Posturas en contra del traspaso, también en el Consejo de la Magistratura de la Nación

9


Compartimos con ustedes los fundamentos del voto de Luis María Cabral, en la sesión plenaria del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación del pasado 9 de febrero del corriente año.

 

Tengo el agrado de dirigirme a la señora Presidente en mi condición de integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, a efectos de acompañar los fundamentos de mi voto efectuado en la sesión plenaria del 9 de febrero pasado, relacionado con el punto 16 del orden del día “Presentación de la consejera, doctora Gabriela Vázquez solicitando que el plenario se pronuncie respecto del traspaso de la justicia nacional”.

                             En esa oportunidad, expresé contundentemente mi oposición    -que sostengo desde hace más de veintidós años- al traspaso de competencias y órganos judiciales y de los ministerios públicos nacionales que pretenden el Gobierno Nacional y el de esta ciudad; y sostuve que el “Convenio interjurisdiccional de transferencia progresiva de la Justicia Nacional Ordinaria Penal entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, suscripto el 19 de enero pasado, es la peor transferencia de competencias y de funcionarios y empleados que he visto.

                            Esta cuestión debe ser enfocada desde dos aspectos, uno de fondo y otro de forma. El primero, encuentra a los consejeros jueces, a la inmensa mayoría de los jueces, secretarios, fiscales, defensores y empleados de la Justicia Nacional en una misma postura adversa al traspaso tal como se promueve hoy en día.

                            Corresponde en primer lugar hacer consideraciones de orden histórico-político-institucional, porque la historia ha constituido la Nación alrededor de lo que ha sido la lucha por el puerto de la ciudad de Buenos Aires, y la macrocefalia de esta ciudad es uno de los grandes problemas que sufre todavía hoy en día el país. En ese sentido entiendo que esta ciudad es de la Nación.

                            Esa historia permite comprender las determinaciones jurídicas.  Los tribunales de la ciudad de Buenos Aires no pueden ser asimilados a los provinciales, simplemente porque la ciudad no es una provincia. Esta posición encuentra sustento legal en la propia convención constituyente de 1994, que cuando quiso equiparar a la ciudad con las provincias, lo hizo de modo expreso.

                            Así el artículo 124 de nuestra Constitución Nacional establece que: “Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.  En esa misma dirección, su artículo 125, dispuso que: “Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal; y promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos, por leyes protectoras de estos fines, y con sus recursos propio”. En el segundo párrafo, a diferencia del primero, se incluyó a la Ciudad Autónoma: lo que evidencia la diferenciación:  “Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados públicos y los profesionales; y promover el progreso económico, el desarrollo humano, la generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura”.

                            Pasando a otras consideraciones de orden jurídico, corresponde determinar si esta ciudad se encuentra habilitada a contar con un Poder Judicial que aplique los códigos de fondo. En ese sentido, considero que la solución debe encontrarse en el artículo 75, inciso 12 de la Carta Magna, en cuanto le asigna al Congreso Nacional la facultad de “Dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería, y del trabajo y de seguridad social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones…”. Por otro lado, tal como se desprende de la transcripción que antecede, el artículo 125 no le otorga facultad a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para celebrar convenios de administración de justicia.

                            El constituyente tampoco mencionó a la ciudad de Buenos Aires en su artículo 5, a través del cual otorgó la garantía federal a las instituciones provinciales.  Por último, en su artículo 121 de la Carta Magna tampoco mencionó a la ciudad de Buenos Aires al disponer que: “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación”.  

                            En definitiva, la voluntad del legislador no fue asignar a la ciudad Autónoma de Buenos Aires calidad de provincia, sino de equipararla en limitados casos.  Así, simplemente le ha dado autonomía de gobierno, plasmada en su artículo 129, en tanto allí le otorgó un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, que son las que derivan justamente de la existencia de un gobierno (contenciosas administrativas, tributaria, relaciones de consumo, etc.).

                            Por otra parte, y desde el punto de vista práctico, de conveniencia y oportunidad, sostuve, más allá del desacuerdo con el criterio de interpretación constitucional que pretende fundar esta decisión política, que la transferencia proyectada no dará las soluciones mágicas anunciadas; y que la reforma judicial necesaria debe atender a las modificaciones procesales y la provisión de recursos adecuados para mejorar la tarea diaria de los magistrados, funcionarios y empleados. Además, debemos asegurar que los derechos adquiridos por empleados y funcionarios en el orden nacional no sean afectados, ni tampoco su expectativa de una carrera como es posible en la organización nacional, cuestiones que no han sido previstas en el convenio aludido.

                            Tampoco se han considerado las necesidades edilicias e informáticas y de compatibilización de sistemas, entre muchos otros problemas que deberían resolverse antes de prometer paraísos judiciales. Lo cierto es que ninguna de estas reformas tiene consecuencias benéficas para los justiciables si no se avanza en nuevos procedimientos, en informatización y aplicación de suficientes recursos. Sólo sirven para complacer veleidades políticas.

                            Por otro lado, resulta insoslayable e indisputable que en el orden nacional los Ministerios Público Fiscal y de la Defensa tienenstatus constitucional autónomo del Poder Judicial, asignándoles el art. 120 de la Constitución Nacional, además de la referida autonomía, autarquía financiera. Por ello, si se sometiera a sus magistrados, funcionarios y/o empleados a la situación de dependencia -aunque más no sea administrativa- del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o cualquier otro órgano extraño, se los estaría menoscabando en su condición y garantías, que la Constitución Nacional les asigna.

                            Además, señalé en reiteradas oportunidades que el avance institucional que significa el resguardo para que los magistrados no puedan ser removidos sin el acuerdo de mayorías especiales (art. 7, ley 24.937 y modificatorias) se perdería, lo que implicaría una disminución de las garantías para asegurar su independencia.

                            No se trata, en conclusión, de una mera oposición a la iniciativa del Gobierno Nacional, sino de preservar los valores centrales de la justicia, que debe ser independiente tanto de los poderes como de los poderosos y mantenerse fuerte, imparcial y eficiente con los reclamos y expectativas de todos los habitantes de la República.

                            Por ello y más allá de las observaciones críticas de carácter político, constitucional, jurídico y de orden práctico que detallé respecto del señalado acuerdo de traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considero que a la fecha no están dadas las condiciones para que el Consejo emita una declaración, porque previamente se debería delimitar sobre qué puntos estamos nosotros habilitados para debatir y decir.

                            En ese sentido, tenemos que tener responsabilidad para no resolver, como Cuerpo, como órgano de la Constitución, cuestiones que nos son ajenas, porque de lo contrario, nos vamos a encontrar con que quienes tienen atribuciones distintas a las nuestras van a querer inmiscuirse en las que nos son propias. No se trata de que no tengamos competencia para opinar en la cuestión del traspaso, sino de que, tal como se plantea, no hay una declaración que precise los puntos de carácter general o específicos sobre el convenio suscripto para encontrar las coincidencias y consensos necesarios. Ello puede llevar a un resultado adverso al interés que tenemos cuando promovemos una declaración.

                            Sin perjuicio de ello, reitero, por las razones que he dado, que comparto un criterio negativo, no solamente a lo que es el traspaso en general, sino a lo que es este convenio en particular, que tal como manifesté en la sesión plenaria pasada, es el más incongruente, es el peor, el que menos tiene en cuenta a las personas, no solamente que trabajan dentro de la Justicia, sino a los justiciables, que no se van a ver favorecidos de ninguna manera por las transferencias que se están pretendiendo y que van a provocar en algún momento un colapso en el servicio de justicia. ¿Por qué? Porque no lo han querido debatir más ampliamente en donde deben debatirlo, que es con quienes conocen estas cuestiones, que son los jueces y funcionarios,  a través de su voz política, que es la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y también en las cámaras legislativas. Y por eso han pretendido avanzar sobre la base de la coincidencia circunstancial y política de quienes ejercen el Poder Ejecutivo en la Nación y en la Ciudad.

bookmark icon