y el debido proceso

El tiempo del proceso ocupa un lugar central en la idea de lo que debe ser un juicio, siendo una de las condiciones del debido proceso. Es un aspecto que conceptualiza a la actividad jurisdiccional en la dimensión de su duración, junto con otros elementos esenciales como el derecho de defensa, el principio de legalidad y el de juez natural.

Un proceso que persiste ilimitadamente o por tiempos desmedidos no es un juicio justo, a pesar de que se cumplan con las otras condiciones. En tal sentido, el tiempo se erige en un derecho a que los conflictos ventilados en la Justicia sean resueltos en un plazo razonable.

En el caso de las causas penales, el tiempo trasunta un derecho bifronte.

Por un lado, recepta el interés de los imputados a que su situación procesal sea resuelta en un tiempo oportuno y a no ser mantenidos indefinidamente en un estado de incertidumbre. Es un aspecto del derecho de defensa1.

Por otra parte, también cubre el interés de las víctimas a que la justicia investigue y sancione a los responsables de sus padecimientos en un tiempo adecuado, de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos produzcan la impunidad, y con ello la frustración de su derecho a la protección judicial2.

En tal orden, los instrumentos internacionales de derechos humanos han receptado de manera expresa la vinculación de la garantía del debido proceso respecto de la existencia de un plazo razonable de duración del proceso penal.

Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-, dispone en su art. 7°.5 –vinculado a la libertad personal- que “…Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable…”; en tanto que en el art. 8.1 –relacionado con las garantías judiciales- se establece que: «…Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, o de cualquier otra índole…».

Por su parte, el artículo 14.3.C). del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que: “…Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a ser juzgada sin dilaciones indebidas…”.

En relación a este último apartado se ha expedido el Comité de Derechos Humanos, en la Observación General n° 13 referida a la «Administración de Justicia», donde se establecen sus alcances. Así en el punto 10) puede leerse que “…en el apartado c) del párrafo 3 se dispone que el acusado será juzgado sin dilación indebida. Esta garantía se refiere no sólo al momento en que debe comenzar un proceso sino también a aquel en que debe concluir y pronunciarse la sentencia; todas las fases del proceso deben celebrarse «sin dilación indebida». Con objeto de que este derecho sea eficaz, debe disponerse de un procedimiento para garantizar que el proceso se celebre «sin dilación indebida», tanto en primera instancia como en apelación…”3.

En el derecho interno, la Constitución histórica lo receptaba de manera implícita en la idea de debido proceso receptada en el artículo 18 de la Constitución Nacional, en función del principio de razonabilidad previsto en el art. 28 de la misma, siendo así aplicado por nuestro Máximo Tribunal a partir del caso “Mattei” en el año 19684.

Fue a partir de la reforma de 1994 cuando aquellos postulados de los pactos se convierten en una garantía con rango constitucional, a partir de lo establecido por el art. 75, inc. 22, de nuestra Carta Magna.

De esta manera, y en tal orden normativo, la tramitación de las causas judiciales en tiempos razonables se erige en una obligación internacional que asume el Estado argentino al aprobar los instrumentos internacionales aludidos y hacerlos partícipes de nuestro derecho interno.

Esta situación a su vez, en la perspectiva de la función jurisdiccional del Estado, genera una competencia configurada por un doble control de constitucionalidad y de convencionalidad, en cuanto a la necesidad de que los procesos judiciales sean resueltos en tiempos razonables de acuerdo al pacto y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ello, en el entendimiento de que dicho control es un deber que asumen las autoridades en orden a «adaptar» el derecho interno (ya sea a través de una ley, acto administrativo o sentencia) al derecho internacional de los derechos humanos (Arts. 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

En consecuencia, la aplicación que se haga deberá estar guiada por una interpretación que integre los documentos internacionales que comprenden la problemática, por lo que toda actuación estatal que desatienda las obligaciones que allí surgen podrá generar responsabilidad internacional del Estado (art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados).5

II

Cuándo es irrazonable el plazo

Una de las cuestiones más intrincadas que presenta esta temática es determinar cuándo, en qué circunstancias, estamos en presencia de un plazo irrazonable en la tramitación de un juicio penal.

Frente a ello nos encontramos con que en nuestro derecho no existen normas que resuelvan de manera expresa la cuestión, quedando librado al entendimiento del juez en cada caso, a su libre y prudente criterio.

Y aquí aparecen posturas que ponen reparos y objetan dicho nivel de discrecionalidad judicial, proponiéndose una legislación que establezca concretamente plazos y una casuística aplicable6.

Sin perjuicio de tener presente estas observaciones, no puede dejar de advertirse que indagar sobre la razonabilidad de cualquier situación –en nuestro caso el plazo- implica de por si un insoslayable margen de discrecionalidad judicial que evaluará en cada caso si se dan las condiciones para reputar el tiempo que insume una causa como desmedido.

La razonabilidad es un principio que implica interpretar las normas en función de sus finalidades y últimos sentidos, lo que involucra penetrar en sus disposiciones y confrontarlas con una base fáctica a los fines de concluir sobre si pasa o no el test. Es ante todo un principio del sentido común, que más allá de las precisiones y recaudos legales siempre quedará al arbitrio del juez su concreta determinación en cada caso, bajo argumentos racionales que puedan ser objeto de un adecuado control7.

Dicho esto, es dable advertir sobre ciertos indicadores que permiten adentrarse a la indagación y consideración sobre la razonabilidad de un plazo, a modo de indicios de morosidad pasibles de ser considerados violatorios de tal garantía.

Así, un primer parámetro a tener en cuenta es el plazo de prescripción previsto para el ejercicio de la acción penal, lo que nos puede dar una primera aproximación en situaciones donde los plazos de tramitación están próximos a esos tiempos o excedidos con motivo de interrupciones o suspensiones del curso prescriptivo8.

También puede tenerse presente la gravedad punitiva dispuesta en los delitos (sus penas) que son reprochados y/o investigados.

Asimismo, la referencia de los tiempos ordenatorios previstos en las leyes rituales para cada etapa procesal, como asimismo los tiempos para el dictado de las resoluciones judiciales, pueden jugar como importantes guías para indagar sobre esta problemática9.

Estos indicadores serán una pauta de referencia a los fines de tener presente una situación pasible de ser considerada bajo el test de razonabilidad del plazo, como un mero indicio de retardo.

Al respecto debe tenerse presente que la sola inobservancia o incumplimiento de los plazos no implica de por si una violación a la garantía del plazo razonable, sino que ello deberá complementarse con otras condiciones que determinen con precisión tal situación.

En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado una serie de circunstancias a tener presente a los fines de establecer si estamos en presencia de un plazo irrazonable, a saber:

  1. La complejidad de la causa;

  2. La actividad procesal asumida por el interesado;

  3. La actuación de los órganos judiciales;

  4. La globalidad del juicio;

  5. Afectación de la situación jurídica de la persona involucrada;

  6. La situación de vulnerabilidad del peticionante10.

En cuanto a la complejidad de la causa son diversos los factores que pueden incidir para poder determinar cuándo estamos en presencia de ello, como ser la consideración de la entidad de los hechos, la prueba que requieren y las dificultades que entraña; también el número de autores o partícipes, su integración en organizaciones criminales complejas con cierto nivel de infraestructura, entre otros aspectos.

El Tribunal Europeo, en consideraciones seguidas por su par interamericano, ha establecido que la complejidad de un asunto debe determinarse por la naturaleza de las acusaciones, el número de acusados, adicionando como tercer aspecto a «la situación política y social reinante en el lugar»11.

Respecto de esto último, es dable sostener que puede entrar en juego la gravedad del delito en orden a las penas, la trascendencia social que pueda tener el caso, como asimismo la obligación internacional que asume el Estado argentino en las investigación y juzgamiento de crímenes contra la humanidad o graves violaciones a los derechos humanos12. También, ciertas problemáticas trasnacionales, como el comercio de estupefacientes y la trata de personas.

Respecto de la actividad procesal asumida por el interesado es conveniente enfatizar que esta garantía se prevé para su beneficio en la medida que concite una situación en la que no ha contribuido de manera abusiva, o más claramente, siempre que el exceso de plazo no se haya configurado por actitudes dilatorias, temerarias o reñidas con la buena fe de su parte.

Habrá que establecer en cada caso cuándo estamos en presencia de un adecuado ejercicio de defensa y cuándo frente a un abuso del mismo que proyecta negativamente la aplicación de esta garantía en favor del acusado13.

En lo que hace a la actuación de los órganos judiciales, el aspecto entraña una doble consideración.

Por un lado, y muy ligado a la anterior observación, pero ahora desde la perspectiva de la obligación estatal que supone llevar adelante los procesos en tiempos razonables, ello supone la consecuencia de que no puede en ningún caso hacerse recaer en el imputado el peso de tal obligación, no pudiéndose argumentar excusas que tiendan a justificar la ineficacia del sistema de Justicia en la tramitación.

En el reciente fallo en la causa “Goye”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó esa doctrina al revocar una sentencia por arbitraria bajo el fundamento de que no calificó de obstructiva a la actividad impugnativa de la defensa, considerándose que la obligación estatal de resolver las causas en un plazo razonable no puede cargarse en el afectado sino que es una obligación primordial del Estado14.

A tales fines, en dicha sentencia se rememoran los distintos precedentes sobre el tópico. Así, con cita del caso «Mattei», se sostuvo que la garantía de defensa en juicio ha sido arbitrada fundamentalmente a favor del imputado, razón por la cual el avance del proceso queda a cargo de los órganos específicamente instituidos al efecto y sus deficiencias no pueden serles endilgadas al imputado.

También se apoya en el precedente «Barra» (Fallos: 327: 327, en el cual la mayoría de la Corte sigue la disidencia de Petracchi y Boggiano en “Kipperband”), donde se reputó inaceptable justificar la demora del proceso considerando en contra del imputado sus peticiones, pues se entendió que ello provocaba una restricción de la libertad de defensa que resultaba contraria a la comprensión que de este derecho debe hacerse a la luz del arto 18 de la Constitución Nacional.

Asimismo fue mencionado el precedente «Acerbo» (Fallos: 330:3640), en el que se puso de resalto que a los fines de determinar la afectación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, no puede atribuirse a la actividad de la defensa un papel decisivo en la demora cuando no medió una especial vocación de dilatar el proceso y que, por el contrario si el principal responsable de la dilación ha sido el desempeño de los diversos órganos de la administración de justicia, no pueden hacerse caer sobre el imputado los costos de lo sucedido.

Por último, también fue considerado un fallo más reciente, “Funes”, sentencia del 14 de octubre de 2014, en el cual se había destacado con citas de fallos de la Corte IDH («Albán Cornejo y otros vs. Ecuador», sentencia del 22 de noviembre de 2007, párrafos 111 y 112), que el imputado no es el responsable de velar por la celeridad y diligencia de la actuación de las autoridades en el desarrollo del proceso penal, razón por la cual no se le puede exigir que soporte la carga del retardo en la administración de justicia pues ello traería como resultado el menoscabo de los derechos que le confiere la ley.

Desde otro andarivel, la cuestión pasa por establecer el alcance de tal actuación, en el sentido de si solo abarca la función del Poder Judicial o bien si atrapa toda aquella función estatal con sustancia jurisdiccional.

La Corte de la Nación se vuelca por este último sentido en el caso “Losicer”, en donde se aplicó el principio de plazo razonable, haciéndoselo extensivo a la actividad con sustancia jurisdiccional que desarrolle cualquier ente estatal, no solamente el judicial. En el caso se trataba de unas multas aplicadas por el Banco Central en aplicación de la Ley de Entidades Financieras, en una instancia administrativa que había durado veinte años, considerándose al efecto los distintos parámetros de procedencia establecidos por la Corte Interamericana al efecto.

En tal sentido sostuvo el Alto Tribunal que el plazo razonable de duración del proceso al que se alude en el inciso 1, del art. 8 de la CADH, “…constituye una garantía exigible en toda clase de proceso, difiriéndose a los jueces la casuística determinación de si se ha configurado un retardo injustificado de la decisión…”15.

En cuanto a la globalidad del juicio16, implica interpretar la situación del plazo desde la etapa procesal en la que se encuentra la causa, para advertir desde allí en qué estado se encuentra, los tiempos que han transcurrido y los que restan para su finalización.

En principio, es un análisis que abarca la extensión total del proceso, que va desde los actos iniciales hasta el dictado de la sentencia definitiva, incluyendo las vías recursivas y su ejecución.

En las causas penales se entiende que el tiempo empieza a correr desde el primer acto dirigido contra una persona como probable responsable de un delito17, abarcando las instancias de sentencia, la etapa recursiva –ordinaria y extraordinaria-, incluyendo su ejecución18.

En tal orden se podrá considerar globalmente el proceso en la totalidad de lo transcurrido, no siendo óbice el poder fragmentar por etapas a los fines de evaluar si en alguna de ellas se evidencia el desfasaje temporal. Lo que importa en definitiva es el balance final que proyecte tiempos irrazonables.

Relacionado con el alcance que se le da a cualquier actividad jurisdiccional que realice el Estado, es un criterio consolidado el de que la globalidad del juicio también comprende la instancia administrativa donde se resuelven sanciones o cualquier situación disciplinaria.

Así, en el caso “Bonder Aaron” antes citado, la Corte Federal aplicó la doctrina del plazo razonable comprendiendo el tiempo sucedido en un procedimiento administrativo junto con el judicial, siendo la guía principal de su entender, el análisis global de todo el trámite, más allá de la consideración de los otros aspectos como la complejidad del asunto, la actuación procesal de las partes y del órgano judicial.

Efectuando este análisis global, la Corte tuvo presente prioritariamente que en el caso habían transcurrido casi veintiséis años hasta que la Cámara Federal Contencioso Administrativo se expidió sobre la apelación de las multas impuestas en sede administrativa. Apoyada en el precedente “Lociser” -donde el sumario administrativo ante el Banco Central se había extendido unos dieciocho años-, y otros de la Corte IDH19, nuestro Máximo Tribunal concluyó que en el caso se había violado el derecho a obtener un pronunciamiento en un tiempo razonable.

Es cierto, como destacan Sabrina Victorero y Agustín Cavana, que la Corte omite considerar en la globalidad del procedimiento al propio tiempo insumido en el trámite del recurso extraordinario federal, omisión que bien es destacada como contraria a la doctrina elaborada por el TEDH y los fallos de la Corte IDH20.

De todas maneras, puede entenderse que dicha omisión no necesariamente signifique negar la eventualidad de poder considerar la exorbitancia del plazo en instancias extraordinarias. La Corte hace su análisis desde el lugar jerárquico que ocupa, habiendo sido suficiente en su criterio considerar los veintiséis años transcurridos en las instancias inferiores.

En este sentido, nada impide a un juez inferior hacer una prospectiva que comprenda en su evaluación el tiempo que resta cumplir en instancias superiores o extraordinarias, para considerarlo junto con el tiempo transcurrido, y evaluar en esa globalidad del procedimiento conclusiones sobre la razonabilidad del plazo. Así, un juez de una primera instancia o de una etapa intermedia podrá evaluar cierto exceso del tiempo transcurrido en función de lo que resta en instancias superiores.

En punto al aspecto relacionado con la afectación de la situación jurídica de la persona involucrada, puede decirse que es un elemento que repara en la afectación de la duración del procedimiento respecto de la situación jurídica concreta de la persona involucrada, cobrando especial interés la materia objeto de la controversia. El TEDH ha utilizado este elemento bajo el entendimiento de “lo que está en juego” para el accionante.

En este sentido, ciertas situaciones pueden requerir de una mayor diligencia y celeridad, adquiriendo así el plazo razonable un contenido particularizado frente a cada situación concreta que se presente.

Así, por ejemplo, en situaciones donde la indemnización civil está sujeta a la finalización del proceso penal como cuestión prejudicial, la Corte IDH ha dicho que el deber de investigar en una plazo razonable se incrementa a partir de la situación de salud de la persona afectada, pues ésta “requiere cuidados especiales” y la “duración del proceso vulnera la posibilidad de llevar una vida plena”, en especial cuando la persona no puede trabajar debido a una mala praxis y se ve limitada a proveerse de un ingreso propio. En este sentido se exige una mayor celeridad en el proceso penal21.

En tal orden, es muy importante la reforma operada en el Código Civil de nuestro país en el año 2015, que abarcó el régimen de la relación entre la acción civil y la penal, antiguamente regulado por el art. 1101. Esta norma establecía una regla estricta que suspendía el dictado de una sentencia civil hasta que existiera un pronunciamiento firme en sede penal, con las solas excepciones del fallecimiento o ausencia del acusado. Esta pauta traía muchos inconvenientes produciendo grandes demoras en sede civil que ciertamente podían afectar de manera irreparable al afectado

La reforma producida en nuestro derecho privado, más abierta a las nuevas pautas del derecho internacional de los derechos humanos, se hizo eco de esta problemática.

Así, adecuando el ordenamiento interno al derecho internacional en punto al plazo razonable, se prevé ahora en el nuevo art. 1775 nuevas excepciones, en las que se incluyen a “…cualquier causa de extinción de la acción penal…” (en la que podemos incluir aquella producida por la propia irrazonabilidad del plazo como causal de prescripción de la acción) –inc. a)-; como asimismo cuando “…la dilación en el procedimiento penal provoca, en los hechos, una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado…” –inc. b)-, aspecto que cubre la situación aquí en análisis22.

Asimismo se ha establecido que existe una obligación judicial de tramitar con mayor diligencia y prontitud aquellos procesos penales en los cuales el imputado se encuentre privado de su libertad23.

El último elemento de los considerados por la Corte IDH para analizar la razonabilidad del plazo, está vinculado a la prioridad de las personas en situación de vulnerabilidad. Se refiere a un concepto de acceso a la Justicia cuyos patrones deben estar orientados en función de las propias necesidades de las personas integradas a algún colectivo vulnerable, priorizando su atención, resolución de los conflictos en los que intervengan y su ejecución, bajo la idea de una mayor flexibilización y rapidez24.

Finalmente conviene destacar que todos estos elementos o condiciones analizadas, si bien en general son abordadas por los tribunales en un orden progresivo y consecuencial –que comprende normalmente a la complejidad de la causa, la actividad procesal del interesado, la actuación del órgano judicial y la globalidad del procedimiento-, nada impide que pueda, según el caso, prevalecer un elemento en particular sobre los demás, poniendo todo el peso de la argumentación allí, usando los restantes como complemento25.

III

La prescripción y el plazo razonable

Establecida la existencia de la irrazonabilidad del plazo, se presenta el problema de establecer la consecuencia jurídica de tal situación, toda vez que nuestro derecho interno no tiene previsto una solución expresa para el tópico.

Queda claro que un proceso que se ha excedido desmedidamente en sus plazos, sin ninguna justificación, deja de ser un juicio justo, violentando directamente el derecho de defensa en juicio al someter a la persona a un estado de indeterminación sobre su situación procesal.

En este sentido se contradice una de las formas elementales del debido proceso afectando indudablemente la validez de lo actuado. Es decir, el plazo razonable puede concitar un supuesto de nulidad por afectar las formas esenciales del juicio.

Más allá de esa observación, lo cierto es que la existencia de plazo irrazonable ha sido siempre emparentada con el instituto de la prescripción de la acción penal como modalidad de extinción de la acción penal, lo que determina el sobreseimiento de la persona en aplicación de dicho instituto.

Este es el entendimiento que la ha dado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una evolución que ha proyectado el instituto en una dinámica amplia que promueve el cierre de los procesos donde se revelen las circunstancias afines para establecer la existencia de una duración irrazonable de los juicios penales.

Los precedentes señeros antes aludidos -“Mattei” y “”Mozzati- no resolvían en punto a la prescripción de la acción, sino que la consideración se abocaba a la improcedencia de declaraciones de nulidad que retrotraían de manera indebida un proceso ya avanzado a etapas definitivas, llevándolo a instancias superadas, en causas que ya habían tenido una duración considerable. Se reparaba aquí en los principios de preclusión y progresividad procesal, y se hacía valer ello en favor del imputado.

Una evolución posterior es la que asimila la prescripción como modalidad para resolver una situación jurídica generada por la extensión desmedida del plazo.

Ya en distintos precedentes de la Corte Federal se establece la relación existente entre la duración razonable del proceso y la prescripción de la acción penal, y la idea de que “…el derecho del imputado a que se ponga fin a la situación de indefinición que supone el enjuiciamiento penal puede encontrar tutela en la prescripción de la acción…” (CSJN, Fallos: 306:1688; 312:2075; 322:369, disidencia de los jueces Fayt, Bossert, Petracchi y Boggiano; 331:600)

La disidencia de los jueces Petracchi y Boggiano en el caso “Kipperband” deja plasmados estos principios y fundamentos -consid. 9)-, erigiéndose en la actualidad en la doctrina dominante de la Corte Federal que remite expresamente a las consideraciones desarrolladas en dicha posición, tal como surge de los precedentes “Barra” (327:327), “Santángelo”(S.2491.XLI, sent. del 8/05/2007) y “Richards” (R. 1008.XLIII, sent. del 31/08/2010).

En tal orden, cualquier juez de nuestro país que advierta una desmesura en los plazos, en ejercicio del control de convencionalidad y constitucionalidad que le corresponde efectuar en cada caso, en pos de garantizar –en esta situación- el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, puede resolver la insubsistencia de la acción penal derivada del hecho imputado, declarando su prescripción en aplicación de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN, y los arts. 8.1 de la CADH y 9.3 del PIDCP.

Según la etapa en la que se encuentre la causa, el progreso de tal excepción de prescripción determinará el sobreseimiento definitivo o la absolución del acusado26.

IV

Conclusiones

Las notas que anteceden no han tenido otra finalidad que la de establecer la situación jurídica en la que se encuentra el instituto del plazo razonable en nuestro derecho, bajo el influjo del derecho internacional de los derecho humanos, tratándose de brindar un entendimiento que permita al operador poder apreciar con más completitud un cuadro que, ciertamente, ha ido ganando espacio y trascendencia en los últimos años.

Ha quedado claro que la razonabilidad del plazo es un aspecto elemental en la consideración del debido proceso en cualquier temática, y que ello conlleva a un control de constitucionalidad y convencionalidad ineludible para el juzgador en los casos que le toca decidir.

Asimismo, la casuística desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos permite adentrarse a la vigencia con la que debe abordarse este tipo de cuestiones, concentradas en distintos tópicos que deben indagar en la actuación propia del poder jurisdiccional como obligado principal en la diligencia del proceso, sin desmedro de vincular a la actividad desarrollada por las partes, en una visión que no debe descuidar las necesidades propias que pueden evidenciarse por razones de vulnerabilidad o especiales afectaciones de derechos.

A su vez, los efectos jurídicos de ello repercuten, como se viera, en la suerte del proceso, consolidándose como una causal de extinción del mismo, en una modalidad emparentada con el instituto de la prescripción.

En suma, y sin perjuicio de una futura regulación legal del instituto, entiendo que los lineamientos aludidos son suficientes para poder resolver de manera adecuada los conflictos que puedan suscitarse sobre el particular.

1 Corte IDH, “Suarez Rosero v. Ecuador”, sent. del 12 de noviembre de 1997 (Fondo), párr. 70.

2 Corte IDH, “Bulacio v. Argentina”, sent. del 18 de setiembre de 2003 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrs. 114 y 115.

3 Cf. Observaciones Generales Aprobadas por el Comité de Derechos Humanos, Observación general n° 13, Administración de Justicia (art. 14), punto 10).

4 CSJN, “Mattei” (Fallos: 272:188) es una sentencia dictada por nuestra Corte Federal el 29 de noviembre de 1968, siendo un leading case en la medida en que por vez primera se sientan los conceptos del plazo razonable como condición del debido proceso. La cuestión debatida pasaba por la retrogradación a la instrucción que un Tribunal de Juicio hiciera de unas actuaciones que ya estaban para celebrar el debate final, bajo el argumento de la orfandad de pruebas para poder resolver en el mismo. Se tachó de arbitraria tal postura privilegiándose los principios de progresividad y preclusión procesal, estableciéndose concretamente que “(…)debe reputarse incluido en la garantía de defensa en juicio consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional, el derecho de todo imputado a obtener –luego de un juicio tramitado en legal forma- un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal(…)” (Consid. 14°). Igual criterio se siguió años más tarde en el caso «Mozzatti» (Fallos: 300:1102), sentencia del 17 de octubre de 1978. Allí, frente a un proceso que se había prolongado durante veinticinco años, el Alto Tribunal reafirmó el principio conforme al cual la defensa en juicio y el debido proceso «…se integran por una rápida y eficaz decisión judicial…».

5 Este control de convencionalidad debe ejercerse de oficio por los jueces en aras de preservar las garantías y las obligaciones asumidas por el Estado argentino. Sobre el control de convencionalidad de oficio véase Hitters, Juan Carlos, Control de Convencionalidad (adelantos y retrocesos), La Ley 2015-B, 625. También CSJN “Rodríguez Pereira”, R. 401. XLIII., sent. del 27/12/2012, consid. 12).

6 Cfr. Pastor, Daniel R., El plazo razonable en el proceso del estado de derecho, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 674.

7 La disidencia de los doctores Petracchi y Boggiano en el caso “Kipperband” –posición emblemática en materia de plazo razonable que, como veremos más adelante, terminó siendo consolidada como la doctrina judicial del Alto Tribunal sobre dicho tema- alerta sobre los peligros de encubrir bajo la consabida discrecionalidad judicial a resoluciones meramente dogmáticas pasibles de invalidarse bajo la doctrina de la arbitrariedad. Así expresaron que “…Que no impone una solución contraria el hecho de que el a quo se haya apoyado en la aseveración de que son los jueces quienes deben juzgar si la duración de un proceso es o no razonable. Pues a partir de esta manifestación no se puede extraer una facultad discrecional que autorice a los magistrados a omitir explicitar las razones que los llevan a emitir el juicio de razonabilidad, configurando, así, una petición de principio. Sostener que un concepto no puede ser fijado con precisión matemática es ya una verdad aceptada a esta altura del conocimiento; pero, en modo alguno, equivale a eximir al juzgador de formular argumentos racionalmente controlables. Antes bien, el carácter valorativo de un concepto -tal como «razonabilidad»- obliga a profundizar y extender los argumentos, a fin de que la valoración pueda ser examinada críticamente y de evitar que se convierta en la expresión de una pura subjetividad inmune a la misma razón a la que el concepto «razonabilidad» alude…” (CSJN, Fallos: 322:360, disidencia de Petracchi y Boggiano, considerando 12).

8 El art. 62 de nuestro Código Penal establece un plazo de prescripción de 12 años para los delitos con penas de prisión temporal, y 15 años para los sancionados con prisión perpetua.

9 Así, por ejemplo, el art. 207 del Código Procesal Penal de la Nación que establece que “…La instrucción deberá practicarse en el término de cuatro (4) meses a contar de la indagatoria. Si ese término resultare insuficiente, el juez solicitará prórroga a la cámara de apelaciones, la que podrá acordarla hasta por dos (2) meses más, según las causas de la demora y la naturaleza de la investigación. Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy difícil investigación, la prórroga otorgada podrá exceder excepcionalmente de dicho plazo…”. Recordemos la Observación General n° 13 del Comité de Derechos Humanos antes aludida, en cuanto enfatiza que todas las fases del proceso deben celebrarse «sin dilación indebida», lo cual comprende no solo la primera instancia, sino también los trámites recursivos y la ejecución de sentencia.

10 Todas estas condiciones han sido desarrolladas en diversos fallos de la Corte IDH siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –TEDH-. Entre otros podemos citar a los siguientes casos: “Genie Lacayo v. Nicaragua”, sent. del 29 de enero de 1997, párr.. 77 y 81; “Valle Jaramillo y otros v. Colombia”, sent. del 27 de noviembre de 2008, párr. 155; “Tarazona Arrieta y otros v. Perú”, sent. del 15 de octubre de 2014, párr.. 100; “Arguelles y otros v. Argentina” sent. del 20 de noviembre de 2014, párr.. 190; “Wong Ho Win v. Perú” sent. del 30 de junio de 2015, párr.. 210; “Cantos v. Argentina”, sent. del 28 de noviembre de 2002, párrafos 96 y 97; “Alban Cornejo y otros v. Ecuador”, sent. del 22 del noviembre de 2007, párr. 112 (sentencias todas citadas y aplicadas sobre el tópico en la obra de LARSEN, Pablo, Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –Análisis de la aplicación de la parte primera de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Buenos Aires, Hammurabi, 2016, pp. 198 y ss).

11 LARSEN, Pablo, Op. Cit., p. 201.

12 Esta perspectiva puede relacionarse de cierto modo con otro criterio sostenido por el TEDH denominado “lo que se encuentra en juego en la controversia”, aspecto que puede hacer entrar en la consideración cuestiones graves y complejas atinentes a graves violaciones a los derechos humanos o situaciones afines que pueden poner en jaque el sentido del concepto de la razonabilidad del plazo en favor de criterios de imprescriptibilidad amparados en derechos fundamentales de los afectados. La razonabilidad se mide en favor de la situación de la víctima y el particular contexto que rodea la causa, que mantiene el interés en la investigación, el castigo y la reparación, no admitiéndose institutos que puedan extinguir el mismo, en la medida que serían mecanismos de orden interno que solo servirían para impedir la Justicia. Sería motivo de otro artículo, pero baste reparar al respecto sobre los delitos de lesa humanidad y la aplicación del principio de imprescriptibilidad como norma del derecho de gentes (CSJN, “Arancibia Clavel” -Fallos: 327:3312, “Simón” -Fallos: 328:2056-, y más recientemente “Videla, Jorge Rafael y otros si recurso extraordinario”, 375/2013 (49-V)/CS1, sent. del 10/04/2018). y su extensión a los crímenes que, sin ser reputados contra la humanidad, si significan graves violaciones a los derechos humanos (Corte IDH, “Barrios Altos” – sent. del 14 de marzo de 2001-, “Bulacio” –sent.. cit.- y “Bueno Alves” – sent. del 11 de mayo de 2007).

13 Y esta es una delicada tarea donde se pone en juego los alcances del derecho de defensa. En la disidencia de los doctores Petracchi y Boggiano en el caso “Kipperband” antes citado, se enfatiza sobre lo inaceptable de justificar demoras indebidas de los tribunales a partir de las legítimas posiciones asumidas por la defensa en el proceso. Así se consideró arbitrario la postura del juez que “…considera en contra del imputado sus ‘peticiones’, pues ello provoca una restricción de la libertad de defensa contraria a la comprensión que de este derecho debe hacerse a la luz del art. 18 de la Constitución Nacional. En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos utiliza ciertamente como criterio de valoración de la demora cuál haya sido la conducta del recurrente…pero, a diferencia de lo que ocurre en los procesos civiles, el imputado no está obligado a colaborar activamente con lo que se refiere a la celeridad del proceso en su contra” –considerando 19)-.

14 CSJN, “Goye, Ornar y otros s/ administración pública”, FGR 8l000599/2007/l7/RH9, sentencia del 26 de diciembre de 2017.

15 CSJN, “Losicer, Jorge Alberto y otros el BCRA”, L. 216. XLV, sentencia del 26 de junio de 2012, cons. 10). Criterio replicado en “Bonder Aaron”, B.853.XLIV, sentencia del 19 de noviembre de 2013.

16 Sobre este aspecto puede consultarse el meduloso trabajo de VICTORERO, Sabrina; CAVANA, Agustín, El Análisis Global del Procedimiento en el Examen del Plazo Razonable, en Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, n° 22, PITLEVNIK, Leonardo G. (Dir), Buenos Aires, Hammurabi, 2017, pp. 115 y ss.)

17 Corte IDH, “López Álvarez v. Honduras”, sent. del 1° de febrero de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 129.

18 Corte IDH, “Suarez Rosero v. Ecuador”, sent. del 12 de noviembre de 1997 (Fondo), párr. 71.

19 Como el caso “Genie Lacayo v. Nicaragua”, párr.. 81

20 VICTORERO, Sabrina; CAVANA, Agustín, Op. Cit., pp. 124 y ss.

21 Corte IDH, “Suárez Peralta v. Ecuador”, sent. del 21 de mayo de 2013, parr. 102, citada en LARSEN, Pablo, Op. Cit, p. 203.

22Sobre el particular puede consultarse el trabajo de BUFFARINI, Paula, “Plazo Razonable para resolver: la prejudicialidad penal y la sentencia civil”, publicado en Revista La Ley, RCCyC 2018 (marzo), 05/03/2018.

23 Corte IDH, “Bayarri v. Argentina”, sent. del 30 de Octubre de 2008, párr. 70, citada en LARSEN, Pablo, Op. Cit, p. 203.

24 Sobre este tema resultan un marco de referencia las 100 Reglas de Brasilia “sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”, dispuestas en la IV edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana a principios del año 2008. Ese instrumento inscribe en el movimiento que se conoce como de Acceso a la Justicia, ubicado en el sistema de protección de los derechos humanos. A través de un novedoso enfoque, transversal a todas las materias jurídicas, se intenta acompasar la función jurisdiccional con la situación de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, recomendándose distintas medidas especiales que tienen por fin principal enervar aquellas causas que desequilibran la relación procesal, para poder concretar un proceso justo, contemplando entre otras medidas, aquellas signadas por la mayor flexibilidad y rapidez del proceso. Estas reglas pueden promover una posibilidad para que el sistema de justicia ejerza una actividad que se centre en las necesidades de la persona vulnerable, que enderece los actos procesales de trámite, de prueba y las decisiones con cierto cambio de paradigma, lo cual puede tener importantes efectos a la hora de valorar las condiciones de razonabilidad de los plazos. Puede consultarse la obra colectiva Acceso a la Justicia y Grupos Vulnerables, a Propósito de las Reglas de Brasilia, NOGUEIRA, Juan Martín; SCHAPIRO, Hernán I (Coord.), La Plata, Librería Editora Platense, 2012.

25 Esto es precisamente lo que hizo nuestro Máximo Tribunal en las causas “Losicer” y “Bonder Aaron” antes citadas, donde se puso en mayor énfasis en la globalidad del juicio, considerándose centralmente la inusitada extensión que había tenido los expedientes en las instancias administrativas y judiciales ordinarias

26 Relacionado con lo dicho en la nota 12), vale destacar la posición adoptada en el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Videla, Jorge Rafael y otros si recurso extraordinario”, 375/2013 (49-V)/CS1, sent. del 10/04/2018, que contrapone esta funcionalidad de la prescripción. En ese fallo, dicho instituto se lo expone –luego de considerarlo un derecho del imputado contra la incertidumbre judicial- también como un derecho de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, posición que ciertamente modifica ciertos ejes tenidos en cuenta sobre el particular, que deben entenderse en esa lógica bifronte aludida al inicio de este artículo, en cuanto a que el plazo razonable no solo atiende el derecho del imputado sino también el de las víctimas. Y en el caso de aquellas que han padecido los crímenes más graves o atroces, con la aquiescencia estatal, la prescripción queda desplazada por un permanente interés en la investigación, sanción y reparación, con lo que el derecho a la prescripción al que alude la Corte es más bien el derecho a su no aplicación como mecanismo de orden interno que impida tales actividades. “…Ante este tipo de crímenes, resulta inexorable que predomine el interés social por conocer la verdad y sancionar a sus responsables, por sobre cualquier interés individual por liberarse de la persecución penal…” –considerando 4°-.