La AMFJN, en el debate de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria

El vicepresidente de la AMFJN en representación del Ministerio Público Fiscal, Ricardo Sáenz, se presentó ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado en el marco del debate del proyecto de Ley de Responsabilidad Empresaria.

Los puntos sobresalientes que señaló Sáenz con respecto al proyecto, que a comienzos de julio recibió media sanción de la Cámara de Diputados, fueron los siguientes:

–El proyecto que se discutió en la Cámara de Diputados establecía una serie de delitos a los que era aplicable la ley, como cohecho, malversación de fondos públicos, peculado, exacciones ilegales y defraudación contra la administración pública. Esa lista se suprimió y entonces quedó abierta la posibilidad de que a todos los delitos del Código se les aplique la responsabilidad de esa ley. Sáenz señaló que no parece lo más apropiado.

–La ley prevé el acuerdo de colaboración eficaz y sobre eso no hay objeciones. Otra cuestión es que se bajó el monto de la multa respecto del proyecto original, ya que había un tope del 20% que ahora es del 10%. Es adecuado que los legisladores fijen el tope que consideren más apropiado.  

–En la Cámara de Diputados se sometió a debate el dictamen de la mayoría, que era un proyecto cerrado y armónico. Luego se propuso la modificación de los últimos dos artículos y se agregó la imprescriptibilidad de los delitos incluidos. Esto parece desacertado, porque significa equiparar valorativamente delitos de corrupción con delitos de lesa humanidad. “Lo que se debe hacer es crear mecanismos para que los procesos no duren eternamente, en lugar de crear una herramienta que podría generar que se alarguen aun más los procesos, con la excusa de que van a ser imprescriptibles”, dijo Sáenz. El fiscal también advirtió que es opinable la propuesta de elevar el mínimo de las penas de los delitos de corrupción a 4 años, con la idea de que no se pueda aplicar la excarcelación.

–En cuanto a la supresión del artículo 37 del proyecto original que permitía que el PEN, a través de la Procuración del Tesoro, y con alguna intervención de la SIGEN, pudiera celebrar acuerdos sobre hechos anteriores a la ley, de manera que se pudiera aportar información sobre funcionarios implicados, Sáenz consideró que lo realmente importante es crear un mecanismo legal para que se pueda aportar la información acerca de los involucrados en hechos de corrupción entre funcionarios públicos y empresarios.