Ante el Proyecto de Ley de Reforma del MPD

La siguiente nota, sobre la postura del estamento del Ministerio Público de la Defensa de ésta Asociación respecto del Proyecto de Ley de Reforma (Ley nº 27.149), fue enviada al presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación, Pedro Guastavino.

 

 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017

Al Señor Presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales

del Honorable Senado de la Nación

Dr Pedro Guillermo Guastavino

Tenemos el honor de dirigirnos a Ud, en nuestro carácter de Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, Vicepresidente en representación del Ministerio Público de la Defensa y Secretario General de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, para referirnos al proyecto de reformas a la ley Nº 27149, Orgánica del Ministerio Público de la Defensa, presentado en esa Honorable Cámara el 3 de noviembre pasado por expediente nº 4265/17.

Ante todo, ratificamos la posición mantenida a lo largos de los años por nuestra institución, en cuanto a la necesidad de sostener firmemente la naturaleza de “órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera” del Ministerio Público de la Defensa consagrada en el artículo 120 de la Constitución Nacional.

Esto constituye una garantía para la ciudadanía misma según lo expusieron los constituyentes de 1994, y los legisladores nacionales en las discusiones parlamentarias que precedieron la sanción de la Ley nº 24.946, subsiguiente a la reforma constitucional. Lo dicho cobra mayor importancia si advertimos que a la Defensa Pública, en sus múltiples actividades, se le encomienda la representación o asistencia de personas y sectores notoriamente vulnerables. Esa función representa un elevado interés general de la sociedad con independencia del Gobierno, y la coordinación prevista por el artículo 120 de la Constitución Nacional no puede ser interpretada como subordinación. Esto es visto como un ejemplo paradigmático por la mayoría de las organizaciones de la región.

En tal sentido, consideramos que esa independencia y autonomía se encuentran fortalecidas por el requisito de mayoría de dos tercios de los miembros presentes del Senado para la remoción del Defensor General de la Nación. Asimismo, estimamos que la suspensión inmediata en el cargo del Defensor General, como consecuencia de la iniciativa de remoción del Poder Ejecutivo, contradice los principios constitucionales antedichos.

También debilitaría la independencia y autonomía el carácter temporario de la función, pues debe tenerse en cuenta que el Ministerio Público de la Defensa, sobre todo en cuestiones atinentes a derechos civiles, económicos, sociales y culturales, es a menudo contraparte de los órganos gubernamentales, en acciones de amparo, medidas cautelares y juicios de conocimiento, e incluso puede verse obligado a llevar al Estado ante organismos del sistema interamericano de derechos humanos.

Todo atisbo de limitación perjudica a las personas vulnerables que deben ser defendidas, y no al Magistrado que encabeza el cuerpo de este Ministerio Público.

En particular, la obligación por parte del Ministerio Público de la Defensa de rendir cuentas ante la Comisión Bicameral (art. 13 del proyecto) debe recaer exclusivamente sobre el Defensor General de la Nación, quien es responsable de buen funcionamiento de la institución, y no sobre el magistrado que se encuentra desplegando una estrategia defensiva en una causa concreta.

En cuanto a la composición del Tribunal de Enjuiciamiento, las peculiaridades de la función de los defensores, inmersos a menudo en causas de gran repercusión pública, ya sea en asistencia técnica a imputados o en apasionados conflictos intrafamiliar es, a veces con elementos de carácter internacional, aconsejan profundizar la naturaleza de carácter técnico y académico de dicho tribunal.

Ya en material formal, señalamos que en el artículo 30 de la ley orgánica, relativo a la integración de jurados de concursos, las referencias deben ser a los rangos de defensores públicos y no a categoría de jueces.

Si fuera menester ampliar o aclarar algunos de los argumentos antedichos, el vicepresidente por el estamento de la Defensa Pública se encuentra a disposición de los Señores Senadores para hacerlo en forma personal con la premura del caso.

Saludamos al Señor Senador con la consideración más distinguida.

Atilio Álvarez

Vicepresidente por el MPD

 

 

 

Néstor Guillermo Costabel

Vicepresidente

 

Marcelo Gallo Tagle

Secretario General