Avances hacia la implementación del nuevo Código Procesal Penal

 

La presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, María Lilia Díaz Cordero, participó de la reunión de trabajo sobre la Reforma Procesal Penal Federal, que se realizó en el ministerio de de Justicia y Derechos Humanos, con la coordinación del ministro Germán Garavano.

El objetivo central del encuentro fue brindar asistencia técnica a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, hacia la implementación del nuevo Código Procesal Penal en los próximos meses de este año, en conexión con el Código Penal, con cuya Comisión de Reforma, presidida por Mariano Borinsky, también está trabajando la AMFJN.

De la mesa “Consensos por el nuevo Código Procesal Penal Federal” participaron el presidente de la Comisión Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, Rodolfo Urtubey, el presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas; en representación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juez Julián Ercolini, el titular interino de la Procuración General, Eduardo Casal y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez.

Además de Díaz Cordero, formaron parte de la mesa de trabajo el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Eduardo Riggi, el ex presidente de la Cámara Federal de Salta, Guillermo Federico Elías y el presidente de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Javier María Leal de Ibarra, y el titular de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, Julio Piumato.

Participaron también de la jornada el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, el jefe Gabinete de la cartera, Martín Casares, el subsecretario de Política Criminal, Juan José Benitez, el representante del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, y representantes del Colegio Público de Abogados, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y de las Asociaciones de Fiscales y Defensores Nacionales, de los tribunales orales federales, de los juzgados federales y de las fiscalías de las provincias donde comenzará la implementación, y otros funcionarios de la cartera de Justicia.