“No estamos haciendo un Código Penal de laboratorio”

El auditorio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional fue escenario de una trascendente actividad académica, con un panel de alto nivel que expuso acerca de los trabajos de reforma del Código Penal y de implementación del nuevo Código Procesal Penal que se están llevando adelante.
Integrantes de la Comisión de Reforma del Código Penal, encabezados por su presidente, Mariano Borinsky, y el titular de la Comisión Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, senador Rodolfo Urtubey, expusieron y contestaron preguntas durante dos horas ante un auditorio repleto de magistrados y funcionarios, en una actividad que también fue seguida por videoconferencia en las seccionales de Resistencia, La Rioja y Esquel.
La comisión de Reforma del Código Penal fue creada en febrero de 2017 por el Decreto 103 del presidente Mauricio Macri, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y se espera que en marzo eleve al Congreso Nacional su proyecto para reemplazar el actual Código, que tiene casi cien años de vigencia. Los integrantes de la Comisión que participaron junto a Borinsky en la actividad desarrollada en nuestro auditorio fueron Carlos Mahiques, Pablo Turano y Carlos González Guerra.
“Para esta Asociación es siempre un motivo de orgullo tener una actividad académica, especialmente la de hoy”, dijo la presidente de la AMFJN, María Lilia Díaz Cordero, quien presentó al panel junto al director académico de nuestra institución, Diego Barroetaveña.

 

“El trabajo para mejorar la Justicia es éste. De esta manera vamos a revertir la imagen totalmente distorsionada que la sociedad tiene de la Justicia. Con herramientas como códigos de fondo y procesales más modernos los magistrados van a poder dar mejores respuestas a la sociedad”, agregó.
Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, habló del enorme desafío que le toca a la comisión, que es actualizar un Código elaborado en 1921, un trabajo que ya se intentó hacer en una cantidad de oportunidades y nos prosperó. “Somos la comisión número 18 en los últimos 100 años”, explicó.
El presidente de la Comisión hizo un detallado recorrido por un trabajo que ya está en su etapa final y contó los lineamientos tanto de la parte general como de la parte especial del proyecto que será debatido por los legisladores nacionales en 2018.
“Queremos hacer un Código que sea ágil y moderno, en el que las penas sean proporcionales. Uno de los grandes objetivos es clarificar. Necesitamos tener principios claros para lograr una aplicación efectiva de la ley penal que brinde seguridad jurídica e incorpore las nuevas modalidades delictivas”, dijo Borinsky.
Agregó que en los años transcurridos desde 1921 se han dictado casi 900 leyes especiales que han hecho incorporaciones al Código Penal y que hoy el objetivo es lograr sistematizar en un digesto todos los tipos penales.

 

El video acerca de esta actividad puede verse en el siguiente link:

 

“Este no es un Código que se apoya en una determinada ideología. Queremos un instrumento posible, lógico y por eso se está discutiendo y escuchando a todas las voces de nuestra sociedad. El objetivo es hacer un nuevo contrato social. Este Código debe mostrar cuáles son los intereses de la sociedad argentina”, detalló.
En cuanto a las fuentes con que se ha venido trabajando, el expositor dijo que Argentina “no es el primero ni el último país que han intentado modificar su Código Penal En América Latina lo han hecho prácticamente todos los países. Por eso trabajamos tomando en cuenta lo que se realizó en otras naciones y lo que ya trabajaron comisiones anteriores en nuestro país. También consideramos lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de distintos fallos que hasta ahora no se han volcado a leyes. Discutimos con la premisa de tener en cuenta la praxis judicial. No queremos que sea un Código de laboratorio. Tampoco queremos que sea un Código largo. Las garantías ya están en las convenciones internacionales. No hace falta volver a escribirlas en el Código”.
Borinsky también dio detalles sobre algunos temas puntuales:
–Libertad condicional: “Estamos considerando que el cumplimiento de las dos terceras partes de la condena no conceda un derecho absoluto a ella”.
–Penas: Se trabaja en sanciones alternativas a la prisión, como la inhabilitación y la multa. “Hoy genera más preocupación una multa de tránsito que una del Código Penal. Las multas del Código están desactualizadas porque no hay criterios objetivos de actualización. En algunas leyes están en australes”.
–Penas de ejecución condicional: “Estamos analizando que en las penas menores de tres años se incorporen sanciones alternativas, como tareas comunitarias”.
–La responsabilidad penal de la persona jurídica, recientemente aprobada por el Congreso de la Nación, también será tenida en cuenta.
–Delitos imprescriptibles: Los únicos son los definidos como tales por los tratados internacionales, que son los de lesa humanidad y así va a quedar.
Carlos Mahiques, por su lado, aseguró que el texto en el que se está trabajando “es sensible y receptivo a una cantidad de demandas sociales nuevas que vienen por el lado de la influencia determinante del contexto internacional. Hay nuevos sujetos que exigen al legislador un reconocimiento de categorías que antes estaban invisibilizadas. Esto se se refleja en la metodología de trabajo de esta comisión. El migrante o la víctima son nuevos sujetos de una nueva racionalidad penal. Este proyecto es muy sensible en este sentido y las voces de organizaciones que defienden distintos intereses están siendo escuchadas”.

La implementación del Código Procesal

La necesidad de postergar la entrada en vigencia del Código Procesal Penal aprobado en 2015 por el Congreso de la Nación era imperiosa, según explicó el senador Urtubey, quien supo ser ser juez de la Nación y miembro de la AMFJN.
“La ley 27.063 tenía un sistema de implementación prácticamente inviable. Empezaba por la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires y por varios motivos eso era impracticable. En el Senado hasta último momento batallamos por una aplicación de tipo gradual y para que no empezara por los grandes centros urbanos. Empezar por la Capital era un disparate”.
Urtubey consideró positiva la decisión del actual gobierno de suspender la aplicación con un DNU: “Ese DNU reafirmó la vigencia de la Comisión Bicameral que me toca presidir a mí. Se decidió presentar una nueva modificación muy acotada, que respeta la vigencia del Código sancionado por consenso en 2015”.
El senador salteño aseguró que “nosotros vamos a tratar de aprobar esta reforma del Código Procesal lo antes posible para que el proceso de implementación pueda empezar de verdad. La idea es arrancar por los extremos del país: Salta Jujuy y Tierra del Fuego. Esto es lo acordado con el gobierno. Nos proponemos avanzar luego en el interior del país para luego llegar hacia los distritos judiciales más complejos. Deseo que junto a la entrada en vigencia del Código Procesal se sancione el Código Penal en 2018, antes de que se entre año en un año electoral especialmente complejo, porque 2019 será presidencial”.