Se postergó la entrada en vigencia de la ley de flagrancia

Luego de escuchar los planteos realizados por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), entre otros sectores vinculados a la actividad judicial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se comprometió a postergar la entrada en vigencia de la llamada ley de procedimiento en flagrancia.

Funcionarios de esa dependencia habían transmitido, en principio, que el Gobierno se proponía publicar en el Boletín Oficial el próximo martes 11 de octubre esa ley, que fue sancionada el mes último por el Congreso de la Nación. La nueva fecha de promulgación todavía no ha sido confirmada. Hasta tanto la ley sea promulgada, el ministerio anunció que se formará una mesa de trabajo, con la participación de la AMFJN, en la que se discutirá la manera en que se afrontarán las dificultades que plantea la implementación de esta regulación legal, que prevé la realización de una audiencia oral dentro de un plazo de 24 horas en el caso de las personas detenidas en el momento en que cometen un delito.

Luego de recibir las inquietudes de numerosos socios que representan a los distintos estamentos nucleados por la AMFJN, nuestros representantes habían advertido en diversas reuniones mantenidas en los últimos días que resulta imprescindible incrementar tanto los recursos humanos como los materiales de juzgados, fiscalías y defensorías públicas oficiales, para hacer frente al nuevo procedimiento que prevé la ley. En la mesa de trabajo para debatir la implementación de la ley participarán miembros de los ministerios de Justicia y de Seguridad de la Nación, de ambos Ministerios Públicos, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las Cámaras de Apelaciones, junto a representantes de la AMFJN.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional viene participando activamente, durante este año, en el debate de varios proyectos de reforma de los procedimientos judiciales. Así, sus representantes han expuesto en ambas cámaras del Congreso Nacional, acerca del proyecto de reforma de la ley orgánica del Ministerio Público fiscal, de la ley de unificación de los fueros de instrucción y correccional, de la llamada ley de fortalecimiento de los tribunales orales en lo Criminal y Correccional Federal y Penal Económico, de la ley del arrepentido y de la ley de extinción de dominio.

En este proceso de debate de proyectos, la Asociación ha manifestado su oposición al aceleramiento que pretende imprimirse al proceso de traslado de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que se trata de un tema que requiere mucho más amplio debate, como siempre ha señalado esta organización, y que genera múltiples problemas de interpretación constitucional y de implementación.