Jornada de la AMFJN para el cuerpo consular sobre procesos penales

Miembros del cuerpo consular acreditado en Argentina participaron en una jornada de actualización e información, a cargo de la Escuela de Capitación Judicial de la AMFJN, acerca del trámite de los procesos penales donde se encuentran involucrados ciudadanos extranjeros.

“La situación de los extranjeros en el marco de los procesos penales y la aplicación de la Ley de Política Migratoria argentina y el Decreto 70/2017”, fue el título de la actividad, que contó con la asistencia de cónsules y asistentes consulares en representación de Perú, Francia, Estonia, Ecuador, Alemania, Cuba, Uruguay, Reino Unido, Canadá, República Dominicana y Panamá.

“Venimos trabajando desde 2005 con el cuerpo consular. Es grato recordar que hace más de diez años que estamos vinculados para aportar nuestro conocimiento y experiencia y recibir de ustedes todas las inquietudes”, dijo la presidente de nuestra institución, María Lilia Díaz Cordero, quien abrió la jornada en el Auditorio de Lavalle 1334, junto al director de la Escuela Capacitación Judicial, Marcelo Peluzzi, y al decano del cuerpo consular y cónsul de Panamá, Luis Alberto Cigarruista Vargas.

El decano comentó que “este tipo de jornadas es importante para que separamos cómo actuar y a qué mecanismos debemos recurrir cuando hay un nacional detenido. Estamos agradecidos por la actitud de los magistrados de ponerse a disposición para que cualquier miembro del cuerpo consular pueda levantar el teléfono y hacerles una consulta acerca de cómo proceder. Nosotros tenemos una idea de cómo actuar, pero por supuesto no conocemos las particularidades de Argentina. La normativa es muy cambiante y hay que estar encima de la jurisprudencia, por lo cual este tipo de jornadas nos ayuda bastante. Nuestra idea es que estas actividades se hagan con mayor frecuencia”.

Marcelo Peluzzi, participó en el panel a cargo del tratamiento penal en los casos en que hay imputados extranjeros y la etapa de ejecución, junto al juez de Cámara Andrés Basso, del TOF 3 de Capital, y a Leandro Gómez Constenla, prosecretario letrado del Consejo de la Magistratura de la Nación.

 

Acerca del rol de la Defensa Pública Oficial en el marco del procedimiento migratorio administrativo y penal expusieron César Balaguer, María Florencia Andrada, ambos de la Comisión del Migrante de la DGN; y José Abarrategui, Defensor Público Coadyuvante en el fuero Penal Económico. Por su lado, Guillermina García Padín, de la Unidad Fiscal de ejecución ante los juzgados de Ejecución Penal y los tribunales orales en lo Penal Económico se refirió a la intervención del MPF en los procesos de extrañamiento.

“La situación es muy dinámica, ya que hubo cambios legislativos y en la jurisprudencia.
La ley de ejecución penal fue recientemente modificada, lo que impactó indirectamente en la regulación migratoria”, explicó Peluzzi.

Por su lado, Andrés Basso, afirmó: “Tenemos la fortuna de contar con una ley migratoria, la 25.871, considerada modelo a nivel internacional, que consagra a la migración como un derecho humano. Creo que hemos sido el primer país que le da este status jurídico a la migración. Esto no es un concepto vacío. La expulsión del extranjero es la última ratio. En enero de este año el gobierno decretó un decreto de necesidad y urgencia, el 70, que modificó sustancialmente algunas de las prescripciones de la ley migratoria. Se basa en que, ante el auge del crimen organizado, era necesario modificar la norma migratoria. Hubo varias presentaciones impugnando este decreto, que ha sido avalado con un fallo de primera instancia en el fuero Contencioso Administrativo”.

Desde la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación, María Florencia Andrada detalló que “actualmente, con relación a las personas detenidas con órdenes de expulsión, trabajamos con 140 personas de distintas nacionalidades. Prevalecen las nacionalidades del Mercosur. El trámite de expulsión es sencillo, pero la persona puede consentir o rechazar la orden y el rechazo requiere nuestra veloz intervención, en solo tres días”.

Por su lado, el Defensor Público Coadyuvante José Abarrategui, contó que la Unidad de Letrados Móviles ante los Jueces de Ejecución Penal y los tribunales Orales en lo Penal Económico, “actualmente se asiste aproximadamente a 100 personas, de las cuales el 80% son extranjeros. El trámite es sencillo si el extranjero quiere irse a su país de origen. Se presentan problemas cuando la expulsión es a un país al cual no hay vuelo directo. Las personas más vulnerables son las privadas de libertad así que tenemos que ver de qué manera ustedes y nosotros agilizamos las gestiones”.Acerca del rol de la Defensa Pública Oficial en el marco del procedimiento migratorio administrativo y penal expusieron César Balaguer, María Florencia Andrada, ambos de la Comisión del Migrante de la DGN; y José Abarrategui, Defensor Público Coadyuvante en el fuero Penal Económico. Por su lado, Guillermina García Padín, de la Unidad Fiscal de ejecución ante los juzgados de Ejecución Penal y los tribunales orales en lo Penal Económico se refirió a la intervención del MPF en los procesos de extrañamiento.

“La situación es muy dinámica, ya que hubo cambios legislativos y en la jurisprudencia.
La ley de ejecución penal fue recientemente modificada, lo que impactó indirectamente en la regulación migratoria”, explicó Peluzzi.

Por su lado, Andrés Basso, afirmó: “Tenemos la fortuna de contar con una ley migratoria, la 25.871, considerada modelo a nivel internacional, que consagra a la migración como un derecho humano. Creo que hemos sido el primer país que le da este status jurídico a la migración. Esto no es un concepto vacío. La expulsión del extranjero es la última ratio. En enero de este año el gobierno decretó un decreto de necesidad y urgencia, el 70, que modificó sustancialmente algunas de las prescripciones de la ley migratoria. Se basa en que, ante el auge del crimen organizado, era necesario modificar la norma migratoria. Hubo varias presentaciones impugnando este decreto, que ha sido avalado con un fallo de primera instancia en el fuero Contencioso Administrativo”.
Desde la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación, María Florencia Andrada detalló que “actualmente, con relación a las personas detenidas con órdenes de expulsión, trabajamos con 140 personas de distintas nacionalidades. Prevalecen las nacionalidades del Mercosur. El trámite de expulsión es sencillo, pero la persona puede consentir o rechazar la orden y el rechazo requiere nuestra veloz intervención, en solo tres días”.

Por su lado, el Defensor Público Coadyuvante José Abarrategui, contó que la Unidad de Letrados Móviles ante los Jueces de Ejecución Penal y los tribunales Orales en lo Penal Económico, “actualmente se asiste aproximadamente a 100 personas, de las cuales el 80% son extranjeros. El trámite es sencillo si el extranjero quiere irse a su país de origen. Se presentan problemas cuando la expulsión es a un país al cual no hay vuelo directo. Las personas más vulnerables son las privadas de libertad así que tenemos que ver de qué manera ustedes y nosotros agilizamos las gestiones”.