Reforma Procesal Penal

Este panel contó con la participación de Julio Conte Grand, Procurador General ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires; el abogado Roberto Daray; Julio Gabrielli, integrante del equipo técnico asesor de la Comisión Bicameral para la implementación del nuevo Código Procesal Penal; Mariano Maciel, Defensor Público Oficial ante los tribunales orales en lo Criminal y Correccional; y Mary Beloff, fiscal general de Política General, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios de la Procuración General de la Nación.

Julio Conte-Grand señaló que el Ministerio Público está trabajando en la reforma procesal de la provincia de Buenos Aires junto con el ministerio de Justicia. “La iniciativa -explicó- reconsidera la naturaleza y fines del proceso penal. Los objetivos centrales del proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo incluyen el de potenciar el rol de la víctima en el proceso penal; adecuar la legislación procesal a los compromisos asumidos en el plano internacional relativos a la vigencia de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la violencia de género y propender a la coherencia interna que el Código Procesal vigente ha perdido a raíz de más de 30 modificaciones desde su sanción originaria”.

Conte-Grand recordó que en enero pasado la provincia de Buenos Aires, por medio de una ley, puso en marcha el sistema de policía judicial, que es mandato de la Constitución provincial y debe funcionar en el ámbito del ministerio público.

“Hemos definido a la narcocriminalidad, la violencia de género, la lucha contra la corrupción y el robo con armas como objetivos centrales del trabajo del Ministerio Público”, precisó.

Julio Gabrielli habló de cuál ha sido el proceso de ajuste normativo que ha tenido este Código desde su sanción. “La ley 27.063 fue sancionada en diciembre de 2014; desde entonces se han pronunciado diversos procesos de implementación y de reforma. La particularidad de la implementación de este Código es que fue sancionada por el Congreso y éste decidió tener una participación activa en la implementación, a través de la formación de una comisión bicameral”, precisó.

“Fue necesario un trabajo muy arduo para lograr consensos en todas estas reformas; así, en noviembre de 2017 se generó un informe con el que fue presentado un proyecto de ley de reforma a la ley 27.063; ese proyecto ya fue aprobado en el Senado y pasó a Diputados”, contó Gabrielli.

Gabrielli explicó que “en la reforma se incorporan herramientas para agilizar el proceso, como el procedimiento de flagrancia y la posibilidad de que los jueces de juicio y los de Cámara puedan actuar en determinadas situaciones de manera unipersonal”.

“El Código Procesal penal es un sistema de pacificación”, dijo Mariano Maciel, quien presentó un trabajo realizado por un conjunto de Defensores Públicos Oficiales. “Se trata de que el conflicto se encause, de manera de bajar los niveles de conflictividad social. Ya no se trata de ver al Código de Procedimiento como un sistema de averiguación de la verdad, sino de solución de conflictos”, agregó. “El nuevo Código nos trae procesos de consensos; no importa en algunos casos la verdad, sino la equidad. La armonía y la paz social son los objetivos buscados”, sostuvo Maciel.

“Se piensa en las personas, que hasta ahora quedaban ocultos. Vamos a trabajar de una manera totalmente distinta. Todos vamos a tener que conocer a la persona a la que se le imputa un delito. Todos los operadores del sistema debemos convencernos de este cambio de paradigma, porque se pasa a un conflicto de intereses entre imputado y ofendido que debe ser solucionado. La base de todo esto es cambiar la mentalidad. Y no es fácil”, admitió el Defensor Público.

Mary Beloff señaló que debemos celebrar que culturalmente cambió el concepto que los operadores tienen de lo que debe ser el proceso penal. “Hay un acuerdo de que se debe cumplir con el modelo constitucional y llegamos a esta ley y a su reforma como consecuencia de que la clase judicial entiende de lo que se habla cuando se habla del sistema acusatorio”, dijo Beloff. “Con estos operadores que saben de qué se trata optimizar un sistema, uno podría concluir que el éxito de la reforma estaría asegurado, ya que tenemos una buena norma y operadores entrenados. Sin embargo, subsisten algunas dificultades y debemos estar atentos a ellas”, agregó.